MACRI RESPALDÓ POLÍTICAMENTE LA CONCESIÓN HIDROCARBURÍFERA COSTA AFUERA CON PARTICIPACIÓN DE COMPAÑÍAS BRITÁNICAS.

 Vendieron el mar a los ingleses, y sin plan de gestión ambiental.

El presidente Mauricio Macri recibió en la Quinta de Olivos a los directivos de las empresas petroleras que resultaron adjudicadas para la exploración y explotación de 18 áreas hidrocarburíferas en el atlántico sur y en las proximidades de Malvinas, entre ellas a las cuestionadas no solo por ser de capitales británicos sino además por haber operado en áreas concesionadas por el ilegítimo gobierno ingles.

Tras la adjudicación definitiva resuelta por la Secretaría de Energía el jueves 16 y su publicación en el Boletín Oficial Nación el viernes 17 oficializando la adjudicación del proceso licitatorio para la exploración de 3 cuencas lanzado en octubre de 2018 y dentro de ellas, 18 áreas dispuestas en la plataforma continental argentina para la exploración y explotación de gas y petróleo; el presidente de la Nación Mauricio Macri recibió a eso de las 4 de la tarde del mismo viernes, a los directivos de las empresas YPF, Equinor, Tecpetrol, Qatar Petroleum, ExxonMobil, Total, Pluspetrol, Wintershall, British Petroleum, Shell, Tullow, Mitsui y ENI, las cuales de manera individual o en consorcio, presentaron ofertas por un total de 724 millones de dólares.

En el encuentro, el Jefe de Estado estuvo acompañado por el canciller Jorge Faurie; los secretarios de Energía, Gustavo Lopetegui, de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, y el titular de YPF, Miguel Gutiérrez. Donde, desde la Secretaria de Energía informaron que entre junio y agosto se irán otorgando progresivamente los distintos permisos de exploración correspondientes a las ofertas ganadoras.

La reunión del presidente con los directivos de las petroleras, tuvo la finalidad de dar apoyo institucional y político a la licitación Pública internacional, sobre la cual pesan denuncias ante los tribunales federales, por haber admitido la participación de empresas británicas y otras de igual nacionalidad, que en años anteriores operaron en la jurisdicción de Malvinas a través de concesiones otorgadas por el ilegítimo Gobierno usurpación colonial inglés que ocupa el archipiélago malvinero desde enero de 1833.

Como hemos informado, horas antes de la adjudicación definitiva fijada en los pliegos licitatorios para el pasado jueves 16, El intendente de Río Grande Gustavo Melella presentó el miércoles 15 ante el juzgado federal de dicha ciudad, un amparo colectivo para impedir la escandalosa concesión a petroleras a empresas británicas en clara violación a la Constitución nacional y a las leyes argentinas. Acción que fue replicada por la gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego Rosana Bertone, pero a diferencia del primero, posterior a la oficialización por parte de la Secretaría de energía de la Nación.

De acuerdo se dio a conocer el jueves último, la resolución 276/2019 concretó el otorgamiento de 9 de las 18 áreas identificadas, a las 13 empresas que de manera individual o en consorcio, realizaron las mejores ofertas para la puesta en marcha del proceso de exploración y posterior explotación costa afuera más importante que el país haya lanzado en aguas jurisdiccionales del Atlántico Sur y que abarca una dimensión de 225 mil kilómetros cuadrados de superficie marítima.

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Mediante la Resolución 276 del Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la adjudicación de 18 áreas del Mar Argentino a capitales extranjeros para exploración petrolera. Siete de ellas quedaron en manos de empresas británicas, que ya habían operado ilegalmente áreas al sur de las islas.

Como había adelantado Canal Abierto en octubre, el Gobierno nacional puso a licitación una parte de la plataforma marítima argentina. Ahora,  mediante la Resolución 276 del Boletín Oficial firmada por el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y a un mes de la apertura de sobres, el  Ejecutivo oficializó la adjudicación de 18 áreas del Mar Argentino  a capitales extranjeros con el objetivo de comenzar un proceso de prospección y exploración. Se entregan así áreas estratégicas y se constituye un grave daño a la soberanía nacional.

Así lo denunciaron rápidamente Claudio Lozano y  Gustavo Lahoud, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), quienes expusieron que esta grave decisión del Gobierno nacional “se da en un contexto en el que la política de desmalvinización se ha convertido en una estrategia deliberada de la política exterior argentina”.

Vale la pena recordar que en la convención de las Naciones Unidas de Derecho del Mar de 2016 se reconocieron 1.782.500 kilómetros cuadrados más como parte de la plataforma continental argentina. Ahora, 38 bloques divididos en 225 mil kilómetros cuadrados de esta plataforma fueron licitados y 18 de ellos adjudicados para su exploración.

En total se trata de 9 adjudicaciones en la cuenca Malvinas Oeste -lindante con la cuenca Malvinas Este-, 7 adjudicaciones en la cuenca Argentina, que está a la altura de la provincia de Buenos Aires, y otros dos bloques en la cuenca Marina Austral. Por estas 18 áreas el Gobierno nacional ha recibido 718 millones de dólares, que provienen de los cánones y bonos cobrados a los consorcios de empresas adjudicadas.

En este marco, las británicas Shell, BP y Tullow Oil ganaron siete áreas de las 18 licitadas, lo que representa un 39% del total. Como señaló el Observatorio de la Energía, Tecnología e infraestructura para el desarrollo (OETEC) se trata de la mayor concentración de áreas ganadas por empresas privadas originarias de un solo país, en este caso, Reino Unido”.

Otro dato nada menor que brindan desde el Observatorio es que entre las empresas que se presentaron se encuentra la firma británica Tullow,  que  ya operó ilegalmente siete áreas al sur de las islas en el 2007 y la noruega Equinor -que tiene dentro de su directorio a una ex asesora de la administración isleña- que también trabajó para Tullow.

·         Cronología de una entrega

En octubre del año pasado el Gobierno abrió a través del decreto 872/2018 el Concurso Internacional Costa Afuera de la plataforma continental argentina que estableció 38 bloques para poner a licitación. Finalmente, estos fueron licitados el 16 de abril pasado y este viernes la Secretaría de Gobierno de Energía, a través de la Resolución 276 publicada en el Boletín Oficial oficializó la adjudicación de 18 permisos de exploración sobre estas áreas. Estos se extenderían hasta en 8 años y en el mes de agosto -con el título en su haber- las empresas podrían empezar las tareas.

“Son espacios a mar abierto y altísimas profundidades, donde la explotación es muy comprometida y  riesgosa desde todo punto de vista, fundamentalmente en referencia a lo ambiental”, dijo Gustavo Lahoud, especialista en energía del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, quien ya había señalado anteriormente en una entrevista con Canal Abierto que “los pasivos que siempre quedan los ven después las poblaciones y los sufrimos como comunidad”.

Asimismo, indica que el Gobierno argentino hace en este acto concesiones deliberadas a los intereses británicos en Malvinas y en el Atlántico Sur sobre recursos hidrocarburíferos y pesca, haciendo caso omiso a lo que significa el avance de estos capitales sobre el territorio nacional. Cabe destacar, además, que una de las tres cuencas incluidas en el concurso, la Cuenca Malvinas Oeste, al estar pegada a las Malvinas se constituye en una zona de alta trascendencia geopolítica y de seguridad nacional.

En este sentido, la semana pasada, el municipio de Río Grande interpuso ante la Justicia Federal una cautelar con el objetivo de frenar esta adjudicación que, sin embargo, finalmente fue realizada. Como denunció Claudio Lozano, dirigente nacional de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, “entre gallos y medianoches, el jueves 16 de mayo, bajo la más absoluta opacidad institucional y sin convocatoria político-institucional alguna, se tomaron graves decisiones para el presente y futuro de nuestros inalienables derechos sobre las Malvinas y nuestros espacios marítimos e insulares circundantes”.

La adjudicación también fue denunciada el viernes por la CTA rionegrina,  que señaló la grave lesión a la soberanía y al interés estratégico nacional sobre el Atlántico Sur que significa la adjudicación  que además, establece en el artículo 3 del decreto 872 la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales con sede en un Estado que sea parte en la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras. Es decir, Argentina cede soberanía jurídica ante cualquier circunstancia que se tenga con este tipo de empresas una vez que fueron adjudicadas las áreas.

“Denunciamos esta decisión irresponsable del gobierno de Mauricio Macri de poner en manos extranjeras áreas geopolíticamente claves de nuestro territorio”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE y la CTA Autónoma de Río Negro. Se están rifando al mejor postor nuestros recursos naturales. El proceso de extranjerización ya no es sólo de las tierras en la Patagonia, sino que ahora incluye a nuestros mares. Este gobierno deberá ser condenado por la entrega de toda la soberanía de nuestro pueblo”, completó el dirigente.

Es por esto que para el IPYPP es fundamental denunciar y “rechazar abiertamente este nuevo acto del Gobierno argentino, que podría tener incalculables consecuencias para la integridad geoestratégica y ambiental de nuestro Atlántico Sur, que debe ser preservado y defendido como un bien común inalienable e imprescriptible de todos los argentinos”.

·         Argentina adjudicó áreas para exploración offshore sin plan de gestión ambiental

A pesar de estar previsto en el pliego de bases y condiciones no se cuenta con la documentación básica para dar inicio a las prospecciones. Además Tierra del Fuego ya presentó un amparo por adjudicar áreas a una empresa con relaciones comerciales con Malvinas y sumaría otras por el impacto en el ambiente y la industria pesquera.

La algarabía con la que el gobierno nacional comunicó la presentación de ofertas para la exploración sísmica offshore en el mar argentino generó un gran descontento entre los industriales pesqueros que observan con preocupación que se avanza sin tener un plan de gestión ambiental.

Esta situación es inadmisible según lo establecido en el pliego de bases y condiciones de la propia Secretaría de Energía y constituye de por sí un grave problema a resolver. Pero además, a partir de darse a conocer el viernes pasado el listado de empresas que serán adjudicatarias de las 18 áreas entre las 38 ofertadas, se presentó un nuevo problema para Energía, dado que una de las firmas adjudicatarias mantendría relaciones comerciales con el gobierno de ocupación de las Islas Malvinas, lo que derivó en presentaciones judiciales por parte del Intendente de Río Grande, de la Provincia de Tierra del Fuego, a las que se sumarán, según informaron, otras medidas que interpondría esta semana la gobernadora Rosana Bertone.

Argentina adjudicó 18 áreas marinas para la exploración de hidrocarburos (ver mapas de áreas adjudicadas) . Las empresas que realizarán actividades sísmicas en las Cuencas Argentina Norte y Malvinas Oeste son: YPF; Equinor Argentina; Shell Argentina; Total Austral; BP Exploration Opereting Company; Qatar Petroleum Internacional; Exxonmobil Argentina; Tullow Oil, Pluspetrol y Wintershall; ENI Argentina; Mitsui & Co y Tecpetrol.

En la Cuenca Argentina Norte se adjudicaron 7 áreas que se extienden desde el paralelo de 37º hasta el de 43º Sur. Es una zona de aguas profundas a ultraprofundas, en las que se diagramaron dos períodos de actividad de cuatro años cada uno y una prórroga de cinco años.

En la Cuenca Malvinas Oeste se explorarán doce áreas, dos en el Área Austral Marina, entre los paralelos de 51º y 52º Sur, una zona de aguas someras, donde se autorizaron actividades sísmicas por 7 años en dos períodos, con posibilidad de prórroga de cuatro años. Las diez áreas restantes se encuentran distribuidas desde el paralelo de 51º hasta el de 54º Sur; aquí se operará sobre aguas profundas, realizando actividades sísmicas por dos períodos de cuatro años cada uno con posibilidad de prórroga por cinco años más.

Según los términos y condiciones bajo los cuales se llevó a cabo la adjudicación las actividades deberán desarrollarse “en forma compatible con la conservación y protección del medio ambiente y de cualquier otro recurso, para lo cual estarán obligados a emplear las mejores técnicas disponibles para prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos”.

Se estableció a la vez que la Autoridad de Aplicación, en este caso la Secretaría de Energía, “deberá seguir las normas o guías de buenas prácticas ambientales de aplicación internacional”.

Mediante el monitoreo de la zona afectada se puede determinar el grado de impacto que genera la actividad sísmica y en caso de ser necesario poder resolver la suspensión temporaria o definitiva de las exploraciones.

Si existiera impacto, los permisionarios “serán responsables por los pasivos ambientales que se generen como consecuencia de las operaciones petroleras bajo su responsabilidad y asumirán los costos de las acciones de remediación requeridas para eliminarlos”, establece la normativa.

Los estudios de impacto ambiental y el mapa de sensibilidad son herramientas consideradas básicas. La identificación de los impactos permite prevenir o mitigar los efectos negativos, por lo que es necesario establecer un plan de manejo y monitoreo ambiental y un plan de respuesta a las emergencias, según informa la consultora Estrucplan, que trabaja bajo normas ISO 9001.

Pero Argentina solo realiza el estudio de impacto ambiental antes de que se inicien las actividades sísmicas; no realiza estudios al promediar el período de concesión ni al finalizar. Tampoco cuenta hasta el momento con el mapa de sensibilidad ambiental para determinar de forma rápida qué recursos ambientales, económicos y culturales se ven afectados.

Desde el sector pesquero han expresado preocupación por las implicancias que tendrá para la actividad las prospecciones sísmicas y según han informado, exigirán que se cumpla con los procesos de gestión ambiental. La primera reunión se realizará el 5 de junio y se contará con poco tiempo para poner en regla la exploración offshore, dado que los permisos serán publicados el 1 de agosto, según el cronograma de la Secretaría de Energía.

Pero para poder dar vía libre a la búsqueda de hidrocarburos en el mar, el gobierno nacional además deberá salvar algunas trabas que se han establecido en el plano judicial. La mayor resistencia se presenta en la provincia de Tierra del Fuego, donde el Intendente de Río Grande presentó un recurso de amparo y estudia pedir una medida cautelar de no innovar para impedir que empresas que tendrían vinculaciones con el gobierno de ocupación de las Islas Malvinas puedan convertirse en permisionarias.

Las presentaciones se sustentan en las denuncias realizadas por el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC), que señala a la firma Tullow como adjudicataria de licencias otorgadas por el gobierno de ocupación de las Islas en la Cuenca Malvinas Sur y cuya directora, Anne Drinkwater, habría sido asesora del gobierno británico en las Islas.

A esta medidas judiciales, según trascendió, en los próximos días también se sumarían las presentaciones que realizará la gobernadora de la provincia, Rosana Bertone, argumentando que existen situaciones de riesgo ambiental y para la industria pesquera que no se han contemplado a la hora de licitar las áreas.

 

Por Agenda Malvinas, Violeta Moraga y Karina Fernández

Fuentes : Agenda Malvinas, canalabierto.com.ar , revistapuerto.com.ar

 

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