LA MIRADA PARCIAL DEL PRO

Mucho Cristóbal/OIL y poco Trafigura

Hay gente rasgándose las vestiduras por la excarcelación de Cristóbal López y Fabián de Sousa pero no expresaban similar indignación cada vez que se publicó que la Casa Rosada quería que el grupo Trafigura se quedara con la petrolera OIL.

Juez federal Julián Ercolini, quien ordenó la detención de Cristóbal López, y su mujer María Julia Kenny, colaboradora directa del ministro Germán Garavano, quien cuestionó la excarcelación de López que ordenó la Cámara.

Se publicó en varias oportunidades, consecuencia de información proporcionada por personas con acceso a todas las partes involucradas, que cuando Ignacio Rosner (el fondo OP Investments) informó a la Casa Rosada acerca de su intento de acuerdo con Cristóbal López acerca de lo que él llamó “ex Grupo Indalo”, le fue indicado que mucho ayudaría a resolver exitosamente el entuerto si la petrolera OIL pasaba a control del Grupo Trafigura.

El mencionado Grupo Trafigura controla la petrolera Puma, que en el pasado tuvo un período de permanencia en la Argentina, en aquel entonces en sociedad con la familia Soldati, que luego decidió avanzar en su propio expendio de hidrocarburos, hasta que se apartó del negocio.

El Grupo Trafigura fue motivo de controversias en Brasil a causa de que su ejecutivo principal fue detenido en la ‘causa Lava Jato’ aunque por otros negocios que él mantenía. En ese momento se dijo en Brasil que el argentino Grupo Pampa había adquirido los activos de Petrobras Argentina para cederlos más adelante a Grupo Trafigura.

Luego de meses, esto se encuentra parcialmente confirmado.

Ignacio Rosner se negó inicialmente a la transferencia de OIL a Trafigura e irrumpió la “opción Lukoil”, que sólo complicó judicialmente al ex Indalo, a Rosner y a OIL, Julián Ercolini mediante.

Se desconoce cómo habría actuado Alberto Abad de prosperar la ‘opción Trafigura’, ya que sus personeros insistían, aparentemente, que ellos se encargaban del destrabe judicial-impositivo. ¿Habría renunciado antes Abad?

Que personas cercanas a la Casa Rosada liderasen la apropiación ‘legal’ de OIL (para Trafigura) no mereció comentarios de parte de los periodistas allegados a la Casa Rosada. Ni siquiera un pedido de confirmación vs. desmentido.

Resulta que para esos periodistas era casi “legal” saltar sobre los activos de Cristóbal López, por entonces detenido.

Fue el periodista Luis Gasulla quien anticipó en su cuenta en Twitter que López estaba por salir.

Semanas después apareció el rumor de la advertencia de López a su mucama en Puerto Madero que no se marchara 1 mes completo de vacaciones porque él saldría antes. En verdad, López estaba por salir bastante antes, cuando lo anticipó Gasulla. Se ignora si la ‘filtración’ fue para medir el impacto en la opinión pública, o si demoró la decisión judicial.

Permanente representante de la prensa genuflexa, Joaquín Morales Solá (vocero de Roberto Viola y hasta de Leopoldo Galtieri cuando ejercía similar función dominical en el diario Clarín), afirmó en el diario La Nación que la excarcelación y cambio de carátula de López y Fabián de Sousa “constituye un verdadero escándalo político y moral.”

Morales Solá se declaró decepcionado, tal como el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, German Garavano, quien hasta ahora conserva como colaboradora a María Julia Kenny, la mujer del juez federal Ercolini, que tiene causas que competen al gobierno federal tales como la del ex Indalo. Pero esto no parece importante en una Argentina en la que todo se banaliza: los que se ubican de un lado, consideran que todo lo que beneficie al otro está mal; y viceversa.

Sin duda que la acción de Cristóbal López es reprochable pero no sólo desde que Macri llegó al poder sino desde mucho antes, cuando gente vinculada al PRO le pedía contribuciones del juego de azar para las campañas políticas en Ciudad de Buenos Aires.

En la Argentina abunda el epíteto y se encuentra ausente el análisis profundo y la información concreta.

Por ejemplo, Morales Solá:

“(…) Los dos jueces que tomaron ambas decisiones son Jorge Ballestero, un viejo aliado kirchnerista que últimamente se había mimetizado con los magistrados independientes, y Eduardo Farah, que suele ir y venir entre los independientes y los dependientes; Farah mantiene estrechos lazos con viejos operadores del kirchnerismo en la Justicia. Los jueces resolvieron sobre lo que la AFIP llama un robo al Estado por valor ahora de 17.000 millones de pesos, casi US$ 1.000 millones.

Esa cifra, que comenzó siendo de $ 8.000 millones, corresponde al dinero por el impuesto a las naftas que López y De Sousa cobraron a los consumidores de combustibles, pero que no transfirieron al Estado. Con ese monto en pesos, cuyo valor en dólares es mucho mayor que el actual porque fue creciendo durante los años de Cristina Kirchner, Cristóbal López construyó un imperio empresarial y mediático. Según fuentes de la AFIP, la acumulación de intereses y multas aumentó la deuda hasta los $ 17.000 millones actuales. La AFIP insistió siempre en que se juzgara a los dos empresarios por “defraudación al Estado” y no por evasión impositiva, porque con esta última carátula, más benigna, podían ingresar a una moratoria que incluye quitas, intereses muy bajos e interminables cuotas para pagar la deuda. “Son delincuentes, no evasores”, decían (y dicen) en la agencia impositiva. (…)”.

No es el primer juicio que pierde la AFIP. Tampoco es la primera vez que la Justicia considera que la AFIP podría excederse en su reclamo. Pero ¿se trataba de encuadrar correctamente el caso o de cerrar las empresas para forzar su venta a precio de ocasión? ¿Se trataba de recaudar lo que estaba evadido o de quitar el trabajo de miles de personas? Esto nunca quedó en claro, y mucho menos cuando apareció lo de Trafigura en escena.

Buenos Aires, 16 de marzo de 2018

Arq. José Marcelino García Rozado

Ex Subsecretario de Estado

1973/1976 y 1989/1993

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