MUY RARO TODO – CONGRESO

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De locos: Macri quiere ingresar a la OCDE con Caputo en offshores. A confesión de parte, relevo de pruebas

“La interpelación al ministro de Finanzas de la Nación, Luis Caputo, por la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa dejó en claro un par de cosas que el revuelo de su extemporáneo levantamiento puede oscurecer”.

Hay que destacar que el ministro confesó estar directamente involucrado en sociedades off shore. Al cuestionamiento del diputado Axel Kicillof, Caputo respondió, según informa La Nación:

“No tengo nada que ver con esa empresa (Princess International Group). Tengo todo bien declarado en la Oficina Anticorrupción y en la AFIP. Era tenedor fiduciario de eso: alguien que tiene algo en confianza de otra persona. No soy propietario”.

La institución del tenedor fiduciario no existe en nuestra legislación y es el equivalente a lo que en el proceloso y turbio mundo de las finanzas y las actividades off shore se conoce como “nomineeshareholders” y que, desde los tiempos de Ulpiano, se conoce como testaferro: “el que presta su nombre para intervenir en un acto o contrato, que en realidad es de otra persona”.

O sea que el ministro Caputo ha confesado que su participación en esa, y otras, empresas off shorees en nombre de otra persona, cuyos intereses representa y defiende. Esta declaración es ya motivo de investigación, ya que ese mismo ministro realizó inversiones de deuda externa con el gobierno nacional a través de esas empresas, en las que actúa representando no se sabe a que personas o intereses financieros.

Es necesario destacar aquí, por otra parte que tener acciones a nombre de un tercero constituye un fraude a la ley contrario a las mejores prácticas de transparencia en materia solitaria y financiera que establecen la obligatoriedad de conocer la identidad de los beneficiarios finales.

El ministro intentó además, en su deposición, hacer prevalecer la idea de que las sociedad off shore son legales e innocuas -según la doctrina que intenta imponer el gobierno con el presidente Mauricio Macri a la cabeza-, como si fueran un instrumento más del sistema financiero, como un cheque, un pagaré o una letra de cambio.

Las empresas off shore, según lo que es consenso internacional y estudios empíricos reconocidos e indiscutibles demuestras que son instrumentos vinculados con mercados criminales con relación a la evasión fiscal, el narcotráfico, el lavado de dinero y delitos económicos conexos.
Es doctrina jurídica reconocida y en vigencia que cuando el testaferro conoce el flujo de dinero de origen delictivo que se canaliza a través de sociedades de las que es administrador, ayudando al administrador de hecho a ocultar y disimular el origen ilícito de las ganancias obtenidas con sus actividades delictivas, y posibilitando la utilización de tales ganancias, se convierte en cómplice de tales maniobras delictivas cuando no en autor directo de lavado de dinero.

Se ha dicho también que, desde el punto de vista técnico, una sociedad off shore es aquella cuyos estatutos de constitución no permiten a sus accionistas realizar actividad comercial dentro del territorio de constitución. Es por ello que la única utilidad que puede ofrecer una sociedad que no permite realizar actividad allí donde fue fundada, es la de asegurar el anonimato y ventajas tributarias y financieras ilícitas a quienes las constituyen.

Las respuestas del ministro Caputo a las preguntas de la Bicameral, pese a la confusión que pretendieron imponer sobre la cuestión, dejaron en claro su vinculación, en el mejor de los casos, como testaferro con empresas de esas características y, lo que agrava la situación, su absoluto desprecio al sistema jurídico argentino.

Más allá del abrupto levantamiento de la sesión, con una trapisonda propia de gente acostumbrada a lidiar con asambleas de accionistas, el testimonio de Luis Caputo ha dejado elementos de sobra para que el Congreso de la Nación profundice la investigación sobre los elementos probatorios relacionados con el delito de omisión maliciosa de declaraciones juradas de funcionarios públicos y exige a la Oficina Anticorrupción la imposición de las sanciones y actuaciones sumaría correspondientes.

Esa deberá ser la tarea inmediata de los miembros de la oposición en la Bicameral. El ministro ha confesado.”

 

Buenos Aires, 6 de abril de 2018

Ing. Juan Esteban Ivanoff Tzvetcof

Ex Subsecretario de Estado

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