LA PESCA ARGENTINA EN ALERTA ROJA

El recurso pesquero y, la actividad pesquera en general, ha pasado por innumerables crisis biológicas, económicas y laborales, desde que se transformó en una actividad preindustrial hace unos 45 años, sobreviviendo en estas décadas, a los múltiples desatinos de los subsecretarios de pesca, los representantes del Poder Ejecutivo del Consejo Federal Pesquero y la Cancillería Nacional.
Parece hasta natural. En el país de las carnes que, se pasó exportando cueros durante 100 años para recién exportar carnes congeladas y, que, no tiene políticas de Estado, ningún plan industrial alimentario exportador, una inflación galopante y el consecuente aumento del costo y de los impuestos internos y, la imposibilidad de ser competitivos en el comercio internacional, no se puede competir en un mundo con una inflación anual del 3 al 5%. “De la producción a la góndola” es un eslogan de campaña, una ilusión óptica.
Pero en la pesca, se juntan todas estas variables y, la incompetencia de los funcionarios que, año tras año, le quieren hacer creer a la mayoría de los argentinos, que tienen un desconocimiento supino de esta actividad -entre ellos el presidente de la Nación de turno- que la “industria” pesquera junto al agro son las únicas actividades que han crecido en nuestro país, mostrando a página completa de los diarios algunas estadísticas “caza bobos” que, analizadas, demuestran  -junto a la situación pesquera en el Atlántico Sur- el ALERTA ROJA en la que se encuentra la actividad.
Dejaremos de lado la situación económico-financiero que enfrenta toda la actividad productiva nacional y, nos adentraremos a la situación específica de la pesca en el Atlantico Sur, detallando de mayor a menor.
La pesca en el Atlántico Sur se realiza sin control por parte de las Autoridades Nacionales y sus organismos de control y, ello implica, la extracción de un millón de toneladas anuales de recursos pesqueros por parte de buques extranjeros subsidiados (chinos, españoles, taiwaneses, etc.) con o sin licencia ilegal británica. Ello significa la pérdida anual aproximada de unos 2 mil millones de dólares anuales, equivalentes a unos 14 mil millones de dólares en el comercio final y la pérdida de unos 50 mil empleos en favor del sector pesquero argentino. Un puerto chino, próximo a inaugurarse en Uruguay, le facilitará la logística a los buques de ese país que capturan en la Zona Económica Exclusiva Argentina y, fuera de ella, en forma ilegal y, el acceso a la Zona Común de Pesca de Argentina-Uruguay a los buques chinos. Léase: el Atlántico Sur estará en manos de los chinos. Se profundizará la sobreexplotación del recurso y la contaminación ambiental, por la instalación del citado puerto en el Río de la Plata y por la falta de estudios ambientales previas de las licitaciones offshore petroleras de Argentina y las exploraciones que igualmente el Reino Unido realiza en las aguas ocupadas de Argentina.
Por cierto, mientras todo ello ocurre, la Cancillería facilita todas las operaciones pesqueras de los británicos en Malvinas. Estudia en forma conjunta los recursos, les facilita los traslados aéreos, trata de regionalizar la explotación pesquera pese a la oposición del Congreso de la Nación y todas las fuerzas vivas y, otorga a empresas inglesas la explotación petrolera en aguas del Atlántico Sur. Uno se pregunta, en forma un tanto ingenua ¿Por qué no concesionar a empresas en la conocida zona de exclusión británica de Malvinas, en lugar de inglesas en aguas argentinas? La fórmula inglesa del paraguas sigue penetrando sin solución de continuidad en nuestros territorios y ya no hay denominación que podamos darle a esta política sin caer en un exabrupto.
Sobre los recursos pesqueros que capturan los buques nacionales no hay una administración adecuada ni el control suficiente y serio. Pese a las reiteradas advertencias del Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) de reducir el esfuerzo pesquero, el Consejo Federal Pesquero sigue otorgando nuevos permisos, como producto de reformulaciones (pasar los permisos de uno o más buques a otros de mayor porte). En el langostino, nos dice la Revistapuerto.com.ar de «90 barcos que pescaban en 2013 se pasó a 302 barcos en 2018», es decir, el 54% de toda la flota pesquera nacional está capturando langostino, aumentando el esfuerzo sobre esta especie, no solo por el número de buques, sino también por la cantidad de días de operaciones (más tiempo sobre el recurso). Amén de ello, el Estado Nacional otorga permisos sobre recursos originarios de las provincias, motivo por el cual, no solo se apropian de su riqueza, sino que les imposibilitan administrarlos adecuadamente para generar industrias, mano de obra y valor agregado en sus provincias. No es extraño entonces, que en la reciente aprobación del Consejo Federal Pesquero del ingreso a la pesca del langostino de un nuevo barco (bajo la citada reformulación) del empresario José Moscuzza se abstuvieran el representante de la Provincia de Chubut el Dr. Awstin y la representante de la Secretaría Ambiente la Lic. Giangiobbe; pero, demostrando una verdadera incoherencia en la política de los representantes del Poder Ejecutivo “el técnico” Oscar Fortunato  apoyó la aprobación y su par el Ing. Patterson se abstuvo. Esta política contradictoria de la voz del ejecutivo en el CFP es fácil de explicar: Fortunato hasta hace poco era presidente de CEPA, un Consejo de empresarios, que tiene entre sus más importantes miembros a Moscuzza y, Patterson, el otro representante es un radical originario de Santa Cruz, una de las provincias que, junto a Chubut, concentran las capturas nacionales de langostino. Lo que sí debiera llamar poderosamente la atención es el voto positivo del Dr. Liberman, un kirchnerista, que representa igualmente a Santa Cruz y que tiene una larga y controvertida historia en el área en diversos gobiernos. No están en claro que intereses representa, pero tomó la decisión contraria al referido Patterson.
Por otra parte, la Disposición 205/2019 de la Subsecretaría de Pesca, publicada el 6 de junio pasado en el B.O. estableció que al menos el 60% de los 252 buques deben llevar inspectores a bordo designados por sorteo (Art. 1º) y, los que no se les hubiera asignado inspectores las descargas deberán ser controladas (Art. 2º), lo cual es absolutamente insuficiente e ilegal por aplicación de la Ley 24.922 (art. 7º, 9º, 17º, 20º, 21º y 31º) y el Decreto 4238/68 que establece que se controlen todos los procesos de producción e industrialización en los alimentos que se exportan y destinan al consumo interno. Una suerte de manotón de ahogado, que llega tarde y mal.
Una política pesquera que viola los más básicos preceptos de la ley 24.922, por lo cual es poco esperable una administración sustentable del recurso.
La extranjerización y concentración de las cuotas es un hecho creciente en la Argentina. Siendo en sus orígenes una actividad 100% nacional, luego, en la década del 90 ingresaron empresas españolas que invirtieron en el país y, hoy, el sector va en camino a quedarse en manos de sociedades inversoras o chinas. En la actualidad siete de las diez primeras exportadoras son empresas extranjeras y ello, no debiera ser un problema, si el gobierno tuviese un plan sustentable biológico, económico y social que, aseguré la radicación industrial, el agregado de valor, la generación de empleo y el cuidado del recurso a perpetuidad, pero no hay racionalidad en la administración del recurso y, siendo éste de todos los argentinos, la concentración de la explotación, es contrario a una política de distribución adecuada, donde se deja afuera a los pequeños propietarios de embarcaciones artesanales y costeras, en favor de las grandes empresas. Una prueba de ello, fue la Resolución Nº 15/18 del Consejo Federal Pesquero que llevó en forma infundada la concentración del 10% al 15% respecto al porcentaje de cuota de Merluza por empresa o grupo empresario, dejando sin efecto, lo establecido en el art. 4º de la Res. 23/09 del mismo Consejo, que tenía en cuenta lo fijado en el Artículo 27º de la Ley 24.922 que estableció que “Las cuotas de captura serán concesiones temporales que no podrán superar por empresa o grupo empresario aquel porcentaje que fijará el Consejo Federal Pesquero sobre la Captura Máxima Permisible por especie a efectos de evitar concentraciones monopólicas indeseadas”. Seamos sencillos: seis o siete empresas o grupos empresarios se pueden quedar con toda la explotación de merluza de Argentina. ¿No es mucho?
¡Oh…pequeño detalle! Las cuotas son transferibles y, ¿el Estado que cuide los recursos de todos los argentinos?
Las estadísticas de exportación a partir de las cuales trata el Subsecretario de Pesca Juan Bosch de mostrarse exitoso es un verdadero castillo de naipes. El recurso es agotable, no es posible pescarlo sin límite para asegurar su reproducción y desarrollo, por ello, todos los años el INIDEP establece la Captura Máxima Sostenible, que es el máximo volumen posible de capturar sin sobreexplotar el recurso y depredarlo; por lo tanto, no se trata solo de capturar un determinado volumen sino especialmente de agregarle valor. Veamos:
-En el año 2014 las exportaciones totales pesqueras fueron de 1,58 mil M U$S por 491 mil toneladas, una relación U$S/tn 3.213, donde el langostino representó el 48% por exportar 107 mil toneladas.
-En el año 2015 las exportaciones totales fueron de 1,46 mil M U$S por 459 mil toneladas y una relación U$S/tn 3.189, donde el langostino representó el 52% de las exportaciones.
-En el año 2016 las exportaciones totales fueron de 1,70 mil M U$S por 444 mil toneladas y una relación U$S/tn 3.829, donde el langostino representó el 59% de las exportaciones.
-En el año 2017 las exportaciones totales fueron de 1,98 mil M U$S por 474 mil toneladas y una relación U$S/tn 4.167, donde el langostino representó el 61 % de las exportaciones.
-En el año 2018 las exportaciones totales fueron de 2,15 mil M U$S por 489 mil toneladas y una relación U$S/tn 4.396, donde el langostino representó el 61,6 % por la exportación de 187 mil toneladas.
Y estos números totales de los últimos cinco años, que muestran un crecimiento sostenido de las divisas de exportación, desde al menos los últimos cinco años, son el resultado del aumento de los precios internacionales y de la participación creciente en las exportaciones del langostino, en detrimento de las demás especies, no del aumento del volumen exportado o el valor agregado, ya que el 60% de las exportaciones argentinas carecen de valor agregado y el 40% restante tienen un mínimo valor agregado y ello, solo transfiere la mano de obra a los países importadores en detrimento de los trabajadores argentinos, con el agravante que estas exportaciones se basan en un recurso imprevisible del cuál ni siquiera el INIDEP puede determinar la Captura Máxima Sostenible anual, con la incertidumbre que ello ocasiona, en especial, a quienes pertenece este recurso originario de las Provincias del Chubut y Santa Cruz.
La situación laboral, contrario a los números de exportación, se encuentra en su peor momento, derivado de destinar la flota de merluza a la pesca del langostino, la congelación a bordo, las reformulaciones de lanchas pesqueras y el escaso valor agregado de las materias primas, cuya transformación, como hemos dicho, en muchos casos, no se realiza o se realiza en el extranjero.
De seguir sin atender las recomendaciones del INIDEP y continuar bajo la administración del gobierno federal el recurso langostino, cuyas exportaciones representan el 61% del total exportado; tratándose, como hemos dicho, de una especie impredecible, la estabilidad de la explotación, el mantenimiento de las industrias y, los empleos, se encuentra en un estado de alta vulnerabilidad.
La multiplicación de los peces en la biología es poco probable.              
Dr. César Augusto Lerena
Experto en Atlántico Sur y Pesca, ex Secretario de Estado, ex Secretario de Bienestar Social (Ctes) ex Profesor Universidad UNNE y FASTA, Asesor en el Senado de la Nación, Doctor en Ciencias, Consultor, Escritor, autor de 24 libros (entre ellos “Malvinas. Biografía de Entrega”) y articulista de la especialidad.
15 de junio de 2019

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