TRES DIMENSIONES ENCADENADAS

Lo político, lo económico y lo jurídico, en un proceso de integración profunda     

 

Resumen: 

En un proceso de integración profunda, las tres dimensiones fundamentales son la política, la económica y la jurídica. Puede haber otras. Pero estas tres son necesarias para entender el inicio de la construcción de un espacio de integración entre naciones soberanas y luego su desarrollo.

El camino iniciado con el lanzamiento el 9 de mayo de 1950 del Plan Schumann, es ilustrativo al respecto. La idea de paz y gobernanza democrática –dimensión política-, debía sostenerse en solidaridades de hecho nutridas en un sector productivo relevante, el carbón y el acero –dimensión económica-, y enmarcarse en instituciones y reglas comunes que las tornaran efectivas –dimensión jurídica-. Eran tres dimensiones encadenadas.

Las tres dimensiones también han estado presentes desde el momento fundacional del actual Mercosur. Son fundamentales a la hora de evaluar sus resultados y examinar los pasos orientados a lograr su adaptación a nuevas realidades. 

La dimensión política se refleja en la consolidación de las democracias en los países miembros, en base a la cooperación e integración de sus respectivos sistemas productivos. La dimensión económica es a su vez, la resultante de la idea de crear un mercado común, cuyo perfeccionamiento no tiene un plazo determinado, pero sí instrumentos funcionales al objetivo perseguido, tal el caso de un arancel externo común. Y la dimensión jurídica se refleja en las reglas e instituciones que se establecen en el propio Tratado de Asunción –su carta constitutiva- especialmente en la combinación de sus artículos 1° y 2°.

En el momento en que se ha iniciado lo que se supone será la fase final del proceso de aprobación del acuerdo bi-regional entre la UE y el Mercosur, las consideraciones aquí planteadas pueden tener relevancia. En particular en relación al proceso de entrada en vigencia del mencionado acuerdo bi-regional.

 

Tres dimensiones están encadenadas en los momentos fundacionales de un proceso de integración profunda entre naciones soberanas. Esto es, de un proceso que aspira a crear condiciones de previsibilidad para decisiones de inversión productiva que se adopten en función del mercado ampliado por el respectivo acuerdo.

Tales dimensiones son la política, la económica y la jurídica. Puede haber otras. Pero estas tres son fundamentales para entender el inicio de la construcción de un espacio de integración entre naciones soberanas.

El camino iniciado con el lanzamiento el 9 de mayo de 1950 del Plan Schumann, es ilustrativo al respecto. Jean Monnet, uno de los principales padres fundadores de la integración europea, tenía claro que para ser eficaz y producir los resultados procurados, una iniciativa que involucrara a Francia, Alemania y otros países la región, debía tener una densa interrelación entre su dimensión política, económica y jurídica.

En tal perspectiva, la idea de paz y gobernanza democrática –dimensión política-, debía sostenerse en solidaridades de hecho nutridas en un sector productivo relevante, el carbón y el acero –dimensión económica-, y enmarcarse en instituciones y reglas comunes que las tornaran efectivas –dimensión jurídica-. Eran tres dimensiones encadenadas.

Setenta años después, la paz y la gobernanza europea se siguen sustentando en el predominio de intereses comunes y de visiones de conjunto, resultante precisamente de los efectos de encadenamientos de los respectivos sistemas económicos, basados en el predomino de instituciones y reglas comunes.

La solidez de tales encadenamientos se ha puesto en evidencia en el proceso del Brexit, cuando el Reino Unido ha tenido hasta ahora serias dificultades para desencadenarse de los compromisos libremente asumidos en el sistema de integración europea.

Esas tres dimensiones también han estado presentes desde el momento fundacional del actual Mercosur. Son fundamentales a la hora de evaluar sus resultados, y de examinar los pasos orientados a lograr su necesaria y continua adaptación a nuevas realidades.

La dimensión política se refleja en la consolidación de los sistemas democráticos de los países miembros en base a la cooperación e integración de los respectivos sistemas productivos. Para ello, era fundamental afirmar la calidad de la relación entre la Argentina y el Brasil, proveniente del acuerdo bilateral de integración que impulsaran en 1986 los Presidentes Alfonsín y Sarney. Ella se sustentaba en el clima de entendimiento que se había logrado, especialmente al detenerse el curso de colisión nuclear que había caracterizado la relación bilateral en los años precedentes.

La dimensión económica es, a su vez, la resultante de la idea de crear un mercado común y de negociar como conjunto con terceros países. Su perfeccionamiento definitivo no tiene un plazo determinado, pero sí instrumentos funcionales al objetivo perseguido, en especial el arancel externo común.

Y la dimensión jurídica se refleja en las reglas e instituciones que se establecen en el propio Tratado de Asunción –su carta constitutiva-, cuando en su artículo 2° se establece que “El Mercado Común estará fundado en la reciprocidad de derechos y obligaciones entre los Estados Partes”. Es en base a esta norma que debe leerse lo que los países miembros han comprometido realizar juntos, especialmente en su artículo 1°, que prevé, entre otros compromisos jurídicos de contenido político y económico, “el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en foros comerciales regionales e internacionales”. El compromiso es bien claro. Si un país eventualmente no estuviera de acuerdo, por ejemplo con que el Mercosur tenga un arancel externo común –cuyo contenido no es definido en el sentido que deba ser “perfecto” conforme a la teoría económica- tendrá que, o denunciar el Tratado y retirarse del Mercosur en las condiciones previstas en sus artículos 21 y 22, o lograr que se modifique el Tratado con la correspondiente aprobación parlamentaria.

En el momento en que se ha iniciado lo que se supone será la fase final del proceso de aprobación del acuerdo bi-regional entre la UE y el Mercosur, las consideraciones aquí planteadas pueden tener relevancia. En particular en relación al proceso de entrada en vigencia del mencionado acuerdo bi-regional, que sólo podría tener pleno efecto al haber sido ratificado por todos los Estados miembros del Mercosur.

 

 

Félix Peña (*)

Agosto 2019

 

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(*) Director del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación ICBC; Director de la Maestría en Relaciones Comerciales Internacionales – Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF); Miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Miembro del Brains Trust del Evian Group.

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