LA POLÍTICA ENERGÉTICA FACTOR POLÍTICO CLAVE PARA EL FUTURO DE LA ARGENTINA

La energía motor de la civilización actual

La civilización actual depende de la energía y especialmente de la eléctrica. Es  la herramienta de desarrollo económico, productivo e industrial moderno que para su funcionamiento necesita de un suministro continuo y estable. Los cortes de energía son desastrosos, ya para la producción como para la vida diaria. Sin refrigeración, los alimentos se deterioran; Sin calefacción ni aire acondicionado los centros en muchos centros urbanos se vuelven imposibles de vivir. El comercio, que depende cada vez más de las redes informáticas descentralizadas para el procesamiento de pagos y el control de inventario, se detiene.

Los precios altos de la energía eléctrica hace que grandes sectores económicos enteros (todos los que usan máquinas industriales que funcionan con electricidad) sean no competitivos.

Esto hace de la energía una preocupación vital de toda política nacional, es que a que la falta de energía estable, confiable y accesible hace al país inviable en el mundo actual.

La privatización de la política energética argentina en 1992

La privatización del sector eléctrico en 1992 dejo al fuera al Estado en la generación, transporte y distribución eléctrica. Desde la sanción de la ley de privatización y federalización de hidrocarburos ese mismo año, el modelo de gestión privada no hacía más que regular el presente y el destino hidrocarburífero nacional.

El proceso de privatización que se inicia en 1989 comprendía tanto a las empresas productivas y de servicios, los activos públicos como las reservas de petróleo, hasta actividades de regulación y de control social como la emisión de los documentos de identidad. Este proceso estuvo impuesto y dirigido técnica y financieramente por el FMI, el BID y el Banco Mundial. El criterio con el que se planeó esta política fue beneficiar a los acreedores externos para quienes se les abrían nuevas áreas de inversión en mercados abastecidos hasta el momento por el Estado al mismo tiempo que bajo el mecanismo de capitalización de la deuda externa, los acreedores también se vieron beneficiados en el cobro de parte del capital de la deuda.

Dos leyes en el Congreso fueron el punto de partida de este proceso:

La ley  Reforma del Estado que autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a intervenir las empresas públicas, suprimir los directorios existentes, eliminar los órganos de control, dividir las empresas y privatizarlas concentrando todo el poder de decisión en el Ejecutivo Nacional.

La Ley de Emergencia Económica que centralmente derogó las normas que diferenciaban al capital extranjero del nacional.

Estas dos leyes, el previo desmantelamiento de las empresas públicas y absorbiendo el gobierno las deudas de las mismas[1], permitieron que sectores estratégicos de la economía quedaran en manos privadas, concentrando y consolidado la presencia de los grandes grupos económicos, fomentando la asociación entre los grandes grupos económicos locales y los capitales extranjeros. En muchos casos fueron empresas estatales de otros países como es el caso de España o Francia.

Por otra parte la desregulación que pretendió fomentar la competencia en los servicios públicos, terminó impulsandouna  carrera hacia la disminución de costos que amenaza no solo la calidad del servicio sino además la seguridad de los trabajadores y de la población[2].

La reconversión de las empresas afectó los trabajadores con la reducción reducción de los planteles de personal y la sustitución del personal con mas antigüedad por personal nuevo sin experiencia sindical y política. Se aumentó la carga horaria y los ritmos de trabajo, se aplicaron nuevos contratos flexibles y un fuerte proceso de tercerización de sectores de la producción anteriormente integrados a la empresa, provocando una fuerte fragmentación y precarización del colectivo de trabajo. Se firmaron nuevos convenios colectivos que introdujeron nuevas formas de explotación y control del trabajo. De este modo se vieron afectadas las condiciones de trabajo, la salud y la unidad de los trabajadores.

De esa manera grupos económicos se quedaron con el manejo y la explotación del negocio energético globalmente, participando no sólo de todas las fases del proceso de la energía eléctrica, sino también de la industria del gas o del petróleo, insumos básicos para la generación de electricidad.

Se dejó al Estado quedó sin herramientas para planificar y articular el sector energético.

ENARSA y al política energética

La creación de ENARSA, en 2004, se propuso comenzar a revertir la absoluta ausencia del Estado en el sector energético y al mismo tiempo trasfomarse en una herramienta para una nueva politica energetica. Cuatro años más tarde de creada, ENARSA se hacía del 25% de las acciones de CITELEC, la controlante de Transener. Además, ingresaba en el sector hidrocarburífero con varias áreas en exploración y explotación, así como en la generación de energía eléctrica mediante el referido decreto. También, la empresa nacional se haría del control de la provisión de fuel oil para las centrales térmicas y la compra de GNL, insumos claves de la matriz eléctrica nacional. Se introdujo en la generación distribuida con decenas de unidades dispuestas a lo largo y ancho del país; igual para energías renovables. Asimismo, y en el marco del “Fondo para Inversiones Necesarias que Permitan Incrementar la Oferta de Energía Eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista” (FONINVEMEM) -Resolución 712 de 2004-, se haría cargo de la licitación y adjudicación, como del control accionario y la operación de diversas centrales térmicas y finalmente, en se le asignó en el 2004 la construcción del gasoducto del NEA que hoy se abandona a medio construir.[3]

Resultados del Plan Energético de 2004

El Plan Energético Nacional lanzado en 2004, según informe de CAMMESA[4] de 2015, permitió construir más de 5.000 kilómetros de líneas de alta y extra alta tensión (52,6 % más que la red entonces existente). Desde el año 2000 hasta el 2005 estaba estancado en 9669 km. Se incorporaron diez provincias y regiones al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) que hasta el año 2003 se encontraban aisladas: Chubut, Santa Cruz, San Juan, La Rioja, Formosa, el Interior de Chaco, el Norte de Santiago del Estero, Jujuy, Salta y el sur de Mendoza.

El exponencial y rápido crecimiento de la demanda energética generada por un modelo de desarrollo autosuficiente con inclusión social, fue acompañado de la mayor inversión y obra pública energética de la historia. La capacidad nominal instalada en 2004 era de 23.529 MW, para 2015, gracias a las inversiones estatales en el sector la capacidad se elevó a 32.182 MW[5], un aumento del 36,8%.

Se terminaron Atucha II y Yacyretá, y se construyeron nuevas centrales térmicas a gas y combustibles líquidos, como las usinas San Martín, Belgrano, Ensenada y Vuelta de Obligado, entre otras.

El total de potencia incorporado fue de 8.653 megavatios.

Según se desprende de CAMMESA en su reporte de 2015, entre 2004 y 2015 (inclusive), la generación fue un 60% superior a la registrada entre 1992 y 2003 (inclusive), mientras que las importaciones de energía eléctrica un 0,1% inferiores a favor del primer período.

Similares diferencias se registraron a nivel líneas de transporte en alta tensión y troncales (se verá en profundidad en el próximo Capítulo de esta serie).

La evolución de la longitud de líneas de distribución troncal a diciembre de 2004 fue 12.676 km a diciembre de 2015 fue de 19.532 km. De ese total, 7.061 km fueron construidos entre 2003 y 2015.[6]

Es decir, un 36% del total de líneas troncales construidas en el país se realizaron en los últimos doce años.

En relación a líneas de alta tensión, a diciembre de 2004 era de 9669 km y en 2015 14760 km el porcentaje de crecimiento 52,6%[7].

El Plan Energético de 2004 recuperó los planes Nuclear e Hidroeléctrico nacionales, a la vez que poniendo en valor el desarrollo de recursos energéticos a lo largo y ancho del país, como las renovables mediante parques solares en San Juan o la energía eólica e hidroeléctrica en la Patagonia, antes imposible desarrollar por la falta de conexión e infraestructura. En esa politica energética se habían comprometidas inversiones por más de u$s 440 millones para instalar tres parques que generarían unos 200 megawatts. Cutral Co avanzaba en la fabricación de aerogeneradores asociado con el INVAP y el Ministerio de Planificación Federal para la construcción de una fábrica de aerogeneradores. En principio se pensaba comenzar con la producción de torres y probablemente aspas para los aerogeneradores mientras que en una última etapa se apunta a la fabricación de los equipos.

Se integraba social, productiva e industrialmente a como la Patagonia, el NOA y el NEA, históricamente aislada por la falta de energía en función de una geopolítica que dicvidía  al país en regiones viables (Pampa Húmeda) y no viables.

El consumo eléctrico per cápita entre 2003 y 2013 (extensible a los últimos doce años) fue ampliamente superior al consumo de las décadas del noventa y ochenta en un 42% y 96%, respectivamente.

Comparando el promedio del consumo eléctrico por habitante para el período constitucional entre 1983 y 2002 al registrado durante los tres gobiernos  kirchneristas, la diferencia es de un 65% a favor de estos últimos.

Un solo dato: durante el quinquenio 2010-2015, 23 jurisdicciones (a excepción de Tierra del Fuego por no estar integrada al SADI) registraron un crecimiento promedio de la demanda del 31%. Entre 2004 y 2015 (inclusive), se incorporaron 4.146.166 usuarios al servicio público de electricidad.

En el mismo espacio de tiempo, pero entre 1992 y 2003 (durante los gobierno que se regían con el mismo modelo que hoy se aplica nclusive: Menem-De La Rua-Dualde) la incorporación de nuevos usuarios totalizó los 2.003.086. Es decir, durante los tres gobiernos kirchneristas, y en base a datos del Ministerio de Energía de la Nación la incorporación de usuarios fue superior en un 107% al modelo politico , esto es, más que lo duplicó

Estos números permiten analizar objetivamente la evolución del sistema de generación eléctrica aunque para ello se debe agregar que no se recurrió al FMI par planear ni finaciar el Plan Energético. -y su servicio público- accesible, asequible, en calidad de derecho humano y promotor de la expansión y modernización del mercado interno (pesada herencia)..

Debemos agregar que  a junio de 2017 todos los equipos térmicos que debían ponerse en funcionamiento no lo hicieron según lo prometido-pactado con la actual administración.

Con la llegada de Mauricio Macri al poder, la electricidad devino en mercancía para exclusivo beneficio de un puñado de empresas y sus directivos.

Al modelo heredado, el neoliberalismo lo califica de “fiesta irracional del consumo y del derroche”; al propio, de “consumo responsable y acorde a nuestro estatus de Nación periférica y subdesarrollada”.

Pero sucede que “fiestas” hay siempre.

Es decir, el usufructo de la riqueza, los recursos y el excedente social, por más chico que sea, siempre es apropiado por ciertos sectores en detrimento de otros.

Macri no es la excepción: con él, la fiesta no terminó, sino que se privatizó y tornó exclusiva.

En palabras “fiesteras”, se pasó de celebración popular a festín íntimo.

En materia específicamente eléctrica, las rutilantes ganadoras de este festín son las generadoras, distribuidoras, comercializadoras y transportistas, las cuales están recibiendo ingentes beneficios pero con una menor demanda y en caída libre, con precios de la energía eléctrica desregulados y sin la más mínima obligación de invertir.

De hecho, a junio de 2017 todos los equipos térmicos que debían ponerse en funcionamiento no lo hicieron según lo prometido-pactado con la actual administración. Igual para la expansión de redes de transmisión.

Otro banquete privado financiado por el pueblo argentino y con sus recursos.

Debe tenerse en cuenta, por último, el proceso espeluznante de concentración del sector eléctrico, verticalización y abuso de posición dominante que viene verificándose desde 2016 a la fecha.

En este informe se sintetiza la estafa macrista contra un sistema de generación eléctrica -y su servicio público- accesible, asequible, en calidad de derecho humano y promotor de la expansión y modernización del mercado interno (pesada herencia).

El nuevo Plan Energetico del gobierno actual

La reforma energética que estan en la base del el Decreto 882, pone fin a presencia del Estado y sus empresas en en el sector energética, dando continuidad al proceso, interrumpido durante doce años,  de privatización, extranjerización, desregulación y desguace del patrimonio público que se desarrolló entre 1976 y 2001. Un proceso de concentración del sector eléctrico, verticalización y abuso de posición dominante que viene verificándose desde 2016 a la fecha.

Otro aspecto que está en concordancia con las politicas actuales es que buena parte de las acciones estatales a ser vendidas se habían obtenido con la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (eran acciones de las AFPJ). La reforma energética de Macri en una frase que sintetiza historia, presente, modalidad, objetivos y, sobre todo, una politica de desguase del Estado: “Nada de lo que heredamos estatal seguirá en manos del Estado”

Por Hakan Illatiksi

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