JUSTICIA A LA MEDIDA 

PERFUME DE MUJER – LO ESPECTRAL NO ES EVIDENCIA

Stornelli es irrecuperable, pero quien ahora lucha por la supervivencia es el doctor Glock. El Poder Judicial se olvidó de la ley y admitió, fabricó y dictó sentencias en base a evidencia espectral

La reunión no duró más de diez minutos. Suficiente para que el doctor Glock confiara al camarista Martín Irurzun su desazón por el agravamiento del caso iniciado con la denuncia de extorsión contra el fiscal Carlos Stornelli. “Nos está llevando al cementerio”, dijo el encuadernador principal.

La revelación por parte del ex agente de la AFI Hugo Rolando Barreiro (h) sobre el rol de la abogada María Alejandra Zizzias como intermediaria entre Bonadío y los empresarios en dificultades apunta todos los reflectores sobre el juez, que está perdiendo la calma.

Alejandra Zizzias (der) en una fiesta en el Círculo Militar

Stornelli experimenta las amarguras de la soledad. Una convocatoria en su apoyo reunió a 46 personas. Cabían en nueve Uber y tres taxis. Damas jubiladas, unos pocos consortes, carteles pidiendo el destierro de Cristina, notoria ausencia de las flamígeras diputadas Elisa Carrió, Marcela Campagnoli, Paula Olivetto, Mariana Zuvic y Graciela Ocaña, quienes no están para pedir explicaciones sino para darlas.

  • El defensor de Macrì

Cuando se fue Glock, ingresó al despacho el abogado Fernando Archimbal, quien precedió a Irurzun en el juzgado federal 5 y en la sala II de la Cámara Federal, antes de volver a la profesión como letrado de la SIDE. Fue uno de los que representó a Maurizio Macrì en la causa por las escuchas ilegales, en la que fue sobreseído en cuanto terminó de bailar su primer número en el balcón de la Casa Amarilla.

Sindicado por el ex secretario presidencial Pablo Barreiro como titular de un estudio jurídico que se disputaba con Marcelo Sebastián D’Alessio su representación ante Stornelli y Bonadío, también Archimbal hizo saber a Irurzun su preocupación por las repercusiones cada día menos controlables del episodio Stornelli.

Pablo Barreiro aportó incluso grabaciones en las que Archimbal y su socio Luis Vila lo adoctrinan sobre cómo atribuir a Cristina y no a Julio De Vido la relación con el transportista José López y le cobran 40.000 dólares sólo por sentarse frente al fiscal Stornelli, con quien hacen gala de una relación íntima.
Si a Stornelli aún no le soltaron el último dedo de la mano es por temor a que opte por sentarse del otro lado del mostrador de los arrepentidos, como ya hizo su colega de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, y como plantearon hacer el espía parlanchín D’Alessio y el espía junior Hugo Rolando Barreiro, Rolo, quien no guarda relación alguna con el ex secretario presidencial Pablo Barreiro.

El fiscal de Dolores Juan Pablo Curi ya no sabe cómo evitar que se encienda la mecha de estos petardos vivientes, pese al asesoramiento que recibió durante su última visita a la Procuración General, a cargo en forma interina del fiscal Eduardo Casal. El arrepentimiento de D’Alessio podría competir con los espectáculos de Marcelo Tinelli (con polleritas y tijera, no con cara seria de preocupación por el país).

  • Casal hace lo que puede

Las objeciones de Curi fueron refutadas en forma precisa por el juez federal Alejo Ramos Padilla: la competencia ya fue resuelta por él y nada le impide avanzar hasta que la Cámara de Mar del Plata confirme o revoque su decisión; el expediente puede consultarse en el juzgado y nadie sabe mejor que Rolo Barreiro en qué caso podría violar un secreto de Estado.

El 25 de marzo, Casal anunció que al día siguiente sortearía a los representantes de la Procuración que integrarán el tribunal de enjuiciamiento del ministerio público. El 27, notificó que los elegidos habían sido lxs fiscales generales Juan Carlos Paulucci (titular) y María Gloria André (suplente) y lxs fiscales  de primera instancia María Alejandra Obregón (titular) y Martín López Perrando (suplente).

A diferencia de lo habitual la realización del sorteo no fue anunciada al mailing de fiscales con antelación, como si no hubiera interés en que asistieran a acompañar a la suerte.

Hay demasiados aspectos llamativos:

  • López Perrando fue el segundo de Stornelli en el ministerio de Seguridad Bonaerense. Llamativa elección cuando el caso más notorio que aguarda al Tribunal es el de su ex jefe.
  • André y Obregón pertenecen a la misma jurisdicción, Mendoza. Ambas se opusieron a que la Secretaría de Derechos Humanos se constituyera como querellante en juicios por Crímenes de Lesa Humanidad. André pidió la prescripción de una causa del INADI y la DAIA contra el banquero Raúl Pedro Juan Moneta por sus declaraciones antisemitas en un programa de televisión. Obregón, junto con una sobrina de Hugo Anzorregui, fue designada en 1997 sin concurso lo que motivó una protesta masiva de fiscales.
  • Paulucci fue uno de los fiscales subrogantes designados por la ex procuradora Alejandra Gils Carbó.
  • El fiscal Eduardo Miragaya lo denunció por ello.

Miragaya es ahora uno de los más próximos colaboradores de Silvia Madjalani en la AFI, a cargo de la relación con el fuero federal.

En la investigación de Dolores, Stornelli está acusado de integrar una Asociación Ilícita con funcionarios de la AFI, por lo que Paulucci debería excusarse.

No será como la fortuna de Bonadío (dos veces cada mil millones de sorteos es la probabilidad matemática que calculó Adrián Paenza para que Cristina haya quedado encadenada a este contertulio del embajador Edward Prado en nueve de las diez causas que se le siguen) pero también deja mucho que desear.

  • Malas relaciones

Irurzun es un vasco discreto, que escucha más de lo que habla, pero que tiene clara conciencia del berenjenal en que todos ellos están metidos. Debe extrañar a Horacio Cattani, quien antes de la enfermedad que lo apartó de la Cámara, le hubiera aconsejado no internarse por esos senderos poco aptos para gente de bien.

Son de ramas distintas de la familia judicial:

  • Glock viene del peronismo y más específicamente del grupo que hace tres décadas formaban José Luis Manzano, Germán Moldes, Carlos Corach y los hermanos Anzorregui.
  • Irurzun giró siempre en la órbita de la UCR, durante cuyo primer gobierno postdictatorial fue designado juez y luego camarista, y su hermano Santiago se hizo habitué de La Secretaría. Por ese entonces una información oficial anunció su nombramiento, pero fue de inmediato desmentida. Hay cosas que se hacen, pero no se dicen.

En 1990 Martín Irurzun produjo un hecho sin precedentes: allanó la SIDE y constató una interceptación ilegal a los teléfonos del asesor de la presidencia Alvaro Alsogaray. Tal vez ese antecedente haya sido considerado por Ricardo Lorenzetti, para encargarle por sorteo las escuchas que Macrì derivó de la Procuración General a la Corte.

La relación de Irurzun con Bonadío fue conflictiva durante el cuarto de siglo que compartieron en sus respectivos cargos. Glock fue designado juez federal en 1994, el mismo año en que Irurzun ascendió de juez a camarista, como cuota parte radical en el Pacto de Olivos, defendida en las mesas de negociación por Enrique Nosiglia.

Desde la sala II de la Cámara Federal, Irurzun revocó a repetición resoluciones de Glock, lo amonestó por irregularidades e insuficiencias, le ordenó medidas de prueba como si la Cámara fuera la instructora, y elevó las actuaciones al Consejo de la Magistratura, donde lo más desagradable que le pasó fue una multa. El peor juez del fuero, lo llamaba sin reparos.

  • El ariete

Hasta que a partir de 2013 y por impulso extraterritorial, Glock se convirtió en el ariete contra la entonces presidente CFK. Irurzun lo respaldó desde la Cámara Federal. Por encima de ellos sostuvo el paraguas protector el Obispo de Rafaela, quien aún mandaba en la República Autónoma del Cuarto Piso.

Así comenzaron a acumularse causas en contra de la ex Presidente y sus hijos, con más repercusión mediática que sustancia jurídica. El bipartidismo histórico cerró filas contra los vándalos del kirchnerismo que no respetaban los pactos preexistentes, ni con el Grupo Clarín, ni con el diario La Nación, ni con la Sociedad Rural, ni con la omnipresente SIDE, que reconvirtió en Agencia Federal de Inteligencia luego de despedir a su patrón.

Es a partir de entonces que comienzan a quedar a la vista las capas geológicas sedimentadas en la magistratura y entre los espías. Irurzun es hijo del juez Víctor José Irurzun, así como el padre del espía Hugo Rolando Barreiro, de sus mismos nombres, fue director de asuntos jurídicos de la SIDE en la década de 1990. Podrían llenarse páginas con ese tipo de lazos.

  • Cherchez la femme

Por entonces, la mendocina María Alejandra Zizzías colaboraba con Roberto Dromi. Luego pasó a trabajar con el numen radical de Cambiemos, Ernesto Sanz, pero su relación principal en el presente es con el hombre de negocios vinculados con la justicia Alfredo Lijo, hermano del juez Ariel Lijo.

También es muy amiga del doctor Glock, con quien no se ve sólo en lugar y horario de tribunales.

Un dato no menor es que Zizzias fue la abogada elegida por el Grupo Macrì para reclamar las sumas que la familia presidencial entiende que el Estado le debe por la caducidad del contrato del Correo Argentino. Las causas penales por el vaciamiento del Correo están en el juzgado de Ariel Lijo.

El diario La Nación publicó una serie de notas con una información de minucioso detalle sobre los bienes del juez Lijo y de su hermano Freddy, el amigo de Zizzias. La abogada mendocina representó a Freddy Lijo en el divorcio con su exposa, Carla Lago.

Las relaciones entre los consortes separados no quedaron en los mejores términos. Lago denunció que los dos hermanos eran dueños del haras La generación, y el oficialismo abrió la investigación en el Consejo de la Magistratura, feliz de tener de dónde agarrar al juez del Correo.

El diputado de PRO Pablo Tonelli fue el instructor, y cuando convino pidió que se cerrara el expediente sin sanciones para el juez porque no aparecieron papeles que le atribuyeran la propiedad del haras ni de los matungos. Pero se negó a extender la encuesta al conjunto de los bienes del magistrado.

  • La Emperatriz del Oxímoron

El ritmo de avance de la investigación sobre el Correo sugiere que entre apretadores y apretados hay un metalenguaje común. Todos entienden de qué se trata, aunque para los observadores externos ese diálogo sea tan incomprensible como el trino de los pájaros.

A través de los Macrì, Zizzias también consiguió ser designada por el Hada Buena como síndica de Aguas Bonaerenses, la empresa que preside Rafaelle Sardella, miembro al mismo tiempo del directorio de SIDECO. Pero hace ocho meses, Zizzias debió renunciar, ante una denuncia contra Freddy Lijo presentada por la Emperatriz del Oxímoron, Elisa Carrió, quien defiende a Macrì para luchar contra la corrupción.

En ese momento se supo que Zizzias representaba a los Macrì en el Correo, pero también a Freddy Lijo en el fideicomiso Settimo Trust, por varios millones de dólares, en Nueva Zelanda. La cotización de su hermano Ariel creció esta semana, cuando la Cámara de Apelaciones en lo Comercial terminó por autorizar a la infatigable fiscal general Gabriela Boquín a peritar los libros de SIDECO y SOCMA, las empresas de los Macrì, a las que el Correo Argentino transfería fondos pese a que está inactivo desde hace añares. Los avances de Boquín en la causa comercial pueden tener consecuencias penales en la de Lijo.

O no. Todo depende de la dependedura.

  • Éxtasis

Cuando la oficina de escuchas judiciales fue transferida a la Corte Suprema, Lijo consiguió que Irurzun designara como director ejecutivo al secretario de su juzgado, Juan Tomás Rodríguez Ponte. Su esposa es la fiscal Alejandra Mangano, elegida para su confesión espontánea por el mercedino fiscal Bidone.

Los hilos que se cruzan entre todos ellos trazan un gráfico de relaciones que dejó en éxtasis al columnista de La Nación Carlos Pagni, un entendido.

Durante casi una década, Pagni estuvo procesado junto con sus compañeros de Ámbito Financiero en tiempos de Julio Ramos (Juan B. Yofre, Edgard Mainhard y Roberto García) por las escuchas ilegales que Yofre realizaba junto con el general Daniel Reimundes (el hijo del Dragón Verde, coronel Manuel Reimundes) y con el seprinador Héctor Alderete, que los otros consumían.

Una de las diversiones de Roberto García en la redacción era leer en alta voz las tiras de computadora con la transcripción de mis conversaciones telefónicas, como narró alguien que asistió a una de esas tenidas. Ya un ministro del Presidente Raúl Alfonsín me había pedido que tomáramos determinadas precauciones para encontrarnos porque el Presidente le había reprochado su contacto conmigo, exhibiéndole una grabación suministrada por Facundo Suárez, jefe de la SIDE. Estas cosas ocurrían antes de que Kirchner fuera intendente de Río Gallegos, su primer cargo público, y mucho antes de que les enseñara a los Macrì, los Roggio, los Rocca cómo se carteliza la obra pública.

La causa por las escuchas, que Yofre distribuía desde la sincera dirección electrónica Kristalnacht45@gmail.com, culminó con la nulidad que habían pedido los procesados, porque fue iniciada por dos agentes encubiertos de la SIDE que a su vez escucharon a los conspiradores, en violación de garantías constitucionales. Ese dato estaba en la primera foja del expediente, pero Arroyo Salgado lo descubrió diez años después, cuando la investigación estaba concluida y sólo restaban el debate y la sentencia. La Cámara de Casación se lo reprochó con énfasis.

Arroyo estuvo casada con el fiscal general Natalio A. Nisman y ambos formaban parte de la escudería Stiuso. Después de la muerte de su ex, la jueza designó como perito al ex jefe de la policía bonaerense, Daniel Salcedo, quien renunció a esa tarea cuando los directivos de la AFI Pablo Pinamonti, Silvia Majdalani y Gustavo Arribas le encomendaron organizar el proyecto AMBA, una serie de subunidades de inteligencia en el conurbano bonaerense, junto con los comisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi (hijo a su vez de un ex jefe de esa maldita policía).

Como le contó Marcelo Sebastián D’Alessio a Pedro Etchebest, el Hada Buena y Christian Ritondo pusieron el grito en el cielo y la patrulla avanzada regresó a base. Esta semana, Arribas y Majdalani negaron como era de esperar que alguno de los implicados tuviera dependencia orgánica de la Agencia. Pero admitieron que enviaron a dos funcionarios a reunirse con el juez Luis Carzoglio para preguntarle si ordenaría la detención de Pablo Moyano y qué previsiones de seguridad habría que adoptar en tal caso. Carzoglio replicó que no preguntaron sino que ordenaron en nombre de Macrì la detención del camionero y que incluso le enviaron la orden de detención ya redactada, que guarda en una caja fuerte.

  • ¿A eso se refería Carrió?

Zizzias, Lago y Boquín no son las únicas mujeres con roles protagónicos en esta historia. A ellas hay que sumar a la abogada Giselle Robles, quien hasta agosto de 2016 fue la defensora de Leonardo Fariña, el imaginativo testigo protegido que dijo que los Kirchner se habían robado un producto bruto (es decir cinco veces más que toda la obra pública nacional realizada entre 2003 y 2015), sin que los bien preparados periodistas que lo interrogaron ni siquiera pestañearan. En una de las grabaciones que le tomó Pedro Etchebest, D’Alessio dijo que Patricia Bullrich pagaba 200.000 pesos mensuales por la defensa de este locuaz personaje, a quien los servicios de informaciones alimentaban con datos falsos para que enchastrara a terceros.

Fariña y su defensor, Rodrigo González, lo desmintieron. Por un lado no coincidían las fechas mencionadas por D’Alessio, quien además no era abogado. Pero el avance de la investigación en Dolores muestra que, aunque no estuviera matriculado, el hijo del titular de la consultora D’Alessio, Irol & Berensztein y sobrino del Escribano General del gobierno de Macrì participaba en las definiciones estratégicas de las causas en las que firmaba González.

Y su ex abogada Robles no sólo confirmó que el valijero cantor repetía un guión suministrado por el gobierno, sino que reveló que ese fue un acuerdo celebrado en persona por el ministro de Justicia Germán Garavano, en un encuentro en su despacho con Fariña y ella. Robles le dijo a Perfil y a Página/12 que la AFI le envió a Fariña por mail los lineamientos sobre los que debía ampliar su declaración indagatoria, con datos sobre la obra pública que involucraran a la ex Presidente, tema sobre el que todo lo ignoraba. La letrada hasta conserva el chat con el ministro y los mails de la AFI, lo cual explica el tono despectivo con el que Carrió se refiere a él.

Robles se presentó al saber que Rolo Barreiro declaró que D’Alessio la había espiado cuando dejó la defensa de Fariña. El contacto con Garavano lo realizó el emprendedor gastronómico Luis Majul, homónimo del autor del libro Los dueños de la Argentina.

Garavano admitió la reunión, pero pretendió que fue para atender quejas de Fariña por el alojamiento que le dieron como testigo protegido. Robles cuenta, en cambio, que ante una inquietud de Fariña por los juicios pendientes, Garavano le anticipó que el gobierno se desembarazaría de los jueces Eduardo Freiler (fue destituido), Carlos Rozanski (renunció ante la inminencia de su destitución) y Daniel Rafecas (resistió los embates con el apoyo de numerosas personalidades e instituciones que se dirigieron al Poder Ejecutivo y al Consejo de la Magistratura, avalando su labor como el mejor juez del fuero).

Como jefe de seguridad de Boca Juniors, Stornelli trabó lazos profundos con sus barrabravas, lo cual fue documentado en un programa de la televisión española, que Alejandra Dandan comentó aquí. En 2014, dos de los jefes de esa barra fueron juzgados por el homicidio de un vecino en un incidente barrial ocurrido en 2011. A Mauro Martín lo defendió Rodrigo González; a Maxi Mazzaro, Giselle Robles. Ambos fueron absueltos, porque hubo dudas sobre quién le pegó el golpe letal al vecino Ernesto Cirino.

  • Y con la Corte también

Promiscuidad ya parece una descripción desteñida para esta trama de relaciones. Esa palabra evoca los humores y los aromas de la relación sexual, que a su vez connotan júbilo y placer, cuando aquí todo es oscuro y apestoso.

Entre los materiales secuestrados a D’Alessio y la confesión de Rolo Barreiro, se estableció que el espionaje se había extendido a los ministros de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, y al ex socio del primero, Gabriel Bouzat. En el acuerdo del jueves los jueces hablaron de formalidades, pero no se descarta que la procesión estalle más adelante. Bouzat confirmó como testigo que la nómina de entradas y salidas del país que le mostraron, coincide con muchos viajes que recuerda, sin bien aclaró que la repetición de Panamá se debe a que es escala habitual para vuelos a Estados Unidos.

Bouzat, pero también Rosenkrantz y Ricardo Gil Lavedra, están más pendientes de otra cosa: el inminente fallo de la Corte que disponga cómo debe pagar el Estado Nacional los 45.000 millones de pesos que adeuda a la provincia de Santa Fe, por los tres casos impositivos por la detracción de fondos de la coparticipación federal y de la ley del cheque para financiar el sistema previsional y la AFIP. También regulará los honorarios de ambos estudios, que tomaron la tarea por contratación directa, en 2008.

Ese monto puede ser otro escándalo en la Argentina de la mishiadura.

  • Mirar para otro lado

Todo esto hizo que nadie prestara la menor atención a dos decisiones importantísimas de la Corte. Una de ellas terminó de desfederalizar la Justicia porteña, equiparada desde ahora a la de las demás provincias. La instancia decisiva no será ya la Corte Suprema de la Nación sino el Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma, donde el alcalde Horacio Rodríguez Larreta tiene dos vacantes sobre cinco miembros. Elena Highton se opuso, porque como ex jueza civil no quiso enfrentar el malhumor de los jueces del fuero por esta decisión que consideran una capiti diminutio, ya que dejan de ser jueces nacionales. Rosenkrantz también votó en contra porque así crece en forma exponencial el poder de Daniel Angelici, el adversario de su amigo del alma, Fabián Rodríguez Simón.

A favor votaron los constituyentes del ’94, Horacio Rossati y Juan Carlos Maqueda, y formó mayoría con ellos Lorenzetti, cuyas razones se filtran a través de la sangre que le brotó en el ojo cuando el golpe de palacio lo privó del poder que ejerció durante más de una década en soledad.

La otra decisión fue revocar el cese de la prisión preventiva de siete procesados por Crímenes de Lesa Humanidad, entre ellos el ex ministro de la dictadura Jaime Lamont Smart y el médico de la tortura Jorge Antonio Bergés. En este caso, Rosenkrantz se confirmó en su empecinado rol de minoría automática. En cambio Highton, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti consideraron que el cese de la prisión preventiva de personas imputadas por la comisión de numerosos delitos de lesa humanidad configura un supuesto de gravedad institucional. También señalaron que la Cámara Federal de Casación se había apartado injustificadamente del criterio sostenido por la Corte en el precedente “Acosta”, de 2012, y que en consecuencia se encontraban en riesgo los compromisos internacionales asumidos por la Nación respecto de estos delitos.

A diferencia de Brasil (donde el gobierno encomia el golpe de 1964), o Uruguay (donde el jefe del Ejército cuestionó la acción de la justicia en casos similares y su sucesor consideró que no violaba el honor castrense la tortura, asesinato y desaparición del cuerpo de un estudiante, como explica aquí el escritor oriental Andrés Alsina), los valores de Memoria, Verdad y Justicia están profundamente arraigados en la conciencia popular argentina y, en consecuencia, las instituciones no pueden ignorarlo.

Aunque no parezca, eso también ayudará a encontrar la salida del chiquero judicial-mediático-financiero.

·        LO ESPECTRAL NO ES EVIDENCIA

El Poder Judicial se olvidó de la ley y admitió, fabricó y dictó sentencias en base a evidencia espectral

En los últimos meses del año de 1691 el señor Samuel Parris, párroco de la iglesia del pueblo de Salem, vio a una hija suya de nueve años y también a una sobrina de aproximadamente once, afectadas por extrañas dolencias. Las niñas Elizabeth Parris, Abigail Williams y Ann Putnam evidenciaban excitación psicomotriz, delirios y conductas extrañas. Por ello Parris solicitó la intervención de los médicos, pero las niñas empeoraron. Y finalmente uno de los médicos manifestó la opinión de que sufrían maleficio. Los vecinos aceptaron al punto esta opinión y concluyeron que estaban embrujadas

A decir verdad, los vecinos de Salem hicieron algo más que aceptar la opinión de ese medico desconcertado. Desataron uno de los mas desaforados procesos judiciales que tenga recuerdo la historia. El 29 de febrero de 1692 se firmaron las primeras órdenes de arresto contra tres mujeres: Tituba, que era una esclava antillana que trabajaba para los Parris, Sarah Osborne y Sarah Good, una mujer pobre que a la fecha de su arresto estaba embrazada y cuya hija de apenas 3 años también fue acusada de brujería. Para mayo del 1693, catorce mujeres, cinco hombres y dos perros habían sido ejecutados, acusados de hacer tratos con el demonio y practicar la hechicería. Ello porque desde 1641 la ley inglesa, entonces aplicable a las colonias americanas, consideraba la brujería como un delito sancionado con pena capital.

Los jueces que realizaron las investigaciones preliminares fueron Jonathan Corwin y John Hathorne. En mayo de 1692, Sir William Phips, que había sido recientemente designado gobernador de Massachusetts, creó un Tribunal Especial para juzgar y condenar a los acusados de este proceso. Las confesiones extraídas bajo tortura, las desmentidas y los testimonios contradictorios se multiplicaban y en el proceso de histeria colectiva nadie estaba a salvo. La epidemia de acusaciones de brujería y los juicios aberrantes, las torturas y las ejecuciones se propagaron a otros condados.

La historia jurídica recuerda a los juicios de Salem por muchas cuestiones, pero hay que resaltar especialmente que en dichos juicios se admitió la utilización de “evidencia espectral”, es decir acusaciones sin bases reales, sueños, pesadillas y alucinaciones de quienes eran acusadores. O mentiras. En el estado de histeria colectivo, la verdad no parecía importar demasiado. Los juicios de Salem también fueron la oportunidad que algunos usaron para resolver viejas disputas.

Casi 300 años después, el genial Arthur Miller, tomó esa escabrosa historia y escribió una de sus mejores obras: Las brujas de Salem. Miller, con publicas simpatías por el marxismo, fue testigo y también víctima de los métodos de investigación tanto de McCarthy como de la HUAC (House Un-American Activities Committe, supuestamente creada para luchar contra actividades subversivas de, principalmente, nazis y antisemitas, pero que se centró desde sus inicios en la actividad de los comunistas.)

Dijo Miller: “En la silenciosa sala de justicia de Salem rodeado por el torbellino miasmático de las imágenes de los años ’50 del siglo XX, pero con la mente en 1692, poco a poco fue perfilándose con mayor nitidez lo que ambas épocas tenían en común. En las dos existía la amenaza de las maquinaciones ocultas, pero lo más sorprendente eran las similitudes en los rituales de defensa y los procedimientos rutinarios de investigación. Separadas por trescientos años, ambas persecuciones aducían que los perseguidos pertenecían a un grupo secreto y desleal. En las dos épocas, si el acusado confesaba, su sinceridad se demostraba de una única e idéntica manera, nada menos que nombrando a los antiguos cómplices. De esta manera el informador se convertía en la prueba misma de la maquinación y de la necesidad de la investigación.

Finalmente, en ambos períodos, dado que el enemigo era ante todo una idea, la prueba de haber cometido acciones desleales o perdía importancia o se dejaba en el limbo o no se requería en absoluto. Y, en efecto, al final las acciones eran por completo irrelevantes; al final, la sola sospecha casi se convertía en la prueba de la deslealtad”[1].

En el enero eterno, doloroso y feroz del 2019, mientras escribía sobre el Lawfare argentino, volví a releer Las brujas de Salem. Porque hace años que siento que los abogados vivimos en un universo que se parece mucho a esos días. Lo que no sabia entonces es que pocos meses después comprobaría que lo que era apenas una intuición se volvería certeza.

La prueba vino de la mano de un señor que se llama Marcelo D’Alessio y fue denunciado por extorsión a fines de enero de 2019. El juez de Dolores, que investigaba la extorsión, ordenó una serie de allanamientos y luego la detención de D’Alessio.

Como fruto de esa investigación surgiría no solo un fabuloso entramado de actividades de inteligencia ilegales, sino además un capítulo oscuro sobre cómo ese aparato paraestatal e ilegal dedicaba parte de su tiempo a fabricar la prueba para algunos de los juicios con mas repercusión mediática. Y por lo que surge de algunos testimonios, también las puertas clandestinas para que algunos acusados salieran de esos procesos judiciales.

Pero estos seres del submundo no se interesan por cualquier proceso judicial. Son seducidos tan sólo por ciertos y determinados procesos. Que tienen amplia repercusión mediática. Y que involucran siempre a personas vinculadas a la actividad política.

De un tiempo a esta parte, la realidad argentina discute, con mayor o menor conocimiento o fundamento, los casos judiciales que involucran a la política y a los políticos. No sé bien cuándo empezó todo esto, tal vez con las denuncias tan espectaculares como carentes de pruebas que publicaban los diarios y la televisión, con diputados y dirigentes políticos que ejercían desde Comodoro Py o desde los estudios de televisión. Pero sólo por poner una fecha de eclosión del fenómeno –fecha caprichosa, aclaro de antemano— diré que tal vez empezó el 14 de abril de 2013, cuando Jorge Lanata sentó a un chico que se llama Leonardo Fariña a hablar de lo que denomino “La ruta del dinero K”. Sostenía Fariña que la ruta del dinero K respondía a un plan ejecutado por Lázaro Báez para sacar del país dinero obtenido ilegalmente y que provenía de prácticas de corrupción que habían llevado adelante los Presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y su gabinete.

Los arrepentidos se sucedieron, cambiaron sus versiones, se arrepintieron de arrepentirse, volvieron a arrepentirse. Una nueva fauna de arrepentidos surgió de la televisión y se volvió parte de nuestras vidas. Nadie prestó mucha atención a los detalles, salvo los abogados que vieron multiplicado por mil su trabajo de defensa. Porque frente a un arrepentido que desgrana detalles con más simpatía que pruebas, los escritos de los abogados pierden por goleada. Son tediosos, largos, indigeribles para la TV y para los diarios. Suponiendo, claro, que la TV y los diarios quisieran hablar de las defensas, cosa que no resultó el caso, excepto poquísimas excepciones.

Fuese por búsqueda de rating, por convicción ideológica, o por mera conveniencia, la mayoría de los medios de comunicación se plegó con indisimulable entusiasmo al juego de acusar sin pruebas. Una nueva forma de histeria. Ya no eran acusaciones de brujería como en Salem, ni de comunismo como en Estados Unidos, sino de kirchnerismo. Una nueva categoría del mal que se extendió a los artistas K, a los militantes K, a los intelectuales K y así hasta el infinito. Ser K era una definición que implicaba la pérdida automática del derecho a defensa, la presunción de inocencia, cualquier crédito sobre su palabra, el derecho al honor; e incluso exponía al desprecio público.

En enero del 2015, ser convertía a los portadores de la nueva letra escarlata en cómplices de un supuesto asesinato que nadie ha probado hasta la fecha. Pero al lugar que íbamos, las pruebas no le importaban a nadie. Y más adelante vinieron las fotocopias de los cuadernos de Centeno. Y está claro que, a partir de ese día, las pruebas ya no solo no importaban, tampoco era necesario que existieran. Evidencia espectral.

No solo los medios y la política se plegaron entusiastas a este nuevo Salem. El Poder Judicial fue al mismo tiempo impulso y partícipe de la maniobra. De pronto los jueces eran personajes públicos. La doctrina que habilitó la detención preventiva de personas adoptó el nombre de uno de los jueces más discretos de Py. Comodoro Py, salvo raras y honorables excepciones, se olvidó por completo de todo lo que muchos de esos jueces y fiscales enseñan en las aulas y se volvió literalmente sanguinario. La vida, la libertad, los derechos y garantías desaparecieron casi por completo. Porque el acusado ya no era acusado, era enemigo.

Y entonces detuvieron a D’Alessio. Y comenzaron a surgir las pruebas palpables del escarnio. Los fiscales que fabricaban las pruebas, los jueces que empujaban o consentían esas maniobras, la Corte Suprema que no controlaba ni controla nada de nada, y a decir verdad, hasta la fecha se ha hecho bien la otaria respecto de lo que pasa en Comodoro Py. Los periodistas que forman parte. Los políticos que sacan beneficios. Las extorsiones, los negociados. Los testigos arreglados. Los guiones de los arrepentimientos. La impudicia obscena con la que parecen haber actuado. La rebeldía ante la ley de quienes decían ser sus custodios. La desvergüenza. Sobre todo, la desvergüenza.

Y las extrañas reacciones. A algunos políticos se le ocurrió como defensa acusar a los que ya están acusados y en prisión. Porque no hay nada más culpable para la opinión pública que alguien que ya está en prisión, aun cuando no se lo haya declarado culpable por una sentencia firme. A los algunos periodistas les pareció oportuno acusar a los abogados. Pero sin duda la más original de las defensas fue la del Poder Judicial que optó por desconocer al Poder Judicial.

Desconozco por completo cómo va a concluir la historia de los demonios que se escapan – y paradojalmente, ingresa— todo el tiempo de la caja de Pandora que es la causa que se investiga en Dolores. Desafortunadamente carezco de habilidades proféticas. Una verdadera pena.

Pero sí quisiera señalar algo. Todos señalan que la causa que se investiga en Dolores podría tener efectos sobre la causa de las fotocopias de los cuadernos. Y que eso beneficiaria casi exclusivamente a Cristina Fernández de Kirchner y a los empresarios. Y respecto a esa tesis quiero señalar algo.

Sobre Cristina Fernández de Kirchner, la imputación en cuadernos seria chistosa sino fuese algo que firmaron varios jueces. Y que entonces podría tener consecuencias más allá de la risa que me da que la acusen de ser la jefa de una asociación ilícita ad honorem, porque no hay ninguna prueba de que ella haya recibido dinero alguno o tenido conocimiento o algo que la vincule mínimamente a los hechos que se investigan. De hecho, y a decir verdad, tampoco hay pruebas de que el dinero denunciado exista en algún lado, aun cuando queda mucha Patagonia por excavar. Y si el conocimiento pretenden probarlo con arrepentidos, claramente no es prueba.

Sí, es cierto, mi juicio puede estar obturado porque Cristina es quien conduce el movimiento político al que adscribo. Y porque le tengo afecto real a la persona real que también es Cristina. Y porque me espanta ver cómo persiguen a una piba de 28 años por ser su hija.

Pero miro el caso de los empresarios, a quienes mayormente no conozco, y tampoco encuentro pruebas. Asi que tiendo a pensar que simplemente no hay pruebas, más allá de mi seguramente poco fiable juicio.

Pero eso lo pensaba antes de D’Alessio.

Después de D’Alessio pienso que lo que se está develando en Dolores va más allá de CFK y de los empresarios. Con honestidad señalo que lo que está mostrando Dolores es un complejo mecanismo de armado de causas. No solo contra Cristina.

Soy reticente a darle crédito a las declaraciones de los arrepentidos. Los cuestionamientos a ese mecanismo de delación premiada no han cambiado por el hecho de que ahora haya arrepentidos cuyos testimonios resulten más favorables a las causas que yo defiendo. La ley es clara en cuanto a que no se puede dictar condena en base a los testimonios de arrepentidos. No se podía dictar condena en base a los testimonios de Vandenbroele, ni en base a los testimonios de Fariña y la regla no cambia respecto a los testimonios de Rolando Barreiro o Bidone. A estos últimos deberán hacer lo que no se les exigió a los primeros y que debiera habérseles exigido según la ley. Que aporten prueba de sus dichos.

Pero si las aportasen, o surgiesen de la investigación de que se lleva adelante en Dolores, encontraríamos que el mecanismo de juicio y prueba que se implementó en la Argentina para perseguir, detener y juzgar a muchos ex funcionarios fue fraudulento. Y no solo hay personas que están presas como consecuencia de una investigación fraudulenta, sino que hay personas sobre las que ya pesa una sentencia cuya matriz es también fraudulenta.

¿Qué hacer con esas prisiones? ¿Qué hacer con esas sentencias? Son preguntas que tal vez debamos empezar a hacernos.

Hace cientos de años en Salem, cuando concluyó la cacería de brujas, sus efectos sobre la población continuaron varios años después. Los autores han señalado que “toda la colonia, además, había sufrido. La gente había estado tan decidida a la hora de cazar y destruir brujas que habían descuidado todo lo demás. La siembra, el cultivo, el cuidado de casas, graneros, caminos, cercas, fueron olvidados. Como resultado directo, los alimentos escasearon y los impuestos aumentaron. Las granjas fueron hipotecadas o vendidas, primero para pagar las tasas de prisión, luego para pagar impuestos; frecuentemente fueron abandonadas. El pueblo de Salem comenzó esa lenta decadencia que eventualmente borró sus casas y paredes, pero nunca su nombre y memoria”[2].

Creo que no ofrece mucha dificultad hacer los paralelismos posibles entre una y otra caza de brujas. Y que sucede –ayer, hoy y siempre— cuando las poblaciones están distraídas en esas cacerías absurdas e inhumanas.

Los relatos señalan que las calamidades parecieron asolar Salem. Temerosos de estar siendo víctimas del juicio de dios sobre la cacería que como sociedad habían consumado, se dispuso que 15 de enero de 1697 se realizaría el Día de la Humillación Oficial. Ese día el juez Samuel Sewall, uno de los nueve jueces que habían integrado el tribunal que sentenció a morir a las brujas, asistió a los servicios de oración en la Iglesia del Sur de Boston y le pidió al reverendo Samuel Willard que leyera una disculpa pública que Sewall había escrito, donde admitió la culpabilidad de aquel tribunal y suplicó el perdón de los hombres.

Intuyo que los jueces y fiscales en el futuro tendrán que hacer algo más que pedir perdón. Deberán revisar lo actuado por un Poder Judicial que se olvidó de la ley y que admitió, fabricó y dictó sentencias en base a evidencia espectral. Arthur MILLER (2011), “Al correr de los años,” Barcelona, TusquetsShirley Jackson “The Witchcraft of Salem Village” 1956

Fuentes: Graciana Peñafort y Horacio Verbitsky en “El Cohete a la Luna.com”

 

Por Guillermo Rodriguez

Buenos Aires, 9 de abril de 2019

 

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