EL DEBIDO RESGUARDO DE LA OPINIÓN CRÍTICA

Cualquier hecho jurídico relevante nos permite ver, a través suyo, todo el derecho y, más específicamente, el modo en que el Estado nos trata. Días atrás, ocurrió un hecho tan relevante como expresivo, en torno a la revista La Garganta Poderosa, una publicación cuyos contenidos son definidos, de modo exclusivo, por personas nacidas en villas de emergencia.

Entre otros fines, la revista se propone confrontar los prejuicios hacia los habitantes de los barrios marginados, mostrando que allí también hay vida, cultura y energía creativa, que exceden largamente a cualquier preconcepto que quiera reducir esos barrios a meros “aguantaderos” de gente ocupada en actividades delictivas. Unos días atrás, un fotógrafo de la revista denunció haber recibido golpes y abusos, luego de registrar un operativo de la Prefectura Naval en la villa 21, en busca del joven Iván Navarro. El acoso que viene sufriendo Navarro se habría desatado tiempo atrás, cuando se animó a contar durante un juicio oral seguido contra seis agentes de Prefectura, las torturas y abusos que ellos le infligieron. Esta semana, agentes de Prefectura habrían ingresado sin orden judicial en el domicilio del fotógrafo de La Garganta Poderosa, golpeado a un menor, manoseado a una mujer, provocado destrozos en el hogar, y mantenido incomunicados a algunos de los presentes. Todo en represalia por las acciones de denuncia impulsadas desde la revista.

Dejo al periodismo la descripción detallada de los graves sucesos ocurridos, para concentrarme en cambio en algunas reflexiones relacionadas con lo que expresan o denuncian los hechos básicos conocidos. Me interesa llamar la atención sobre el aspecto, si se quiere, simbólico de la situación porque nos ofrece una extraordinaria oportunidad para reconocer de qué modo el poder público -el actual Gobierno, en este caso- se aproxima y trata a los miembros de los grupos más desfavorecidos de la sociedad. Para empezar por el principio: surge una iniciativa inmejorable -la revista La Garganta Poderosa– llevada a cabo por miembros de un colectivo históricamente maltratado. Un proyecto cultural que sirve a la integración social, la educación cívica y la formación política de los más postergados.

Las autoridades podrían tomar proyectos de este tipo como símbolo de lo que valoran y también como ejemplo del modo en que quieren vincularse con los sectores más postergados. El Gobierno podría decir: “No importa si estamos de acuerdo o no con el contenido de lo que ustedes escriben: actuamos con independencia de ello. El proyecto que llevan adelante es magnífico y nos enorgullecemos de él. Queremos que haya muchos otros emprendimientos semejantes, y vamos a hacer lo posible para garantizar que ello ocurra”. El Gobierno podría decir todo esto, y luego actuar en consecuencia, alentando, amparando, protegiendo, reivindicando, defendiendo, proyectos culturales semejantes. Obraría así de modo no demagógico, sino principista: “Aquí pasa algo que está muy bien y que por lo tanto merece ser respaldado”.

Lamentablemente, desde áreas centrales del Gobierno, y muy en particular desde el Ministerio de Seguridad, se ha escogido afirmar un mensaje que contradice esa perspectiva e insiste con patrones de conducta fallidos, y repudiados hasta el cansancio en ocasiones anteriores. La expresión crítica de la revista genera no reconocimiento, sino sospechas; sus integrantes no son objeto de un cuidado y deferencia especiales, sino de acoso armado; el proyecto social en juego no es reivindicado como resultado de convicciones, sino sujeto a cálculos degradados (“¿Nos conviene acercarnos a gente que no piensa como nosotros? ¿No tendrá más sentido amedrentarlos, de forma tal que no nos sigan investigando?”). El parámetro habitual se repite. El vínculo que el Gobierno establece con los más desaventajados parece orientarse, sobre todo, a su disciplinamiento: se busca “contener” a los que menos tienen, a partir de una combinación calculada: planes sociales para calmarlos e intervenciones armadas para marcarles los límites. De este modo, el Gobierno deja en claro que prefiere alinearse, no con los que más sufren, sino con unas fuerzas de seguridad cuestionadas. En lugar de maximizar la supervisión pública sobre un sector que a lo largo de nuestra historia ha incurrido en prácticas de espanto, se muestra obsesionado por blindar a las fuerzas de seguridad frente a toda crítica, dejando en claro que las autoridades están por completo de su lado (exactamente lo mismo que hizo el Presidente en el caso Chocobar).

Todos podemos entender, por supuesto, la necesidad de reivindicar, entre otros bienes, al valor del orden social, en particular a la luz de irresponsabilidades propias de los años anteriores (cuando, esquizofrénica o hipócritamente, el gobierno combinó un discurso adolescente de “ruptura,” con políticas de represión tercerizadas). Podemos entender, también, que el Gobierno no maltrate a sus propias fuerzas de seguridad, sino que se proponga educarlas y respaldarlas, en un camino de cambio y aprendizaje. Nada de eso, sin embargo, justifica que se actúe en el área del modo en que se lo viene haciendo.

Un gobierno animado a defender tanto las libertades personales de cada uno como pautas de justicia social para todos, frente al caso de La Garganta Poderosa, debería: aceptar que la opinión política crítica merece siempre, y en principio, un resguardo incondicional; optar prioritariamente por el cuidado y respaldo a los sectores más desaventajados, en particular, en momentos de crisis como el actual y, a la luz de la historia, debería asegurar el más estricto control sobre las fuerzas de seguridad (respetarlas y reinvidicarlas no es lo mismo que alinearse ciega y caprichosamente con ellas).

El Gobierno debería comenzar a guiar sus acciones conforme a los principios de libertad e igualdad que la propia Constitución enaltece. Sin embargo, todavía hoy, y con frecuencia, prefiere actuar conforme a una fórmula que mezcla prejuicios, encuestas y cálculo, aunque esta vía resulte de las peores posibles: no solo se trata del camino incorrecto, sino que además es uno que produce, una y otra vez, malos resultados.

*Roberto Gargarella: sociólogo, abogado y Doctor en Derecho UBAires, L.L.M. por la University of Chicago Law School, Master en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, J.S.D. por la University of Chicago, y Post-Doctorado en la Balliol Collage, Oxford.  Es profesor invitado de la Escuela de Derecho de la UTDT, y profesor asociado de la Facultad de Derecho de la UBA. Ha sido profesor e investigador visitante en varias universidades extranjeras, como Columbia University, Universitat Pompeu Fabra, New York University, University of Bergen y University of Chicago. El profesor Gargarella se hizo acreedor de prestigiosas becas de investigación, entre ellas Fullbright, John Simon Guggenheim Memorial Foundation, Fundación Antorchas, etc. Es autor de numerosos libros y artículos, publicados tanto en el país como en el exterior. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran: The Legal Foundations of Inequality, (Cambridge, Cambridge University Press, 2009), The Accountability and Democratic Judiciaries in Latin America, Africa, and East Europe (en co-autoría con S. Gloppen et al, Palgrave, Nueva York, 2009).

por Roberto Gargarella

La Nación 2 de junio 2018

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