REFORMA DEL CÓDIGO PENAL: OTRO SAPO A TRAGAR

El Código Penal todavía vigente es una norma de doble vía: penas para los culpables y medidas de seguridad para los peligrosos.

Pity Alvarez se entrega en la comisaria 52, el 13 de Julio. Foto Rolando Andrade.

 “Lo maté porque era él o yo”, afirmó Pity Álvarez, tal vez desconociendo que enfrentó con cinco balas a un hombre desarmado, Cristian Díaz, hoy muerto. El abogado de la defensa se apuró a invalidar la confesión del crimen en la comisaríaalegando que había cámaras presentes.”Estamos muy preocupados por Pity … Pendientes de todo. Un rockero y un muerto es lo que mas le gusta a la televisión”, se quejó Andrés Calamaro, como si los medios fueran los culpables de lo que muestran y no buscaran sino el rédito de una noticia amarilla más. Y concluyó el músico: “Merece una vida mejor”.

No sólo de confesiones autoexculpatorias y de artistas amigos se alimenta la impunidad: el toxicólogo Daniel Gómez se anticipó alegando que la droga “según la ley puede ser un atenuante”. Perola impunidad también se alimenta de los legisladores y jueces. Y éste es el eslabón de la cadena más preocupante, en cuanto legitima el mal cometido.

La foto de Pity Alvarez con su víctima, Cristian Díaz. Pity confesó haber matado a su vecino y se entregó a la policía.

Expliquemos la debilidad e hipocresía de dicho eslabón: el Código Penal todavía vigente es una norma de doble vía -penas para los culpables y medidas de seguridad para los peligrosos-. Su artículo 34 estipula que son inimputables quienes por razones varias no pueden “comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones”. Pero además, en un segundo párrafo especifica que “el tribunal podrá ordenar la reclusión del agente en un manicomio, del que no saldrá sino por resolución judicial, con audiencia del ministerio público y previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás”.

En lenguaje lego: hasta hace unos años, coexistían dos resoluciones: si los imputados padecían alguna patología mental en el momento de cometer el delito, se los declaraba inimputablesy se los y se los sobreseía o se los absolvía en la causa. Pero si además de su patología, eran peligrosos para sí o para terceros (según un criterio “peligrosidad” ya abandonado por ser considerado “estigmatizante”), los imputados eran internados en un institución carcelaria.

Sin embargo, con la Ley Nacional de Salud Mental sancionada en el 2010, el art. 43 sustituyó al art. 482 del Código Civil, y se terminó ordenando que “No podrá ser privado de su libertad personal el declarado incapaz por causa de enfermedad mental o adicciones, salvo en los casos de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”. ¿Cuál es la diferencia? Ni más ni menos que, tal como se mencionó, el art 482 que modifica la Ley Nacional de Salud Mental forma parte del Código Civil, y no del Código Penal, desplazamiento normativo que le quita competencia al juez penal, afectando gravemente la doble vía del Código Penal clásico.

Entrevista inédita de 2012, de Jorge Lanata a Pity Álvarez. buenos aires cristian pity alvarez jorge lanata nota al cantante musico programa de television foto de archivo del año 2012

¿Cuál es otro de tantos defectos del anteproyecto del Código Penal en curso? Eliminan el segundo párrafo del artículo del Código Penal que declara que “en caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la reclusión del agente en un manicomio, del que no saldrá sino por resolución judicial”. Y con esta eliminación “buenista”, el Código Penal es sometido a la Ley de Salud Mental, y toda vez que el insano comete un delito y es peligroso para sí o para terceros, el juez penal pierde inmediatamente la jurisdicción y tiene que derivar al imputado al Juez Civil de turno. Y como por arte de magia, una causa penal se transforma en una causa civil. ¿Qué hace dicho juez? Al no haber institutos carcelarios, los que fueron desmantelados por la vigencia de la ley, deriva al inimputable al Hospital Borda, el que carece de las condiciones para la custodia o tratamiento de los reos. Pero además, dado que la Ley de Salud Mental exige del consentimiento del interno para permanecer en el nosocomio, obviamente éste entra por una puerta y sale por la otra.

Para peor, al año siguiente de la sanción de la Ley de Salud Mental, dos presos fallecen en un pabellón del Hospital Borda. A raíz de ambos sucesos, se crea una novedosa respuesta estatal: si en el momento del crimen los imputados no padecían de ninguna enfermedad mental, pero durante el proceso penal contraen una, se los incluye en el programa Programa Interministerial de Salud Mental (Prisma) bajo la competencia del juez penal, dado que la insanía aparece durante el proceso.

De allí que Pity Álvarez, asesino confeso declarado hace tiempo inimputable por “trastorno de personalidad con poliadicción a sustancias psicoactivas”, para ser controlado, termina siendo integrado en el programa Prisma -como si hubiese delinquido sano y se hubiese enfermado desde la semana pasada a hoy, patología frecuente en delincuentes VIP, desde López sin sus bolsos hasta Ríos, el “loco de Belgrano” que asesinó a mansalva a Alfredo Marcenac.

Toda esta movida psicosociológicolegal es fruto de un optimismo despiadado en la reinserción, optimismo que ni siquiera se condice con las Reglas de Mandela, que no son sino recomendaciones de las Naciones Unidas a los Estados para tratar a los reclusos y administrar las cárceles. La regla 4 declara que “Los objetivos de las penas y medidas privativas de libertad son principalmente proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia… Esos objetivos solo pueden alcanzarse si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en lo posible, la reinserción de los ex reclusos en la sociedad”. Es claro que mientras la norma reconoce los límites de la reinserción, la ley argentina insiste en un ideal difícilmente alcanzable. Pero lo cierto es que loco o cuerdo, adicto o no, el Pity mató. Hay un muerto. De allí la urgencia de que el derecho abandone su maridaje excluyente con la sociología y la psicología y le abra un espacio a la ética, la única que puede reconciliar a un derecho hoy desvariado con la Justicia y el sentido común.

Por Diana Cohen Agrest

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