CSJN – SCJPBA – ¿SE INDEPENDIZAN?- «INADMISIBLE» – REPLICA

CSJN Correogate”: Duro revés de la Corte al Grupo Macri. SCJPBA: Siguen los cruces entre Vidal y el presidente de la Corte bonaerense. Deuda del Correo Argentino: el documento del Gobierno para ganar tiempo y que los Macri sigan sin pagar

En el marco de un paquete de decisiones que adoptó en el último acuerdo, la Corte Suprema incluyó un duro revés hacia el holding de la familia del Presidente. El Máximo Tribunal declaró «inadmisible» un recurso de queja presentado por el Grupo Macri en el marco de una causa civil en su contra, la cual fue iniciada por una aseguradora de riesgos que estuvo involucrada en la concesión del Correo Argentino. “Si sabe que hay un delito, lo tiene que denunciar”, lanzó María Eugenia Vidal en respuesta al titular de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, Eduardo De Lazzari, quien había advertido sobre el crecimiento de “causas armadas artificialmente”, entre otras cuestiones. Tras este cruce, el juez salió este lunes (15/07) a responderle a la gobernadora. «Las expresiones que ligeramente califican su actitud», dijo, en referencia a Vidal, y «dejó constancia» de las causas a las que se refería, en las que supuestamente hubo manipulación. El Gobierno pide tiempo a la Justicia para «evaluar» la propuesta del grupo SOCMA, que es casi igual a la condonación de $70 mil millones.

La Corte Suprema declaró «inadmisible» un recurso de queja presentado por el Grupo Macri en el marco de una causa civil en su contra, la cual fue iniciada por una aseguradora de riesgos que estuvo involucrada en la concesión del Correo Argentino.

La firma SOCMA Americana, que pertenece al holding de la familia presidencial, mantiene desde 2004 una deuda con el Estado por el manejo del servicio postal. En ese contexto, la Aseguradora de Créditos y Garantías (ACG) presentó una denuncia en el fuero Contencioso Administrativo para negarse a pagar los $42.735.000 (que al momento de iniciarse el conflicto equivalía a la misma cifra en dólares) que se había comprometido a abonar en caso de que el Correo sufriera pérdidas durante la administración de SOCMA. Es que la empresa había firmado un contrato con ACG para adquirir un seguro de caución, uno de los requisitos que le exigía el Estado para garantizar que iba a cumplir con los servicios «postales, monetarios y telegráficos» para los que había sido contratada.

En 2003, el gobierno de Néstor Kirchner le quitó la concesión al Grupo Macri y le inició una causa para reclamar el cobro del seguro por los incumplimientos en el Correo.

Por su parte, la ACG sostuvo que no le corresponde hacerse cargo de esa deuda basándose en la denominada «carta de fianza» que firmó con SOCMA en 1999, la cual establecía que los representantes de la firma de la familia presidencial se convertían en «los principales pagadores» ante un eventual conflicto.

De acuerdo con lo publicado por Ámbito Financiero, ese acuerdo establecía que la empresa renunciaba «a los beneficios de exclusión y división, de todas y cada una de las obligaciones contraídas por Correo Argentino SA con Aseguradora de Créditos y Garantías SA en virtud de los contratos de seguros de caución instrumentados».

La discusión llegó hasta la Corte Suprema, que ahora declaró «inadmisible» un recurso extraordinario presentado por SOCMA, en un breve fallo que lleva la firma de la mayoría de sus jueces, excepto la de Carlos Mahiques.

Esta decisión de la Corte no solo tiene impacto por los montos en juego por el seguro de caución, sino porque además dejaría debilitada la posición de la empresa respecto de la batería de juicios contra el Estado con los que ha logrado estirar indefinidamente el pago de la deuda, lo que derivó también en una investigación penal por posibles ilícitos (ver notas relacionadas).

SCJPBA RÉPLICA – Siguen los cruces entre Vidal y el presidente de la Corte bonaerense

“Si sabe que hay un delito, lo tiene que denunciar”, lanzó María Eugenia Vidal en respuesta al titular de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, Eduardo De Lazzari, quien había advertido sobre el crecimiento de “causas armadas artificialmente”, entre otras cuestiones. Tras este cruce, el juez salió este lunes (15/07) a responderle a la gobernadora. «Las expresiones que ligeramente califican su actitud», dijo, en referencia a Vidal, y «dejó constancia» de las causas a las que se refería, en las que supuestamente hubo manipulación.

“Si sabe que hay un delito, lo tiene que denunciar”, lanzó, visiblemente molesta, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, en respuesta al titular de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, Eduardo De Lazzari, quien días atrás había advertido sobre el crecimiento de “causas armadas artificialmente”, entre otras cuestiones.

“Cuando uno es responsable de un poder, y voy a poner mi ejemplo, si yo sé que hay un delito, y la persecución y el armado de causas lo son, yo estoy obligada a denunciarlos, no soy una comentarista de la realidad”, respondió Vidal anoche en diálogo con Luis Novaresio en América TV, al ser consultada sobre los dichos de De Lazzari.

Y agregó: “Si hay un delito de corrupción en mi Gobierno, tengo que denunciar a quien sea si no yo soy cómplice. Si el presidente de la Corte sabe que hay persecución y causas armadas lo tiene que denunciar. Cuando uno tiene esto niveles de responsabilidad tiene que ser consecuente con lo que dice en la acción judicial”.  

Tras las declaraciones de Vidal, desde el entorno del presidente de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense difundieron un comunicado dando más precisión sobre sus dichos sobre “causas armadas” y “abuso del proceso penal”. Aseguran que siempre apuntó al rol que tomaron jueces y fiscales que hoy están siendo investigados por la justicia en el marco de la causa de espionaje y extorsión.

En primer lugar, explicaron el contexto en que tuvieron lugar las mismas: “Se trató de una reunión con más de cien jueces penales de la Provincia, el 28 de junio pasado, en la que se debatieron cuestiones propias del fuero, análoga a las que el Presidente mantiene habitualmente con jueces civiles, laborales, de familia, jueces de paz, camaristas, etc., en donde se analiza la problemática respectiva”.

Además, aseguraron que siempre se buscó advertir que «comenzaban a registrarse situaciones conflictivas en el ámbito provincial, a semejanza de lo que públicamente es conocido en la órbita federal, en donde se está sustanciando una trascendente causa ante el Juzgado Federal de Dolores, con intervención de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y del Tribunal de Casación Penal”, justificaron en un comunicado respecto al avance de la causa de espionaje y extorsión que tiene en sus manos el juez Alejo Ramos Padilla.

No obstante, ante expresiones que ligeramente califican su actitud, deja constancia ahora que entre otras situaciones estaba haciendo referencia al caso del Fiscal de Mercedes imputado de brindar ilegalmente información a un procesado, lo que ha motivado su suspensión por la Suprema Corte y su juzgamiento en sede penal”, agregaron, según publica el portal Infocielo.

La semana pasada, trascendieron las declaraciones de De Lazzari, quien habló de un crecimiento de “causas armadas artificialmente”, “abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos” en colusión con “ciertos medios de prensa” para “dictar condenas mediáticas”.

Fue durante el discurso inaugural de las V Jornadas de Actualización de la Red de Jueces Penales Bonaerenses, que se llevaron a cabo en Campana. Allí habló de un proceso que “empezó a percibirse con mayor nitidez en el orden federal pero que ahora muestra sus síntomas también en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires”. Habló, además, del crecimiento de “causas armadas artificialmente”, “abusos de testigos de identidad reservada” de “arrepentidos” y del trabajo con “ciertos medios de prensa” que “dictan condenas mediáticas”.

También marcó la existencia de “espías, traficantes de escuchas” y de las “complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio público”. Todo esto, advirtió, genera “un panorama que es absolutamente preocupante” en la justicia bonaerense.

De Lázzari se mostró, además, alarmado por el “crecimiento exponencial” de las denuncias contra magistrados, fundadas en el “desagrado o disconformidad de una decisión judicial”. En esos casos, dijo, se tramitan “procesos de enjuiciamiento en los que son absolutamente cuestiones de tipo jurisdiccional, inclusive confirmadas por los tribunales superiores”.

En su alocución, De Lázzari no omitió las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. En ese sentido, sostuvo que la Justicia “no puede ser la Cenicienta, no puede depender de los dictados que se hagan desde los poderes políticos”.

# Comunicado completo SCJPBA:

“El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Eduardo Nestor de Lazzari, formuló consideraciones que se vinculan con sus recientes manifestaciones que han tomado estado público.

En primer lugar, explicó el contexto en que tuvieron lugar las mismas. Se trató de una reunión con más de cien jueces penales de la Provincia, el 28 de junio ppdo.,  en la que se debatieron cuestiones propias del fuero, análoga a las que el Presidente mantiene habitualmente con jueces civiles, laborales, de familia, jueces de paz, camaristas, etc., en donde se analiza la problemática respectiva.

En esa oportunidad, entre otras cuestiones, el expositor alertó a los magistrados presentes en torno a lo que denominó “abuso del proceso penal”. Con esa finalidad, advirtió que comenzaban a registrarse situaciones conflictivas en el ámbito provincial, a semejanza de lo que públicamente es conocido en la órbita federal, en donde se está sustanciando una trascendente causa ante el Juzgado Federal de Dolores, con intervención de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y del Tribunal de Casación Penal.

No particularizó los casos registrados en sede provincial por la reserva que impone el estado de las respectivas actuaciones. No obstante, ante expresiones que ligeramente califican su actitud, deja constancia ahora que entre otras situaciones estaba haciendo referencia al caso del Fiscal de Mercedes imputado de brindar ilegalmente información a un procesado, lo que ha motivado su suspensión por la Suprema Corte y su juzgamiento en sede penal. De igual modo, a la existencia de denuncias efectuadas por un magistrado del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, las que inmediatamente de recibidas por el Presidente fueron puestas en conocimiento del destinatario natural de las mismas que es el Ministerio Público, mediante oficio dirigido a la Procuración General. De igual modo, al caso de un Agente Fiscal al que se le atribuye el armado de una causa, con testigos falsos y la colaboración de abogados, cuyo juzgamiento por el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados tiene fecha de debate oral para el próximo 26 de agosto.”

Deuda del Correo Argentino: el documento del Gobierno para ganar tiempo y que los Macri sigan sin pagar

El Gobierno pide tiempo a la Justicia para «evaluar» la propuesta del grupo SOCMA, que es casi igual a la condonación de $70 mil millones.

Ganar tiempo y no pagar. Esa es la estrategia de la familia Macri en el expediente por la deuda de Correo Argentino, que está próximo a cumplir 18 años durante los cuales no pagaron un centavo.  Ahora el Gobierno presentó un escrito, al que accedió El Destape, para demorar aún más el pleito. ¿La excusa? Que precisan más tiempo para analizar la última propuesta que la familia Macri le hizo al gobierno de Mauricio Macri ¿Cuando hicieron esa propuesta? Hace un año. ¿Qué decía esa propuesta? Tal como informó este medio, era prácticamente calcada de la que implicaba la condonación de más de 70.000 millones de pesos. ¿Conclusión? Con esta nueva maniobra queda a la vista que el Gobierno de Macri se tomó un año para analizar una propuesta que ya conocían y ahora piden precisiones que van a demorar aún más este caso en el cuál se da la insólita situación de que el acreedor, el Estado, hace todo por no cobrar.

El documento que publica El Destape (14/7) figura en el expediente que tramita en el fuero Comercial. Fue presentado el pasado 3 de julio pero, como suele suceder en esta causa, demoraron una semana en subirlo al sistema para su consulta. Quedó disponible justo el día en que se cumplió un año de que los Macri presentaran su supuesta nueva y mejorada propuesta, el 10 de julio de 2018.  “El Estado Nacional necesita contar con la totalidad de la información para evaluar la propuesta y expedirse sobre ella”, dice el escrito, que luego pide aclaraciones sobre cuestiones puntuales con el único objetivo de ganar tiempo.

Esta maniobra del Gobierno en favor de la familia Macri la ejecutó la Procuración del Tesoro, que es la cabeza de los abogados del Estado pero actúa en sintonía a los intereses económicos de los Macri.  Al inicio de su mandato, Macri nombró allí a Carlos Balbín, que salió eyectado del cargo por su posición respecto a la causa Correo Argentino y otras que involucraban al presidente o sus amigos, como el caso Odebrecht. En su lugar, Macri puso a Bernardo Saravia Frías, que fue abogado de los Macri en el ámbito privado y mantuvo ese rol pero ahora con patente de abogado del Estado.  “Lo de Correo hay que arreglarlo”, fue la frase con la que Saravia Frías desembarcó en la Procuración del Tesoro. Y viene haciendo la tarea.

El documento pide precisiones sobre la supuesta nueva propuesta de pago de su deuda que hicieron los Macri. Tal como publicó El Destape, esa propuesta casi no tenía diferencias con la que hicieron en 2016, que Macri mandó a aceptar vía su entonces ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y que implicaba una condonación de más de 70.000 millones de pesos. El freno a esa maniobra de 2016 lo puso la fiscala general Gabriela Boquin, que aún pugna prácticamente en soledad por que no se concrete esta estafa.

La propuesta sobre la que, con un año de demora, el Gobierno pide precisiones fue la siguiente. Propusieron en 2018 lo mismo que en 2016, pagar en 15 cuotas con un interés del 7% desde el 28 de junio de 2016 y ofrecieron como nuevo un “reconocimiento adicional”. Sobre las cuotas, los Macri plantearon pagar las 2 primeras en un único pago anticipado de casi 6 millones de pesos dentro de los 30 días en que quede firme el acuerdo, por lo que quedarían 13 cuotas. No es ninguna beneficencia, ya que los dos años que dicen adelantar son, de mínima, los transcurridos desde que se desató este escándalo.

En cuanto al “reconocimiento adicional”, la familia Macri ofreció un pago a condición de que le ganen juicios multimillonarios al Estado. Afirman que este “reconocimiento adicional” es “en concepto de interés sobre la deuda nominal verificada en el concurso (i.e. 296.205.376 pesos)”. Lo quieren pagar “conforme la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre saldos de deuda, desde la presentación en concurso preventivo de la sociedad el 19 de Septiembre de 2001 y hasta la cancelación total y definitiva de los compromisos asumidos por la concursada en la presente oferta”. Según sus cálculos, esto da 1.784 millones de pesos.

Para el pago de este “reconocimiento adicional” pusieron varios términos y condiciones que giran en torno a una sola idea: pagarlo con el dinero que logren arrancarle al Estado en los 4 juicios que que tramitan en el fuero Contencioso Adminsitrativo, donde el PRO tiene especial incidencia. Para redondear la maniobra, ponen como condición que “al importe que arroje el cálculo de capital e intereses se le aplicará una quita del 30%”. Ergo, no sólo pagar con plata de todos sino menos y que la diferencia les quede a ellos. Los Macri se comprometen a no iniciar nuevos juicios contra el Estado. Eso si: se niegan a dar de baja los que ya tienen, donde demandan más de 4.000 millones de pesos.

Con todo esto, el Gobierno se tomó un año y ahora pide aclaraciones, algunas insólitas. Van desde la “forma de cálculo y aplicación del interés del 7%” hasta que se especifique si esas dos primeras cuotas que pagarán por adelantado se computan en días hábiles o corridos. También preguntan si el pago del “reconocimiento adicional” es para otros acreedores y el plazo de vigencia de esta oferta, ya que se trata de un pago a condición de ganar juicios contra el Estado.

Lo concreto es que, al ser casi calcada a la propuesta de 2016 que desató este escándalo, cualquier opción dejaba mal parados a los Macri. Su aceptación redundaría en un nuevo intento de condonación de la deuda por parte del Gobierno, su rechazo dejaría expuesta a la familia presidencial. La opción fue, entonces, demorar y ganar tiempo. 

 

Por Dr. Gregorio Reynoso

Fuente: INFOJUS – SCJPBA – Ari Lijalad EL DESTAPE

Buenos Aires, 14 de julio de 2019

 

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