GUERRA CONTRA EL PARAGUAY

28 de octubre de 1865 – Amotinamiento de reclutas en Catamarca

La tarea que el gobernador de Catamarca, Victor Maubecín, acometió con mayor entusiasmo durante su gobierno fue la formación del contingente con que la provincia debía contribuir al Ejército del Paraguay. Guerra impopular esta de la Triple Alianza.

Tradiciones y documentos nos hablan de la resistencia que demostró parte de nuestro pueblo frente a la recluta ordenada por el Gobierno Nacional. Algo decía al sentimiento de nuestros paisanos que esa contienda ninguna gloria agregaba a los lauros de la patria, y que tampoco existían motivos para pelear contra un pueblo más acreedor a su simpatía que a su rencor.

En Entre Ríos, los gauchos de Urquiza desertaron en masa, pese a que en otras ocasiones fueron leales hasta la muerte con su caudillo.

En La Rioja, el contingente de 350 hombres asignado a la provincia se reclutó entre la gente de la más baja esfera social. Un testigo calificado, el juez nacional Filemón Posse, explicaba al Ministro de Justicia, Eduardo Costa, los procedimientos compulsivos que había utilizado el gobierno local al expresar que “se ponían guardias hasta en las puertas de los templos para tomar a los hombres que iban a misa, sin averiguar si estaban eximidos por la ley”.

El método usado para el reclutamiento, tanto como el duro trato a que fueron sometidos los “voluntarios” durante los tres meses que duró la instrucción militar, fueron causa de varias sublevaciones. El mismo testigo señala, a ese respecto, el estado de desnudez de la tropa, lo cual movía la compasión del vecindario cuando salía a la plaza para recibir instrucción. “Más parecen mendigos que soldados que van a combatir por el honor del pueblo argentino”, afirmaba sentenciosamente, agregando que tal situación suscitó la piadosa intervención de la Sociedad San Vicente de Paul que les proveyó de ropa y comida. Acusaba también al gobernador Maubecín de incurrir en una errónea interpretación del estado de sitio, cuando exigía al vecindario auxilios de hacienda y contribuciones forzosas para costar los gastos de la movilización.

La situación que se ha descrito veíase agravada por el trato duro e inhumano que se daba a los reclutas. José Aguayo, uno de los oficiales instructores, ordenó cierta vez por su cuenta, la aplicación de la pena de azotes en perjuicio de varios soldados. Olvidaba o ignoraba, quizás, que la Constitución Nacional prohibía expresamente los castigos corporales.

Este hecho motivó un proceso criminal en contra del autor, cuando los damnificados denunciaron el vejamen ante el Juzgado Federal. Su titular falló la causa condenando a Aguayo a la inhabilitación por diez años para desempeñar oficios públicos, y a pagar las costas del juicio. Dicha sentencia disgustó a Maubecín, quien negó jurisdicción al magistrado para intervenir a propósito de los castigos impuestos en el cuartel “a consecuencia de una sublevación”. El gobernador calificaba de “extraña” la intervención de Filemón Posse y afirmaba que esa ingerencia era “una forma de apoyo a los opositores sublevados”. El choque entre el juez y gobernador originó un pleito sustanciado en la esfera del Ministerio de Justicia y dio materia a una sonada interpelación al ministro Eduardo Costa por parte del senador catamarqueño Angel Aurelio Navarro.

Armando Raúl Bazán – La Pena de Muerte por Sorteo en Catamarca

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