PROYECTO SIN DESTINO

La UCR pide que los jueces se ajusten y paguen ganancias, pero PRO duda

Diputados radicales redactaron un proyecto de ley para que los jueces paguen el impuesto a las ganancias. Argumentan que el Estado dejó de recaudar por ese ‘privilegio’ que tiene el Poder Judicial unos $7.337 millones en 2018 que para 2019 serán $9.854 millones el equivalente casi a los $10.166 millones destinados a gastos de capital en Educación, lo que también representa el 0,05 del PBI. En el PRO apoyan la iniciativa, pero no están seguros de incluirla en el Presupuesto porque podría complicar las negociaciones con la oposición, además de enfrentar a la familia judicial.

El Poder Legislativo podría reclamar salarios como los del Poder Judicial, ¿o no?

En sintonía con el ajuste que impulsa el Gobierno nacional para lograr la meta del déficit cero y el esfuerzo que ha pedido a la población mediante la suba de impuestos y tarifas de servicios públicos, diputados de la Unión Cívica Radical redactaron un proyecto de ley para que finalmente se le cobre el impuesto a las ganancias a los jueces. En Cambiemos, el PRO apoya la idea pero no está convencido de incluir el tema en el Presupuesto 2019 que se debate en la Cámara baja por temor a perder apoyo en la oposición y preferiría que sea una ley aparte. El macrismo desconfía del Senado, donde los legisladores opositores tienen una relación más estrecha con la Corte y los jueces federales cuyos pliegos les toca tratar.

“El esfuerzo que significa pagar impuestos de be ser compartido por toda la sociedad”, argumentó el autor del proyecto el radical mendocino Luis Borsani, y sostuvo que en el resto de la alianza oficialista “hay una visión compartida” sobre el tema.

“Del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin excepción, incluidos los cargos electivos de los poderes Ejecutivo y Legislativo y los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos”, dice el único artículo del proyecto que el radicalismo quiere incluir dentro del texto del proyecto de Presupuesto 2019.

Con la firma de 15 diputados nacionales, entre ellos, Mario Negri, Luis Petri, Facundo Suárez Lastra, Luis Borsani y Gustavo Menna, el proyecto dispone sustituir el Artículo 79, inciso a, de la Ley Nacional 20.628 de Impuesto a las Ganancias que exime a los empleados y magistrados judiciales, por otro que diga que “constituyen ganancias de cuarta categoría las provenientes del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los Poderes Ejecutivos y Legislativos y los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos“.

El proyecto responde también a los argumentos de la Corte Suprema que considera a Ganancias como un impuesto “confiscatorio”: “Es de toda evidencia que ‘pagar’ como cualquier contribuyente no es lo mismo que sufrir una disminución coactiva del salario, aunque es claro que dicho pago como cualquier otro se extrae del ingreso“.

Detrás de la iniciativa está el gobernador radical de Mendoza y titular de la UCR, Alfredo Cornejo y el jujeño Gerardo Morales.

Desde el radicalismo creen que cuentan de su lado al nuevo presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, quien considera que no hay ninguna razón para que los jueces (ni ningún otro ciudadano) esté exceptuado del pago de un impuesto. Además, descuentan el apoyo de la opinión pública.

Sobre el impacto en la recaudación que tendría la medida,  en 2017 la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia (ACIJ) realizó un informe donde indicaba que en los años 2016 y 2017, el Estado había dejado de recaudar 4607 y 5759 millones de pesos respectivamente por no cobrarle ganancia a los jueces.

La UCR calcula que permitiría aumentar lo recaudado en $ 7.000 millones, lo que equivale a un monto similar al porcentaje del presupuesto de 2018 que recibió Tierra del Fuego.

El ministerio de Economía había preparado un informe donde alertaban sobre el monto que se perdería de recaudar el Estado, adelantando que en 2019 esa suma llegaría a los 10000 millones, lo que equivale al 0,05 del PBI. O lo que es equivalente a lo que el Presupuesto prevé una inversión en Educación (Gastos de Capital) de 10.166 millones de pesos.

Para tener en cuenta, un juez de primera instancia cobra 119 mil pesos, monto que asciende a 162 mil cuando ya lleva una década de antigüedad. Un camarista percibe 151 mil pesos y 207 mil pesos si tiene 10 años de experiencia. Si continúan ascendiendo, los magistrados de Casación perciben 158 mil pesos. mientras que los miembros de la Corte Suprema logran un total de 286 mil pesos gracias a los adicionales que reciben.

Actualmente está vigente la denominada “Ley Massot”, la 27.346, que desde diciembre de 2016 exige el pago de Ganancias a los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias, pero sólo cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir de enero de 2017.

Actualmente el Poder Judicial no paga Ganancias por una Acordada (20/1996) de la propia  Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con esa decisión, entendieron que “la intangibilidad de las compensaciones asignadas a los jueces por el ejercicio de sus funciones no constituye un privilegio sino una garantía, establecida por la Constitución Nacional para asegurar la independencia del Poder Judicial de la Nación”.

Pero para el radicalismo, dijo Borsani, este hecho sí constituye un “privilegio”. “Esto le va a hacer bien también al Poder Judicial frente a la sociedad, va a mejorar su imagen y dará una idea de mayor igualdad y equidad, además de que se está en un momento en el que el país necesita que todos los sectores aporten”, estimó el diputado, olvidando a la familia judicial, que en la realidad es la que tendrá la última palabra.

¿O no es verdad?

¡Desconocer la realidad nos y los lleva a chocar contra las paredes!

Por Dr. Gregorio Reynoso

Buenos Aires, 18 de octubre de 2018

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