ESCUCHAS TELEFÓNICAS – Y OTRA VEZ EL ESPIONAJE

La pelea por la ex Ojota también enfrenta a los miembros de la Corte

La oficina de las escuchas telefónicas es parte de una de las batallas que enfrenta la Corte Suprema de Justicia, en pleno J-20. Luego de que Mauricio Macri traspasara su control a este tribunal, ahora su titular Carlos Rosenkrantz, quien afronta una dura interna con su antecesor en el cargo, Ricardo Lorenzetti, avanza con 3 opciones. Con cualquiera de ellas intentará un desguace de la gente de extrema confianza de su ahora máximo rival interno. En cualquier caso, la batalla, pospuesta por estas horas en que el mundo judicial mira a la Argentina, será dura.

 

Las escuchas telefónicas, un problema en un país que no tiene resguardo ni para los testigos arrepentidos.

Con la llegada de Carlos Rosenkrantz como nuevo presidente, la Corte Suprema de Justicia inició una fuerte interna por el destino de la oficina que realiza las escuchas telefónicas, un asunto que no es menor en un país donde el espionaje ilegal de las comunicaciones a funcionarios, empresarios o periodistas o la utilización política de las escuchas hace tiempo que dejó de ser una leyenda urbana.

La oficina de escuchas telefónicas estuvo históricamente en manos de los servicios de inteligencia, pero, al final del kirchnerismo, pasó a depender del Ministerio Público, es decir, de la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó. Muchos hijos de jueces, camaristas y fiscales de peso en los tribunales fueron nombrados en la dependencia encargada de interpretar llamadas de narcotrafican tes, secuestradores y políticos.

Ya con el gobierno de Mauricio Macri pasó a la Corte Suprema de Justicia. En efecto, fuentes judiciales señalaron al diario ‘La Nación’ que cuando el máximo tribunal heredó la oficina “había cien trabajadores de la Agencia Federal de Intelingencia (AFI) y otros cien de la Procuración de la gestión de Gils Carbó, las dos dependencias que tuvieron control sobre las escuchas en el pasado reciente“.

Con la llegada de nuevas autoridades a la cabeza del Poder Judicial en el Palacio de Tribunales se analizan ahora 3 opciones para la oficina de escuchas judiciales: que siga dependiendo de la Corte, como ocurre ahora; que se convierta en un organismo descentralizado con dependencia orgánica, pero no funcional de la Corte, junto con el Cuerpo Médico Forense, la Morgue o la oficina de peritos anticorrupción, o que dependa de algún tribunal inferior, como la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional o la Cámara Federal de Casación Penal.

La reconfiguración llegaría muy pronto, aunque no ahora que transcurre el J-20, un megaencuentro de presidentes de las Cortes de los países más poderosos, que integran el G-20. Este encuentro es presidido por Carlos Rosenkrantz, y en la inauguración estuvo Mauricio Macri y su ministro de Justicia, el reconfirmado Germán Garavano.

Quedará pospuesto así unos días el asunto de la oficina de escuchas. Esta modificación responde a que quien maneje esta oficina con permiso legal para espiar siempre será objeto de miradas suspicaces, por el enorme poder que genera el manejo de esa información reservada.

De hecho, cuando la oficina pasó a la Corte Suprema de Justicia, durante la presidencia de Ricardo Lorenzetti, la diputada Elisa Carrió, aliada del gobierno de Macri, denunció que se trataba de una agencia de inteligencia paralela, manejada por el alto magistrado. Y cada vez que podía sembraba sospechas sobre su utilización. Acusó a Lorenzetti, incluso, de estar detrás de la filtración de las escuchas telefónicas de la ex presidenta Cristina Kirchner”.

Ocurre que apenas pasó a manos de la Corte, Lorenzetti la puso en manos de dos personas de su confianza: Martín Irurzun, presidente de la Cámara Federal, y Javier Leal de Ibarra, camarista de Comodoro Rivadavia.

Así y todo, durante su gestión se filtraron los audios de escuchas telefónicas sobre el teléfono de Oscar Parrilli. Esa pinchadura permitió grabar conversaciones con la expresidenta, de alto contenido político y escaso valor probatorio para el asunto que se investigaba. Lejos de ser destruidas esas escuchas inútiles para el caso terminaron en los medios.

Las escuchas telefónicas a Cristina y Parrilli habían sido autorizadas por orden de la jueza federal María Servini ante el pedido de la AFI para corroborar si el entonces secretario de Inteligencia se había llevado información perteneciente al organismo. Al no haber encontrado información relativa al tema, Servini ordenó la destrucción del contenido que, de todas formas, llegó a manos de la prensa.

Un caso similar se dio con otra serie de audios que se filtraron a la prensa en una causa en la que Oscar Parrilli era investigado por el juez Ariel Lijo, por el presunto encubrimiento del entonces prófugo Ibar Pérez Corradi.

La Corte tomó distancia de las filtraciones y responsabilizó indirectamente a la AFI, el organismo de inteligencia que preside Gustavo Arribas, cercano al presidente Mauricio Macri.

La llamada OJ u “Ojota”, por las siglas de Observaciones Judiciales cuando la manejaban los espías, al blanquearse se llamó Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado.  El titular de la Dajudeco es Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien trabajó como secretario del juzgado federal de Ariel Lijo y está como candidato en la terna elevada para ocupar el juzgado que dejó Norberto Oyarbide.

En la acordada 02/2016, a través de la cual se creó la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación, se estableció que el organismo estaría a cargo de un juez penal con rango de juez de Cámara, elegido por sorteo durante un período de un año “no renovable”.

¡Será una nueva guerra de los servicios de inteligencia! ¿Siempre volvemos a lo mismo, pasamos de los desaguisados de la SIDE a los de la AFI con la complicidad del nuevo presidente de la CSJN?

 

Por Arq. José Marcelino García Rozado

Buenos Aires, 11 de octubre de 2018

 

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