UNAS FUERZAS ARMADAS PARA EL SIGLO XXI

Opinión pública ante el tema militar: una grieta que se extiende también a los cuarteles – Cambios que no fortalecen la Defensa Nacional – Dos jueces federales cuestionan nuevo rol de las fuerzas armadasDocumento: “Un paso peligroso”

Debemos entender a la defensa como un instrumento integral de nuestra política exterior que se deberá modernizar a la par de nuestra diplomacia.

FOTO: NA

Hace unos meses, en lo que pareciera ser un retroceso a la Guerra Fría, Suecia movilizó por primera vez en 40 años de todos sus cuadros de reservistas para evaluar su capacidad de reacción frente una posible invasión.

Casi en simultaneo, Nueva Zelanda publicó su Declaración de Política de Defensa Estratégica donde se alinea la política de defensa con las prioridades de política exterior en un contexto estratégico cambiante. Un año antes, una compañía petroquímica en Arabia Saudita fue receptora de un ataque cibernético que tenía como objetivo el colapso de los sistemas informáticos para lograr una explosión en la planta.

Estos tres ejemplos de países muy diferentes, en contextos estratégicos divergentes y con realidades operativas y presupuestarias desiguales, nos permiten entender dos cosas:

1) las amenazas cambian de la mano de las mutaciones de nuestro ámbito estratégico; y

2) nuestra política de defensa solo es efectiva en cuanto se base en un profundo entendimiento de nuestro lugar en el mundo y siga las premisas centrales de nuestra política exterior.

Opinión pública ante el tema militar: una grieta que se extiende también a los cuarteles El Decreto 638/18 y la nueva Directiva de Política de Defensa Nacional (Decreto 703/18) son reflejo de una nueva comprensión de la defensa en el contexto global y regional actual, mientras que a su vez logran construir sobre un consenso vital de nuestra sociedad: la diferenciación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior que ha sido, y sigue siendo, una herramienta central para el fortalecimiento de nuestra democracia.

La directiva permite dar el primer paso en la planificación de capacidades militares para unas Fuerzas Armadas en concordancia con el mundo en el que vivimos, dado que la defensa del siglo XXI en nuestro país ya no puede basarse en concepciones territorialistas que han perdurado más de 150 años, ni en estructuras operativas y administrativas diseñadas durante la ultima dictadura, ni en un entendimiento del mundo basado en visiones anteriores al fin de la Guerra Fría.

El mundo al que nos integramos es un mundo de oportunidades, pero a su vez está repleto de amenazas que no pueden ser detenidas o disuadidas con unas Fuerzas Armadas del siglo pasado.

Tenemos la suerte de que nuestras leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia Nacional nos dan un marco jurídico sólido para definir roles, funciones y limitaciones de las diferentes instituciones, pero sin restringir nuestra capacidad para adaptarlas al nuevo escenario internacional.

Es así como podemos refinar nuestro entendimiento de lo que son “agresiones de origen externo” para incluir amenazas latentes como el terrorismo internacional o el crimen organizado transnacional, así como podemos construir capacidades para la protección de objetivos estratégicos por parte de las Fuerzas Armadas al crear las estructuras necesarias para resguardar el ciberespacio e impedir ataques como el de Arabia Saudita.

De forma similar nuestro instrumento militar podría utilizar los medios de los que dispone para detectar e interceptar aeronaves que busquen perpetrar un atentado en nuestro territorio, o podrá proveer a nuestros gendarmes y prefectos de valiosas capacidades de transporte terrestre y aéreo para poder asegurar su despliegue en los puntos de nuestro territorio donde se los necesite.

Todos estos casos requieren de capacidades y responsabilidades que no pueden recaer sobre las Fuerzas de Seguridad, sea porque están fuera del marco legal que las regula o porque estas fuerzas carecen de las capacidades operativas y presupuestarias necesarias.

Cambios que no fortalecen la Defensa Nacional

Es así que debemos entender la importancia de mantener las funciones de apoyo logístico de las Fuerzas Armadas a las Fuerzas de Seguridad como se viene haciendo desde los operativos Escudo Norte en 2011 y Fortín II en 2013: por las características de sus funciones, las Fuerzas Armadas siempre van a disponer de medios y herramientas que pueden ser complementarios al accionar de las Fuerzas de Seguridad.

¿Por qué proveer a la Gendarmería de radares para detectar aeronaves cuando la Fuerza Aérea ya dispone de estos medios y capacidades?

¿Por qué expandir una defensa civil con miles de camiones y vehículos todo terreno cuando el Ejército ya opera los mismos?

¿Por qué dotar a la Prefectura de aviones de exploración y patrulla marítima cuando la Armada ya dispone de una flota propia?

Las Fuerzas Armadas disponen de una gran cantidad de medios de uso dual, o sea esenciales para las funciones del instrumento militar, así como también adecuados para proveer de apoyo a las Fuerzas de Seguridad y brindar ayuda humanitaria de cara a desastres naturales sin la necesidad de que se tengan que desplegar soldados en las calles o que estos patrullen nuestras fronteras. Finalmente, y quizás lo más relevante para la reconceptualización de nuestras Fuerzas Armadas, es que no podemos continuar sosteniendo incongruencias entre nuestra política de defensa y nuestra política exterior.

No podemos hablar de MERCOSUR o de cooperación con nuestros vecinos cuando nuestro despliegue territorial sigue siendo el mismo que se concibió en base a hipótesis de conflicto con Chile y Brasil.

No podemos integrarnos a un mundo que reconoce la amenaza externa de grupos armados no estatales, mientras decidimos ignorar esa problemática en nuestra región.

No podemos declararnos defensores de la soberanía mientras somos incapaces de ejercer dicha soberanía dada la falencias presupuestarias y operativas de nuestras Fuerzas Armadas.

No podemos hablar de inserción inteligente si nuestra defensa se basa en visiones de la Guerra Fría. No podemos jactarnos de modernizar el Estado Argentino mientras seguimos manteniendo unas Fuerzas Armadas del siglo XX.

Y tampoco podemos adentrarnos en un mundo de incógnitas e incertidumbre sin un instrumento militar que nos brinde la capacidad de defender nuestra soberanía y nuestros intereses de las amenazas de un escenario internacional cambiante.

Es así que debemos entender a la defensa como un instrumento integral de nuestra política exterior, y, por ende, un instrumento que se deberá modernizar a la par de nuestra diplomacia.

Opinión pública ante el tema militar: una grieta que se extiende también a los cuarteles

El análisis de cómo responden los argentinos a la decisión de emplear a las FF.AA. en tareas de seguridad interior revela que la posición ante la medida replica, casi sin cambios, la grieta que mostraron las elecciones de hace tres años.

A finales de mayo trascendió que el gobierno nacional estaba evaluando derogar el decreto 727 de Nilda Garré, ex ministra de Seguridad del entonces presidente Néstor Kirchner, que limita a las Fuerzas Armadas únicamente a conflictos con otros países.

Esta resolución del anterior gobierno era un gesto que confirmaba su compromiso con el Nunca Más: las Fuerzas Armadas estaban impedidas de cualquier intervención en los conflictos internos de la Argentina.

Desde 2006, año en que se lanzó el decreto, a la fecha han cambiado algunas cosas.

En principio, la idiosincrasia de gobierno.

Para Mauricio Macri, para la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y para el ministro de defensa Oscar Aguad, estas limitaciones le sacan al Estado un recurso (hoy por hoy, ocioso) que es vital para un elemento clave de su programa político: la lucha contra el narcotráfico.

Considerando que el gobierno nacional ha sufrido en lo que va del año el mayor declive en su imagen y aceptación públicas de su mandato debido a los aumentos de tarifas y a las controversias ligadas a funcionarios, este dato no es menor.

Reducción del gasto público, pobreza cero, gestión transparente y lucha contra el narcotráfico fueron los grandes caballitos de batalla electorales de Cambiemos en 2015.

Tres de esos cuatro pilares hoy tambalean. Inseguridad.

La propuesta de llevar las Fuerzas Armadas a los conflictos internos del país apunta, desde los argumentos oficiales, también a la inseguridad, una problemática que si bien ha sido opacada por el malestar económico sigue vigente y se vincula tanto con la economía como con el narcotráfico.

Esto tiene más sentido incluso desde la perspectiva de los aprobadores de Cambiemos, quienes ponen a la inseguridad (junto con la corrupción) en la cima de sus preocupaciones y demandas, antes incluso de los temas económicos.

Siguiendo ese razonamiento, mensajes del Gobierno hacia la sociedad en torno a una respuesta más firme contra el delito son activos estratégicos para retener a sus aprobadores y recuperar algunos desencantados.

De hecho esta propuesta muestra mucha adhesión entre los aprobadores del gobierno nacional.

Una encuesta reciente que realizamos en Trespuntozero en el Area Metropolitana Bonaerense, donde se concentra la mayor densidad poblacional del país, muestra que la composición de quienes apoyan esta iniciativa y sus detractores está prácticamente calcada de la adhesión o detra-cción al Gobierno.

En principio vale decir que la iniciativa divide a la sociedad en dos partes, de manera casi totalmente simétrica: 47,2% a favor y 48,9% en contra. Más interesante aún es ver que los valores son más altos en los extremos.

Los que dicen estar “muy de acuerdo” son el 30,6% y los que dicen estar “algo de acuerdo” son el 16,6%. Del otro lado vemos lo mismo, pero espejado: el 33,1% dice no estar “nada de acuerdo” con la propuesta y solamente “poco de acuerdo”, el 15,8%. Grieta.

Pareciera que la grieta, fenómeno de la distribución de afinidades partidarias durante el último tramo del kirchnerismo y el principio de Cambiemos, que se encuentra mayormente en declive, pervive aún en la controversia sobre las Fuerzas Armadas y su aplicación a la seguridad interna del país.

Lo dicho: del total de 800 encuestados, entre los que dicen tener imagen favorable del gobierno nacional, nueve de cada diez están a favor de la iniciativa.

Si miramos al voto en las últimas elecciones presidenciales de 2015 tenemos más simetría y más calco con la grieta.

Ocho de cada diez votantes de Macri encuestados están a favor; ocho de cada diez votantes de Scioli, en contra; ¿y los votantes de Massa? ¡Cinco y cinco!

Es impresionante. La estructura de adhesiones y rechazos a esta iniciativa es lo más parecido (quizás lo último que queda) a los sentimientos partidarios en 2015, cuando Cambiemos empezó su proyecto de gobierno. Siendo así, no están errados en recurrir a esta medida. De algún modo es un intento de volver a ser el Cambiemos de antes, el que empezó a tambalear con los aumentos de tarifas y la corrida cambiaria. Pasado.

Ahora bien, a pesar de este sesgo claramente político-partidario de los posicionamientos en torno a la propuesta, el estudio muestra también que el espíritu del decreto de Garré es cosa del pasado. La división de la opinión en torno a este tema no pasa por si darle lugar o no a las Fuerzas Armadas en conflictos internos, sino en qué medida hacerlo, y para qué tipo de conflictos. Esto refiere, de cierta manera, a la función que espera la ciudadanía de las Fuerzas Armadas.

El estudio dio tres opciones a los encuestados: 1) Las Fuerzas Armadas solo deben intervenir en conflictos extranjeros (posición que expresa el decreto de Garré); 2) Las Fuerzas Armadas deben intervenir en conflictos extranjeros y solo en emergencias internas; 3) Las Fuerzas Armadas deben intervenir en conflictos extranjeros y en el control de la seguridad interna.

Son estas dos opciones las que concentran los mayores niveles de adhesión. Aquí volvemos a ver más simetrías. De los votantes de Scioli, seis de cada diez se inclinan por la segunda opción que permite a las Fuerzas Armadas intervenir en conflictos internos solo de carácter excepcional.

De los votantes de Macri, seis de cada diez optan por la intervención constante en control de la seguridad. Sin embargo, los votantes de Massa hacen, sí, en este caso, una pequeña diferencia de cinco a favor del control de la seguridad contra cuatro a favor de la intervención excepcional. Esta diferencia tampoco desentona con el panorama de 2015.

De hecho, fue el massismo el que impulsó la lucha contra el narcotráfico, tema que Cambiemos sumó a su plataforma de cara al ballottage para captar los votos del Frente Renovador. Protesta social. Más allá de la discusión sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en el control del delito y la inseguridad, para algunas miradas críticas el proyecto encubre una finalidad más controversial: poder controlar y reprimir las protestas sociales.

Esta es una interpretación del proyecto que en su momento señaló Carlos Pagni, uno de los periodistas más influyentes de la actualidad.

Para Pagni el control de la protesta no es tanto una finalidad del Gobierno como una interpretación de sus detractores, que en el contexto de la crisis económica se vuelve verosímil.

Si esta finalidad está o no en la cabeza de Macri, de Bullrich o de Aguad, es imposible saberlo, pero está en la cabeza de cinco de cada diez argentinos que dicen ver en la propuesta tal objetivo.

Naturalmente, siguiendo esta repartición de la opinión hasta aquí mencionada, son más los desaprobadores del Gobierno los que adhieren a esta hipótesis: siete de cada diez para ser precisos.

Esto es un indicador interesante, no solo sobre cómo vive la sociedad esta iniciativa sino sobre cómo vive la protesta social.

Si bien el malestar económico es grande, también lo es la crisis de representatividad.

Los sindicatos no son ajenos a esa falta de credibilidad y la protesta social se vive más como un acto político (es decir, con agenda e intenciones partidarias) y no como una expresión espontánea y natural del desencanto social.

A la luz de estos datos, pareciera que el Gobierno tiene una chance de retomar un diálogo con sus votantes, por fuera de la agenda económica que es tan difícil de eludir. Pero es solo para sus votantes.

No está mal, considerando los niveles de desgaste recientes. Recuperar a los desencantados no será todo, pero es algo.

Cambios que no fortalecen la Defensa Nacional

La nueva reglamentación de la Ley de Defensa tiene tres grandes problemas: la falta de percepción de una amenaza externa, el temor de un sector de la sociedad a que los militares no se hayan democratizado y no haber sido consensuada.

El reciente anuncio del Presidente, la publicación del Decreto 683/2018 que modifica el Decreto 727/2006 de reglamentación de la Ley de Defensa, y las ideas que circulan no oficialmente sobre la nueva Directiva de Política de Defensa, dan cuenta que, una vez más, la política de defensa no se construye con todas las fuerzas políticas a fin de dotarla con sentido estratégico y de perdurabilidad en el tiempo.

Sin el acuerdo de todos los sectores, se evidencia una vez más que el gran problema de la defensa argentina, estriba en que no hay percepción de amenaza que la justifique, ni dirigentes convencidos de que es un elemento ineludible de un país que pretende tener alguna voz y estatura en el diseño del mundo que viene. Ninguno de los proyectos nacionales –si los hubo– de los gobiernos últimos, incluyó la defensa nacional como parte integrante del mismo. Pero además, existe en ciertos sectores de la sociedad y de la dirigencia un temor residual a que las FF.AA. no se hayan democratizado y no estén enteramente al servicio del bien público.

En este sentido, no importa cuan evidente sea que esa transformación se haya verificado, el caso que el temor existe y aflora en el debate. Falta de percepción de amenaza, escasez de recursos por otras urgencias nacionales y sectores que siguen desconfiando de lo militar, se combinan para que en la actualidad Argentina tenga una seria debilidad en términos de defensa. Cada gobierno se siente con la libertad de realizar cambios que después no puede sostener con recursos ni política efectiva. Es por eso que este nuevo decreto no plantea cambios significativos ni resuelve el problema de nuestra defensa. Cambios.

El Decreto 683/18, modifica el Decreto 727/2006 (reglamentario de la Ley de Defensa de 1988) y deroga el Decreto 1691/2006, que fijaba las direcciones para la organización y funcionamiento de las FF.AA. en función de aquél. En primer lugar, adecua la misión principal a lo que establece la Ley de Defensa: agresión externa, en lugar de agresión externa estatal. Para evitar toda sospecha de “policialización” del instrumento militar, el segundo párrafo precisa que el cumplimiento de dicha función primaria debe ajustarse a todos los límites de las leyes de Defensa, Seguridad Interior y la Ley de Inteligencia Nacional.

Esto asegura que las FF.AA. no se harán cargo de la seguridad pública de la Nación, tal como lo establecen las leyes vigentes. La adecuación era necesaria y la ley de 1988 no se hizo pensando habilitar a las FF.AA. a intervenir en la seguridad pública, sino todo lo contrario. Lo que define al Instrumento Militar como brazo armado de la Nación es su vinculación con las amenazas externas y los medios que utiliza el eventual enemigo. No tenemos capacidad de elegir el enemigo que atente contra nuestros intereses. Lo relevante es tener el instrumento con capacidad de disuadirlo o repelerlo. Históricamente las amenazas externas eran de los Estados, pero los conflictos actuales no tienen a los Estados como protagonistas y pueden amenazar a nuestro país, sus intereses y ciudadanos.

Se ha dado el caso de objetar ejercicios internacionales en defensa de intereses argentinos porque el enemigo con el que se enfrentaba en tal ejercicio no era un Estado. Lo que le interesa al país es la defensa del interés. Y la manera de enfrentar un conflicto en el exterior que tienen los países son sus Fuerzas Armadas. No entrenarlas para ello, hace que ante la eventualidad, debamos recurrir a otras fuerzas amigas para defender algo que nos interesa. Esas fuerzas priorizarán sus intereses antes que los nuestros. El segundo cambio del decreto es que asigna a las Fuerzas Armadas la posibilidad de custodiar objetivos estratégicos junto a las Fuerzas de Seguridad. La responsabilidad de este objetivo, según la Ley de Defensa, la tienen Gendarmería y Prefectura. Estas instituciones tienen el entrenamiento y los medios para realizar esa custodia. Asignar nuevas funciones a Fuerzas cuya capacidad actual está tan deteriorada, no resuelve, sino que corre el peligro de distraer.

Deberán capacitarse integrantes de las Fuerzas Armadas y equiparlos para una tarea que realizan las Fuerzas de Seguridad. El magro presupuesto para defensa, deberá dividirse también para esas misiones. El resultado es continuar debilitando la función defensa a favor de la función seguridad. Hay otro peligro en esta nueva función que genera alerta en algunos analistas. No es lo mismo asignar a las Fuerzas Armadas la custodia de una usina nuclear que la de un recurso como la minería o el petróleo (Vaca Muerta). Estos últimos pueden colocar a las Fuerzas en situaciones de conflicto social, complicando el significado de “custodia”.

Tal como dijimos, no hay adiestramiento ni procedimientos para ello y la colisión con la Ley de Seguridad Interior es más próxima.   Operaciones.  Asimismo, el Decreto considera cuatro tipos de operaciones militares: en defensa de intereses vitales; en el marco de Naciones Unidas (operaciones de paz); en defensa a la comunidad nacional e internacional; y en los casos previstos por la Ley de Seguridad Interior (esto es principalmente apoyo logístico a las Fuerzas de Seguridad). Es decir, toma los cuatro criterios de la Ley de Reestructuración de las FF.AA. del 1998 (24.948). Quedan fuera varias operaciones de las FF.AA., que según la información extraoficial, se incluirían en la Directiva de Política de Defensa: la vigilancia y control para alerta estratégica de los espacios soberanos, básicamente el espacio exterior y el territorio marítimo; el apoyo a la política exterior; la asistencia logística a la actividad antártica; y la contribución a la generación del conocimiento científico.

También resulta significativo subrayar que al derogar el Decreto 1691/06, se elimina una de las operaciones que se atribuían a la defensa nacional: participar en la construcción de un sistema de defensa subregional. Considerar la posibilidad de contribuir a una Fuerza Subregional, abre una puerta a compartir capacidades y apuntar a la alternativa de pararse en el mundo con nuestros vecinos de aliados. Claramente esto no formaría parte del proyecto nacional de este gobierno y queda la esperanza que la Directiva apunte al menos a fortalecer lo existente como la Fuerza Binacional Cruz del Sur con Chile.

Por otra parte, la derogación del Decreto mencionado diluye la diferenciación entre misión principal y misiones subsidiarias.  El nuevo Decreto habilita que la planificación (adiestramiento, dotación de medios, capacitación) incluya estas misiones subsidiarias, quitándole prioridad a la función principal.

En consecuencia, acentúa la línea de posibilitar un mayor debilitamiento de la función defensa en favor de la política de seguridad. Ante recursos escasos, la priorización toma relevancia.

Podrían elegirse militares más adiestrados para conducir medios logísticos de apoyo a las Fuerzas de Seguridad que soldados preparados para amenazas externas. Comprar un avión de transporte en lugar de un avión caza. Logística.

En relación a la Directiva de Política de Defensa Nacional, que anunció el Presidente y refirieron algunos funcionarios aludiendo a una reestructuración de las FF.AA., se deduce de sus expresiones y los trascendidos a la prensa que mantiene la línea de estos decretos en cuanto a reforzar la posibilidad de que el aporte de la política de defensa a la de seguridad en modo logístico se priorice, con las limitaciones legales incorporadas.

Incluiría además, apoyo a la seguridad en las fronteras. Habría referencias a un nuevo redespliegue y reestructuración, quizás necesario, pero poco creíble después de tantas veces anunciado. Cualquier cambio en ese sentido requiere, sostenimiento en el tiempo, financiamiento y amplia evaluación y consideración del impacto político y social de los cierres que se planteen. De lo contrario, volveremos a encontrar un conjunto de palabras que no tengan posibilidad de ponerse en práctica.

Los decretos anteriores no lograron cambios concretos y transformadores en este sentido.   Basta recorrer las unidades, como la de ingenieros militares, que por falta de recursos tienen sus camiones sin salir, sus importantes maquinarias sin utilizar y por lo tanto, su gente sin adiestrar. Más que reestructurar hay que activar con financiamiento.

En todo caso, la Directiva de Política de Defensa Nacional, debiera superar el hecho de ser un conjunto de expresiones de deseo, como lo fueron las anteriores.

Una verdadera política de Estado, debiera evaluar el cumplimiento de las anteriores y sobre esa evaluación, mejorar la nueva, en función de lo que falta y de nuevos rumbos si fuera necesario.

Se pierde, una vez más, la oportunidad de juntar a las fuerzas políticas del país para resolver nuestra defensa y su instrumento militar.

No son cambios legales los que se necesitan, sino hacer la defensa parte de un proyecto nacional, darle sentido de propósito y recursos y medios adecuados a las amenazas del siglo XXI, respetando la vocación pública implícita en la profesión.

Nada de esto existe, y se amontonan las normas sin lograr promover acciones que cambien la actual situación, que solo avanza hacia el deterioro.

Novedades y debilidades

La misión principal de las FF.AA. es el empleo contra las agresiones de origen externo.

Se elimina que sea de “origen externo estatal”. Se especifican cuatro tipos de operaciones militares, para las cuales se podrá adiestrar, equipar y capacitar a las FF.AA.: defensa de intereses vitales, misiones de Naciones Unidas, apoyo a la comunidad nacional e internacional, y apoyo a las actividades de seguridad interior según prevé la Ley de Seguridad Interior.

En el régimen normativo anterior, solo se podía adiestrar, equipar y capacitar para la función principal y para una quinta que incluía la construcción de una fuerza subregional. Estaba prohibido para las de apoyo a la Seguridad Interior y solo con remanentes para las otras dos. Se asigna a las FF.AA. la posibilidad de custodia junto a las Fuerzas de Seguridad, de objetivos estratégicos definidos por el Poder Ejecutivo.

Se suma a las misiones militares de alistar, adiestrar y sostener, todas las incluidas en el régimen normativo. Se deroga como una de las operaciones a la construcción de una fuerza subregional. Debilidades No se construye con todas las fuerzas políticas.

No atiende el problema actual de recursos. Asigna nuevas funciones (custodia de objetivos estratégicos), cuando aún no pueden cumplimentar las primarias y esenciales. Permite la posibilidad de subordinar las prioridades de la Política de Defensa a las de la Política de Seguridad en un contexto de escasez de recursos.

Esto puede debilitar aún más la defensa. Siempre es mejor contar con una Directiva de Defensa, al menos hay una hoja de ruta. Pero lo que hace la diferencia es las acciones que la acompañan y los recursos asociados a ella. Si no, es solo la expresión de voluntades.

Documento: “Un paso peligroso”

Diversas personalidades, entre ellas Manuel Garrido, Horacio Verbitsky, Hernán Patiño Mayer y Juan Tokatlian, divulgaron este declaración ante el anuncio de la nueva política de defensa.

El presidente de la Nación comunicó el inicio de una “nueva política de defensa” con una serie de anuncios generales y ambiguos, pero enmarcados en un mensaje muy claro de avance hacia la participación de las Fuerzas Armadas en la persecución de delitos como el narcotráfico o el terrorismo.

Es decir, se afirmó la voluntad de Cambiemos de incorporar a las FF.AA. en misiones vinculadas con cuestiones de seguridad interior en las que tienen prohibido participar por ley. En línea con la doctrina de las “nuevas amenazas” que el Gobierno viene instalando desde enero de 2016, se proponen una serie de coordenadas para modificar las misiones que, a través de un acuerdo multipartidario, el sistema político le dio a las FF.AA. luego de recuperada la democracia y durante los siguientes treinta años.

Esta doctrina anunciada por el Gobierno asume como propia la definición de una agenda internacional que viene impuesta y que no está necesariamente asociada a los intereses nacionales. El mensaje presidencial planteó la necesidad de que la Argentina se modernice frente a los retos del siglo XXI y que, para eso, es preciso flexibilizar la legislación vigente en materia de seguridad y defensa. Al mismo tiempo, planteó que los militares “colaboren en seguridad interior”, fundamentalmente como apoyo a la lucha contra el narcotráfico en las fronteras. De acuerdo con el decreto 683/18 publicado hoy y una directiva presidencial que todavía no tomó estado público, se les otorgan más funciones a las FF.AA..

La reforma, que modifica el decreto reglamentario de la Ley de Defensa 727/06, se apoya en tres puntos principales: se elimina toda referencia a que una agresión externa debe ser de origen estatal, lo cual amplía los supuestos de intervención primaria de las FF.AA. a cuestiones de seguridad como el terrorismo y el narcotráfico, si se los caracteriza como “agresiones externas”. A su vez, hace hincapié en las tareas de “apoyo logístico” de las FF.AA. a las fuerzas de seguridad. El concepto que usa de apoyo logístico aparece estirado como una coartada para la intervención operacional prohibida por la Ley de Seguridad.

Por último, da a las FF.AA. la facultad de custodiar objetivos estratégicos sin las limitaciones de la Ley de Defensa. Según esta ley, la intervención de las FF.AA. en este aspecto se encuentra prohibida salvo que una ley del Congreso defina esos objetivos como zona militar. Es decir, la reforma implica un cambio en el paradigma político de intervención de las FF.AA. así como, en algunos puntos, un exceso en las facultades de reglamentación, ya que lo hace en contra de las leyes de Defensa y de Seguridad.

Este cambio suscita una fuerte preocupación en torno a cómo se definirán esas “agresiones externas”; quién, y con qué criterios y alcance, definirá la intervención militar en seguridad, justificada en la necesidad de dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad; así como qué es un objetivo estratégico, fundamentalmente en relación con las derivaciones que esto pudiera tener incluso en cuestiones de gestión de la conflictividad social, tarea para la cual las FF.AA. tienen prohibido intervenir y no están preparadas.

Estas medidas se justifican con argumentos modernizadores, pero en realidad implican reproducir políticas de probada ineficacia, que agravaron los problemas en lugar de resolverlos y que hoy están siendo desmanteladas en muchos países. Estas políticas en ningún caso han contribuido a resolver los problemas planteados por las denominadas “nuevas amenazas”. Fracasaron en sus objetivos y tuvieron graves consecuencias para los derechos humanos: escalaron el conflicto social y los niveles de violencia institucional, hay miles de muertos y desaparecidos, se dio un proceso de creciente corrupción de los propios militares.

En el caso de Brasil, por ejemplo, la creciente militarización de la seguridad ha dado mayor relevancia a las fuerzas armadas en la vida institucional de ese país. Las derivaciones políticas de este hecho no pueden ser menospreciadas en la región. La decisión del Ejecutivo de anunciar estos cambios, en momentos en que en Brasil los militares intentan incidir en la vida nacional en todos los frentes, es por demás alarmante. El camino elegido por el Gobierno elude el debate social y político sobre un tema fundamental para la democracia argentina. Elude también cualquier debate sobre los controles parlamentarios que deben funcionar si se toma en serio que esto es una “verdadera reforma del sistema de defensa nacional”.

Es una decisión unilateral e improvisada que, lejos de brindar mayor certeza a la ciudadanía, instala un clima de incertidumbre e implica una regresión democrática. Ni las FF.AA. ni la sociedad civil se sienten más seguras y protegidas por la democracia con este tipo de decisión unilateral, inconsulta y monopartidista. Esta reforma abre una puerta muy peligrosa a la derogación del principio de demarcación entre defensa nacional y seguridad interior, desprofesionaliza y convierte a las FF.AA. en actores de la “lucha contra el crimen” y habilita una militarización de la seguridad interior que traerá consecuencias profundas para el sistema democrático. Esto no es modernizar sino retroceder.

Dos jueces federales cuestionan nuevo rol de las fuerzas armadas

Mario Garzón define la medida como un “peligroso retroceso a épocas pasadas”. Luis Roberto Rueda opina que es una reforma que debería surgir del debate parlamentario.

Entrevistados por PERFIL CORDOBA, el vocal de la Cámara Federal de Apelaciones Luis Roberto Rueda y el juez federal de San Francisco, Mario Garzón, no escatimaron críticas a la decisión del Gobierno nacional de modificar el rol de las Fuerzas Armadas. En los tribunales federales se tramitan las causas complejas del crimen organizado, como narcotráfico. Y son los magistrados de esa jurisdicción quienes requieren de fuerzas especialmente adiestradas para que las pesquisas sean realmente eficaces. Sin embargo, a pesar de que la medida impulsada por el gobierno implica ampliar el número de efectivos y diversificar las fuerzas, ambos cuestionaron su legalidad.

Advirtieron que no puede estar ausente el debate parlamentario y remarcaron la inquietud que despierta permitir que Ejército, Marina y Fuerza Aérea actúen en cuestiones de seguridad interior. Sin rodeos, Garzón dijo que el decreto presidencial 683/2018 publicado el martes último en el Boletín Oficial“es ilegal”. “Le caben los mismos cuestionamientos que la designación de jueces de la Corte Suprema por esa vía”, explicó y agregó que “trae aparejado un apartamiento de los principios básicos del sistema republicano y todo Estado de Derecho”.

En la misma línea que el ministro de Justicia de la Provincia, Luis Angulo, el juez de San Francisco señaló que una medida de esta naturaleza es “un claro y peligroso retroceso a épocas pasadas” Compartió con el camarista Rueda la observación de la falta de un debate parlamentario previo para avanzar en los cambios que se pretenden, por la sensibilidad que genera el tema y por las sucesivas experiencias de golpes militares.

Para el camarista, desde el punto de vista estrictamente jurídico el decreto tiene que ser analizado por constitucionalistas. Recordó que “hace pocos años las tres fuerzas armadas fueron enviadas por un Presidente constitucional a reprimir un levantamiento militar”. Ambos repasaron aspectos de la historia argentina caracterizada por reiterados golpes militares, con complicidad civil, que tomaron el poder por la fuerza.

¿Operativamente eficaz? Si bien el decreto no menciona específicamente el combate al narcotráfico es uno de los elementos que se incorpora para justificar la ampliación de roles. También el argumento fue rebatido. Rueda explicó que, desde su perspectiva, ni las fuerzas están capacitadas para actuar en los centros urbanos ni tampoco la realidad del crimen organizado tiene en nuestro país características similares a las de Colombia o Brasil. Sobre este último caso “cuando el ejército entró fue porque los favelados narcos atacaban con fusiles o granadas y no se podía responder con una pistola, pero esta no es la situación argentina”, opinó.

Aclaró, no obstante, que no se puede descartar intervenciones de la Fuerza Aérea el día que exista una ley de derribo o, como ocurre en la actualidad, brindando información de las fronteras. Capacitación. Consultados sobre si consideraban posible readecuar el entrenamiento y la capacitación en un lapso breve, Garzón señaló que “solo basta leer los programas de formación de las áreas académicas de las tres fuerzas armadas, y compararlas con las de Seguridad, para discernir que los roles están bien diferenciados; si se siguen políticas de estado como las del país del Norte (Estados Unidos), allí están bien definidos y delimitados”.

Por Andrei Serbin Pont

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