LA JUEZA DE NUEVA YORK QUE REEMPLAZA AL JUEZ GRIESA ESCRACHÓ AL GOBIERNO CON CARTA DE BONISTAS

MÁS DOLORES DE CABEZA POR EL DEFAULT.

Sorprendió la magistrada estadounidense Loretta Preska al responder a una carta privada que tres mujeres ahorristas argentinas enviaron por correo a la Corte de Nueva York, en reclamo de les sea dejada sin efecto la quita a los bonos en default concertada entre el gobierno de Mauricio Macri y los fondos buitres: decidió incorporarla al expediente y hacerla pública, con lo cual quedará sujeta a decisión judicial. Aducen que cuentan con sentencia a favor desde 2009, siendo que dos de ellas acusan que sobrellevan problemas de salud. Pero aún así la cartera de Finanzas no acepta negociar una mejora a la propuesta englobada en el marco general suscripto a comienzos de 2016. Utiliza como argumento un compromiso asumido ante el Congreso de no modificar las condiciones aprobadas en la legislación qu e habilitó el pago, que de hecho sirvieron para derogar la ley cerrojo de 2010 que había permitido el levantamiento del default. En consecuencia, Virginia Bonvecchi, Ana Laura Bonvecchi y Maria Luisa Cachau acaban de poner en un brete a la República Argentina, ya que si la jueza aplica el Pari Passu con respecto a los canjes luego blindados por la ley cerrojo volvería a poner en carrera a los fondos buitres que no tienen sentencia al darles el argumento del cerrojo. La jueza dio por buena una nota en la que, asimismo, se consigna que la política de los funcionarios es hacer que pase el tiempo y decanten los procesos de enfermedad que varios de los bonistas minoristas atraviesan, al difundirla públicamente y dejar stand by una decisión que a ella misma le tocará tomar. Otro brete en el que quedaría encerrado el gobierno es la responsabilidad del equipo de Finanzas que había negociado en forma privada mejores condiciones de pago con los acreedores privilegiados por fuer a de la prohibición que imponía la ley cerrojo. También pesaría en el ánimo de la magistrada el hecho de que varios de ellos, empezando por el propio ministro Luis Caputo, estén implicados en presuntos casos de corrupción, como manejar cuentas offshore e incompatibilidades entre el interés público y el privado. Pagar sentencias hubiera sido más caro, pero también conveniente, reflexionan los entendidos.

Honorable Loretta Preska: No es fácil ‘la cuestión argentina”

La jueza de Nueva York, Loretta Preska, hizo pública e incorporó al expediente de la Corte una carta privada que le hicieron llegar por correo bonistas argentinas con problemas de salud, en la que denuncian que el gobierno de Mauricio Macri incumplió una sentencia dictada hace 8 años que ordenaba el pago de US$ 200.000 e hizo en 2016 una propuesta básica con quitas importantes y otra, con términos mucho mejores, dirigidos a los demandantes, con o sin sentencia, que habían presentado en el tribunal del extinto Tomas Griesauna moción basada en el principio de Pari Passu.

El llamativo hecho de que la magistrada hiciera pública una carta privada y sin patrocinio de personas damnificadas por el default de la deuda abre un nuevo escenario del que cualquier fondo buitre se podría tomar para emprender los nuevos reclamos de Pari Passu sin sentencia. Aduce que la 27.249 funciona también como una ley cerrojo y, por tanto, justifica la petición de que no se les hagan nuevas quitas. Finalmente rechaza y ratificada la oferta oficial que ronda los US$ 150.000.

“Hemos hecho un enorme esfuerzo para acordar en las negociaciones con la República junto con el mediador Pollack y nuestros representantes en la Argentina. La República mantiene que la nueva ley cerrojo no les permite mejorar la oferta en nuestro caso. También le ofrecimos a la República aceptar la oferta del pari passu, pero lo rechazó porque la nueva ley cerrojo lo prohíbe”, señalaron en el párrafo que reproduce el diario La Nación de la misiva.

En la publicación se encuadra el tema como un intento patrocinado por los abogados de Nueva York de sacar más plata por un acuerdo ya cerrado y atribuyen a la Secretaría de Finanzas la explicación que no hay posibilidades legales de hacer una excepción sin violar la ley votada por el Congreso en 2016.

VIDEO Un caso concreto

https://drive.google.com/file/d/0B1vBZeGuHc4lYlN0ZmhDSFNxQmp2VFNHYWtxdXZVT0ttcHhv/viewBonvecchi_et_al_v_Republic_of_Argentina__nysdce-05-02159__0046.0.pdf

Y además, haciendo suya la postura oficial, indicaron que para los bonistas sería conveniente aceptar los términos de la oferta, porque “hoy esa propuesta vale 180 mil dólares”. “Es la mejor oferta que pueden tener”, atribuyen que comentó una fuente que no identifican.

En tal sentido, el abogado de los bonistas minoristas argentinos, Pablo Giancaterino, aclaró que él mismo había tenido que demandar al Ministerio de Hacienda y Finanzas y a los abogados “por querer forzar a mis clientes a aceptar”, y que se trata de “personas con problema de salud o avanzada edad que tienen sentencias pero no pidieron Pari Passu en término, el cual es un reclamo independiente del juicio principal. Por eso hay casos que tienen o no Pari Passu, pero no juicio y sentencias”.

No sale de su asombro de que Preska haya tomado el fundamento en la carta y lo volcara al expediente, y señala que “lo más importante para los damnificados es que, como no desistieron de seguir adelante con su planteo a pesar de que lo hicieron sin los abogados, el que la magistrada haya agregado su postura en el expediente los deja ahora a la espera de una decisión”.

No sólo las firmantes de la carta están ahora pendientes de la jueza llegue a aceptar que, de nuevo, se trate de una otra ley cerrojo como la que el tribunal de Griesa había ordenado derogar para que pudieran seguir adelante las negociaciones con los acreedores, sino que, en ese caso, cualquier fondo buitre que tenga nuevos reclamos de Pari Passu sin decisión judicial también quedaría en situación de pedir la ejecución de la sentencia total.

Preska eligió esta carta entre varias. La firman tres mujeres, dos de ellas un poco más jóvenes que la jueza, y que podrían ser amigas en un té canasta, según la descripción del abogado.

Habían presentado ante la Corte expedientes administrativos y recursos en Hacienda obviando la intervención de un abogado mediante la apelación a un procedimiento riguroso que se llama PRO SE. Les fueron cajoneados aduciendo un compromiso con el Congreso para que la oferta no se cambie.

Tampoco la cartera de Finanzas quería recibir a los damnificados y, si bien el ex mediador Daniel Pollack les dio la mano, el secretario de Finanzas, Santiago Bausilli, no aceptó mejorar o negociar. Lo mismo que el ministro Luis Caputo, a pesar de que la quita en el que tiene sentencia original ya era altísima, muy distinto al caso de los fondos buitre.

Nunca los han recibido a pesar de su condición de personas físicas y ahorristas genuinos, con sentencias e intereses de 0,40%, a los que ahora también les quieren aplicar una quita del 55%.

No pueden aceptar esa oferta, sostiene Giancaterino indignado, ya que una de las que hicieron la presentación es discapacitada y su esposo sufre el mal de Parkinson. Ambos tienen atención médica permanente. La sentencia es por us$ 200 mil y con la quita no les alcanza para cubrir sus gastos de atención, que vienen desembolsando los hijos. De esos casos hay varios, incluso una persona muerta de cáncer, que necesitaba 10 mil dólares para cubrir la operación y como respuesta recibió una negativa. Tras su fallecimiento, el esposo tuvo que aceptar la oferta base.

Parece confirmar lo que trasciende del interior del Ministerio de Finanzas: que la estrategia es esperar que se cansen de la esperanza que les transmitieron los abogados en NY. Finalmente eso sucedió y los clientes de los bufetes desestimaron la actuación jurídica y fueron directo al juzgado.

Demanda directa:

La carta dirigida a la Honorable Loretta Preska, United States District Court Southern District of New York, 500 Pearl Street, New York, NY 10007 05cv2159 (TPG), explica que el perjuicio fue ocasionado por el default de los Bonos Globales declarados por la República Argentina en 2001.

Que el abogado Guillermo Ariel Gleizer había sido designado para prestar sus servicios en la ciudad de Nueva York, y el Tribunal emitió una sentencia el 10/01/2009 (Caso 05cv2159 (TPG)

Que en noviembre de 2014, el abogado emitió un informe: “… incluso si Argentina desea pagar a un tenedor de bonos, debe pagarles a todos los tenedores de bonos en forma proporcional. Esto se basa en la cláusula Pari Passu tal como la interpretaron los tribunales federales hasta la fecha. En resumen, en nuestra opinión, está protegido de la mejor manera posible de cobrar la deuda de los bonos … “.

Que el 16 de febrero de 2016, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York ordenó que (para anular los mandamientos judiciales establecidos contra la República de Argentina) cumpliera con “Derogación de todos los obstáculos legislativos para llegar a un acuerdo con los tenedores de bonos de la FAA”. “Ley de bloqueo” y “Ley de pago soberano“.

Que notó que la decisión del juez Griesa incluyó específicamente “… todos los obstáculos legislativos, no sólo limitados a leyes, sino a todo el marco legal que regula las condiciones reclamadas por la República de Argentina como la razón para evitar las obligaciones de pago asumidas mediante la emisión de Bonos FAA.

A la vez, que en 2016, Argentina hizo una propuesta básica con quitas importantes y otra propuesta con términos mucho mejores dirigidos a los demandantes, con o sin sentencia, que habían presentado una moción basada en el principio de Pari Passu en Nueva York. En 2016, el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobaron la Ley 27.249 (la “Nueva Ley de cerrojo”).

Califica de Nueva Ley de Cerrojo la prohibición a la República a pagar a los demandantes más que los montos establecidos en la oferta estándar, aun si el demandante hubiera obtuvo una sentencia, como en este caso.

“Están corriendo un peligro innecesario al dejar reclamos sin resolver tanto tiempo. Es como que el país perdió la iniciativa. Todos estos problemas surgen por lo atípica que ha sido la ley de pago: atípica porque esconde una negociación previa durante la vigencia de la ley cerrojo”, afirma Giancaterino.

Explica que la oferta había sido armada y preparada desde la actividad privada en 2013 y se apeló a promesas de un mejor pago que las de la ley entonces vigente como base para convocar a los grupos. Fueron éstos los mismos que armaron esa oferta y manejaron juntos la información de valores, y finalmente con ellos el gobierno de Mauricio Macriterminó cubriendo cargos sensibles y vinculantes en el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Pero como, a la postre, la oferta no se aplicó al cumplimiento de sentencias sino al pago de reclamos, con o sin sentencia y con o sin juicios, los grupos iniciales dispusieron de todo el tiempo para prepararse y también recibieron como premio honorarios pagados por el Estado en cientos de millones.

Una línea de investigación podría apuntar a saber de qué hablaron esas personas involucradas, cuándo y con quién. Y si ellos o sus familiares se enriquecieron en esa época sin justificación.

También restaría averiguar quiénes son los beneficiarios finales de los pagos y cuándo compraron los bonos y a qué precio, lo mismo que reconocer a los fondos privados de especulación que tienen y tuvieron línea directa con el Ministerio, compraron bonos a precio de default y recibieron pago s sin sentencia del 70% de su reclamo con intereses de 20% anual. Es decir, que multiplicaron su tenencia inicial.

Sería una de las lecturas posibles del hecho que protagonizó la jueza Preska cuando hizo pública la carta de los bonistas discriminados. Pone, en todo caso, de relieve la ausencia de investigaciones por parte de la oficina Anticorrupción o de la Justicia, que hasta el momento no abordó ni de cerca esta temática.

El diario La Nación salió a cubrir la posición de la cartera que conduce Luis Caputo, diciendo que trabaja en 3 frentes simultáneos para cerrar los US$ 1000 millones que siguen en default (de los cuales cerca de la mitad, como suele ocurrir en todos los canjes de la deuda, nunca se presentan a reclamar).

Por un lado, están los reclamos de los bonistas con ley Nueva York -concentrados en 3 fondos de inversión y algunos minoristas- con US$ 140 millones; por otro, bonistas japoneses y alemanes con bonos físicos -que complican el canje porque ya los bancos internacionales no los aceptan- por unos 195 millones de dólares. Y el tercer grupo son los bonistas bajo ley nacional, con unos US$ 90 millones, cuya propuesta están discutiendo entre Finanzas y la Procuración del Tesoro.

Fuente: La Nación Diario, Honorable Loretta Preska, United States District Court Southern District of New York, 500 Pearl Street, New York, NY 10007 05cv2159 (TPG), Dr. Pablo Giancaterino.

Buenos Aires, 22 de febrero de 2018

Arq. José Marcelino García Rozado

Ex Subsecretario de Estado

1973/1976 y 1989/1993

 

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