POLÉMICA POR LOS CAMBIOS A LOS MILITARES

FFAA en seguridad interior: ¿Hay Servicio Militar encubierto?

El presidente Mauricio Macri emitió este martes (24/7) el decreto con las nuevas directivas para las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Interior. Desde la oposición ya advirtieron que el tema se debería haber debatido en el Congreso mediante la modificación de las leyes de Defensa y Seguridad Interior. De todos modos, el DNU tiene que ser tratado por el parlamento y debe expedirse al respecto. Desde el kirchnerismo presentaron este miércoles (25/7) una iniciativa para derogar el Decreto 683. La polémica volvió a instaurar en la sociedad la discusión sobre rol de las Fuerzas Armadas en democracia y el uso de los efectivos, ya que el Gobierno impulsa la figura de los reservistas y al mismo tiempo no fue derogada totalmente la ley de Servicio Militar Obligatorio por la cual se pueden requerir conscriptos no sólo en casos de ataque exterior, sino también de crisis o emergencia nacional.

En 2016 el Gobierno tenía un proyecto para derogar los remanentes del Servicio Militar Obligatorio

El Decreto 683/2018 publicado este martes (24/7) en el Boletín Oficial dispone, no sólo las nuevas directivas para las Fuerzas Armadas en cuanto a su participación en materia de seguridad interior, sino que también comprende una reestructuración de las FFAA. En el marco del anuncio que realizó Macri en Campo de Mayo mencionó el envío de una Ley de Personal Militar para avanzar en un “sistema de reserva para aumentar la capacidad de defensa de nuestro país en caso de que sea necesario“. Significa reactivar la figura de los reservistas que podría incluir la incorporación de civiles si falta personal voluntario.

El Decreto 683 introduce cinco cambios en el decreto 727/06 y deroga el 1691 del mismo año que firmó Néstor Kirchner cuando era Presidente.

El artículo 1 de la norma dice que las Fuerzas Armadas “serán empleadas en forma disuasiva o efectiva” en “agresiones de origen externo” y se elimina la mención a la participación necesaria de “fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estados/s“.

Luego, indica que las modificaciones no afectan “lo dispuesto en la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior y en la Ley Nº 24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, en lo concerniente a los escenarios en los que se prevé el empleo del instrumento militar y a las disposiciones que definen el alcance de dicha intervención en Operaciones de Apoyo a la Seguridad Interior”.

Aún hay muchas dudas y falta información sobre algunas cuestiones como los “puntos estratégicos” que menciona el decreto y que serían custodiados por las Fuerzas Armadas en sus nuevas funciones.

Sobre los reservistas, el Presidente sólo hizo la mención a la norma que genere “un sistema de reserva para aumentar la capacidad de defensa de nuestro país en caso de que sea necesario“. Tampoco hay información hasta el momento sobre cómo se instrumentará ese aumento de la capacidad de defensa y en qué casos sería necesario.

VIDEO: https://youtu.be/hMVjEwTt1U8

La idea de apelar a reservistas y una posible convocatoria a conscriptos empezó a circular en el verano pasado junto con los rumores de la reestructuración de las Fuerzas Armadas que se concretaron esta semana.

Por entonces trascendió que los reservistas serían profesionales de distintas disciplinas del campo civil que recibirían preparación militar para sumarse al servicio activo en determinadas circunstancias.

Era la época en que se buscaba al submarino ARA San Juan, el diario La Nación en su edición del 29/1 citó una fuente cercana al ministro Aguad que explicó: “No es una versión renovada del servicio militar obligatorio. Será absolutamente voluntario y se buscará atraer a profesionales y técnicos, especialmente en el campo de la ingeniería, para atender mejor los desafíos de la ciberdefensa en el nuevo mapa de amenazas que hoy se plantea en el mundo“.

Según el matutino, el Gobierno evaluaba a fines de enero formar un Ejército de la Reserva, integrado por personal entrenado no permanente que se sumaría a las fuerzas regulares en caso de ser necesario.

El diario Clarín también coincidió por entonces con la misma versión: “…el otro eje es la creación del “Ejército de reserva”. El ex presidente Carlos Menem hizo derogar el servicio militar obligatorio, aprovechando el impacto que provocó el asesinato del soldado Omar Carrasco en 1994 y con miras a su reelección, y se pasó a un sistema de soldados voluntarios que dejó al país sin reservistas para convocar ante un eventual conflicto. Antes de la derogación de la colimba, cada clase de conscriptos pasaba a constituir una reserva. Ahora solo están entrenados en el uso de armas de guerra los voluntarios -que son unos 21 mil- que no alcanzarían para desplegar los regimientos necesarios ante una eventual agresión externa. Antes de Menem, el Ejército tenía 200 mil soldados conscriptos”.

“El proyecto consiste en entrenar durante cursos “de tres o seis meses a jóvenes como soldados y sobre todo a profesionales que puedan manejar las nuevas tecnologías que necesita la Defensa moderna”, dijeron las fuentes citadas por Clarín.

Según la ley vigente de Servicio Militar en su artículo 19º “en el caso excepcional que no se llegaran a cubrir con soldados voluntarios los cupos fijados de acuerdo con el artículo 3, el Poder Ejecutivo podrá convocar, en los términos establecidos por la ley 17.531, a los ciudadanos que en el año de la prestación cumplan 18 años de edad y por un período que no podrá exceder de un año”.

“Para realizar la convocatoria el Poder Ejecutivo deberá previamente requerir la autorización por ley del Congreso Nacional, expresando las circunstancias que motivan la solicitud y las razones por las cuales no pudieron cubrirse los cupos pertinentes”, completa.

En junio de 2016, un sector del Gobierno evaluó enviar al Congreso un proyecto para derogar el Servicio Militar Obligatorio, el cual fue modificado en 1994 pero sigue en parte vigente, ya que puede ser puesto en práctica en tiempos de guerra, crisis o emergencia nacional.

El proyecto surgió de la Sub Secretaria de Juventud de Piter Robledo, que advirtió que la posibilidad de una conscripción obligatoria aún es una normativa vigente.

La iniciativa proponía derogar los artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 33 de la ley 24.429, desterrando “la mera posibilidad de volver a caer en errores pasados, como puede ser cercenar derechos humanos intrínsecos como la libertad física y psíquica de la libre elección personal del propio destino”, ahora parece que EE UU y su brazo ejecutor económico el FMI inscriben una nueva política de Defensa que puede volver las cosas a aquello que el menemato desterrara quizás equivocadamente.

El proyecto nunca prosperó. Salvo ahora que Macri necesita quedar bien con Trump y sus políticas de Defensa&Seguridad en América Latina, que se consensúan con las necesidades del PEN de obtener fondos de donde sea (rascar el fondo de la olla) y para tal fin se pretende vender tierras militares de bases desactivadas con la nueva Reglamentación de las perimidas Leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia Nacional.

Mientras un gobierno no sumiso a los intereses imperiales, derogaría y haría tratar nuevas, modernas y adecuadas a las nuevas realidades mundiales, regionales y nacionales (con un invasor en Malvinas y las Islas del Atlántico Sur, y su prospectiva en la Antártida y un vecino con siempre y permanentes posicionamientos expansionistas que se rearma constantemente) discutiendo leyes de Defensa, Seguridad e Inteligencia que atiendan la necesidad de protegernos como colectivo y como Nación y por lo tanto la “integridad territorial –tierra, mar, aire y Antártida- y una diversidad de recursos naturales y humanos”, éste gobierno nos desestructura socioeconómicamente, territorialmente y ahora en Defensa Nacional.

·       A continuación el texto completo del Decreto 683/2018:

DECTO-2018-683-APN-PTE – Modificación. Decreto N° 727/2006.

Ciudad de Buenos Aires, 23/07/2018

VISTO las Leyes Nros. 23.554, 24.059, 24.948 y 25.520 y los Decretos Nros. 727 del 12 de junio de 2006 y 1691 del 22 de noviembre de 2006, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 23.554 de Defensa Nacional regula una obligación esencial e indelegable del Estado, donde deben converger todos los esfuerzos necesarios para preservar los intereses vitales de la República.

Que tanto el Sistema de Defensa como su Instrumento Militar se justifican a partir de la existencia misma del Estado y no de la definición de determinado escenario temporal y sus correspondientes amenazas, y que su esencia se relaciona con el eventual ejercicio del monopolio de la fuerza para la resolución del conflicto en toda su gama, desde la crisis hasta la guerra o el conflicto armado internacional, según lo disponga el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que es responsabilidad política establecer los parámetros y criterios a tener en cuenta para la misión, organización y funcionamiento del Sistema de Defensa en general y, en particular, de las FUERZAS ARMADAS para que se constituyan en un instrumento de disuasión real, de acuerdo con la percepción de amenazas a los intereses de la Nación y sus correspondientes riesgos presentes y futuros.

Que la disuasión es una de las formas a través de las cuales actúa y se expresa la Defensa Nacional.

Que la Ley de Defensa Nacional expresa claramente en su artículo 2° que aquella “…es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo”.

Que este tipo de agresiones no solo son de carácter estatal militar, sino que en ocasiones se manifiestan de otras formas que, sin dejar de tener su origen en el exterior, se desarrollan en nuestro territorio y/o tienen efectos en él, afectando intereses que la Defensa Nacional puede y debe contribuir a preservar.

Que como consecuencia de la evolución del entorno de Seguridad y Defensa resulta necesario establecer roles y funciones que deben asumir cada una de las instancias que la componen para que contribuyan al eficiente uso de los recursos del ESTADO NACIONAL.

Que la Ley N° 24.948 establece como principio fundamental de la restructuración de las FUERZAS ARMADAS la prioridad al accionar conjunto y a la integración operativa de las fuerzas, así como con las fuerzas de seguridad en sus funciones de apoyo y con fuerzas del ámbito regional y las de los países que integren contingentes de paz por mandato de las Naciones Unidas.

Que la necesidad de modificar la reglamentación existente de la Ley de la Defensa Nacional surge a las claras desde el mismo momento en que se observa que por un exceso reglamentario al momento de la determinación de los pormenores y detalles necesarios para la aplicación de la legislación existente, no resulta adecuado restringir las potencialidades para la Defensa Nacional.

Que, no obstante ello, esto no implica clausurar los límites existentes entre los ámbitos adjudicados por el ordenamiento jurídico a la competencia de la Defensa Nacional y a la Seguridad Interior.

Que, en consecuencia, se trata de determinar las competencias de cada uno de esos sectores a los efectos de asegurar la protección de la soberanía e independencia de la NACIÓN ARGENTINA, su integridad territorial, sus recursos naturales, su capacidad de autodeterminación y la protección de la vida, la libertad y los derechos humanos de sus habitantes.

Que por tanto resulta menester entender como agresión de origen externo, en los términos previstos por la Ley de Defensa Nacional, el uso de la fuerza armada contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país, o en cualquier otra forma que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas.

Que sin perjuicio de ello, toda actuación de las FUERZAS ARMADAS, deberá ser efectuada de conformidad a las previsiones de la Ley N° 23.554, con las limitaciones previstas en las Leyes N° 24.059 y N° 25.520.

Que, por otra parte, el artículo 31 de la Ley N° 23.554 establece que los integrantes del Sistema de Defensa Nacional identificados en el artículo 9 inciso g) de la citada Ley, desarrollarán el debido y permanente control y vigilancia de los objetivos estratégicos para la Defensa Nacional.

Que, en virtud de las diversas modificaciones normativas, la GENDARMERÍA NACIONAL y la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA no depend en orgánica y funcionalmente del MINISTERIO DE DEFENSA.

Que, en este marco, resulta necesario aclarar que la protección de aquellos objetivos estratégicos para la defensa Nacional será llevada a cabo por los integrantes del Sistema de la Defensa Nacional identificados en los incisos f) y g) del artículo 9° de la citada Ley N° 23.554.

Que, finalmente, como consecuencia de la presente reforma a la reglamentación existente de la Ley de Defensa Nacional resulta menester derogar la Directiva Sobre Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas aprobada por el Decreto N° 1691 del 22 de noviembre de 2006.

Que han tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DEFENSA y la DIRECCIÓN GENE RAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SEGURIDAD.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 99, inciso 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 1° del Decreto N° 727/06 por el siguiente:

“ARTÍCULO 1°.- Las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territor ial o la independencia política de la REPÚBLICA ARGENTINA; la vida y la libertad de sus habitantes, o ante cualquier otra forma de agresión externa que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas.

El cumplimiento de esta misión primaria no afecta lo dispuesto en la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior y en la Ley Nº 24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, en lo concerniente a los escenarios en los que se prevé el empleo del instrumento militar y a las disposiciones que definen el alcance de dicha intervención en Operaciones de Apoyo a la Seguridad Interior.” 

ARTÍCULO 2°. – Sustitúyese el artículo 3° del Decreto N° 727/06 por el siguiente:

“ARTÍCULO 3°.- Las Fuerzas Armadas enmarcarán su planeamiento y empleo en los siguientes tipos de operaciones: Operaciones en Defensa de los intereses vitales de la Nación; Operaciones dispuestas en el Marco de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (O.N.U.) u otros organismos internacionales; Operaciones encuadradas en la Ley N° 24.059 y Operaciones en Apoyo a la Comunidad Nacional e Internacional. A tales efectos, ajustarán su formulación doctrinaria, planificación y adiestramiento, en la previsión de las adquisiciones de equipos y/o medios de conformidad a las previsiones de la Ley N° 23.554, con las limitaciones previstas en las Leyes N° 24.059 y N° 25.520”.

En el caso de las misiones establecidas en la Ley N° 24.059, el MINISTERIO DE DEFENSA considerará como criterio para las previsiones estratégicas, la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las FUERZAS ARMADAS, a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las FUERZAS DE SEGURIDAD.”

ARTÍCULO 3°. – Sustitúyese el artículo 23 del Decreto N° 727/06 por el siguiente:

“ARTÍCULO 23.- El EJÉRCITO ARGENTINO, la ARMADA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la FUERZA AÉREA ARGENTINA conforman el Instrumento Militar de la Defensa Nacional; el cual deberá concebirse como una única instancia integradora de las formas y modalidades de acción propias de cada una de esas Fuerzas.

La misión primaria fundamental del Instrumento Militar consiste en asegurar la defensa nacional ante situaciones de agresión externa.”

ARTÍCULO 4°. – Sustitúyese el artículo 24 del Decreto N° 727/06 por el siguiente:

“ARTÍCULO 24.- Las Fuerzas que conforman el Instrumento Militar tendrán por misión alistar, adiestrar y sostener los medios puestos a su disposición, como así también aquellas funciones y responsabilidades asignadas por la normativa vigente, a los efectos de garantizar su eficaz empleo en el marco del planeamiento militar.”

ARTÍCULO 5°. – Incorpórase como artículo 24 bis del Decreto N° 727/06 el siguiente:

“ARTÍCULO 24 bis.- El Sistema de Defensa Nacional ejercerá la custodia de los objetivos estratégicos referidos por el artículo 31 de la Ley N° 23.554, a través de los integrantes identificados en los incisos f) y g) del artículo 9° de la citada Ley.”

ARTÍCULO 6°.- Derógase el Decreto N° 1691 del 22 de noviembre de 2006

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. MACRI – Marcos Peña – Oscar Raúl Aguad

  1. 24/07/2018 N° 53292/18 v. 24/07/2018

 

Por Arq. José Marcelino García Rozado

Buenos Aires, 25 de julio de 2018

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