EL CAMPO CUESTIONA EL SALVATAJE A SANCOR

El campo cuestiona el salvataje a SanCor: “Le dieron lo mismo que a 20 provincias en emergencia”; mientras Cambiemos apura la “ley Telefónica” por la visita de Rajoy, pero choca con las provincias. El Gobierno licita la represa de Portezuelo pese a la oposición de Verna y la UCR pampeana. En definitiva Macri gobierna para su sector.

El presidente de CRA, Dardo Chiesa, criticó el rescate a la cooperativa y los $ 500 millones congelados de la Ley de Emergencia. En el Senado las provincias rechazan que puedan usar infraestructura estatal para proveer servicios. Ibarra va al Senado. Frigerio quiere tener la obra de la represa del Portezuelo licitada en tres meses. Verna advirtió que volverá a reclamar en la Corte. Y los gobernadores y senadores peronistas anticipan su oposición a varias leyes y DNU.

Dardo Chiesa – Presidente de Confederaciones Rurales Argentinas CRA

Confederaciones Rurales (CRA) se convirtió en una de las entidades más críticas del Gobierno. Su presidente, Dardo Chiesa, es un experimentado dirigente que viene desde el inicio de la gestión planteando sin tabúes los problemas que afectan a los productores.

En un reciente editorial titulado “Andar a ciegas”, Chiesa sostuvo que “el sector agropecuario enfrenta una de sus crisis estructurales más serias de las últimas décadas con una sequía desoladora que abarca todo el corazón agrícola-ganadero del país”.

“Cada productor es un universo y éste está herido casi sin salida ni climática ni económica. El impacto negativo pone al productor en una situación muy difícil de afrontar y que le llevará años salir, si es que no queda en el camino”, afirmó Chiesa.

Pero lo más polémico viene después. A pocos días de concretarse la venta de SanCor a Adecoagro, el presidente de CRA apuntó: “A una empresa privada le derivaron solo el año pasado 500 millones de pesos para su rescate”, criticó el dirigente.

“Es el mismo monto (los 500 millones de pesos) que derivaron para toda la emergencia climática de 20 provincias”, indicó Chiesa, para luego mencionar que “no hay equidad de trato y menos al sopesar realmente el daño al productor y a país de estos eventos”.

El presidente de CRA se quejó porque los fondos de la Ley de Emergencia están congelados hace varios años. “Los 500 millones de pesos es la nada misma frente a la pérdida; no se ha debatido un mecanismo institucional de contención y ayuda”, dijo.

La suma de cheques sin fondos librados por SanCor es de $ 876 millones, de los cuales $ 38,7 millones fueron levantados con nuevos cheques de pago diferido. Los últimos cheques rechazados, según datos del Banco Central, ingresaron el pasado 12 de marzo

La cooperativa láctea además cuenta a la fecha con una deuda bancaria por un total de $ 44,5 millones, la mayor parte de los cuales corresponden al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y el Nuevo Banco de Santa Fe, según valorsoja.com.

Cabe mencionar que el sector agropecuario aportó de 2002 a 2017, un total de u$s 86.400 millones. Sólo el complejo sojero aportó u$s 64.000 millones en ese periodo y el campo tributará una suma cercana a los u$s 7.100 millones en 2018 y 2019.

“El campo nunca le sacó el hombro al país; es el sector más competitivo del país, el único que ha generado inversión genuina en éste nuevo proceso. Hoy necesitamos una definición concreta del Estado para solucionar los problemas”, concluyó Chiesa.

Los senadores Pinedo y Luenzo

El Gobierno quiere dictaminar este martes y aprobar la semana que viene en el Senado la “ley corta” de telecomunicaciones que habilita a las telefónicas a brindar televisión satelital, un trofeo que Macri piensa ofrendar al presidente de España Mariano Rajoy, de visita por el país.

Principio del formulario

La norma es un reclamo de la española Telefónica y también de América Móvil (Claro), porque como nunca invirtieron en fibra óptica sólo pueden ofrecer cuádruple play por aire. La unión entre Cablevisión-Telecom si podría brindarlo, si la Comisión de Defensa de la Competencia (CNDC) autoriza la fusión.

Como anticiparamos en este boletín, ahora es Andrés Ibarra quien expondrá las bondades del proyecto pero chocará con senadores de provincias pequeñas, donde aún pesan fuerte las cooperativas de servicios públicos.

Objetan el artículo 2 del proyecto, que obliga a “los prestadores o concesionarios de servicios públicos nacionales, provinciales o municipales” a“facilitar” a los licenciatarios “el acceso a la infraestructura pasiva de la que sean titulares, integrada por torres, postes, ductos y cualquier otro elemento que se utilice o pueda utilizarse para desplegar, albergar o instalar cables, fibra óptica, antenas, equipos”.

Esto significa que Telefónica podrá usar las estructuras y ductos de empresas de servicios públicos como electricidad, gas y rutas para desplegar su red de fibra óptica.

La ley también cede a las telefónicas frecuencias de Arsat  reservadas para “Argentina Digital”, según una ley sancionada en el último año de Cristina Kirchner. Y también podría arrendar la gigantesca red de fibra óptica que esa empresa financió con recursos del Estado.

La modificación no sólo avanza sobre infraestructura que en muchos casos pertenece a las provincias ya que fue construida con fondos de los estados locales, sino que además podría ser un tiro de gracia a las cooperativas que aún brindan internet en localidades pequeñas, además de desalentar la construcción de nuevas redes que es lo que hacen los países mas avanzados en la materia.

Telefónica se ahorra así el esfuerza desafío de construir una red de fibra óptica robusta. Los legisladores de La Pampa estaban especialmente enojados con la decisión del Poder Ejecutivo. “En nuestra provincia Telefónica viene prometiendo desde siempre invertir y nunca cambió los pares de cobre”, afirmó  un dirigente pampeano.

“La ley acentúa la concentración, porque todos pueden hacer todo, pero sin que entren nuevos operadores”, protestó el diputado Sergio Ziliotto, cercano al gobernador de La Pampa, Carlos Verna, en permanente cortocircuito con Mauricio Macri.

En esa provincia funcionan las cooperativas de internet y, con esta la ley, quedarían obligadas a alquilar su infraestructura a las telefónicas a precios que, en última instancia, definirá la Enacom o la Secretaría de Comunicaciones, todavía no está claro.

“Se mantiene a las cooperativas en el papel secundario de operadores virtuales, no de operadores con derechos plenos. Hay un retroceso en el regulador, que debe garantizar precio, calidad y universalidad”, agregó Ziliotto.

Las cooperativas están divididas en tres asociaciones y subsisten porque proveen servicios donde las grandes empresas dejaron de hacerlo por falta de rentabilidad.

“Si tienen una misión social, llegarán a lugares que el mercado no llega. Pero esta ley no les permite hacerlo”, completó Ziliotto.

Frases parecidas se escuchan por estas horas en el Senado, donde las cooperativas se hacen sentir y ya obligaron a Cristina a quitarle beneficios a las telefónicas en 2015.

“Es responsabilidad del Estado generar las condiciones que equilibren el direccionamiento de las inversiones, no sólo hacia las aéreas más rentables en términos de mercado, sino a los lugares más alejados”, advirtió el chubutense Alfredo Luenzo, miembro del bloque justicialista y presidente de la Comisión de Comunicación que este martes recibirá al ministro Ibarra.

La presión de Cambiemos por dictaminar este martes y aprobar la ley la semana próxima, al menos por ahora, no parece tener eco en la oposición. Luenzo propondrá escuchar a todos los actores y tendría consenso para que la ley se debata de manera amplia.

Los lobbys se hacen sentir. Los senadores reciben llamados de los principales operadores y describen un panorama similar: apuro de Telefónica y Claro, pero también de Cablevisión (Grupo Clarín), porque sus ejecutivos saben que la aprobación de la fusión con Telecom nunca culminará si el Gobierno no salda cuentas con sus competidores.

El Grupo Vila-Manzano y Telecentro de Alberto Pierri, dos grandes cableros locales, impusieron en el proyecto un tiempo de espera a las telefónicas para brindar televisión satelital en comunidades chicas.

“Pero Vila y Manzano se están yendo del mercado. Tenemos que proteger a los que se quedan”, minimizaban varios senadores esta tarde. En efecto,  los mendocinos están vendiendo su cable Supercanal.

En tres meses la casa Rosada quiere que ya este licitada la represa mendocina Portezuelo del Viento, según confirmaron fuentes de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica que depende del ministro Rogelio Frigerio.

Principio del formulario

La decisión de avanzar con la obra se tomó pese a la abierta oposición del gobernador de La Pampa, Carlos Verna y la propia UCR de esa provincia. La Pampa se había opuesto a la construcción de la represa al afirmar que afectaría el caudal del río Colorado y provocaría sequías al reducir los cupos de agua en la cuenca, algo similar a lo que le sucedió con el río Atuel.

El ministro Frigerio, y el gobernador de Mendoza Cornejo

Estas objeciones no detuvieron al área que conduce Pablo Bereciartua, que incluso ya definió la apertura “de un data room para mostrar el proyecto”,según anticiparon las fuentes consultadas.

Como el reglamento del Ciroco (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado) señala que no pueden tomarse decisiones sin el consenso de las cinco provincias que lo integran (Neuquén, Río Negro, Buenos Aires, La Pampa y Mendoza), se pidió el laudo del presidente Macri, que favoreció a los intereses de Mendoza, donde gobierna su aliado radical Alfredo Cornejo.

En consecuencia, el gobierno de Verna presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema “por causales de nulidad manifiestas”. “Hubo una falta de imparcialidad e independencia, dado que el Presidente antes de laudar dijo públicamente que no iba a parar hasta construir Portezuelo del Viento. Además, la obra está a cargo de Nación, por lo que está actuando como juez y parte. Y finalmente, el laudo se fundamenta en pericias de la propia parte interesada como lo es la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, a la que La Pampa nunca pudo contestar”, subrayó el procurador General de La Pampa,  Hernán Araujo.

No se trata de un proyecto menor. La futura represa se convertirá en el mayor proyecto hidroeléctrico de Mendoza. Aportará 210 Mw al Sistema Argentino de Interconexión, con una inversión calculada entre 500 y 800 millones de dólares y su construcción demandará cinco mil puestos de trabajo.

Este lunes, en Mendoza se avanzó con la audiencia para analizar el impacto ambiental de la obra. En La Pampa denuncian que “esta audiencia es para analizar el impacto ambiental exclusivo a Mendoza y no para toda la cuenca del Río Colorado, como corresponde”. Si bien la represa se realizaría sobre el Río Grande -que atraviesa exclusivamente a Mendoza- su caudal es responsable del 72% del Colorado. El estudio de impacto ambiental para toda la cuenca está a cargo de Coiroco y estiman que va a estar terminado en siete meses.

“Hasta que la Corte no falle el laudo no está firme, por lo tanto si avanzan en la licitación sin el estudio correspondiente acudiremos a la Corte”, agregó en diálogo con nosotros el procurador pampeano, quien reveló que “hay un amparo de la fundación Chadileuvú para frenar la construcción de la obra, que tiene el visto bueno de la Procuración”.

El gobernador de La Pampa, Carlos Verna.

Otro de los temas que despierta polémicas, es el manejo de la gestión de la represa. Desde la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación le revelaron que Portezuelo va a estar a cargo de Mendoza, confirmando el temor de La Pampa donde suponen que de esta forma “van a usar el agua solo en beneficio de ellos y no pensando en el interés general de las cinco provincias involucradas”, según afirmó el secretario de Recurso Hídricos pampeano, Javier Schlegel.

Schlegel denunció además que “Mendoza está mintiendo, dicen que la represa va a producir 210 Mw, pero no le alcanza la cantidad de agua ni para producir un tercio de eso” y agregó “es una represa que no sólo no conviene económicamente, sino que su potencia es insignificante, menos del 1% del sistema nacional”.

“Los reclamos de La Pampa son legítimos. Nosotros pagamos consecuencias muy caras con el río Atuel, donde a partir de la obra de Los Nihuiles se hizo que ese río desaparezca en nuestra provincia. No queremos que vuelva a pasar lo mismo y por lo tanto la Nación es la que debería gestionar la represa y todas las provincias involucradas deben formar parte”, sostuvo por su parte el diputado nacional de Cambiemos por La Pampa, Daniel Kroneberger.

Es que en efecto esta polémica atravesó a Cambiemos. Los diputados del radicalismo pampeano se sumaron a la posición del gobernador peronista Verna y hasta fueron a reclamarle a su correligionario mendocino, Alfredo Cornejo.

En efecto, fuentes del radicalismo pampeano informaron que el presidente de la UCR provincial Hipólito Altolaguirre, se reunió este fin de semana con Cornejo para coordinar un encuentro con Verna, que permita alcanzar una solución política al diferendo.

En Mendoza consideran que la obra incentivará al turismo y con una obra posterior permitiría extender en unas 58.000 hectáreas el área bajo riego, con un fuerte impacto favorable en materia de producción agropecuaria. Por otro lado, se analizan obras complementarias como una línea de alta tensión de 250 km y la construcción de la nueva traza de la ruta nacional 145.

Ahora resta un llamado a precalificación de oferentes para la construcción de la obra y en junio se realizará una audiencia pública a nivel nacional en el Congreso.

 

 

Fuente : LPO – Juan Casas – Diario de Sesiones HCSN – Gobierno de La Pampa y UCR provincial

Buenos Aires 9 de Abril de 2018

AREA ECONOMIA

Se el primero en comentar en "EL CAMPO CUESTIONA EL SALVATAJE A SANCOR"

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.


*