DEJAR ATRÁS EL MITO DE LAS DOS ARGENTINAS

Hace diez años, más precisamente el 11 de marzo de 2008, comenzaba la larga “crisis del campo”. Sin dudas, un parteaguas para el gobierno kirchnerista, y para la política argentina en su conjunto. Por las más diversas razones, sus implicancias siguen resonando hasta nuestros días.

El impresionante crecimiento “rebote” luego de la depresión de 2000-2001 estaba alcanzando su frontera, agobiada por una mediocre tasa de reinversión. Asimismo, luego de la salida del default en 2005, el abandono de las “metas de inflación” dio comienzo desde el año siguiente a un proceso inflacionario que el gobierno de Néstor Kirchner intentó ocultar interviniendo el Indec en febrero de 2007.

El deterioro de los “superávit gemelos”, ese gran trofeo del denominado “modelo de matriz diversificada” inaugurado por el tándem Duhalde-Lavagna y proseguido por Kirchner, empezó a encender luces amarillas sobre su financiamiento. Máxime, dadas las previsibles erogaciones de la deuda renegociada luego de cuatro años de cesación de pagos. El Gobierno, entonces, acometió la vía fiscal.

El entonces ministro de Economía, Martin Lousteau, anunció el lanzamiento de la Resolución 125 que aumentaba los gravámenes a las exportaciones de la soja y el girasol mediante un régimen de retenciones móviles sobre la base de precios internacionales aún en vertiginoso ascenso.

Fue como patear el avispero de la nueva arquitectura social del agro argentino; un complejo de contornos aún desconocidos cuya movilización desconcertó a toda la sociedad; pero muy particularmente al Gobierno. Algo así como el reverso de las estridentes irrupciones de la pobreza suburbana en 1989 y 2001, pero que incluyó también a algunos movimientos de desocupados.

En la superficie, las cuatro principales organizaciones rurales –Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Confederación Intercorporativa Agropecuaria (CONINAGRO)- constituyeron una “Mesa de Enlace” que dispuso un paro en la comercialización de granos en demanda de la supresión de las retenciones móviles, por juzgarlas confiscatorias.

La ola de protestas se propagó; presentando en sociedad el nuevo y poderoso entramado social de un agro que desbordaba los límites de la Pampa Húmeda e incursionaba en provincias como Santiago del Estero, Chaco, Salta y Tucumán. Los cortes de ruta se extendieron de las medianas y prósperas ciudades de campaña a los sectores medios de las grandes como la Capital, en donde volvieron a desplegar el repertorio de los “cacerolazos” inaugurados en 2001.

El gobierno de los Kirchner formuló una lectura anacrónica de los acontecimientos: se trataba de la nueva modalidad destituyente de la “vieja oligarquía” en contra de un gobierno popular que “reemplazaba los tanques por los tractores”, configuraba nuevos “grupos de tareas”, y movilizaba a “piquetes de la abundancia”.

El matrimonio presidencial le imprimió a la denuncia anti corporativista una torsión audaz. Denunció a un “bloque golpista” en el que la imaginaria oligarquía terrateniente confluía con el nuevo poder económico concentrado y el Grupo Clarín, acusado de darle al conflicto una visibilidad mendaz.

Al estado de asambleísmo y movilización opositor permanente se le replicó con masivos actos plebiscitarios en los que la Presidente enunciaba la teoría conspirativa oficial y sus “profundas raíces históricas”. La situación se prolongó y tendió a radicalizarse durante los cuatro meses siguientes; hasta que la mandataria decidió zanjar el diferendo institucionalmente y envió el proyecto al Congreso.

Aprobado en Diputados por exiguos siete votos, en el Senado se topó con una situación de empate dirimida recién el 17 de julio por el memorable “voto no positivo” del vicepresidente Julio Cobos. El Gobierno, derrotado y al borde de la renuncia, debió retrotraer las retenciones a los porcentajes vigentes al 10 de marzo.

Los saldos de la crisis fueron múltiples y de largo aliento así como sus enseñanzas. En primer lugar, la fiereza renovada del histórico conflicto distributivo abierto en la posguerra que hasta nuestros días, no encuentra la debida contención institucional como para tornar el crecimiento en desarrollo previsible y socialmente sustentable.

La consiguiente cultura del bloqueo recíproco empuja a los gobiernos, y arrastra a la sociedad, a epopeyas heroicas de victorias y derrotas pírricas, aderezadas por los relatos de intelectuales oportunistas. Sus argumentos paranoicos pero emocionalmente potentes calan profundo en las conciencias de su bando; replicando diagnósticos equivalentes en el opuesto. De ahí, las construcciones discursivas de “modelos de país” tan antitéticos como inviables que obturan debates serios y de buena fe entre los líderes políticos y sociales.

Diez años después, los dilemas profundos de nuestro desencuentro nacional permanecen incólumes. Sera responsabilidad de nuestras elites dirigentes acordar y ceder posiciones en favor del interés general; o seguir insistiendo en la irreconciabilidad de “las dos Argentinas”. Una sociedad partida, de pobreza endémica, en donde toda forma de convivencia civilizada seguirá pareciéndonos una quimera inalcanzable.

Jorge Ossona

Clarín,

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