LA ENTREGA DE LOS RECURSOS ESTRATÉGICOS. MAL NEGOCIO PARA EL PAÍS

En las actuales instancias de la Argentina, la exportación de gas a Chile planteada por el ministro de Energía, Javier Iguacel, es un perjuicio para el país. La evaluación que realiza el ministro es que va haber sobrantes en la producción de gas durante el próximo verano, soslayando que esa evaluación está montada sobre una serie de variables económicas muy inestables.

La exportación de gas, de acuerdo a la ley 24.076, sólo es posible autorizarla demostrando que no se afecta el abastecimiento interno. Por su parte, las condiciones de un mercado interno satisfecho se vinculan a una situación dinámica, en donde intervienen posibilidades del mercado ante menores precios  por mayor oferta. Es decir, una mayor oferta interna de gas genera beneficios económicos generalizados, por ejemplo, que se empiece a trabajar sobre una reconversión de sistemas de calefacción eléctricos hacia el gas. Además, la exportación planteada se va a revertir en el invierno próximo a una importación del GNL a un valor desconocido, aunque seguramente por encima de los 8 dólares por Mmbtu. Es decir que con este intercambio se está haciendo un pésimo negocio.

Ante precios atractivos del gas por mayor oferta interna habría en el país un incremento del consumo en el GNC, por ejemplo, que podría pasar rápidamente de un consumo restringido una demanda de un 7 por ciento del total. Es decir, cerca de 2 millones de m3/día. También en las usinas, el precio mayorista al que compra Cammesa puede bajar de los tradicionales montos “inflados” de 70 a 60 dólares por MWh o menos. Y por supuesto que la industria se beneficiaría de esta situación y recuperaría parte de su competitividad térmica. Estos beneficios sistémicos implican en conjunto bastante más que los 3,5 millones de m3/día prometidos como exportación a Chile.

En realidad, la exportación planteada beneficia solo a un par de empresas, mientras que la baja del precio del PIST en el mercado interno a millones de usuarios. La opción es clara.

Ante una industria castigada y una región entera como el NEA aún sin gas, se trata de una exportación inconveniente. Un aumento del uso del GNC posibilita además ahorro de naftas y con ello más disponibilidad de exportación de crudo.

El Gobierno también anunció que se bajan los estímulos al shale gas de 7,50 a 6 dólares por Mmbtu. En realidad es un amague, pues es sólo para los nuevos participantes. Para los restantes, que son los que ya producen, el precio se mantiene igual. La resolución 1/2013 del ministro Axel Kicillof es la que puso dicho estímulo a 7,50 dólares por Mmbtu por un lapso de cinco años, hasta el 1 de enero 2018. Hoy esos estímulos a los productores están vencidos. Sin embargo, el ex ministro Juan José Aranguren le reconoció una extensión ilegítima e irresponsable, que provoca incrementos dolorosos al déficit fiscal. Si no se reducen a todos por igual, no se tiene prácticamente ningún ahorro al tesoro.

La energía barata y competitiva es clave, de otra manera las gasíferas seguirán siendo un sector privilegiado del país con valores nefastos para el desarrollo nacional.

Por último, cabe subrayar que las resoluciones del Enargas N° 300 a la 311 –vinculadas a la cuestión tarifaria– están cuestionadas por múltiples presentaciones cautelares dado que adolecen de fallas, incumplimientos legales, afectación de los derechos humanos  de los usuarios para una vivienda digna, la no realización debida de la audiencia pública para el PIST y otras irregularidades como aplicar el ajuste del PIST un mes antes de lo que especifican los contratos de las licencias afectando en un 40 por ciento (reajuste) de la factura de ese mes en favor de las empresas. Para los usuarios residenciales el precio del gas debe revisarse drásticamente. Sin atender el incremento de ingresos para las petroleras por la devaluación, el ministro Iguacel ha planteado nuevos incrementos a las tarifas en octubre del 25 por ciento.

Por José Andrés Repar

Página/12,             

6 de Agosto de 2018

 

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