INFORME SOBRE LA ELIMINACIÓN DEL IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en las Finanzas Provinciales
La principal fuente de ingresos tributarios propios de las provincias argentinas es el Impuesto a los Ingresos Brutos (ISIB). El ISIB es un impuesto que grava la actividad económica y se calcula como un porcentaje de las ventas realizadas en todas las etapas de las cadenas productivas.
Las alícuotas del impuesto varían según cada provincia y se suele discriminar entre actividades (productivas, comerciales, etc.). Al aplicarse en cada etapa de la cadena, repite sucesivamente la base imponible, con un importante efecto negativo sobre las productividades.
Desde las jurisdicciones provinciales los principales impuestos cobrados son: los que gravan el patrimonio (inmobiliarios y vehículos) y los que gravan la producción, consumo y las transacciones, principalmente ISIB y Sellos. El esfuerzo recaudatorio está fuertemente volcado en ISIB, que representa el 73,3% del total recaudado por las provincias. El Impuestos a los Sellos explica el 9% de la recaudación de las provincias y los impuestos sobre el patrimonio, 14%.
Según los datos al 4to trimestre de 2018, en 15 provincias argentinas el ISIB representa un porcentaje mayor de la recaudación propia al promedio de 73,3%: en provincias como Tierra del Fuego o Santa Cruz supera el 90% del total recaudado.
Por otro lado, en 10 provincias argentinas, los impuestos que gravan el patrimonio representan menos del 5% de la recaudación tributaria propia provincial.
Para el total de las 24 provincias, se observa que los ingresos tributarios de origen nacional, recibidos básicamente bajo el régimen de coparticipación federal de impuestos, representan el 44% de sus ingresos totales. Los ingresos tributarios de origen provincial representan el 31% de los recursos totales provinciales, un 23% responde a recaudación de ISIB.

En diciembre de 2017, en un fallido intento por “armonizar las estructuras tributarias de las distintas jurisdicciones de forma tal de promover el empleo, la inversión y el crecimiento económico y promover políticas uniformes que posibiliten el logro de esa finalidad”, el gobierno nacional impulsó una serie de modificaciones fiscales a las que llamaron CONSENSO FISCAL. El documento disponía un listado de acuerdos en materia tributaria al que adhirieron 22 de las provincias argentinas1.
Las modificaciones estaban diferenciadas en Compromisos Comunes a los Estados provinciales y Nacional, Compromisos asumidos por el Estado Nacional (básicamente modificaciones, compensaciones y subsidios) y Compromisos asumidos por las Provincias y CABA, donde el principal acto de gobierno al que se obligaban las provincias era modificar el régimen del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
El anexo primero del documento listó, por actividad, un cronograma de reducción de las alícuotas del ISIB que comenzaba a operar en 2018 y finalizaba en 2022. Al final del cronograma, se lograba un esquema uniforme entre provincias donde varias actividades quedaban exentas de pago.
Los datos oficiales muestran que en 2016 el impuesto representaba en promedio el 74,2% de la recaudación de tributos provinciales; en 2017, el 72,2%, pero en 2018 aumenta a 73,3%.
El Consenso sufrió modificaciones y fue sujeto de conflictos durante 2018. Por ejemplo, en el marco de los ajustes dispuestos por el Fondo Monetario Internacional, el gobierno nacional dejó de coparticipar lo recaudado por el Fondo Federal Solidario, incumpliendo uno de los Compromisos taxativamente asumidos con las provincias. También fue fuente de conflicto el monto correspondiente a la compensación por el Fondo del Conurbano Bonaerense, acordado como suma fija sin actualización por inflación.
Desgastado el consenso, perdura, sin embargo, la idea generalizada de que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos es un impuesto regresivo y distorsivo que debiera ser sustituido por una mejor fuente de recaudación. Las propuestas para la agenda tributaria post 2019 incluye para muchos la eliminación del tributo. Se analiza a continuación el efecto de tal medida sobre las finanzas provinciales.
El conjunto de las provincias argentinas acumuló en 2018 un déficit financiero conjunto de -$39.406 millones. Son 11 las provincias argentinas que cerraron el ejercicio con gastos devengados por encima de los recursos recaudados, entre las que se destacan los déficits fiscales de la Provincia de Buenos Aires y de Córdoba.
Como se mencionó, la recaudación por ISIB representó en 2018 el 23% de los recursos totales de las provincias: $572.976 millones. Nominalmente, son la Provincia de Buenos Aires, CABA y Córdoba las mayores recaudadoras.
La completa eliminación del impuesto hubiera llevado resultado financiero provincial conjunto de 2018 de – $39.400 millones a – $612.600 millones. Se multiplicaría 16 veces el monto del déficit provincial.
El efecto es obviamente diferencial según provincia. Esto está principalmente vinculado al peso de la recaudación por ISIB en el total de ingresos: de las 13 provincias con resultados superavitarios, solo 2, Catamarca y Santiago del Estero, conservarían su superávit financiero. Se verifica que el peso de la recaudación por ingresos brutos es relativamente bajo en estas provincias.
Hay 11 provincias que verían revertirse el signo de su resultado financiero. La más afectada es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyos ingresos dependen en un determinante 50% de la recaudación por ISIB.
Las 11 provincias restantes, que ya fueron deficitarias en 2018 con el esquema de recaudación existente, verían en la hipótesis de eliminación del ISIB multiplicar el valor de su déficit hasta por 23 veces. En Entre Ríos, por ejemplo, un déficit de $548 millones se multiplicaría por 22,7 para superar los $12.400 millones.
En Mendoza se multiplicaría el déficit más de 20 veces, de $1.133 millones a casi $ 23.000 millones.
Distintos esquemas de reducción gradual de las alícuotas -parecidos al ya propuesto- tendrían efectos progresivamente nocivos sobre las finanzas públicas provinciales que marcarían su punto máximo en una situación como la hipotéticamente descripta, al alcanzar el punto de eliminación total del impuesto. Por la magnitud de los montos, el Estado nacional difícilmente podría pagar un esquema de compensaciones diferenciales que supla la eliminación del tributo. El reemplazo de recursos deberá tener por horizonte un nuevo esquema tributario común, en lo deseable más simple, justo, progresivo y con sesgo productivo.

Mariana Rivolta
IPyPP
1 Todas las provincias suscribieron al CONSENSO salvo La Pampa y San Luis.

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