QUE HAY DETRÁS DE LA PELEA TARIFARIA

Qué hay detrás de la pelea tarifaria

Electricidad, gas y agua: en el ojo de la tormenta

Varios motivos, simultáneos, ambiciosos y más o menos evidentes, animaron la movida del Gobierno para que provincias y municipios bajen la presión impositiva a los servicios públicos. Mejor dicho, a la electricidad, el gas y el agua, o sea, a aquellos que hoy aparecen en el ojo de la tormenta.

Hay otros también caros que podrían entrar en la categoría de esenciales, pero quedaron fuera del radar macrista. Simple: ninguno aparece hoy en el ojo de la tormenta.

Aliviar el peso de las facturas que pagan los usuarios será siempre y sobre todo ahora una buena idea, aunque con el cuadro tarifario completo a la vista el tal alivio suena a bastante limitado.

Esa es una manera de analizar la movida. La siguiente apunta directo a los intereses del Gobierno: transferirles el costo directo e indirecto de la rebaja a dirigentes que, antes o últimamente, regaron sus territorios de impuestos o engordaron impuestos ya vigentes. Y así liberar de costos al fisco nacional.

Sustancial, decididamente clave, otro dato corona la idea: mantener en pie los tarifazos e indemne al plan de recortes sistemáticos de subsidios.

Hasta podría agregarse un resultado de la misma especie, solo que también está patinando fuerte. Con impuestos provinciales y municipales algo menos gravosos, tal vez habrían sido más digeribles los próximos aumentos de tarifas.

Surge bien obvio que el operativo buscaba compartir la factura política o, si se prefiere, no cargar todo a la mochila propia.

Nada de eso ha ocurrido, sino casi lo contrario. Apoyado por los legisladores kirchneristas, el peronismo logró avanzar con un proyecto que va camino de la media sanción en Diputados: retrotrae las tarifas a noviembre de 2017, les aplica luego una indexación basada en los salarios y reduce a la mitad, transitoriamente, la alícuota del IVA para consumos domiciliarios. Afloja el peso de las tarifas, pero no las congela.

La parábola ha colocado al oficialismo a la defensiva y lo fuerza a negociar, y ha puesto a Mauricio Macri ante la perspectiva de tener que apelar al veto, una medicina riesgosa tratándose de un tema tan sensible para la gente. Llegado el caso lo hará, pues en el achicamiento de la cuenta de subsidios late el corazón del ajuste fiscal estilo PRO.

Ha dicho estos días Mario Quintana, el encumbrado vicejefe de Gabinete: “Lo que hagamos más lento por un lado tendrá que ser hecho más rápido por otros. Y sin desconocer que lo que debemos hacer es resolver el déficit fiscal”. Clarísimo: por ahí pasa la frontera.

De paso, no viene mal aclarar ciertas confusiones que han brotado al calor de la disputa. Nadie puede impedirle a la Casa Rosada presionar a gobernadores e intendentes y jugar a los propios en la batalla, pero una cosa muy diferente es pretender imponerles qué impuestos, qué tasas y qué contribuciones pueden cobrar. Esto no figura entre las facultades del Estado Nacional.

Tiene atribuciones, eso sí, para decidir sobre los rubros que entrarían en las facturas; por ejemplo, el gas natural en todo el país, el agua de AySA y la luz de Edenor y Edesur.

Pero otra vez un pero: el gobierno central carece de facultades para ir sobre el conglomerado de empresas provinciales puras, porque el poder regulador del Estado Nacional no llega hasta allí.

Explica un ex funcionario de Energía: “Para que nadie ponga en las boletas aquello que la Casa Rosada no quiere que pongan, basta con determinalo mediante resoluciones de los entes reguladores. Es innecesaria una ley”.

Alude al menos en ese punto al proyecto de ley de Transparencia en la Facturación de Servicios Públicos Esenciales, que un grupo de senadores de Cambiemos coló dentro del debate para reforzar la ofensiva. Incluye el IVA e Ingresos Brutos, “si correspondiere”.

Aparentemente enigmático, el “si correspondiere” se explica por el Pacto Fiscal que firmaron todos los gobernadores salvo uno, el puntano Alberto Rodríguez Saá. Establece que para electricidad, gas y agua Ingresos Brutos regirá hasta finales de 2021 y que desde 2022 esos servicios quedarán exentos.

Hoy la alícuota tope es 5%. Sólo la superan las operaciones financieras, la telefonía celular y las actividades inmobiliarias.

Maniobras y maniobritas bajo el paraguas del Pacto Fiscal son varios casos revelados por el IARAF, un instituto especializado en cuentas públicas. Como en sus jurisdicciones la alícuota era inferior a 5%, dice, hubo gobernadores que la levantaron al 5%. Cosas semejantes sucedieron con otros sectores.

Una más del ex funcionario de Energía: “Aún suponiendo que el Gobierno trabe el pase a las facturas de nuevos impuestos, puede ocurrir que la provincia o el municipio los cobren igual. Y ocurrir al mismo tiempo que las distribuidoras pidan trasladarlos a las facturas, amparándose en el criterio llamado de neutralidad fiscal. Tarde o temprano lo conseguirían y sería aumento”.

No del todo improbable, lo único que le falta a este embrollo es que algún juez acepte un amparo colectivo y frene los aumentos. Existe ya una presentación que pide justamente eso. La hizo el mismo centro de estudios que, en 2016, logró un fallo de la mismísima Corte Suprema obligando al Gobierno a dar marcha atrás con el tarifazo al gas.

Y como hoy la relación entre Macri y Ricardo Lorenzetti no pasa por el mejor momento, los temores rondan la Casa Rosada.

Pareciera útil, entonces, que gobierno y gobernadores articulen un acuerdo básico sobre las tarifas de modo de desactivar la controversia. El problema es que Macri no hará nada que implique resignar recursos : cumplir con las metas ficales es una consigna de hierro y también su manera de enviar señales tranquilizadoras a los inversores, empezando por aquellos interesados en poner plata grande para explotar Vaca Muerta.

Todo el mundo sabe que entre otras cosas la economía argentina precisa dólares en cantidad. Y si no, alcanza con ver la encerrona en la que quedó metido Federico Sturzenegger, el jefe del Central que encima libra una erosionante puja con Mario Quintana. Esta vez, internas de palacio ya difíciles de ocultar.

De vuelta a las tarifas, siempre estuvo claro que el esquema de subsidios montado por el kirchnerismo era insostenible y que terminaría cayéndose por propio peso. Pero no luce igualmente claro que su sustituto haya sido el más apropiado.

El especialista Fernado Navajas había advertido hace tiempo un buen número de inconsistencias e inconvenientes del modelo macrista, junto a la necesidad de crear un comando centralizado de política macroeconómica que coordinase las decisiones clave. Para aventar sospechas, conviene aclarar que Navajas es economista jefe de FIEL, de una organización que jamás expresó ideas ni estatistas ni populistas.

Planteó que el nuevo modelo estaba demasiado inclinado hacia la recomposición de los precios -ingresos- de un sector, sesgado “hacia grupos de interés sectoriales” con alto poder de lobby. Y que además “minimizaba el interés público” o su impacto social.

También alertó sobre los efectos en la economía y, especialmente, sobre los efectos en la inflación. Según sus cálculos, sólo eliminar los subsidios al gas y a la electricidad y del modo brusco como pensaban hacerlo, iba a provocar un salto inflacionario directo de 11 puntos porcentuales. Por ahí andan las cifras que hoy maneja el Banco Central.

Vale otra precisión: publicado y todavía accesible en el blog Alquimias Económicas, el análisis de Navajas es de junio de 2016

Por Alcadio Oña

Clarín,

29 de Abril de 2018

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