LA CORTE DE NY DECIDE SI ARGENTINA INCUMPLIÓ O SALIÓ DEL DEFAULT

De nuevo novedades y no de las gratas depara la saga del default de la deuda privada, que el gobierno de Mauricio Macri había optado por buscar ponerle punto final mediante un arreglo de pago que ya traía precocinado con poderosos fondos buitres acreedores. Dejó de lado las sentencias y procesos judiciales en curso bajo la creencia de que el macro acuerdo los pisaría, pero continúan abiertas causas que comprenden a minoristas que cuentan con sentencia a favor para tener disposición de Igualdad de Trato (pari passu) e invocan ese derecho en el reclamo que llevan adelante para que les equiparen las condiciones con las de otros acreedores que negociaron con ventaja en estos años. La suma en disputa asciende a US$670 millones, como reconoció el gobierno argentino en el descargo presentado el 10 de mayo último, a instancias de la jueza del distrito sur de Manhattan, Loreta Preska, en respuesta a la demanda de los actores, que son jubilados sueltos que comparten representación letrada. La magistrada deberá ahora determinar si Argentina incumplió la sentencia que pronunciara su antecesor, Tomas Griesa, de aplicación del pari passu, en cuyo caso hasta se podrían replantear canjes de 2005 y 2010, por lo que los tenedores de los bonos entregados por el anterior gobierno también podrían pleitear para recibir el mismo trato, y así sucesivamente. Asimismo, como el Poder Ejecutivo no utilizó aún US$3.500 millones autorizados por el Congreso para el pago de deudas, se convertirían en un apetecible botín para querellantes.

 

Mauricio Macri y detrás el ministro de Finanzas, Luis Caputo: Definición sobre parte de la estrategia de salida del default.

Recibidos los descargos que pidiera con plazo hasta el 31/05 al gobierno de Mauricio Macri y a los patrocinantes de un grupo de holdouts minoristas independientes que demandan que se les mejore el acuerdo de solución cerrado con los fondos buitres el 22 de mayo de 2016, la magistrada Loreta Preska, a la que derivaron algunas de las causas pendientes de su extinto colega Tomas Griesa, a solicitud de la Cámara de Apelaciones del tribunal deberá dictaminar si Argentina incumplió o no con la sentencia de pari passu firmada por el ex juez del distrito sur de la Corte de Nueva York.

A esa instancia había llegado el reclamo de ese grupo de jubilados que consta en carátulas con los apellidos Bechara, Arrigoni, Bonvecchi, Forgione y Alzugaray, bajo la coordinación del abogado José Luis Pou.

En un escrito de 22 carillas ratificaron la exigencia de que sea aplicada la disposición de igualdad de trato (pari passu) que contaba con sentencia en firme de Griesa, en virtud de la cual habían gestionado infructuosamente una mejora en la oferta que hizo Argentina a todos los acreedores, alineada con el pago de 1,5 por bono pactado con los fondos liderados por Paul Singer.

El gobierno informó a Securities Exchange Commission (SEC) de USA, el 4 de enero de 2018, sentencias por US$670 millones, en las cuales se encuentran incluidos los demandantes en estas acciones, quienes denuncian que no sólo no se hizo efectivo el anuncio oficial que hiciera en 2016, de que se pagarían, sino que en los dos años siguientes hubo negociaciones privadas por US$9 millones en términos similares a su canje de 2010 y otras ofertas diferenciadas. En ese lapso, aducen, ellos gestionaron audiencias para entablar un diálogo directo que fueron ignoradas, por lo que rechazan el argumento de la otra parte en el sentido de que buscan una posición privilegiada.

El Congreso había autorizado por ley al Poder Ejecutivo Nacional, recuerda el escrito presentado a la jueza, hasta US$12.500 millones para pagar a los acreedores, de los que hasta el presente el gobierno admitió haber usado US$9.000 millones, que están siendo terminandos de pagar con minoristas que entraron en el acuerdo.

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Temas del día:
– BCRA realiza swap de Lebacs por ARS 60.000
– Reservas caen USD 6.529 M en mayo
– Macri espera acuerdo con FMI pronto
– Holdouts presentan duro escrito contra Argentina
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– Se postergó ingreso de Argentina a la OCDE pic.twitter.com/6t2HLl8uJT

— Sebastian Maril (@SebastianMaril) 1 de junio de 2018
[HOLDOUTS] La Ley 27.249, Artículo 7, autoriza al Gobierno a pagar a los acreedores hasta USD 12.500 M. Argentina informó a la Corte de NY que ya ha abonado USD 9.000 M e informó a la SEC que aun tiene casos sin resolver por USD 670 M (reclaman oferta “superadora”). Esto sigue. pic.twitter.com/klkHsvsqyq

— Sebastian Maril (@SebastianMaril) 30 de mayo de 2018
[HOLDOUTS] Más allá de la pelea entre sus abogados que continúa, se cierra uno de los casos más emblemáticos de los litigios internacionales por la deuda en default. De todos modos, Argentina aun tiene cerca de USD 750 M en bonos sin resolución. pic.twitter.com/06NACd9h0k

— Sebastian Maril (@SebastianMaril) 29 de mayo de 2018
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Quedarían en consecuencia US$3.500 millones que son los que están en discusión a partir también de nuevos reclamos que se han ido acumulando en el tribunal, mientras la representación oficial mantiene la negativa a cancelar los montos de las sentencias que ya habían salido.

Es lo admitido en el descargo del 10 de mayo último: que la ley 27249 artículo 7 autoriza a pagar a los acreedores hasta US$12.500 millones, Argentina informó a la Corte de NY que ya abonó US$9.000 millones e informó a la SEC que aún tiene casos sin resolver por US$ 670 millones, reclaman oferta superadora, según tuiteó el analista de investigación de renta fija de Wall Street Oasis, Sebatián Maril .

Uno de los aspectos más controvertidos del diferendo es que se abolió la ley cerrojo de 2010 para reabrir la posibilidad de pago a los fondos buitres y a los que se incorporaran a ese acuerdo, pero se sancionó una equivalente con las que se intenta la misma limitación a tratar lo que no esté dentro de ese marco, pero con distinto formato: se mantuvo el objetivo de poner un punto final a la deuda en default con los privados.

Al igual que hiciera el entonces ministro de Economía Hernán Lorenzino hace casi 8 años, colmaron de privilegios a los buitres aduciendo que así se terminaban los juicios. Pero nada eso ocurrió, ni antes ni ahora.

Ínterin se fueron abriendo grietas en los subterfugios que aducía el bufete de abogados que representa al país. En 2017, al dar por terminada la emergencia económica vigente durante 15 años, que la República utilizara como escudo a fin de no pagar la deuda e inversiones en esta Corte y tribunal internacional del Banco Mundial durante 18 años, el Congreso Nacional afectó el sustento argumental a los fundamentos del último cerrojo bis, según destaca la presentación realizada por los pequeños bonistas.

De todas maneras, la discriminación de trato con los acreedores a la que apelaba la ley argentina no concuerda con la doctrina que en la materia rige en USA, lo cual deja al tribunal neoyorkino en la incómoda situación de tener que decidir entre contrariar a la propia legislación de su Estado en caso de darle la razón a Argentina, repitiendo el caso de la vieja doctrina Drago que esgrimiera Venezuela, según la cual el endeudamiento es un acto soberano y como tal podría ser incumplido, o reabrir virtualmente todo el proceso.

En buen romance, si la jueza Preska acepta la posición de Argentina y dictamina que no incumplió terminaría avalando de hecho que se puso por delante la ley de otro país sobre la del suyo propio, a cuya jurisdicción fuera sometida la emisión de los títulos soberanos en litigio. Y si la sitúa en falta, la expone no sólo a acceder al reclamo de US$670 millones ahora en cuestión, sino a una amenazante catarata de “pari-passus” que retroceden hasta los primeros canjes de 2005.

Dr GREGORIO REYNOSO

Ex Subsecretario de Estado

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