DEBATE

La negociación por las tarifas de gas.

Desdolarizar

De una producción insuficiente y un consumo restringido, la nueva producción de gas en Vaca Muerta determina una sobreoferta. Esto debería determinar precios a la baja.

Imagen: DyN

El gas natural recorre una transición hacia un nuevo escenario en el país. De una producción insuficiente y un consumo restringido, la nueva producción del gas en Vaca Muerta determina una sobreoferta. El incremento de producción de Tecpetrol en su yacimiento de shale gas de Fortín de Piedra pasó de 1 millón de m3/día a más de 11 millones de m3/día, un muy fuerte suba que representa casi el 10 por ciento de la producción total del país. A ello se agrega lo aportado por YPF en Loma Campana y en El Orejano, Total en Aguada Pichana Este, y otros pozos dando una producción total de 20 millones de m3/día de shale gas para los próximos meses.

Los usuarios y el Tesoro Nacional subsidiaron y siguen subsidiando al valor de 7,50 dólares/MMBTU dicha producción en Vaca Muerta. Esos subsidios arrancaron en enero del 2013 (resolución 1/2013, durante la gestión económica de Axel Kicillof) y debieron haber terminado a los cinco años (primero de enero de 2018). Pero la mano del entonces ministro Juan José Aranguren la prorrogó y es así que se incrementó un subsidio de por sí gravoso para las cuentas públicas.

La diferencia del valor 7,50 dólares (con el alza de la paridad cambiaria de 10,5 pesos a 38 pesos) y el valor recuperable por tarifas del orden de unos 5 pesos/m3, si se mantiene, le costaría al Tesoro unos 100 millones de pesos por día. En seis meses se llegaría a 473 millones de pesos. Ello implica más que los subsidios por la tarifa social eléctrica.

En el informe “Mesa de Vaca Muerta” de Planificación de la Secretaría de Energía se indica que los costos de desarrollo más los gastos operativos (OPEX) se hallan (en El Orejano) en 1,70 dólares/MMBTU. Un valor similar que dan los resultados de Fortín de Piedra. El margen de beneficios brutos frente al precio de 7,50 dólares/MMBTU percibido es enorme. No hay dudas de que un precio razonable no debería superar los 3,5 dólares/MMBTU, valor aun alto para los bolsillos de los usuarios y de las pymes.

La sobreoferta del gas debería determinar precios a la baja promocionando el uso del GNC, del gas en las usinas eléctricas y en la industria en general, posibilitando una mitigación de las crisis económico social.

El secretario de Energía, Javier Iguacel, propone un incremento del 30 por ciento sobre las tarifas finales del primero de abril. ¿Se podrá hacer este ajuste drástico del precio del gas? Pareciera que la propuesta de Iguacel produciría la desdolarización hoy reclamada prácticamente por toda la población. Las cargas tarifarias del sendero de dolarización fueron nefastas además de prepotentes y tóxicas para la población y la actividad productiva. Dicho sendero de dolarización se ratificó el 29 de noviembre de 2017, al firmar las distribuidoras un “Acuerdo de provisión del gas con los productores”, donde se comprometieron a pagar en dólares el gas cuando lo recaudaban en pesos.

A los pocos días de ese acuerdo, comenzaron las distribuidoras a registrar diferencias entre lo convenido y la realidad por la persistente revaluación del dólar. Esa brecha de la recaudación en pesos se fue ampliando en abril, en junio y en agosto. En lugar de reacomodar los precios del gas con los productores (acuerdo privado entre partes), las distribuidoras se orientaron a que sean los usuarios que se hagan cargo de sus errores empresariales. En la audiencia pública del 4 de setiembre último todas las distribuidoras llevaron una propuesta vergonzosa, que consistía en que sean los usuarios los que paguen esa brecha en 24 “cómodas” cuotas a partir del primero de enero 2019. Si el Enargas asume un mínimo de dignidad debería rechazarla de plano.

El nuevo escenario de la producción debería implicar un nuevo precio de ingreso al sistema de transporte (PIST) de gas. Las distribuidoras y con un guiño de las productoras (¿en cartelización?) plantearon llevarlo en promedio a 4,14 dólares/MMBTU. El valor PIST medio (de un usuario R3.1) del primero de abril de 2018 era de 3,773 pesos/m3, con el 30 por ciento de Iguacel pasaría a 4,90 pesos/m3. Este valor a 38 pesos por dólar llega a 3,3 dólares/MMBTU, menos que el 4,14 planteado. Un precio por el shale gas a 3,50 dólares/MMBTU impactaría positivamente en el precio de la energía eléctrica y, por lo tanto, en la calidad de vida de la población.

La Ley de Emergencia Tarifaria que el Congreso Nacional aprobó el 31 de mayo pasado con un amplio margen en ambas cámaras, también daba una salida a la dolarización de las tarifas. El presidente Mauricio Macri no lo entendió así y la vetó la misma noche de la aprobación. Hoy se observa que aquella solución de declarar que los usuarios residenciales, a partir del primero de noviembre del 2017, podrían contar con tarifas justas, razonables con el solo criterio de aplicar índices de ajuste nacionales sigue vigente. El Congreso debería insistir con ella y con 2/3 de los votos podría volver a aprobarla.

Los incrementos programados en el “Acuerdo de Provisión de gas del 29 de noviembre del 2017” por Aranguren eran y son inviables. Dicho acuerdo fue una clara maniobra de cartelización imponiendo un sendero de precios en dólares para el gas natural boca de pozo sin ninguna justificación ni por el lado de los costos internos ni externos de los hidrocarburos. Un ejemplo del abuso del gas de boca de pozo para usuarios Pymes bajos y medios (P1-P2) de la cuenca neuquina (Anexo III del Acuerdo) pasa de 1,82 a 4,96 dólares/MMBTU (incremento del 172 por ciento en dólares). Estos valores hacían y hacen inviable el progreso y desarrollo económico del país.

También el Enargas podría readecuar con las prestatarias del transporte y la distribución el cronograma de inversiones de las Revisiones Integrales Tarifarias (RTI), acortarlas de 5 a 3 años y recalcular tarifas más adecuadas a la capacidad de pago de los usuarios. Se debería por ley incorporar que las RTI deben correlacionarse con los niveles de pago de los usuarios. Por todos los servicios públicos no debería ser mayor del 10 por ciento de los salarios. En los próximos días se develará si Iguacel produce un giro de la política energética o todo sigue hacia el incendio económico y social.

 

 Por Andrés Repar

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