¿USO O ABUSO DE ARMAS?

Denunciaron a Bullrich por el nuevo protocolo: “Consagra la pena de muerte”

Los denunciantes, un exjuez cercano al kirchnerismo y un exfuncionario K, pidieron además la suspensión del nuevo régimen. La denuncia por presunto “abuso de autoridad” e “incumplimiento de deberes de funcionario público” quedó a cargo de la jueza federal María Servini. Lo importante es si es legal o no y no quienes son los denunciantes

Patricia Bullrich.

El exjuez del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata Carlos Rozanski y el exsubsecretario de Derechos Humanos en el kirchnerismo Luis Alén denunciaron este martes a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por presunto “abuso de autoridad”, a raíz del nuevo protocolo para la utilización de armas de fuego por parte de fuerzas de seguridad federales.

Además, pidieron suspender la aplicación de la resolución hasta que se dicte una sentencia definitiva “en atención a la gravedad de la situación que plantea” y que “puede ocasionar la muerte de personas”, según la denuncia a la que accedió la agencia Télam.

Para ello Rozanski (cercano al kirchnerismo) y Alén reclamaron el dictado de una medida cautelar, además del llamado a declaración indagatoria a Bullrich y que se dicte la inconstitucionalidad de la resolución 956/2018.

La denuncia por presunto “abuso de autoridad” e “incumplimiento de deberes de funcionario público” quedó a cargo de la jueza federal María Servini, según el sorteo realizado en la Cámara Federal porteña.

“Se está consagrando, por vía de un reglamento aprobado por una resolución ministerial, la aplicación de la pena de muerte sin juicio previo por parte de los integrantes de las fuerzas federales de seguridad”, sostuvieron los denunciantes en el texto.

La Constitución Nacional “prohíbe la pena de muerte” y además “prohíbe a cualquiera que no sea el Congreso legislar en materia penal”, señalaron.

“Queda más que claro que incluso si no estuviera prohibida la implantación legal de la pena de muerte en nuestro país, tampoco podría hacerlo una funcionaria dependiente del Poder Ejecutivo, como es la Ministra de Seguridad”, concluyeron.

“La denuncia la realizamos porque el decreto de Patricia Bullrich contradice el Código Penal, la Constitución Nacional y además viola los deberes de funcionario público”, explicó Rozanski en una entrevista en el programa Navarro 2019 que se emite por El Destape Radio.

“Acá se habilita a algo que el Código Penal no avala: es el asesinato por la espalda que es un crimen en la Constitución Nacional que prohibe la pena de muerte”, sostuvo Rozanski quien calificó la decisión de amoral.

“El policía no va ir al Código Penal para saber si tiene que disparar, va a disparar, eso es lo nefasto”, agregó el exmagistrado. “El gobierno necesita este tipo de medidas para poder seguir gobernando, son cuestiones electorales al estilo de Bolsonaro”, agregó.

Por su parte, la ministra Bullrich volvió a defender la medida y aseguró que el nuevo protocolo cumple con las disposiciones de las Naciones Unidas y facilitará el combate contra el delito.

“Si los reglamentos de usos de las armas de fuego son como el que dimos, claros y transparentes, vamos a tener una sociedad ordenada que tenga claro donde está el bien y donde está el mal”, afirmó este martes la funcionaria.

En declaraciones a radio Con Vos, Bullrich sostuvo que “cuando se genera una doctrina clara hay menos muertes de policías y menos muertes de civiles”, y afirmó que “todo exceso no está contemplado en este reglamento, está contemplada una conducta adecuada, eficiente y correcta”.

Según la funcionaria, el cambio “favorece a la Policía y a los civiles” y advirtió que si un agente “está pensando que lo van a meter preso de por vida, no va a hacer nada” frente a un hecho delictivo.

“Estamos en el año donde menos policías y civiles han muerto, producto de que está cambiando la doctrina. Este reglamento va en favor de la gente. Que el policía pueda defender a la gente y a sí mismos. ¿Para qué tenemos policías? ¿Para qué los policías portan armas? Para defender a la gente”, subrayó.

Bullrich dijo también que “el 99% de la gente que muere por un arma de fuego en Argentina, muere en manos de un delincuente”, y aseguró que “el problema de violencia que tiene el país es de los delincuentes, que no valoran la vida de un ciudadano”.

Respecto a las particularidades del nuevo protocolo, la ministra aclaró que “la regla general es que el policía siempre tiene que dar la voz de ‘alto’, estando o no uniformado”, y dijo que “la excepción es solo en situaciones en las que dar la voz de alto significaría ponerse en una situación de total inferioridad porque descubriría la posición en la que está el policía”.

“El reglamento tiene un principio general que es que la actuación se da cuando hay un caso inminente de peligro”, agregó.

Lo importante es conocer si esta denuncia es válida porque lo propuesto y dictaminado por la ministro es constitucional y legal o atenta contra las leyes, la Constitución Nacional y los tratados Internacionales. ¡Allí está la cuestión, esperemos el dictamen de la jueza!

 

Por Dr. Gregorio Reynoso

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018

1 Comment on "¿USO O ABUSO DE ARMAS?"

  1. “Se está consagrando, por vía de un reglamento aprobado por una resolución ministerial, la aplicación de la pena de muerte sin juicio previo por parte de los integrantes de las fuerzas federales de seguridad”, sostuvieron los denunciantes en el texto.
    En mi modesto punto de vista, éste párrafo del denunciante es el que encierra el nudo de la cuestión. En principio las fuerzas federales como auxiliares de la Justicia, están para cumplir y hacer cumplir la ley y el orden público, para ello tienen una misión asignada con dos alternativas: prevenir el delito y/o reprimir el delito. Ante un delincuente armado, que no lleva el arma como adorno, sino que la lleva con la intencionalidad de usarla para favorecer la concreción de su delito, sin importar la vida ajena (niños, mujeres, ancianos, varones o fuerzas de seguridad) el personal de esa fuerza y según las circunstancias, no tiene la menor alternativa de contener sus emociones, porque se trata de la vida del ciudadano o la propia la que está en juego, por lo tanto lo que dice o pueda decir la ley o incluso el mismo protocolo, en el momento en que se desata el hecho, es casi imposible tener presente todas las disposiciones o alternativas que puedan detallarse en la letra fría de la norma. Exigir blandura o ciertas consideraciones ante un delincuente armado en el momento de tener que reprimirse su delito, es un disparate total y que solo pueden concebirlo quienes desde la comodidad de un escritorio, jamás expondrán su vida en defensa de otra persona, por lo tanto, es probable que esa situación, quizás nunca llegue a experimentarla en carne propia, por lo tanto, el reglamento no consagra ninguna pena de muerte, (como irresponsablemente la califica la denunciante) solo determina ciertas precauciones que las fuerzas federales deben adoptara la hora de enfrentar la delincuencia armada que SALEN A MATAR ES DECIR, ELLOS SENTENCIAN A MUERTE, Y ESTO NO ES UNA SUPOSICIÓN, ES LA VERDAD a todas luces, ergo, en el campo represivo del delito, la denuncia carece de todo soporte racional y se transforma en una cínica actitud política y una vil hipocresía.

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