INFLACIÓN, RETRACCIÓN E INCERTIDUMBRE LABORAL CONSECUENCIAS DEL GOBIERNO Y EXIGENCIAS DEL FMI

Ni renuncias ni suicidios, platos rotos para todos y todas

“¿Yo, señor?, No señor, ¿pues entonces quién lo tiene? ¡El Gran Bonete!”, es la variante lúdica infantil del Fuenteovejuna de Lope de Vega, en el que el pueblo se niega a identificar al asesino del comendador y se inculpa como masa. El Presidente asumió que existe un temporal cambiario y financiero, que la inflación no cede, y terminó decretando el fin del gradualismo fiscal (?). Metió en la bolsa al Fondo Monetario Internacional, a los socios electorales apartados y a la oposición que se dedicó a esmerilar, para compartir los costos políticos. E impuso a la población resignar más ingresos aún que los que venían rebanando los tarifazos y el tope salarial a los convenios. Transfirió a la sociedad el efecto de las súpertasas y la devaluación resultantes de la descoordinación que admitió dentro de su equipo, lo cual se refleja en el costo del financiamiento privado, que pone en riesgo la actividad productiva y la estabilidad de los puestos de trabajo, sobre todo en las empresas con menos espaldas para superar el trance. Los autónomos, que crecieron al amparo del modelo ocupacional en gestación, reciben la factura de esta crisis, expresada en una disminución de las prestaciones demandadas y de la remuneración real que perciben. Nadie, menos el puñado de grandes tenedores de Lebacs y dólares, pudo sacarle el cuerpo al bulto como sí lo vienen haciendo los responsables de la gestión. No hubo renuncias ni despidos, y sí felicitaciones del jefe supremo.

El Gran Bonete no rompió los platos. Sería bueno que alguien asuma la responsabilidad.

Un tropezón no podrá haber sido caída para los responsables de la descoordinación entre los equipos que reportan a la Jefatura de Gabinete y el Banco Central, como el mea culpa admitido por el presidente Mauricio Macri, pero sí cuesta muy caro al ciudadano común.

Nada más que como muestra de lo que se viene en mayo, el INDeC se convirtió en el mensajero de la mala noticia inmediata a los remezones de tales desavenencias: con un 1,8% como despedida de abril, los precios mayoristas ya elevaban otro escalón el piso de la inflación para el mes en curso, a lo que se acoplará la tasa de referencia al 40% y la devaluación acumulada del 7%. En la construcción el ascenso es peor: partirá de un 4,9% en el mes pasado, conforme a la información oficial.

Consecuencia directa e inmediata de la explosión de tasas y dólar fue la reacción más que conservadora que las empresas tuvieron en la oferta de descuentos con que el ascendente e-Commerce atrae a una minoría de clase media que va a más, en el marco de un acontecimiento especial del consumo digital como el hot sale: en los casos de excedentes de stocks de mercadería sobrantes y ante la reticencia de las audiencias a concretar operaciones por tan baja recompensa, revieron esa política cauta para arbitrar entre la expectativa del costo de reposición y la disponibilidad de contar con un dinero potencialmente revalorizado en la plaza financiera.

Hasta se tuvo que rendir ante las evidencias de que la economía se dio de bruces con la realidad el relator del equipo de la doble emoción (como se hacía llamar Héctor De Renzis en las transmisiones del fútbol), Nicolás Dujovne quien, resignado, blanqueó que habrá más inflación y menos crecimiento.

El peso que no se descargó sobre la responsabilidad de nadie del gobierno, sino que el Presidente derivó hacia la famosa frase del Fuenteovejuna de Lope de Vega (fuimos todos y no fue ninguno), sí lo hizo sobre los ingresos de la mayoría de la población, la registrada y la marginal. Aquella que, directa e indirectamente, ya venía sintiendo el rigor de los tarifazos en los servicios públicos y la agresividad fiscal de los administradores de los dos grandes distritos del Pro: Héctor Lacunza en la provincia de Buenos Aires y un tal Martín Mura en la Ciudad de Buenos Aires, que reportan a los anchos de bastos y espadas (en el léxico del truco) preelectorales, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta.

La traducción sin eufemismos que trasunta reducir la obra pública para acelerar la disminución del déficit fiscal y afectar el consumo interno con la devaluación del poder de compra del salario, cualquier vigía encamarado en el mástil de un barco la podría vociferar: ¡desempleo a la vista!

Ya un aperitivo de la gestión económica que derivó en esta instancia que el propio gobierno calificó de angustiante estaban detonando sucesivos conflictos laborales en la industria alimenticia (Cresta Roja), láctea (Sancor), textil (Alpargatas), maquinaria agrícola (Vassalli), en el gran retail (Carrefour), a lo que acaba de agregarse la asfixia financiera de empresas regionales como la fábrica cordobesa de alfajores “Estancia El Rosario”, que según publica El Cronista Comercial, cerró sus puertas para pedir la intervención de la cartera de Trabajo porque, aún teniendo órdenes de compra y una clientela para atender, se quedó sin liquidez ni crédito para abastecerse de los insumos y pagarle el sueldo en término a los 45 operarios. Algo parecido sucedió con dos plantas de SanCor en la Docta y el gobierno tuvo que armar un salvataje.

El cuello de botella financiero se propaga como reguero de pólvora como consecuencia del costo al que se fue la cobertura que realizan los bancos a las Pymes por los cheques en descubierto (o sea que requieren transitoriamente de fondos para pagarlos), que del 30/32% hace un mes saltó al 60/65 y, tras la crisis de las Lebacs, llegó al 80 y hasta el 90%.

Las grandes empresas de primera línea, aunque con mayores espaldas para resistir esos embates, tuvieron que afrontar una suba del 28 al 40%, que en algunos casos se extendió al 46%. Y en cuestiones de tamaño, algunas entidades se lamentaron de tener tantas sucursales porque los desfasajes de liquidez a compensar les costaron tasas de call money del 65%, que por supuesto trasladan a los clientes como pueden.

En 2016 Macri decía: “Que Cresta Roja esté funcionando tiene que ver con esta nueva etapa de la Argentina”. ¿?

· Vulnerabilidad ocupacional

La estructura ocupacional que fue modelando en los dos años la gestión macrista no contribuye demasiado a capear en la vida cotidiana un temporal que se yergue amenazante para toda la sociedad, excepto para los funcionarios que lo propiciaron y encima recibieron la felicitación presidencial por haberlo enfrentado.

Entre los 12.299.680 empleados formales relevados a comienzos de año en el Reporte del Trabajo Registrado de la cartera laboral se produjo un crecimiento proporcional de monotributistas y autónomos, a la luz de que la participación de los asalariados -englobando al sector público, privado y de casas particulares- disminuyó desde el 81,6% al 80,7%, lo cual generó una pérdida del 0,9% en el total del mercado laboral registrado.

Es un segmento en general prestador a destajo de servicios a la comunidad y, por lo tanto, altamente dependiente del derrame de los sectores de ingresos medios y altos, así como de otros asalariados, cuya perspectiva inmediata es una menor capacidad de negociación que evite la erosión inflacionaria y una disminución efectiva de las prestaciones de las que vive.

A favor juega en estas circunstancias el fenómeno de flexibilización y precarización del mercado laboral argentino que encarnaban, ya que en muchos casos se les derivarán tercerizaciones temporarias que les permitan a las empresas sustituir los costos que les representa el trabajo en blanco permanente.

Dentro del sector público habría que pararse en la puerta de cada repartición si se quisiera hacer un conteo de ingresos y egresos, ya que si se mira el Boletín Oficial de las últimas semanas aparecen páginas y páginas con nombramientos, pero simultáneamente, en enero, desaparecieron de las plantillas respecto de diciembre unos 40 mil agentes, de acuerdo con lo publicado por Mariano Pasi en la Red Eco Alternativo.

En el área de la Jefatura de Gabinete, que es donde más refuerzos se autorizaron últimamente, debería estar conciliada la cuenta en términos de plantilla salarial entre entradas y salidas de personal, porque lo que es en eficiencia de gestión los resultados visibles dejaron mucho que desear.

Carrefour tomó la iniciativa del plan de achicamiento y reconversión de sucursales.

Los tiempos por venir, en los que, en cuanto empiece a funcionar el stand by, el FMI vigilará que la inflación efectivamente descienda, ofrecen una oportunidad a las empresas de sacarse lastres de encima y por eso recrudeció la ofensiva para flexibilizar los convenios y abaratar las indemnizaciones, o los acuerdos entre partes.

El Ministerio de Trabajo, de hecho, administra los conflictos laborales con la introducción del retiro voluntario entre los denominados Procedimientos Preventivos de Crisis, como el aplicado a pedido de Carrefour en el marco del plan de achicamiento y reconversión de sucursales.

Ya la flexibilización funcionaba también desde el año pasado para las empresas inscriptas en los Programas de Recuperación Produc tiva (Repro), que dejaron de estar obligadas a “mantener la dotación total de personal registrada al momento de la presentación de sus solicitud y/o su aprobación”, de modo que quedaron habilitadas a achicar sus planteles siempre y cuando fuera por medio de retiros voluntarios.

El gobierno de Cambiemos entró con la idea de desactivar esos Repro instituidos por el kirchnerismo y, en su primer año, recortó en un 84% el monto destinado a esta iniciativa, al pasar de $1.174.092.576 en 2015 a $359.756.000 en 2016, y de 402 empresas beneficiadas a 89, de un año a otro.

En el último año de gestión kirchnerista las prestaciones habían llegado a 756.487, y al año siguiente bajaron 123.056, de acuerdo a un informe del CEPA, y no precisamente porque hubieran desaparecido las causas que las inspiran.

Al contrario, hasta octubre del año pasado había 63.618 trabajadores a los que la Anses les pagaba parte de su sueldo mediante este programa y con la ley pyme se sumaron los Repro exprés, principalmente destinados al sector textil y calzado, por medio de la cual a las micropymes se les facilitaba el acceso a este beneficio reduciéndoles la carga burocrática y estableciéndose un mayor monto que podía superar en un 50% el salario mínimo, vital y móvil, opción esta que recién entró en vigencia varios meses después de sancionada la norma dirigida a favorecer a las empresas más chicas.

Buenos Aires, 15 de mayo de 2018

Arq. José Marcelino Garcia Rozado

Ex Subsecretario de Estado

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