CLAROSCUROS DEL ACUERDO DEL MERCOSUR CON LA UNIÓN EUROPEA

EN MATERIA PESQUERA E INDUSTRIAL NAVAL

El reciente Acuerdo firmado entre el MERCOSUR y la Unión Europea fue presentado como un «Acuerdo histórico» y, sinceramente, adheriríamos a esta denominación, si no conociéramos las asimetrías entre ambos bloques; la escasa integración y desarrollo del MERCOSUR y, la política de desindustrialización que se promueve desde el gobierno, al menos en el área de la actividad pesquera, a la que me limitaré, al relacionar este Acuerdo con respecto a la exportación de los productos pesqueros del Atlántico Sur.

Deberemos profundizar o ajustar este análisis, cuando conozcamos algo más que las directrices que algunos corresponsales han difundido, pero, que, en materia pesquera, para que se trate de un «Asociación Estratégica» como también se ha denominado a este Acuerdo, deberían reunirse una serie de medidas instrumentales que no se vislumbran.

Empecemos por decir que, en la situación desestructurada y carente de un plan de desarrollo nacional, en la que se encuentra la Argentina, es prudente que la implementación lleve 10 años, de otro modo, seríamos virtualmente invadidos, si es que ello igualmente no ocurre; aunque, en la dinámica del intercambio del comercio internacional, es improbable que los acuerdos de hoy no muten mucho antes de ese plazo. Un Acuerdo de esta naturaleza, no puede llevarse adelante sin un plan participativo de cada uno de los sectores productivos y exportadores y, ello es lo que ocurre al menos en el industrial pesquero. No hay una «Asociación Estratégica» entre el sector productivo nacional y el mercado europeo.

La eliminación de aranceles. Con respecto a la política arancelaria, ello incidirá de distinta forma en la actividad pesquera y sus proveedores. Para ubicarnos en la relaciones del sector pesquero con la Unión Europa habría que tener presente que la Argentina exporta anualmente unos 2 mil millones de dólares y que solo el 36% de ese monto se destina a los países de la Unión Europea; aunque, el 60% de estas exportaciones son commodities con reducido o nulo valor agregado, de modo tal, que si no se promueve la industrialización en Argentina, exportando valor agregado y productos destinados directamente a las góndolas de Europa, la quita no será relevante.

Y en este sentido, el gobierno de turno debe resolver definitivamente el problema de la inflación y del costo interno del país, ya que los productos argentinos no pueden competir con el Índice de Precios al Consumidor Anual de España (0,52%), Italia (0,68%) o Francia (0,83%), sus primeros compradores europeos. A todo ello, habría que agregarle, que hay productos pesqueros de países de la Unión Europea que están subsidiados y, por el contrario, nuestros productos sufren retenciones; las empresas europeas tienen líneas de crédito de bajo interés y no sufren la carga impositiva y burocrática de nuestro país.

Por otra parte, hasta hace unos días atrás, los industriales navales promovían un DNU para favorecer la construcción de embarcaciones pesqueras en la Argentina, pero, a partir de este Acuerdo, la importación de buques podría estar libre de todo gravamen de importación y ello podría significar la desactivación de la industria naval del país.

Apertura de las Licitaciones Públicas. En materia pesquera y a la luz de las próximas renovaciones de las Cuotas y Autorizaciones de Captura, las empresas europeas podrían competir en un plano de igualdad con las empresas argentinas, situación que, en atención a que el recurso pesquero se trata de un bien agotable, el ingreso de nuevos actores se hará en base al cierre de empresas existentes. Se agregará, a la sostenida penetración china en la actividad, el ingreso de nuevas empresas españolas, reemplazando a las pequeñas y medianas empresas nacionales. Ello se agravará, si el gobierno no promueve la exportación de productos con alto valor agregado, de modo de generar mayor empleo y divisas.

Seguridad sanitaria, regulaciones y estándares técnicos. En la Pesca este ítem será neutro por cuanto nuestro país tiene altos estándares de seguridad alimentaria, utilizando sistemas de autocontrol desde 1998 con la aplicación de los planes HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control). Contrario a algunas opiniones desinformadas, la Argentina desde hace más de 40 años ha sido habilitada para exportar a los mercados más exigentes, como la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, etc.

La circulación marítima y fluvial. El gobierno ha dado muestras de desinterés respecto a ocupar con buques argentinos la hidrovía y, las embarcaciones que transportan bienes por esta vía lo hacen con bandera paraguaya, boliviana y uruguaya, motivo por el cual, el libre acceso de buques europeos, profundizará la ausencia de ocupación argentina en el transporte fluvial y el desarrollo regional. Hay quién ha manifestado que los buques extranjeros que pescan ilegalmente en la Zona Económica Exclusiva Argentina y en el área adyacente a ésta en Alta Mar podrían calificar el origen de sus capturas según la bandera del buque que extraiga el recurso (por ejemplo, español), pero esto se contradice con la política que ha llevado hasta la fecha la Unión Europea de combatir la pesca ilegal (INDNR) y las propias normas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). En materia de Asociación Estratégica, esté Acuerdo debería terminar con la pesca clandestina de buques españoles que depredan nuestros recursos argentinos en el Atlántico Sur y son los principales socios en esta materia con el Reino Unido de Gran Bretaña en Malvinas, pero nada de ello no está escrito en este Acuerdo.

La denominación de origen. No tendría implicancia alguna para la pesca y por el contrario puede tener una significancia negativa importante en la industria alimentaria que verá invadido el país con denominaciones que tienen mucha tradición y prestigio internacional.

Medio Ambiente. La Argentina es firmante del Acuerdo de París y se ha obligado a la lucha contra el calentamiento global, pero, el Acuerdo también establece la obligatoriedad de dar cumplimiento a la Convención del Comercio Internacional de Especies Protegidas de Fauna y Flora Salvaje, la Convención de la Diversidad Biológicas y los Códigos de Conducta de la FAO. En materia pesquera estas cuestiones ambientales o de protección del recurso no son atendidas por el gobierno nacional, ya sea porque no ha realizado acción alguna con respecto a la depredación que realizan los buques pesqueros extranjeros con o sin licencia ilegal británica en el Atlántico Sur, el descarte de especies de la flota nacional, la falta de estudios de impacto ambiental a la hora de licitar las exploraciones y explotaciones de hidrocarburos offshore y la falta de tratamiento de efluentes industriales. El Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO está lejos de cumplirse en la Argentina y como ha manifestado recientemente su Interventor Héctor Lobbosco en el Senado de la Nación, el INIDEP no fue consultado a la hora de licitar las nuevas áreas petroleras y tampoco cumple con la Disposición 205/19 que establece que los buques deben llevar al menos un 60% de inspectores.

Este Instituto sobre 252 buques que operan solo cuenta con 55 observadores, «porque están en un plan de reducción de personal», es decir, que en este tipo de agentes calificados, que son indispensables para evitar la depredación pesquera, su número solo alcanza al 22%, motivo por el cual, seguramente, a fines del año pasado, la certificadora norteamericana Seafood Watch calificó negativamente con «rojo» el manejo del langostino y, en particular, la organización cuestionó duramente el bycath que lleva a descartar grandes volúmenes de merluza en la captura de langostino, con los daños ambientales y laborales que ello implica. Para revertir esta situación la Argentina debería invertir ingentes sumas de dinero para aplicar a todas las tareas de seguridad de la Armada y la Prefectura Nacional, controles independientes de las capturas y, relevamiento en el mar del INIDEP.

El régimen laboral. La actividad en general cumple con las obligaciones de la Organización Internacional del Trabajo, pero, tiene deudas muy importantes relativas a la seguridad del personal embarcado debido a la vetustez de los buques que, en promedio, superan los 40 años de antigüedad, generando un alto riesgo para los trabajadores y los crecientes naufragios que provocan desapariciones y muertes de los tripulantes. El gobierno ha rechazado sistemáticamente y, vetado en el caso de la Ley de Marina Mercante y Fluvial, toda forma de financiar la renovación de la flota, a pesar de que es necesario invertir importantes sumas para modernizar la flota pesquera y evitar nuevos naufragios. Ello, además, se contradice con la libre importación de buques que el Acuerdo habrá de facilitar.

En síntesis, más allá de que aún falta conocer detalles, este Acuerdo está absolutamente desequilibrado entre los firmantes y carece de todo planteo de Asociación Estratégica, en un país endeudado, sin crédito para el desarrollo de las empresas y con una inflación que, como hemos dicho, le hace perder toda competitividad a los productos argentinos en el mundo.

Habrá que poner las barbas en remojo”, porque estamos por presenciar una carrera, donde los argentinos no hemos ni empezado a entrenarnos y la Unión Europea ya lleva varios grandes premios ganados. Y, ¿el gobierno?, no ha podido resolver aún -ni siquiera- la inflación.

 

Lerena César A

    
Buenos Aires, 30 de junio de 2019

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