DEUDA CON EL ESTADO – ESCANDALO BONADIO

¿Por qué Sanchez Caballero y no Calcaterra o Franco Macri?

La empresa de la familia Macri hizo una nueva propuesta por la deuda que mantiene con el Estado y que desató un escándalo. La Cámara Comercial le dio 45 días hábiles al Gobierno para aceptar o rechazar. Enorme apuesta del diario La Nación: o gana un enorme prestigio adicional al haber destapado la corrupción del negocio de la obra pública; o se hunde en el desprestigio informativo que puede poner en aprietos a la familia Saguier, que autorizaron la publicación de todo. En tanto se dilucida esta cuestión, aquí van algunos datos a tener en cuenta.

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El Correo, un tema muy sensible para Mauricio Macri cuando el contexto en el que se mueve está lejos de ser el ideal para el Presidente.

Dentro de los próximo 45 días desde su notificación, el Gobierno Nacional deberá informar a la Justicia si acepta o rechaza la última propuesta que hizo la firma Correo Argentina S.A. para el pago de una deuda con el Estado.

Dicha empresa es parte del conglomerado SOCMA, el grupo económico que lidera Franco Macri y del cuál su hijo Mauricio, hoy Presidente de la Nación, es heredero y antes fue parte.

Ese simple detalle ya generaba polémica de por sí, pero el escándalo estalló cuando el Estado dio por válida una oferta del Correo que para la fiscal interviniente resultaba la condonación de casi el 100% del pasivo.

La controversia desatada, que incluyó estimaciones de que la deuda condonada podría superar los $70 mil millones una vez concluidos los plazos, obligó a Macri a “volver a foja 0”. El Presidente anuló el acuerdo y decretó que ante un caso como ese, en el que hay vínculos entre las partes, distintas instancias del Estado deberán prestar su conformidad.

Así, se llegó a una nueva audiencia este martes 10/07 en la que Correo Argentino S.A. hizo una nueva oferta. Se trata, a grandes rasgos de las misma que había originado el escándalo: el pago en cuotas hasta 2033 de un pasivo de $293 millones, a una tasa del 7% anual.

Pero en la audiencia del martes, la propuesta incluyó 2 novedades: un adelantamiento del inicio del pago (que se iniciaría este año, y no en 2019), y un “reconocimiento adicional” en concepto de intereses siempre y cuando gane los juicios que inició contra el Estado por la expropiación de sus activos, en 2003.

En la audiencia estuvieron presentes representantes del Correo, del Estado Nacional y la fiscal Gabriela Boquín, que impugnó el acuerdo original por considerarlo perjudicial para los intereses estatales.

Aquel convenio había sido autorizado por Oscar Aguad, entonces titular del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Pero luego, ese organismo fue absorbido por el ministerio de Modernización, que comanda Andrés Ibarra, nada menos que un exSOCMA y de vínculo histórico con Mauricio Macri, quien lo llevó al Gobierno de la Ciudad.

Más allá de que la titular del ENACOM es Silvana Giudice, el vínculo de Ibarra con SOCMA seguramente agrandará suspicacias, aunque el antecedente inmediato en la materia resultó un rechazo semanas atrás a la propuesta del Correo de ofrecer la planta de Monte Grande como parte de pago.

No obstante, Macri ya había resuelto hacer pasar el acuerdo por otras instancias para reducir sospechas. De acuerdo a 2 decretos de transparencia, la opinión estatal tendrá que incluir también dictámenes de: la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Anticorrupción y la Auditoría General de la Nación (AGN), que ya elaboró un informe donde evita opinar sobre el proceso concursal, pero advierte que el Estado no defendió sus intereses y cuestionó las demandas del Correo contra aquel. Ahora también es obligatoria la intervención de la Procuración del Tesoro, de la que fue desplazado Carlos Balbín, por cuestionar en sus informes la actuación del Estado en favor del Correo. Ahora está a cargo Bernardo Saravia Frías, cuyo estudio representó al Grupo Macri.

Las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, le dieron un plazo de 45 días hábiles al Estado para que responda si acepta la oferta del Correo.

Un tema muy sensible para Mauricio Macri cuando el contexto en el que se mueve está lejos de ser el ideal para el Presidente.

· CORRUPCIÓN: Viene justito, justito (y el chofer Centeno podría devenir en arrepentido) ¿Por qué Sanchez Caballero y no Calcaterra o Franco Macri?

Enorme apuesta del diario La Nación: o gana un enorme prestigio adicional al haber destapado la corrupción del negocio de la obra pública; o se hunde en el desprestigio informativo que puede poner en aprietos a la familia Saguier, que autorizaron la publicación de todo. En tanto se dilucida esta cuestión, aquí van algunos datos a tener en cuenta:

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Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta.

El “sistema Riachuelo” o “colector margen izquierda” es una obra pública que cuenta con la financiación del Banco Mundial por US$ 1.200 millones, en la que una tuneladora realizará la red cloacal para llevar ese servicio básico a más de 5 millones de personas de 13 municipios del Conurbano y la Ciudad.

La obra se encuentra dividida en 3 tramos, de los cuales cabe destacar:

· el tramo 1, una Unión Transitoria de Empresas entre el consorcio Ghella y la empresa Iecsa, que también operaban juntos en el soterramiento del tren Sarmiento, junto a Odebrecht; y

· el tramo 3, una UTE entre las empresas Esuco-JCR-CPC-C&E.

Esuco pertenece al prófugo Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción; y a CPC, la constructora de Cristóbal López, preso hace algún tiempo.

Otra empresa en problemas con la investigación periodística/judicial es Electroingeniería, que ganó junto a la china Gezhouba la adjudicación de la obra Agua Sur, por $. 3.000 millones, con la que el Gobierno espera llevar agua potable a buena parte del sur del Conurbano.

Con la excusa de que “hay que acabar con la corrupción K” hoy puede deribar en una complicación directa para Macri y sus “amigos/hermanos”, la trama que investiga el juez federal Claudio Bonadío atraviesa las obras concedidas por la Administración Kirchner y allí figuran casi todas las empresas vinculadas a la Patria Contratista (Macri y Caputo incluídos).

8 cuadernos pequeños, manuscritos con letra prolija y detalles de observador obsesivo son la clave d e lo que acontece.

El registro es obra de Oscar Centeno, ex chófer del exministro Julio De Vido. Él describió los viajes que realizó en su auto con bolsos cargados de dólares. Los pagadores, según su testimonio, fueron grandes empresarios con contratos con el Estado.

· ¿Será cierto?

· ¿Podrá probarse en sede judicial?

· ¿Y si no lograra probarse en forma fehaciente?

Entre los detenidos, Héctor Sánchez Caballero, de Iecsa, una constructora ¿propiedad? de Angelo Calcaterra, primo del presidente Macri.

Calcaterra se desprendió de la compañía apenas asumió la nueva administración. Se la quedó Marcelo Mindlin, en una operación muy complicada.

El juez federal Claudio Bonadio cargó contra Sánchez Caballero aunque no contra Calcaterra.

Y Bonadió escuchará el 13/08 a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, además de Julio De Vido, Juan Manuel Abal Medina y Oscar Parrilli.

“La hipótesis de la investigación es la asociación ilícita”, dijo el fiscal a cargo del expediente, Carlos Stornelli.

¿Centeno aceptará el convite que le dará en horas más el fiscal Stornelli para que se convierta en testigo protegido, o testigo arrepentido?

Él despidió ya a quien era su representante legal, Norberto Frontini; y asumirá el abogado Gustavo Kollmann.

Stornelli informó que investiga una “asociación ilícita” entre empresarios de distintos sectores y ex funcionarios. El movimiento de dinero ascendería a los US$ 160 millones.

Sin embargo hay algunas situaciones que provocan desconfianza en el caso.

· De alguna manera Raúl Kollmann e Irina Hauser las resumieron en el matutino Página/12:

“(…) 3. La onda de las bóvedas y los bolsos

–El cliché instalado de la existencia de bóvedas ya apareció en este caso cuando la ex pareja del chofer, Hilda Horowitz, denunció que había una bóveda en la casa de los padres de Baratta en un country. El juez envió hasta retroexcavadoras que levantaron el jardín y casi destruyó la casa. Lo de las bóvedas, como las del sur, resultó falso. Horowitz posteó en twitter el 19 de diciembre de 2017 un pedido a Miriam Quiroga “para que me devuelva mis papeles”. Quiroga es la falsa secretaria de Kirchner que denunció la existencia de bolsos y que l a justicia probó que mentía. O sea que algún nivel de relación existe entre las dos mujeres, además de que ambas mintieron.

4. El cliché de la campaña electoral

–Resulta curioso que los cuadernos saltan de 2010 a 2013 y luego a 2015, pero lo más llamativo es que las entradas están destinadas a consignar reuniones en las que, supuestamente, CFK le ordenó a De Vido y Baratta que recauden para campañas electorales. Viene justito, justito, cuando hay escándalo por los aportes a las campañas de Cambiemos.

7. Ausentes

–Algunas ausencias llaman la atención. Si la empresa IECSA pagó coimas o le dio plata en negro a la administración anterior, ¿cómo es que no se ordenó la detención del primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, el supuesto dueño? No se entiende siquiera que no se haya investigado de quién es verdaderamente IECSA. Para muchos en realidad continuaba siendo de los Macri.

Otra ausencia que llama la atención es la de José López. Los empresarios presos son todos de la construcción y López era el secretario de Obras Públicas, o sea el funcionario a cargo. En 10 años no hay mención a López, al único que se le encontraron nueve millones de dólares. (…)”.

Buenos Aires, 3 de agosto de 2018

Arq. José Marcelino García Rozado

Ex Subsecretario de Estado

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