AREA SALUD PUBLICA – AUSENCIA DE LOS GOBIERNOS

Muy grave desinterés del Estado por la recuperación de adicciones

Las adicciones son consideradas en general consecuencia de la drogadependencia, cuanto es una cuestión mucho más variada. Y el consumo de estupefacientes es abordado básicamente desde el narcotráfico, y eso está muy mal. Los problemas policiales son bien diferente a la crisis social que provoca la fractura psicológica de individuos y de familias. El Estado no parece percibir la grave de lo que sucede, al punto que envía a adictos a clínicas psiquiátricas, cuando nada tiene que ver un tema con el otro. Muy interesante la siguiente columna de opinión:

Enorme necesidad de una política de Estado para el tratamiento de adictos.

Según afirman especialistas en la materia, resulta progresivo el aumento del uso indebido de sustancias psicoactivas, ya sean legales o ilegales.

Y es cada vez más preocupante

  • la baja edad de iniciación en estas prácticas,
  • la diversificación de sustancias que circulan y
  • las consecuencias que todo ello genera en el tejido comunitario.

Pero lo que más debe preocuparnos es que las principales víctimas que la drogadependencia se cobra son los jóvenes y los niños, en razón del inicio temprano en el consumo.

En la actualidad existe un cierto consenso teórico respecto a la multicausalidad de los problemas vinculados al consumo y abuso de drogas, por eso es preciso atacar todos los frentes en simultáneo:

  • uno relacionado con la reducción de la oferta de sustancias psicoactivas,
  • otro vinculado a la prevención de situaciones que motivan la demanda de las mismas, y
  • también el relacionado a la rehabilitación para posibilitar la salida de la problemática.

Pero el problema más profundo en torno a la cuestión de adicciones es la imposibilidad de encarar un tratamiento de rehabilitación por parte de los adictos que no cuentan con recursos económicos para afrontarlo. Y, para ello, es urgen te la introducción del abordaje de las adicciones en la agenda pública y de gobierno.

Un factor alarmante es la desigualdad de posibilidades a lo largo y ancho de toda la Argentina.

En la Ciudad de Buenos Aires, e incluso en la provincia de Buenos Aires, es más simple acceder a un tratamiento de rehabilitación.

Desde el Sedronar (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, anteriormente Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico), la mayoría de los centros de atención que se desarrollan se encuentra en estas dos regiones del país.

Pero, ¿cuál es la situación en el resto de nuestras provincias?

En el interior profundo, son reiterados los casos de personas de bajos recursos económicos que, por no contar con la posibilid ad de acceder a un tratamiento en un centro de internación, resultan expuestas a una situación de abandono y desprotección por parte del Estado, representando esto una clara violación al Derecho de Acceso a la Salud Pública y Gratuita.

En los casos más severos, muchos jóvenes terminan siendo internados en hospitales psiquiátricos que no tienen especificidad en la materia y salen de ellos en peor estado de salud mental del que han ingresado, y con su problemática de base irresuelta.

En la gran mayoría de las provincias, ni el Sedronar ni el Ministerio de Salud de la Nación despliegan políticas públicas relacionadas a la rehabilitación.

Sí existen campañas nacionales para la prevención, pero no ocurre lo mismo en los casos donde se llega a una gravedad tal que se requiere internación.

A muchos jóvenes se le suma, al flagelo de no poder escapar de las adiciones, la falta de recursos para abordar un tratamiento serio que les posibilite reiniciar su vida, lo que genera una profundización de las diferencias socioeconómicas ya existentes en la sociedad y una auténtica retroalimentación de la problemática.

Por eso es fundamental que desde el Estado Nacional se implementen políticas públicas para tratamiento y rehabilitación de adicciones, sobre todo haciendo hincapié en los casos severos que se requiera internación, porque la oferta gratuita para hacerlo es escasa y, muchas veces, no es contemplada por las obras sociales.

Necesitamos desarrollar Centros de prevención, tratamiento y rehabilitación de adicciones en todo el territorio nacional, atendiendo a criterios objeti vos que determinen la ubicación y la cantidad de los mismos.

Además, son claves los convenios con las Universidades Nacionales, con el fin de generar espacios de docencia, investigación, especializaciones en tratamiento de adicciones, transformando estos Centros en espacios para realizar prácticas pre profesionales de aquellas carreras universitarias o terciarias que aborden la problemática de las adicciones.

Hay que generar un desarrollo del abordaje integral de la drogadependencia en nuestro país con una organización estable y activa, con proyección nacional y despliegue local, que se acerque a donde se encuentra la problemática y no esperar pasivamente a que los afectados se acerquen cuando las consecuencias en la salud son severas o irreversibles.

La asistencia en materia de adicciones debe ser integral y totalmente gratuita para la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción sociolaboral.

Hace a la justicia social y a la equidad que el Estado se haga presente garantizando el acceso igualitario a la salud, desarrollando políticas públicas concretas que permitan hacer frente a una de las problemáticas más complejas que atraviesa a nuestro país y afectando, aún en mayor medida, a aquellos ciudadanos que no tienen recursos económicos que les permitan salir de este flagelo.

Porque la drogadependencia no sólo genera violencia e inseguridad, siempre termina rompiendo el tejido familiar, quebrando lazos comunitarios y deteriorando notablemente la trama de los vínculos sociales. Es una problemática social de la que debemos hacernos cargo.

Por ANDRÉS A. VALLONE

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