ESPAÑA Y LA CORRUPCION

Cohecho, corrupción y espionaje: Demoledora imputación contra el BBVA

La Fiscalía Anticorrupción de España pidió la imputación del banco BBVA por la presunta comisión de los delitos de «cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción entre los negocios entre particulares». En lo que se conoce como el Caso Villarejo, se investiga la contratación y los pagos presuntamente ilícitos del BBVA a la mercantil Cenyt para el “desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o de investigación de naturaleza patrimonial y carácter ilícito” mediante seguimientos personales y acceso a comunicaciones o a documentación bancaria. El escándalo catapultó de su cargo a Francisco González en marzo pasado, quien renunció a todos sus cargos honoríficos en el banco para que no se utilice su persona para dañar a la entidad. Sin embargo, la Justicia avanzó contra el banco y no lo consideró como perjudicado por los hechos investigados, por lo que se le impediría tener acceso al expediente del caso. ¡Afuera también existe!

En marzo pasado, el expresidente del BBVA, Francisco González, renunció a todos sus cargos honoríficos en el banco para que no se utilice su persona para dañar a la entidad en el denominado Caso Villajero. González había quedado directamente involucrado en las supuestas escuchas encargadas por la entidad al comisario de policía detenido José Manuel Villarejo Pérez, titular de la mercantil Cenyt.

Con la salida de González, el nuevo presidente del BBVA pasó a ser Carlos Torres Vila, quien prometió seguir colaborando con la justicia para esclarecer la relación de la entidad con el excomisario Villarejo.

Vila, agradecido públicamente a los accionistas, a los quienes explicó que «el banco, a mediados de 2018, tras las primeras informaciones que relacionaban a BBVA con Villarejo inició un análisis interno para revisar esos supuestos pagos«. Y se mostró tranquilo de que el escándalo no tendrá impactos relevantes en el negocio o en la cotización bursátil.

Sin embargo, este miércoles la Fiscalía Anticorrupción presentó un informe en el Juzgado Central de Instrucción nº 6 en el que solicita la imputación de BBVA como persona jurídica tras examinar documentación que acreditaría «la contratación y el pago» de antiguos altos cargos del banco al excomisario Villarejo.

En concreto, Anticorrupción ha decidido hacer esta petición a la Audiencia Nacional por presuntos delitos de «cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción entre los negocios entre particulares«, señala el escrito.

Para agravar las cosas, la Fiscalía descarta por el momento que BBVA «pueda ser considerada como perjudicada por los hechos investigados«, por lo que ha pedido que se desestime su solicitud de personarse en la causa como acusación particular, lo que le hubiera permitido tener acceso al expediente del caso.

Según el portal Cinco Días de España, Anticorrupción señala que el análisis de la documentación incautada en los registros en el mes de noviembre del año 2017 y de la documentación aportada por BBVA constataría que «la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a la mercantil Cenyt, titularidad del entonces funcionario del Cuerpo Nacional de Policía en activo José Manuel Villarejo Pérez, afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado período temporal».

La Fiscalía espera ahora la respuesta del juez de la Audiencia, Manuel García-Castellón.

En su informe, se concluye que las contrataciones habrían tenido por objeto «el desarrollo de múltiples servicios de inteligencia y/o de investigación de naturaleza patrimonial y carácter ilícito«.

Además, durante la prestación de los servicios por parte de Villarejo, se habría producido una «reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante seguimientos personales» así como acceso a sus comunicaciones o a su documentación bancaria.

Para la Fiscalía, estas actividades «constituirían múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos«.

Además, indica que «alguno de los directivos investigados habría percibido dádivas del entorno del Grupo Cenyt por la facilitación de tales contrataciones (delito de corrupción en los negocios)«.

El portal Expansión acota que la petición de Anticorrupción se produce después de la comparecencia como investigados a una decena de cargos actuales y pasados de la entidad, entre ellos al exconsejero delegado Ángel Cano y al exjefe de seguridad Julio Corrochano, al que impuso una fianza de 300.000 euros para no entrar en prisión que ya ha abonado.

Casi todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar por estar secreta la causa y el juez tiene previsto citarles de nuevo cuando levante el secreto de estas diligencias, previsiblemente después del verano europeo.

Según la reforma del Código Penal en 2010, se permite la citación como investigado del banco. La responsabilidad penal de la persona jurídica supone, en el hipotético caso de una condena, la imposición de multas, lo más probable en este caso y que pueden ser elevadas. Otras consecuencias menos probables más graves contempladas en el Código Penal para sociedades son la disolución, la suspensión o la intervención de la entidad.

 

Por Dr. Gregorio Reynoso

Madrid, 24 de julio de 2019

 

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