CORREO ARGENTINO – CUIDADO MARCOS PEÑA – EL HORNO NO ESTA PARA BOLLOS

La Asociación de Fiscales defendió a Boquín, ante las críticas del Garavano. Amplían la denuncia penal contra Ramón Lanús / AABE

Luego de que ayer el ministro de Justicia, Germán Garavano, cuestionara la fiscal Gabriela Boquín -a cargo de la causa por la deuda de Correo Argentino- al asegurar que «está actuando políticamente y no como una fiscal imparcial», la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun) emitió un comunicado para rechazar dichas expresiones del funcionario. Si Ramón Lanús creía que modificaría el curso de los acontecimientos con un par de notas en el diario La Nación, se ha equivocado el funcionario público que depende de Marcos Peña. Es más: su jefe debería considerar que si un procesamiento de Lanús, inevitablemente será seguido por el llamado a indagatoria del hasta ahora impoluto Marcos Peña. ¿No le han explicado esto al politólogo jefe de Gabinete de Ministros?

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun) alertó sobre «el peligro de vulneración de principios republicanos» y salió a respaldar a la fiscal comercial Gabriela Boquín, a cargo de la causa por la deuda de Correo Argentino, tras las críticas del ministro de Justicia, Germán Garavano.

«Esta Asociación rechaza las expresiones vertidas para desacreditar la tarea desarrollada por la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, relacionada con su intervención en las actuaciones del concurso de Correo Argentino«, afirma el texto firmado por el presidente de la entidad, Carlos Rívolo, y su secretaria general, Susana Pernas.

Affun también subrayó que existe «un procedimiento legalmente reglado» para cuestionar el desempeño de los integrantes del Ministerio Público y que «utilizar vías impropias no hace otra cosa que poner en peligro su independencia de actuación consagrada en la Constitución Nacional y las leyes 24.946 y 27.148, afectando directamente al servicio de justicia».

Para concluir, Rívolo y Pernas señalaron que esta situación «puede afectar la libertad funcional de los titulares de la acción pública que está consagrada para defensa de toda la comunidad«.

Cabe recordar que ayer Garavano declaró que «la fiscal comercial (Boquín) tiene una opinión no vinculante en los procesos comerciales. Algunos dicen que está actuando políticamente, y no como una fiscal imparcial. En el proceso concursal ella debió tener otro rol del que ha ejercido«.

Además, el ministro afirmó que «lo de los pagos del Correo es un conflicto que viene de la época de Menem y el kirchnerismo entre privados, no es plata del Estado que alguien se quedó».

Correo Argentino se privatizó en 1997 y el grupo de la familia Macri ganó la concesión por 30 años. Sin embargo, el contrato fue rescindido por el gobierno de Néstor Kirchner, que acusó a la empresa de haber pagado el cánon solo en el primer año de gestión.

Entonces, comenzó una causa judicial por una deuda de US$296 millones, hasta que en junio de 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, el Estado nacional acordó con la empresa una quita del 98,87% de la deuda.

Ese acuerdo fue rechazado por la fiscal Boquín, que lo consideró “abusivo y ruinoso” y “perjudicial para la administración pública”. Según la fiscal, la actualización de la quita aceptada por el Estado nacional en el concurso preventivo supera los 70 mil millones de pesos.

Según la defensa de Correo Argentino, a junio de 2016, la cifra por los cánones adeudados ronda los 600 millones de pesos, por lo que la quita que había aceptado el Estado nacional rondaría el 50%.

Luego, frente a la polémica que se generó, el gobierno retiró la propuesta. El Frente para la Victoria hizo una denuncia penal que quedó bajo la órbita del juez Ariel Lijo.

Cabe destacar que por el caso del Correo Argentino hubo tres causas abiertas: dos en el plano judicial y otra en el plano administrativo, que fue cerrada en octubre pasado por la vicepresidente Gabriela Michetti.  De las dos que continúan en trámite, una se encuentra en el fuero Comercial, desde 2001, y se discute la deuda de la empresa. La otra es penal, se inició en 2016, y están imputados el presidente Macri, Oscar Aguad y Juan Manuel Mocoroa, entre otros,por la aceptación de la controvertida oferta de pago.

·        CUIDADO MARCOS PEÑA – Amplían la denuncia penal contra Ramón Lanús / AABE

Si Ramón Lanús creía que modificaría el curso de los acontecimientos con un par de notas en el diario La Nación, se ha equivocado el funcionario público que depende de Marcos Peña. Es más: su jefe debería considerar que si un procesamiento de Lanús, inevitablemente será seguido por el llamado a indagatoria del hasta ahora impoluto Marcos Peña. ¿No le han explicado esto al politólogo jefe de Gabinete de Ministros?

La fiscal Paloma Ochoa es la primera y única fiscal en ganar un concurso en 1ra. instancia del fuero federal (en el caso de la también muy respetada fiscal Alejandra Mangano, ella se hizo cargo tras el fallecimiento de Patricio Evers).

En la Fiscalía N°10 a su cargo, Ochoa acaba de recibir la ampliación de una denuncia, anticipada y luego confirmada, vinculada al rifirrafe armado por Ramón Lanús, titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), empeñado en quitarle a Panter SRL la concesión del exPaseo de la Infanta, y desconociendo los US$ 5,5 millones invertidos por la persona jurídica citada, según el peritaje disponible en el expediente.

El caso está en el territorio del juez federal Rodolfo Canicoba Corral pero el trabajo de campo compete a Ochoa, autónoma militante del #NiUnaMenos, quien requirió la colaboración en la investigación de peritos de la Prefectura Naval Argentina.

El asunto es muy concreto aunque delicadísimo: se ha denunciado una asociación ilícita de la que sería partícipe necesario, cuanto menos, el ya citado funcionario Lanús, para que un subconcesionario o subconcesionarios del exPaseo se apropien de la concesión.

En verdad, y apelando a la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, el denunciante, Alberto Guillermo Ferrazano, titular de Panter SRL, ya accedió, vía su abogado, Guillermo Tiscornia, a los pliegos en elaboración de la posible nueva concesión del espacio.

Esta información aparece en el punto 8 de la ampliación de denuncia:

«Se abona dicha afirmación a partir de lo actuado en el marco del expediente licitatorio y tramitado ante el AABE; es mas con fecha 2/09/19 continúa la marcha de dicho proceso licitatorio, muy a pesar del trámite del presente expediente judicial; y muy a pesar, también, de todos y cada uno de los planteos efectuados por PANTER S.R.L. en el marco del comentado expediente concursal. Se acompaña a los efectos de una adecuada ilustración de V.S. copia simple del expediente administrativo relacionado con este punto.»

Lanús / AABE han terminado provocando, con un polémico e inusual lanzamiento del concesionario con fecha de vencimiento 2020, una anarquía institucional en el exPaseo de la Infanta, y que incluye la inacción llamativa de otros espacios jurisdiccionales del Estado. Es el caso de la Agencia de Control Gubernamental, que lidera el comisario Ricardo Pedace, pasiva ante la ocupación comercial de espacios públicos en la jurisdicción concesionada de la AABE.

La causa judicial está en marcha, garantizándole a Lanús una causa penal posible cuando ya no se encuentre al frente de la AABE. Siempre es un problema para los ex funcionarios seguir deambulando, aunque con menos poder, por Comodoro Py o sucedáneos.

El problema en este caso es que un eventual procesamiento de Lanús obligaría a la citación a indagatoria de Marcos Peña ya que la AABE depende directamente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

En teoría -y sólo en teoría-, la Jefatura de Gabinete es responsable de aquellas decisiones de la AABE que convalidó.

¡¡Cuidado muchachos ahora la justicia se ha despertado… pareciera; y entonces a poner las barbas y los negociados en remojo!!

 

Por Dr. Guillermo Rodríguez

Buenos Aires, 26 de setiembre de 2019

 

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