CAUSA VIALIDAD – “BOMBA NUCLEAR” – MENSAJE A LOS SUPREMOS – ACLARACIONES PARA PEÑA & CÍA

Inusual resolución de la CSJN: El juicio oral de CFK previsto para el 21/5 podría extenderse hasta el 2020. El mensaje ‘político’ a Comodoro Py detrás de la polémica decisión de la Corte. Tras la resolución de la Corte, Macri pidió un país “sin impunidad”(?). Furioso, el Gobierno comete errores al criticar a la Corte

A través de una resolución firmada por cuatro jueces, la Corte Suprema pidió la causa “Vialidad” para analizar pedidos de las defensas, que fueron rechazados por la Cámara Federal. Si bien tendrían la intención de hacer la revisión “lo más rápido posible”, se trataría de un trámite que podría aplazar el inicio del primer juicio oral de Cristina Kirchner, previsto para inicar dentro de 10 días, hasta el año que viene. Cristina Kirchner iba a ser juzgada junto a Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner y Lázaro Báez, entre otros que iban a compartir el banquillo de los acusados, una foto que la expresidenta no estaba dispuesta a tolerar en un año electoral. Pero sobrevino la decisión de la Corte muy funcional a sus propósitos. Por ello no esquiva la polémica, pese a que la intención declarada fuese evitar que el juicio sea desestimado en el futuro. Sin embargo, hay detrás de esta jugada de la Corte otro mensaje: fuerte y directo al interior del Poder Judicial. Tras la decisión de la Corte Suprema que postergaría el primer juicio a Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Mauricio Macri aseguró, desde Corrientes, que su gestión aspira a construir un país “sin impunidad”. “Todos queremos progresar, trabajar, poner nuestro granito de arena y que eso sea reconocido. Queremos que no haya impunidad”, dijo el mandatario a modo de crítica –justamente él que está cuestionado por escuchas ilegales en Dolores y los Panamá Papers de él y de su juez en la CSJN-, luego de que el jefe de Gabinete, la titular de la Oficina Anticorrupción y el ministro de Justicia se expresaran en el mismo sentido.

 

El 21/5 estaba previsto el primer juicio oral de Cristina Kirchner, por la causa de la obra pública vial de Santa Cruz. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia firmó este martes 14/5 una resolución a través de la cual el inicio del juicio oral podría posponerse. De esta manera, el máximo tribunal fue en el sentido contrario a la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que rechazó los reclamos de Cristina y de Carlos Kirchner (primo del ex presidente preso por este expediente).

Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco firmaron la resolución que indicó a su secretario penal para que pida el cuerpo principal de la causa “Vialidad” al Tribunal Oral Federal 2 para su análisis, haciendo lugar a los reclamos de la defensa de los imputados en la misma. Por este motivo, el proceso se desarrollaría de una forma más lenta y el inicio del juicio oral sería pospuesto.

Entre los reclamos de los imputados, está el de una pericia sobre toda la obra pública licitada en los tres gobiernos kirchneristas. Además, sostienen que, en el transcurso de la investigación, las decisiones del juez instructor Julián Ercolini revisadas luego por la Cámara Federal porteña después cayeron en dos salas distintas de la superior Cámara de Casación: la IV y la I. Esto vulneraría el derecho a la defensa de los acusados. En tercer lugar, reclaman por la unificación del reclamo civil iniciado por “Vialidad” con el juicio penal, algo que fue rechazado en la sala IV de Casación.

La resolución llama la atención porque, en general, la Corte Suprema rechaza intervenir en un proceso penal si no se está apelando una sentencia definitiva. Sin embargo, en este caso se hizo lugar al reclamo. Según fuentes judiciales, el objetivo sería el de “hacer circular entre los ministros un estudio de la causa“, para luego enviarla a procuración. Con estos trámites de por medio, el inicio del juicio oral no se realizaría durante el 2019. Es decir que la foto de Cristina Kirchner en el sillón de los acusados no aparecería en televisión antes de las elecciones presidenciales.

En teoría, los magistrados quieren analizar el expediente  “lo más rápido posible” para que el proceso de la expresidenta continúe adelante. Sin embargo, se descarta que el juicio oral pueda comenzar antes de las elecciones primarias de agosto. Lo más probable: que recién se reanude el proceso en 2020, cuando podría tratarse de la Presidenta de la Nación (en caso de que se postule como candidata y gane las elecciones).

·         El mensaje ‘político’ a Comodoro Py detrás de la polémica decisión de la Corte

Cristina Kirchner iba a ser juzgada junto a Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner y Lázaro Báez, entre otros que iban a compartir el banquillo de los acusados, una foto que la expresidenta no estaba dispuesta a tolerar en un año electoral. Pero sobrevino la decisión de la Corte muy funcional a sus propósitos. Por ello no esquiva la polémica, pese a que la intención declarada fuese evitar que el juicio sea desestimado en el futuro. Sin embargo, hay detrás de esta jugada de la Corte otro mensaje: fuerte y directo al interior del Poder Judicial.

 

Conocido es que Cristina Fernández de Kirchner iba a ser juzgada en los próximos días junto a Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner y Lázaro Báez, en el banquillo de los acusados, otorgando una foto poco tolerable en un año electoral.

Por ello, la decisión de la Corte Suprema de Justicia que retrasa el juicio a la exmandataria no deja de sonar muy funcional a sus intenciones. Polémica, a la vez.

El abogado Roberto Gargarella llegó a hablar de la misma como “un horror, un pacto de impunidad”.

La intención del máximo tribunal, más allá de las especulaciones, sería anticiparse a nulidades como ocurrió en las causas contra Fernando De la Rúa y Carlos Menem, cuando tuvo que anular sentencias por nulidades de procedimientos. Sin embargo, hay también otro fuerte mensaje hacia el interior del poder judicial, al deja a la intemperie a los jueces que intervinieron.

Pues, admite una serie de recursos que incluían quejas de los imputados por medidas de prueba que habían sido rechazadas en instancias anteriores bajo el argumento de denegación de justicia.

En efecto, la resolución se hizo pública dos horas más tarde que la sala 4 de la Cámara de Casación Penal rechazara los reclamos del abogado defensor de la ex presidenta, Carlos Beraldi, respecto de la nulidad de las pericias realizadas sobre una muestra de 5 de las 51 obras públicas por las que se denunció a Cristina. El abogado se quejó además porque más del 90% de los elementos probatorios que acercó fueron rechazos por el tribunal.

El macrismo domina la Cámara de Casación y los fiscales de la causa son las sospechas de la investigación Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, considerados en la justicia como cercanos al gobierno. El pasado 21 de diciembre habían pedido la elevación a juicio oral y público de esta causa que investiga un supuesto fraude al estado por un total de 46.000 millones de pesos.

Beraldi aseguró a los medios de comunicación una vez conocido el pedido de elevación a juicio, solicitó a la Corte Suprema “que tome parte en una causa de gravedad institucional” porque consideraba que se le estaba negando a la ex presidenta el debido acceso a la justicia al no revisar el estudio pericial que se había realizado sobre menos del 10% de las obras por las que está procesada.

En la Corte no ignoran que habrá polémica. Saben que “la mitad se va a enojar y la otra mitad se va a poner contenta, pero acá lo importante es evitar condenas que luego hay que anular por errores de procedimiento”, afirman fuentes judiciales.

El diario ‘Ambito Finaciero’ publicó sobre la decisión que “se remonta al lunes de la semana pasada”: 

Los ministros iniciaron conversaciones informales para mensurar la relevancia de los planteos y concluyeron en que aproximadamente un 80% de los pedidos de prueba solicitados por las defensas habían sido rechazados durante la instrucción y por el trámite que el caso tuvo ante la Cámara y ante Casación. Algunos de los escritos de los abogados de los imputados sostenían fundamentos atendibles. Con distintos argumentos por parte de cada uno de los jueces, la decisión se trasladó a sobre si debían actuar antes o después, como era costumbre de la Corte cuando los casos escalaban luego de un juicio. Sobrevolaron antecedentes históricos de dos expresidentes sentados en el banquillo y del resultado final de las causas: Carlos Menem (Armas) y Fernando de la Rúa (Sobornos del Senado). Ambos, por distintas vías, terminaron en resultados absolutorios. (…) amortiguarían el “costo” de “pisar” el expediente y frenar el inicio del juicio ante la chance de que hubiese habido irregularidades en el trámite de la causa

Y allí es donde el mensaje cruzó el cuarto piso del Palacio de Tribunales hacia a Comodoro Py: “las eventuales irregularidades“: “la Corte, esta vez, se anticiparía a verificar que no haya habido apresuramientos y desprolijidades que pudiesen derivar en futuras nulidades una vez que el juicio comenzara. En el fondo, es el talón de Aquiles de las causas que involucran a los máximos estamentos políticos en Argentina, algo bien sabido dentro del Poder Judicial que suele reincidir en los mismos yerros“.

La decisión de la Corte podría dejar en un tembladeral el resto de las causas judiciales de alto voltaje político. Sin dudas, como concluye el mencionado matutino, es un mensaje que tendrá repercusiones en múltiples “mesas de entrada“.

Mientras tanto, el diario ‘Clarín’ transmite el enojo desde la Casa Rosada “porque consideran que se trata de una maniobra política en año electoral“.

Aunque menciona algunos matices: “Hay algunas causas que van más lento, pero en el caso de las que involucran a Cristina fueron en tiempo razonable“, argumentaba otros de las espadas judiciales del Gobierno, que al conocer la resolución de la Corte se llamó a silencio.

Si querían show, bueno no van a tener show“, afirmó al sitio ‘La Política Online’ una fuente del máximo tribunal, que recordó las causas contra De la Rúa y Menem, y aclaró que ahora “preferimos ver antes si hay problemas y pedir -si existen- que se solucionen“.

El diario oficialista ‘La Nación’ habló de ““bomba nuclear” en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, donde ya se estaban extrañando ante la tensa calma de estas semanas mientras se acercaba la fecha del juicio“.

Según publicó muy equivocadamente (o muy a propósito) ese matutino, “es inédito que la Corte elija meterse en un tema de fondo en vísperas del inicio del juicio. Fuentes de la Corte dijeron que la presión del kirchnerismo sobre el máximo tribunal terminó de convencer a los jueces“.

Y para concluir afirmó muy maliciosamente que “no pasó inadvertida en Tribunales la presencia de Alberto Fernández, uno de los operadores del kirchnerismo en tribunales desde sus tiempos de funcionario cuando supo pulsear con la Corte por los temas que le interesaban al Gobierno. La foto de este martes de Cristina Kirchner junto al PJ se recreó en Tribunales“.

Es una escandalosa resolución con olor a Alberto Fernández en busca de impunidad para la ex Presidenta, la Corte Suprema toma una inédita medida. Esperamos que el Tribunal Oral INICIE el juicio la semana próxima porque NO hay fundamento para que no lo haga #ObraPública“, escribió la titular inconstitucional y antireglamentaria de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso pues no es siquiera abogada y fue tan inconsciente de declarar que ella “amaba a Macri”, en las redes sociales.

·         MENSAJE A LOS SUPREMOS – Tras la resolución de la Corte, Macri pidió un país “sin impunidad”(?

Tras la decisión de la Corte Suprema que postergaría el primer juicio a Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Mauricio Macri aseguró, desde Corrientes, que su gestión aspira a construir un país “sin impunidad”. “Todos queremos progresar, trabajar, poner nuestro granito de arena y que eso sea reconocido. Queremos que no haya impunidad”, dijo el mandatario a modo de crítica –justamente él que está cuestionado por escuchas ilegales en Dolores y los Panamá Papers de él y de su juez en la CSJN-, luego de que el jefe de Gabinete, la titular de la Oficina Anticorrupción y el ministro de Justicia se expresaran en el mismo sentido.

Tras las fuertes e infundadas críticas de la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, el ministro de Justicia Germán Garavano quien no puede desconocer lo acertado del fallo o pedido de la CSJN para no vernos los argentinos obligados a revivir lo sucedido con los ex presidentes Menem y De la Rúa y el jefe de Gabinete Marcos Peña a la resolución de la Corte Suprema, se esperaban las definiciones del presidente Mauricio Macri.

No queremos que haya impunidad (?)“, dijo el Presidente en una referencia elíptica a la decisión del máximo tribunal de pedirle al Tribunal Oral Federal (TOF) 2 el cuerpo principal de la causa “Vialidad” para determinar si existen errores procesales en el expediente, justamente un presidente cuyo mandato se ha caracterizado por jugar deliberadamente a favor de la Gran Bretaña (Ver nota sobre Malvinas y el Mar Argentino) y los intereses financieros internacionales que junto a las eléctricas y petroleras han incumplido todos los contratos y él mira para otro lado y les dolariza e indexa las tarifas de éstas injustificadamente y con connotaciones cuasi mafiosas rayando con la ilegalidad. Con esta medida se atrasaría el primer juicio contra Cristina Kirchner, previsto para la semana que viene.

Lo que todos queremos es progresar, trabajar, poner nuestro granito de arena. Que nuestro trabajo sea reconocido y que no haya impunidad“, dijo el mandatario al visitar el Parque Ecoturístico Iberá en Corrientes.

Es importante ratificar que este cambio que comenzó va a continuar. Acá hay un futuro inédito para los argentinos, porque nunca antes se había decidido errores de raíz, sin atajos, sin mentiras, sabiendo que ante cada problema hay una solución, que la vamos a encontrar todos trabajando en equipo“, dijo el Presidente, acompañado por el gobernador radical Gustavo Valdés.

Macri defendió su gestión: dijo que con su equipo trabajan “en las bases, en los cimientos“. “No es lo que veníamos a hacer, pero lo tuvimos que hacer. Vinimos a crecer, a desarrollar. Había que hacer esa parte, y hacerla bien. Así tendremos un gran futuro por delante“, afirmó olvidándose del 33% de pobreza que incrementó y del 11% de indigentes también muy ampliados por su gobierno.

La decisión del máximo tribunal provocó un fuerte impacto en el Gobierno. “Es una escandalosa resolución con olor a Alberto Fernández en busca de impunidad para la ex Presidenta”, dijo la irresponsable e ilegítima Alonso, en relación al exjefe de Gabinete devenido en “armador” del kirchnerismo.

En tanto que Garavano consideró: “Pareciera que la Corte no quiere que se realice el juicio contra Cristina Kirchner, es una decisión por lo menos extraña”. Mientras que Peña dijo que “genera la impresión de que la impunidad se puede consagrar”. Tanto la OA como el fiscal de juicio Diego Luciani reclamaron al TOF 2 que no se suspenda el comienzo de las audiencias. Garavano, como Luciani desconocen la ley y la CN que dan la razón a la intervención de la CSJN ante las graves fallas en los requerimientos de las defensas y el incumplimiento hasta de las propias y aceptadas 5 auditorías que no van a estar terminadas sino hasta mediados de Junio con suerte.

La medida se produjo a partir de un pedido realizado por la expresidenta, que a partir de la semana que viene debía ser juzgada en un proceso oral y público. Por esta resolución podría postergarse el comienzo de la audiencia, que alcanza además al empresario K Lázaro Báez, y el exministro de Planificación Federal Julio De Vido.

En esta causa se investiga si la expresidenta direccionó obra pública en beneficio del detenido Báez -dueño de la compañía Austral Construcciones- a través de 52 contratos en Santa Cruz por un valor actualizado de $ 46.000 millones.

La resolución tuvo el aval de los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, que pidieron “con carácter de urgente” el expediente al TOF 2 para analizar las intervenciones de la Cámara de Casación durante el proceso y determinar si los planteos hechos por los acusados son admisibles

·         ACLARACIONES PARA PEÑA & CÍA – Furioso, el Gobierno comete errores al criticar a la Corte

Desde el Gobierno salieron con los tapones de punta a criticar la decisión de la Corte Suprema que podría demorar el inicio del juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner. Pero en su rabieta, los funcionarios han cometido varias inexactitudes, como considerar que se trata de algo “inusual” siendo que ya hay antecedentes al respecto. Aquí, varias aclaraciones pertinentes sobre esta decisión que levantó gran polémica.

 

Ayer (15/05) la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión que continúa generando gran polémica: indicó a su secretario penal que pida el cuerpo principal de la causa “Vialidad” al Tribunal Oral Federal 2 para su análisis, haciendo lugar a los reclamos de la defensa de los imputados en la misma. Por este motivo, el proceso se desarrollaría de una forma más lenta y el inicio del juicio oral a Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los imputados sería pospuesto hasta 2020. En el Gobierno salieron con los tapones de punta, alegando que se trata de una movida “política” y Marcos Peña hasta acusó a los magistrados de “regirse por las encuestas”. “Es algo inusual”, dijo el ministro de Justicia Germán Garavano. Sin embargo, ni es inusual ni tendría motivaciones políticas. Hay mucho por aclarar.

Para comenzar, una breve explicación de lo ocurrido: la defensa presentó recursos de hecho y, para resolver sobre estos pedidos, la Corte pidió los expedientes basándose en la “gravedad institucional” del caso.

¿Por qué la Corte considera que es de “gravedad institucional”? Básicamente, porque se trata de una causa que trasciende lo social y tiene conmoción pública por tratarse de la ex presidenta y actual senadora nacional siendo acusada de asociación ilícita.

Según explican especialistas, es la propia Corte la que hace la evaluación del carácter de la gravedad institucional para admitir o no el recurso. La Corte es completamente proclive a absorber cuestiones que tienen sensibilidad y fuerte repercusión pública, y se avoca a las cuestiones cuando lo considera oportuno.

Beraldi aseguró que una vez conocido el pedido de elevación a juicio, solicitó a la Corte Suprema “que tome parte en una causa de gravedad institucional” porque consideraba que se le estaba negando a la ex presidenta el debido acceso a la justicia al no revisar el estudio pericial que se había realizado sobre menos del 10% de las obras por las que está procesada.

Cabe destacar que no hubo votación, así que es falso que el presidente del máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz lo haya hecho en contra. No se firmó ningún oficio, estas cuestiones nunca se votan, se informan a viva voz.

Otra cuestión que hay que resaltar es que no se trata de algo “inusual”, tal como argumentaron desde el Gobierno. De hecho, hubo varios casos en los que la CSJN intervino previamente, sin que haya sentencia definitiva. Un ejemplo es el caso Penjerek o el caso Kammerath.

  • Brevemente: el primer caso fue un crimen en Florencio Varela, en 1963, en el que la Corte decidió intervenir porque se agotaban los plazos y se estaba violando el derecho al debido proceso.
  • En el caso Kammerath, que se investigaban presuntas defraudaciones al Estado Nacional, la Corte hizo lugar, en abril de 2014, a los recursos extraordinarios interpuestos y revocó el sobreseimiento de los procesados. La decisión del Máximo Tribunal obedeció a tres motivos: consideró, en primer lugar, que la intervención de la Casación para revisar los autos de procesamiento dispuestos no estaba debidamente justificada, en segundo término, entendió que los sobreseimientos debían ser dejados sin efecto porque habían sido dictados mediando una valoración arbitraria y parcial de las pruebas reunidas en el expediente y soslayando informes de la Auditoria y Sindicatura General de la Nación y distintos documentos e informes periciales, y finalmente, sostuvo que la Sala IV había arbitrar iamente considerado que la investigación se encontraba agotada y que debía sobreseerse a los imputados para resguardar su derecho a ser juzgados en un plazo razonable, lo que configuraba un apartamiento del deber que tienen los jueces de extremar la averiguación de los hechos para la justa decisión de la causa.

Volviendo a la decisión de la Corte en la causa Vialidad, cabe destacar que se trata de un pedido de autos, lo cual no suspende el curso del expediente aunque no deja de ser cierto que al llevarse el expediente hay una complicación para el cronograma.

Ahora, hay varias opciones:

  • Que la Corte saque copia y devuelva el expediente.
  • Que se quede con los autos y los pongan en circulación, lo cual dilataría el proceso.

Lo que ya hizo la CSJN en otros casos: sin realizar un examen muy exhaustivo, conceder el recurso de queja y otorgar efecto suspensivo

Ahora, hay varias opciones:

  • Que la Corte saque copia y devuelva el expediente.
  • Que se quede con los autos y los pongan en circulación, lo cual dilataría el proceso.

Lo que ya hizo la CSJN en otros casos: sin realizar un examen muy exhaustivo, conceder el recurso de queja y otorgar efecto suspensivo

De hecho, se trata de una doctrina instaurada por Genaro Carrió (tío de Elisa Carrió) y Carlos Fayt, tal como recordó Aníbal Fernández:

“Que la jurisdicción apelada de esta Corte, abierta con la apertura formal del recurso de hecho, comprende sin duda las facultades que en general corresponden a los jueces para salvaguardar el correcto ejercicio de la función jurisdiccional (…) Esa facultad, como la de otorgar en casos muy especiales, efecto suspensivo al recurso de queja, fluye de los poderes implícitos que corresponden al Tribunal para evitar que la oportuna protección jurisdiccional de un derecho se torne ilusoria durante la tramitación de un recurso pendiente ante aquél (…) asegurando así al eficacia de la actividad jurisdiccional en cuanto se refiere a la protección de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional“.

Por otra parte, no es menor resaltar que con su decisión la Corte beneficia a CFK pero también la puede perjudicar: a corto plazo, la beneficia porque no hay foto de la ex presidenta procesada en el banquillo de los acusados, pero a la larga, la puede perjudicar porque si se produce la prueba que pidió, luego no podrá pedir nulidad del proceso.

Lo que está haciendo la CSJN es evitar el bochorno del caso Pontaquarto: establece que luego nadie podrá quejarse de que no hubo garantías procesales o que existieron parcialidades.

Recordemos que el abogado defensor de la ex presidenta, Carlos Beraldi, había pedido la nulidad de las pericias realizadas sobre una muestra de 5 de las 51 obras públicas por las que se denunció a Cristina Kirchner. El abogado se quejó además porque más del 90% de los elementos probatorios que acercó fueron rechazos por el tribunal.

Finalmente, pero no menos importante, hay que destacar que Rosenkrantz podría ser recusado debido a que su secretario letrado, Federico Morguesen, llamó a los medios de comunicación y envió mensajes a través de WhatsApp informando que el presidente de la Corte había votado que no correspondía solicitar autos porque no había sentencia defnitiva. Sin embargo, eso no consta en el expediente ni en ningún memo interno, no hay pruebas.

Tal como se mencionó anteriormente, no existió tal votación: cuando un juez pide autos los otros acompañan como costumbre, porque es quien quiere estudiar el expediente, es algo que siempre se efectúa de esa manera. Es de esperar entonces que Beraldi recuse a Rosenkrantz por la información que dio su vocero, por falsedad o prejuzgamiento.

Algunos tuits que cuestionan las críticas del Gobierno:

ES DE LOCOS
Leo absorto algunos pseudos constitucionalistas que dicen que la decisión de la CSJN es irregular y que no registra antecedentes en la historia. También veo que la corrupta de Laura Alonso habla de “chicana” de la CSJN que suspende el juicio…

— Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) 15 de mayo de 2019

…y que se puede llevar adelante porque los 70 cuerpos del expedientes, están escaneados en PDF.

— Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) 15 de mayo de 2019

¿Como es el tema?
¿No entienden un carajo o se hacen los tontos?

— Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) 15 de mayo de 2019

Vamos a responder con la voz de los que saben. En este caso con la voz autorizada de dos maestros del derecho: Fayt y Carrio (el tío, no la sobrina que no entiende nada de la vida).

— Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) 15 de mayo de 2019

pic.twitter.com/1viGXZiCrG

— Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) 15 de mayo de 2019

Resumiendo: el pedido de autos no suspende el curso del proceso. Pero va de suyo que si la CSJN pidió los autos, es porque prima facie considera que los agravios invocando una lesión gravísima al debido proceso son conducentes.

— Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) 15 de mayo de 2019

La CSJN quiere saber si no hay menoscabo del debido proceso y quiere ver los papeles. Si le ve color, el próximo paso va ser otorgar efecto suspensivo al recurso de queja.

— Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) 15 de mayo de 2019

pic.twitter.com/pWgzRX6hkV

— Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) 15 de mayo de 2019

Para Laura Alonso que no entiende nada de nada, Fallos:327:4290.
En la oficina hay que poner un abogado y que sepa algo, no como Clusellas que asesora para el culo al presidente.

— Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) 15 de mayo de 2019

Caos en el Gobierno. Laura Alonso fuera de eje y como no es abogada dice cualquier cosa sin conocimiento del derecho. El pedido de actuaciones de la Corte debe interpretarse como un resguardo de las garantías del proceso de acuerdo a las presentaciones del doctor Beraldi.

— Juan Alonso (@jotaalonso) 15 de mayo de 2019

La Corte no pide fotocopias. No digan pavadas por el amor de Dios. La Corte pide las actuaciones y el expediente. Quienes trabajan con fotocopias (o fotos de un cuaderno) son el juez Bonadío y el fiscal rebelde Stornelli. Lo de @halconada es desesperación. Hay que comprenderlo.

— Juan Alonso (@jotaalonso) 15 de mayo de 2019

Ahora ha llegado la hora de la verdad, la CSJN acaba de ponerse los pantalones largos y envía un claro mensaje de institucionalidad e independencia del Poder Judicial respecto del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo nacionales o sea está ordenando a la Justicia que actúe como un Poder “independiente y controlador” de los otros dos poderes del Estado tal como lo indica “nuestra Constitución Nacional”.

¡Por Fin!

 

Por Arq. José Marcelino García Rozado

Buenos Aires, 15 de mayo de 2019

 

 

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