DOCUMENTO DENUNCIA COMPLETO MARGARITA STOLBIZER

Lo que paga el Estado por la contratación de “abogados externos”

La ONG que dirige Margarita Stolbizer indagó sobre contrataciones por fuera de la planta de 5.000 profesionales que tiene el Estado. Denuncia una “privatización” de esas tareas.

Según la ONG, dicho relevamiento realizado en el mes de abril detectó 104 contratos celebrados con abogados externos a lo largo de distintas reparticiones estatales.

La Asociación Civil Bajo La Lupa, que lidera la exdiputada y líder del GEN, Margarita Stolbizer, difundió el listado de abogados externos contratados por el Estado, que la organización cuestiona dado que “los departamentos jurídicos de los ministerios tienen un plantel de unos 5000 profesionales”.

De acuerdo a un informe confeccionado a partir de un relevamiento en base a información provista por al Procuración del Tesoro, La Lupa sostiene que “nos ha llamado la atención estas contrataciones sin que las mismas se encuentren justificadas de manera suficiente”.

*** DENUNCIA AL PIE

Según la ONG, dicho relevamiento realizado en el mes de abril detectó 104 contratos celebrados con abogados externos a lo largo de distintas reparticiones estatales, que incluyen ministerios, otros entes y hasta el Banco Central.

El documento detalla cada una de las 104 contrataciones y consigna algunos casos particulares. Así también publica los montos percibidos por algunos de los abogados mencionados.

En el caso de la AFIP, el organismo recaudador determinó que “los valores a abonar de acuerdo al mercado” pero “estableció como tope las erogaciones que realiza el Organismo para la contratación de asesores externos“.

Así el tope del excamarista Ricardo Gil Lavedra era de $181.500 mensuales. El tope de los doctores Juan José Avila y Tomás Farini Duggan se estableció en $96.800 mensual para cada uno.

“El monto total abonado al Dr. Gil Lavedra desde agosto de 2016 hasta julio de 2018 asciende a la suma de $4.198.216. El monto total abonado al Dr. Avila desde octubre de 2016 hasta julio de 2018 asciende a la suma de $2.032.800. El monto abonado al Dr. Farini Duggan desde agosto de 2017 hasta julio de 2018 asciende a la suma de $1.161.600”, detalla el informe.

En el caso de la Comisión Nacional de Valores, se informó que el Dr. Alejando Martín Becerra fue contratado como “consultor” por 12 meses hasta el próximo 31/12/2018 honorarios convenidos por $699.776,28

Entre las conclusiones del informe, La Lupa señaló que no fue posible “determinar el monto total” del gasto en abogados externos “por no haberse brindado tal información”, así como se pudo confirmar el “cumplimiento del objetivo del contrato por parte de los estudios externos”.

“En todos los casos se tratan de contrataciones directas que vulneran los principios de transparencia”, advierte y denuncia que “se estarían privatizando tareas” propias del Estado, lo que -dice- duplica ” los costos toda vez que la Administración Pública cuenta con personal que realiza o podría realizar las mismas tareas”.

El documento finaliza diciendo que “dicha contratación implica un sobrecosto para el Estado que no ha sido suficientemente justificado”.

*** DENUNCIA COMPLETA:

RELEVAMIENTO DE CONTRATACIONES DE ESTUDIOS JURIDICOS Y/O ABOGADOS EXTERNOS EN EL PODER EJECUTIVO NACIONAL

ASOCIACION CIVIL “BAJO LA LUPA”

INTRODUCCION.

  La Asociación Civil Bajo La Lupa, constituida a fines del año 2017, tiene entre sus objetivos, promover una cultura de transparencia y participación ciudadana para reconstruir la confianza social en las instituciones públicas y privadas como también incentivar la transparencia, el control público y social y la rendición de cuentas como atributos de la gestión.

  En el cumplimiento de nuestros fines, realizamos un relevamiento de las diferentes contrataciones de estudios jurídicos y/o abogados externos por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Los departamentos jurídicos de los ministerios tienen un plantel de unos 5000 profesionales, sin embargo, se contrata a estudios o abogados externos. En el relevamiento realizado nos ha llamado la atención estas contrataciones sin que las mismas se encuentren justificadas de manera suficiente. Y por ello decidimos seleccionar ese rubro para su análisis.

  Hemos relevado la contratación por parte del Poder Ejecutivo Nacional en el mes de Abril de 2018 y detectamos más de 100 contratos celebrados con abogados externos (104).

  1. NORMATIVA VIGENTE

  La Ley 12.954 creó el Cuerpo de Abogados del Estado con el objeto de que asumiera el asesoramiento jurídico y la defensa ante los tribunales, del Poder Ejecutivo y de todos los organismos que integran la administración. Para ello se estructura con una Dirección General -a cargo de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN- y por los servicios jurídicos permanentes (delegaciones) en cada uno de los Ministerios, Secretarías de Estado y demás reparticiones de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada.

  Para el cumplimiento de sus funciones, el Cuerpo de Abogados del Estado fue proyectado como una carrera especial dentro de la administración con su escalafón propio, un riguroso sistema de ingreso mediante concursos especiales, la flexibilidad para trasladar abogados entre reparticiones y un sistema de incompatibilidades.

  La Ley N.° 12.954 establece en su artículo 16 que ninguna repartición nacional podrá nombrar asesor letrado ni otra clase de funcionario que específicamente ejerza función para la que precise el título de abogado, sin oír previamente a la Dirección del Cuerpo de Abogados del Estado; ésta examinará si la función que quiere encomendarse al funcionario encuadra dentro de las que corresponden al cuerpo y siendo así, propondrá el nombre de los funcionarios que se encuentren en condiciones de ocupar tales cargos.

  A título de excepción, las normas que regulan la defensa del Estado Nacional admiten la posibilidad de contratación de abogados externos, tal cual lo prevé el Decreto Nº 202/97 para la privatización de la representación y patrocinio en juicio del Estado Nacional. No obstante, su excepcionalidad y especial naturaleza pública, han motivado que la Procuración del Tesoro sostenga que las actividades del Cuerpo no resultan susceptibles de “tercerización” como si fuera un servicio privado (v. Dictámenes 298:284).

  Frente a una situación de excepción que no pudiese ser atendida por los servicios jurídicos permanentes, debería justificarse mediante un informe circunstanciado que lo fundamente y cumplimentar los demás recaudos exigidos para integrar el Cuerpo de Abogados del Estado.

  En el mes de abril del 2018, solicitamos informes en relación con las contrataciones de los estudios jurídicos o abogados particulares. En la respuesta brindada por la Procuración del Tesoro de la Nación se mencionó que la Resolución Nº 106 de la Procuración del Tesoro de la Nación, de fecha 24 de noviembre de 2017, estableció que se debía remitir a la Procuración el expediente electrónico en el que conste: (i) el informe circunstanciado que justifique la necesidad de la contratación; (ii) el procedimiento empleado; (iii) los datos y antecedentes de los profesionales con quienes se procura contratar; (iv) la documentación que acredite el cumplimiento de la normativa vigente, en especial la relativa a conflictos de intereses; y (v) el proyecto de contrato a suscribirse con expresa indicación del monto involucrado.

  Solicitado el expediente electrónico que obliga la resolución N° 106 y que fue mencionado en la respuesta de la Procuración del Tesoro de la Nación, en relación con la contratación de estudios jurídicos o abogados externos que asesoren o representen a diferentes ministerios y/o entidades autárquicas, dicho Organismo informó que no contaba con dicha documentación.

  La Resolución Nº 106 de la Procuración del Tesoro de la Nación, de fecha 24 de noviembre de 2017, en su artículo 1° instruyó a los responsables de las delegaciones que componen el Cuerpo de Abogados del Estado para que previo a la aprobación de contratos que tengan por objeto la prestación de servicios de asesoría legal por profesionales que no formaran parte de un servicio jurídico permanente, tanto en el país como en el extranjero, o la representación en juicio del Estado Nacional en el exterior, requieran la intervención de la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN. Asimismo, instruyó para que en el plazo de sesenta (60) días, remitan la

información requerida en el artículo 1° con relación a los contratos en curso de ejecución que tengan por objeto la prestación de los referidos servicios.

  Frente al nulo control que existía con la contratación de abogados externos y ante evidentes casos de conflictos de interés, la Procuración del Tesoro de la Nación dictó la resolución 34/2018, la cual dispuso que, a partir de su vigencia, todo estudio jurídico o abogado externo que asesore o represente a organismos del sector público deberá presentar una declaración jurada. En ese formulario deberán firmar que “cumplirán las funciones públicas encomendadas respetando el Código de Ética Pública y la Ley de Ética Pública”. Asimismo, deberán suscribir que “no asesoran, patrocinan o representan a la parte contraria al Estado nacional en causas judiciales o arbitrales, en sede nacional o internacional” y que no tienen entre sus clientes a empresas que sean proveedoras o contratistas del Estado.

  Hemos analizado las contrataciones y detectamos dificultades para identificarla atento la escasa información brindada. En la mayoría de los casos no pudimos analizar el monto de la contratación por no haber sido brindada información al respecto, como tampoco el cumplimiento del objetivo del contrato por parte de los estudios externos. La carencia de la documentación en la Procuración del Tesoro imposibilitó además advertir conflictos de interés que pudieran perjudicar los intereses del Estado.

  1. RELEVAMIENTO (información brindada por la Procuración del Tesoro de la Nación).

Agencia de Administración de Bienes del Estado

  1. Dr. Tómas Marcos FIORITO
  2. Dr. Pablo MURRAY
  3. Dr. Julio Pablo COMADIRA

Administración de Parques Nacionales

  1. Estudio Jurídico Borda Abogados. Vinculado a conflictos con Provincia de Neuquén (Referidas a Cuestiones de Limites e Inscripciones catastrales) y Rio Negro (Ley 4559 que resolvió anexar al Ejido Urbano de S. C. de Bariloche un territorio en detrimento de la jurisdicción de esta APN).
  2. Dr. German Soules Contar con abogado que represente a la APN, Parque Nacional los Alerces, Esquel y órganos en la Provincia de Chubut…

BANCO CENTRAL REPÚBLICA ARGENTINA

  1. Marcelo Juan AMORIN PISA/Estudio Amorin: Asesoramiento jurídico para representar y/o patrocinar al BCRA en causas judiciales iniciadas o a iniciar pertenecientes al cobro de crédito del certificado de participación clase B del Fideicomiso ACEX en la Rep. Oriental del Uruguay. Asesoramiento Jurídico para el inicio de acciones relacionados con el contrato de compra venta de acciones/semanas de tiempo compartido celebrado entre ICATUR S.A. y SUNGOLF S.A. por ante los tribunales de la Rep. Oriental del Uruguay
  2. CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON LLP: Asesoramiento jurídico en el exterior sobre cuestiones que afectaren la integridad de las reservas

del BCRA y otras cuestiones relacionadas con inmunidad soberana, las operaciones financieras de inversión o de cobertura de riesgo, inclusive aquellos litigios en el exterior que afectaren los asuntos mencionados.

  1. SULLIVAN & CROMWELL LLP Asesoramiento jurídico en el exterior vinculado con el pago al FMI, y con operaciones con bancos internacionales con títulos públicos del Gobierno Nacional.

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

  1. Estudio Jurídico CHALOUPKA: Gestión de Registro/Renovaciones y Asesoramiento Ley Marcas y Patentes
  2. Dr. Gastón MONTELLANO CAMACHO – Bolivia Patrocinio en los tribunales de LA PAZ
  3. Dr. Carlos Gastón MONTELLANO– Bolivia Asesoramiento Legal en Sta Cruz de la Sierra
  4. Dr. Carlos Varela Araneo (Montevideo – R.O.U) Servicios profesionales para cobranza judicial o extrajudicial de los Créditos
  5. Dr. Jose Luis Honorato San Román (Santiago de Chile) Asesoría jurídica en temas contractuales y regulatorios. Asesoría en relación con la atención cotidiana del banco.
  6. Dra. Rosamaria Hila Barna (Estudio propio) – San Pablo (Brasil) Representación en juicio – Asesoría técnico legal
  7. Dra Ana Lucía Da Silva (Estudio Lopes Da Silva & Guimaraes Advogados Associados – San Pablo (Brasil) Asesoramiento y defensa de los derechos del BNA durante la quiebra del Banco Santos S.A.
  8. Dr. Marcelo Da Silveira (Estudio Silveira, Rumachella, Marques & Segantin Sociedade Advogados – San Pablo (Brasil) Asesoramiento al BNA en caso específico.
  9. Dr. Rafael Antonio González (Estudio Carolina Torres & Antonioli & Asociados – Concepción (Paraguay) Representación del Banco en juicios. Defender el crédito del banco. Intervenir en quiebras y reclamar pagos concordados
  10. Dr. Milner Paredes – Encarnación (Paraguay) Representación del banco en juicios. Defender el crédito del banco. Intervenir en quiebras y reclamar pagos concordados
  11. Dr. Gustavo Girala Velazquez – Villarrica (Paraguay) Poder para Asuntos Judiciales y Administrativos
  12. Estudio Dorsey & Whitney, LLP – Mark Sullivan y Lora Lestrade (NY-EUA) Defender al banco frente a ordenes de restricción y embargos derivadas de acciones contra La Argentina.
  13. The Law Offices of David E Spencer (NY-EUA) Asesoramiento en asuntos legales generales.
  14. Sherman & Sterling – Reena Sahni y Timothy Byrne (NYEUA) Asesoramiento normativo internacional aplicable a entidades financieras
  15. Holland & Knight – Andrés A. Fernancez y Gabriel Caballero – Miami (EUA) Asesoramiento en temas de cumplimiento
  16. Dr. Alvaro Cervera – Madrid (España) Asesoría integral a la sucursal y Representación Judical
  17. DEHENG Law Offices – (China) No existe contrato. Se utilizan los servicios cuando las circunstancias lo aconsejan
  18. Estudio Juridico Osvaldo H Soler y Asociados – Asesoramiento impuestos nacionales, provinciales y municipales para Área Fideicomisos y Tributarios
  19. Dres. Diego H Pirota y Gabriel M Presa – Servicio Asesoramiento jurídico integral en materia de Derecho Penal

Económico y Tributario ante La Prevención del Lavado de Activos

  1. Dr. Patricio Harte Asesor consultor
  2. Dra. Julieta Avellaneda Asesor asistente principal
  3. Dr. José Sánchez Sorondo Asesor principal
  4. Estudio Sucre/Arias & Reyes – Ciudad de Panamá
  5. Ernesto Arias, Carlos Sucre, jorge Olivardía, Erik Muñoz y Andrés Hernández Servicios legales con cobertura de consultas telefónicas y asistencia a reuniones. Asesoramiento en temas corporativos, fiscales, inmobiliarios. Asesoría y consulta judicial. Elaboración y revisión de Actas
  6. Dra. Jimena Olmos Asesor principal

Consejo Nacional Investigaciones Científicas y Técnicas

  1. BORDA SAAVEDRA / Dra. Ruth Borda Representación en la causa “BAHAMONDE, ANA ISABEL c/ CRILAR s/ INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO SIN CAUSA”, Expediente Nº 3252 – Letra B – 2013, en trámite ante el juzgado de Paz Letrado del Trabajo y Conciliación de la Cuarta circunscripción judicial. Secretaría Civil de Aimogasta, Provincia de La Rioja.-

Comisión Nacional de Valores

  1. Dra. Claudia Alejandra CAMISCIA Representación en causas en extraña jurisdicción. Rosario. a) Expte. Nº 66213/B “García, Juan Manuel c/ Comisión Nacional de Valores y Mercado de Valores de Rosario S/ Daños y Perjuicios”, radicada en el Juzgado Federal Nº 2 de Rosario. b) Sumario 600/07 “imputado OSSOLA, Carlos Alberto y otros s/ Estafas Reiteradas, Victima Hector Rafael DI GIORNO
  2. Dra. María Alejandra CASTILLO
  3. Dr. Miguel Ángel MILANO (Asociados al Estudio ABOGAR)
  4. Dr. Alejandro Martin BECERRA

Dirección General de Fabricaciones Militares

  1. TAFT STETTIUNIUS & HOLLISTER / Stuart Dornette -David Buttler – Ryan Edwards -Allison Burns – Celia Kligard – Lawrence Walper – Thomas Schuck Representen en causa por Daños y Perjuicios a DGFM en un reclamo derivados de un accidente con un arma ajena y munición supuestamente perteneciente a esta DGFM. Condado de Franklin, Ohio, USA,

Dirección Nacional de Vialidad

  1. Dr. Ricardo Foglia Elaboración y Negociación Convenio Colectivo Sectorial para el OCCOVI dentro del marco Dto. Nº214/2006. Asesoramiento constante sobre Convenio y Negociación con Entidades Gremiales

Ente Nacional Regulador del Gas

  1. Dra. María Paula Forte Servicio Asistencia y Procuración en Pcia de Buenos Aires y en CABA
  2. Dr. Washington Tomás Álvarez / Estudio propio Servicio Asistencia y Procuración en Pcia de Salta
  3. Dra. Ana María Nazur / Estudio propio Servicio Asistencia y Procuración en Pcia de Tucumán
  4. Dra. Gladys Mabel Cacciavillani / Estudio propio Servicio Asistencia y Procuración en Pcia de Buenos Aires y en CABA
  5. Dr. Marcos Marcenac Servicio Asistencia y Procuración en Pcia de Buenos Aires y en CABA

Fondo Garantía de Sustentabilidad del ANSES

  1. SKADDEN, ARPS, SLATE, MEAGHER & FLOM LLP Representa al organismo ante el Juzgado Federal de Nueva York (Congelación Fondos ANSES y Admin. De Fondo Jubilaciones y Pensiones por Resol Juez Griesa)

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

  1. Dr. Gonzalo A. Lorenzo Idiarte Representación Causa “Banco de Seguros del Estado S.E. (R.O.U. contra Instituto Nacional de Reaseguros s/ Arbitraje Internacional) Akerman LLP Res. ME y FP N°611/2015
  2. TANNENBAUN HELPERN SYRAWSE & HIRSCHTRIT LLP Resol. ME y FP N°470/2014
  3. CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON LLP Contratación aprobada por Decreto 749/2002, temas relacionados con la deuda externa.
  4. SKADDEN, ARPS, SLATE, MEAGHER & FLOM LLP Procedimiento judicial Petersen Energía Inversora S.A.U and Petersen Energía S.A.U v Argentine Republic and YPF
  5. Estudio Brandi e Associados Advocados Representación ante Tribunales de Río de Janeiro (Causa Aerolineas Argentinas)

Instituto de Vivienda del Ejercito

  1. Dr. David Andrés HALPERIN Servicios de Asesoría Legal

Ministerio de Educación

  1. Dr. Juan José CIGARRAN
  2. MAGAN / Estudio Propio

Registro Nacional de las Personas

  1. Dr. Juan Carlos Cárdenas Asesoría Legal

Superintendencia de Riesgos de Trabajo

  1. Amaya Horacio Dario Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  2. Avile Crespo Ramiro Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  3. Gallego Mariana Lorena Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  4. Gimenez Armando Alejandro Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  5. Guzman Emiliano Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  6. Krieger Walter Fernando Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  7. Luengo Walter Alberto Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  8. Maidana Grenovero Maria Celeste
  9. Nazur Fernando Jose Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  10. Alonso Marlina Andrea Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  11. Andrada Jose Francisco Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  12. Araoz Ernesto Miguel Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  13. Ascoeta Matias Nicolas Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  14. Bastos Rolando Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  15. Bonotti Marino Claudio Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  16. Campanella Rosana Andrea Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  17. Capdevila Santiago Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  18. Caratti Evangelina Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  19. Cayzac Hugo Fernando Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  20. Dell’Elce Erica Elisabet Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  21. Fallet Lucas Damian Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  22. Figueroa Lucrecia Laura Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  23. Gomez Patricia Viviana Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  24. Gonzalez Sergio Roberto Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  25. Grebnicoff Hernan Ezequiel Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  26. Gutierrez Emilce Adriana Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  27. Gutierrez Lisandro Gonzalo Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  28. Insausti Eduardo Gabriel Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  29. Martinez Ivana Soledad Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  30. Marun Eduardo Javier Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  31. Mendy Marcelo Ruben Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  32. Morato Ricardo Juan Bautista Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  33. Moyano Eustolio Victorino Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  34. Ockier Alejandro Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  35. Panthou Claudio Daniel Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  36. Pedrone María Emilia Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  37. Pellegrini Maria Victoria Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  38. Pusterla Jose Alberto Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  39. Rienzi Lisandro Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  40. Rodriguez Valeria Roxana Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  41. Rojas Alberto Daniel Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  42. Segovia Daniel Ernesto Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  43. Tedesco Edgardo Daniel Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  44. Torresi Marcela Alejandra Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  45. Varela Alejandro Manuel Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios
  46. Vazquez Maria Daniela Ejecución Cartera Cuota Omitida – Locación de Servicios

AFIP

  1. Dr.GIL LAVEDRA Prestación de servicios profesionales
  2. Dr. AVILA Juan Jose Prestación de servicios profesionales
  3. Dr. FARINI DUGGAN Prestación de servicios profesionales
  1. ALGUNOS CASOS PARTICULARES

Agencia de Administración de Bienes del Estado

  La Procuración del Tesoro de la Nación informó que el Dr. Tomas Marcos FIORITO, el Dr. Pablo MURRAY, el Dr. Julio Pablo COMADIRA asesoran al organismo en asuntos legales. Requerimos a la AABE se acompañe informe que justifique la necesidad de la contratación de los profesionales mencionados y el procedimiento empleado para la contratación. Además, que se acompañe la documentación que acredite el cumplimiento de la normativa vigente, en especial la relativa a conflictos de intereses y los contratos suscriptos con expresa indicación del monto involucrado, como también facturas, informes presentados por los letrados.

  Por último, requerimos se informe si contaban con departamento o área de Asuntos jurídicos o Judiciales y en su caso, indicar cuantos miembros conforman el plantel de abogados del sector relativo a los asuntos judiciales o legales del Organismo a su cargo.

  La AABE respondió, pero en forma incompleta nuestra solicitud ya que no se acompañaron facturas ni documentos en torno a conflictos de intereses ni informes de los letrados. El organismo fundamentó la contratación en las nuevas funciones asignadas a la AABE desde fines del 2015, lo cual implica, a criterio de la AABE, realizar una gran cantidad de actividades con múltiples regímenes jurídicos, sumado a que tiene a su cargo juicios de relevancia institucional y económica en los que se debaten cuestiones de alta complejidad por lo que se requiere la asistencia y colaboración de asesores externos y consultores. Agrega que si bien tiene un servicio jurídico permanente (Dirección General de Asuntos Jurídicos que cuenta con dos direcciones simples; De Asuntos contenciosos con un plantel de 17 abogados y de Dictámenes y Asesoramiento Legal, con un plantel de 16 abogados) se requiere la asistencia jurídica de los tres profesionales que a continuación se mencionan:

Dr. Tomas Marcos FIORITO: se indica que asesora en temas de derecho financiero, societario e inmobiliario. Contratado a través de la Universidad de San Martin por 6 meses (junio a noviembre de 2018) por un monto total de 270.000 pesos. No tienen a su cargo causas judiciales de la Agencia.

Dr. Pablo MURRAY: se indica que asesora en temas de derecho financiero, societario e inmobiliario. Contratado a través de la Universidad de San Martin por 6 meses (junio a noviembre de 2018) por un monto total de 270.000 pesos. No tienen a su cargo causas judiciales de la Agencia.

Dr. Julio Pablo COMADIRA asesora en cuestiones complejas de derecho administrativo y contrataciones públicas. Contratado a través de la Universidad de San Martin por 6 meses (junio a noviembre de 2018) por un monto total de 282.000 pesos. No tienen a su cargo causas judiciales de la Agencia.

Se aclara que los contratos tienen fecha posterior a nuestro pedido de informes y no se respondió en relación con los periodos anteriores ni se acompañó documentación o facturación. Tampoco el contrato acompañado se encuentra suscripto por las partes.

Ministerio de Educación

  La Procuración del Tesoro de la Nación informó que el Dr. Juan José CIGARRAN MAGAN asesora al organismo en asuntos legales. Por ello, solicitamos se acompañe informe que justifique la necesidad de la contratación del profesional mencionado y el procedimiento empleado para la contratación. Además, pedimos se acompañe la documentación que acredite el cumplimiento de la normativa vigente, en especial la relativa a conflictos de intereses y los contratos suscriptos con expresa indicación del monto involucrado, como también facturas e informes presentados.

  El Ministerio de Educación informó que el 21 de mayo de 2004 se dictó la Resolución MECyT Nº 520, por la cual se otorgó poder general amplio en el REINO DE ESPAÑA a favor de los abogados del COLEGIO MAYOR

ARGENTINO “Nuestra Señora de Luján” para el inicio de actuaciones judiciales o extrajudiciales destinadas a la solución del litigio originado por el cese de la relación laboral, y desalojo de señor Diego Luis VITOLA de la vivienda que le fuera oportunamente asignada en las instalaciones, al ser designado Administrador de ese establecimiento. Entre los apoderados se encuentra el doctor Juan José CIGARRAN MAGAN.

   Posteriormente, el 15 de mayo de 2017 se dictó la RESOL-20172406-APN-ME por la cual se confirmó la vigencia y ratificó el poder otorgado mediante Resolución MECyT Nº 520/04.

  El Ministerio de Educación cuenta con un plantel total de 26 abogados pero todos residen en la Argentina.

  No se acompañó documentación relativa a conflictos de intereses, ni informes de los letrados ni indicación del monto del/los contratos o sus facturas. Tampoco información que indique que el conflicto que motivo el inicio de la contratación en el año 2004 continuara 14 años después.

AFIP

  La Procuración del Tesoro de la Nación informó que los Dres. Ricardo Gil Lavedra, Juan José Avila y Tomas Farini Duggan asesoraban al organismo en asuntos legales. Por ello, solicitamos se acompañe informe que justifique la necesidad de la contratación de los profesionales mencionados y el procedimiento empleado para la contratación. Además, requerimos se acompañe la documentación que acredite el cumplimiento de la normativa vigente, en especial la relativa a conflictos de intereses y los contratos suscriptos con expresa indicación del monto involucrado, como también facturas, informes presentados por los letrados.

  Sobre el caso del Dr. Ricardo Gil Lavedra informó que la necesidad de la contratación tuvo como eje la decisión estratégica de la AFIP para

constituirse como parte querellante en la causa 15734/08, con motivo de que el fiscal interviniente había presentado una requisitoria solicitando se le reciba declaración indagatoria a distintos funcionarios del Organismo (entre los cuales se encontraba el ex administrador Ricardo Echegaray) como así también a los empresarios Cristóbal Manuel López y Carlos Fabian De Sousa. Agrega que, sin perjuicio de la idoneidad de los abogados que se desempeñan en el equipo penal (4 en total) no se contaba con abogados que podrían asumir la querella, ya que solo 2 poseían la experiencia y conocimiento para hacerlo pero habían tenido la defensa de algunos imputados en otras causas. Por ello se decidió la contratación de un profesional sin vinculación con el Organismo.

  En el caso del Dr. Juan José Avila, el Organismo informó que la contratación surgió en función de determinados convenios colectivos que establecen la obligación del Organismo de brindar patrocinio legal gratuito a los agentes que lo soliciten. Atento el escaso plantel de abogados con especialidad en materia penal en general y el crecimiento de las causas que involucran a funcionarios del organismo se contrato al Dr. Avila.

  En el caso del Dr. Tomas Farini Duggan la necesidad de la contratación, según el organismo, fue por expreso pedido del Dr. Avila el 3 de marzo de 2017, en función del número de causas que involucra a funcionarios del Organismo.

  En todos los casos, se determinaron los valores a abonar de acuerdo al mercado pero se estableció como tope las erogaciones que realiza el Organismo para la contratación de asesores externos. El tope del Dr. Gil Lavedra era de $181.500 mensuales. El tope de los Dres. Avila y Farini Duggan se estableció en $96.800 mensual para cada uno.

  El monto total abonado al Dr. Gil Lavedra desde agosto de 2016 hasta julio de 2018 asciende a la suma de $4.198.216.

  El monto total abonado al Dr. Avila desde octubre de 2016 hasta julio de 2018 asciende a la suma de $2.032.800.

  El monto abonado al Dr. Farini Duggan desde agosto de 2017 hasta julio de 2018 asciende a la suma de $1.161.600.

  Se advierte que al presentar la declaración jurada los tres profesionales declararon representar a la parte contraria en juicios contra el Estado Nacional como así también asesorar y representar a contratistas del Estado Nacional. En el caso de los Dres. Avila y Farini Duggan omitieron indicar quienes eran sus clientes defendidos en causas penales por delitos de corrupción o en perjuicio de organismos de la Administración Publica.

Comisión Nacional de Valores

  La Procuración del Tesoro de la Nación informó que Dr. Miguel Angel MILANO Y el Dr. Alejandro Martin BECERRA asesoran al organismo en asuntos legales. Por ello, solicitamos se acompañe informe que justifique la necesidad de la contratación de los profesionales mencionados y el procedimiento empleado para la contratación. Además, requerimos se acompañe la documentación que acredite el cumplimiento de la normativa vigente, en especial la relativa a conflictos de intereses y los contratos suscriptos con expresa indicación del monto involucrado, como también facturas, informes presentados por los letrados.

  Con respecto al Dr. Miguel Angel MILANO, el organismo informó que la relación fue instrumentada mediante la extensión de un poder judicial especial al efecto, expedido a través de la Escribanía General de la Nación aprobado mediante resolución interna de directorio N° 3370 con fecha 22 de diciembre de 2009.

  Ello con motivo de varios expedientes radicados en extraña jurisdicción:

  1. a) CAUSA N°6623/B “GARCIA, JUAN MANUEL C/ COMISION NACIONAL DE VALORES Y MERCADO DE VALORES DE ROSARIO S.A. S/ DAÑOS Y

PERJUICIOS”. En trámite ante el Juzgado Federal N°2 sito en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.

  1. b) SUMARIO N° 600/07. OSSOLA, CARLOS ALBERTO Y OTROS S/ ESTAFAS REITERADAS. VÍCTIMA: HECTOR RAFAEL DE GIORNO. En trámite ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción de la 2ª Nominación.

  Por otra parte, en lo que respecta al Dr. Alejandro Martin BECERRA se llevó a cabo un contrato de locación de servicios y obra suscripto el 1 de enero de 2018, en los términos del Decreto N° 1109/2017, reglamentado por la Resolución N° 729-E/2017, con fundamento en la especialización técnica y antecedentes del letrado en Derecho Penal, contratación que fuere aprobada por resolución de Directorio N° (RESOL- 201832-APNCNV#MF)

  Se estableció que prestará sus servicios de CONSULTOR de rango III durante el plazo de 12 meses finalizando el 31 de diciembre de 2018. El honorario total por todo concepto se ha convenido en PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON VENTIOCHO CENTAVOS ($ 699.776,28)

  En lo que respecta a los informes presentados por los profesionales, el organismo se negó a brindarlos alegando que involucran información sensible referida a las causas legales en las que los mismos representan los intereses del organismo.

CONCLUSIONES

  • No fue posible determinar el monto total de las contrataciones de abogados externos por no haberse brindado tal información.
  • La enumeración de dichas contrataciones es meramente enunciativa y no taxativa por cuanto no se descarta la existencia de otras similares en otras áreas del Gobierno Nacional.
  • Hemos analizado las contrataciones y detectamos dificultades para identificarla atento la escasa información brindada.
  • En la mayoría de los casos no pudimos analizar el monto de la contratación por no haber sido brindada información al respecto, como tampoco el cumplimiento del objetivo del contrato por parte de los estudios externos.
  • La carencia de la documentación en la Procuración del Tesoro imposibilitó además advertir conflictos de interés que pudieran perjudicar los intereses del Estado.
  • Se advierte que los contratos o las explicaciones brindadas no ofrecen los detalles suficientes para poder individualizar con claridad y transparencia la necesidad de dichas contrataciones.
  • En todos los casos se tratan de contrataciones directas que vulneran los principios de transparencia.
  • Se informa que se estarían privatizando tareas que son propias del Estado, duplicándose los costos toda vez que la Administración Pública cuenta con personal que realiza o podría realizar las mismas tareas. Y que, por tanto, dicha contratación implica un sobrecosto para el estado que no ha sido suficientemente justificado.

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