OFENSIVA MM SE QUIERE QUEDAR CON TODO

K vs PRO: La Gran Batalla por la IGJ

Que la Inspección General de Justicia funciona mal, con demoras inadmisibles en la aprobación de trámites básicos, con zonas de confort desconocidas para la mayoría, no es una novedad. Y nunca le importó mucho al sindicalista Julio Piumato. Total… él conoce los laberintos de la casa, probablemente. La IGJ es motivo de rumores desde hace mucho tiempo, y durante los días K (y esto involucra a la nuevamente locuaz Alejandra Gils Carbó) incrementó un comportamiento desvinculado de las necesidades de una economía moderna. Nunca, entre 2003 y 2015, quienes gestionaron la IGJ realizaron acciones concretas para su modernización reglamentaria. Ahora bien, es medio un bochorno acelerar recién ahora, luego de 3 años y medio, su transferencia a la Ciudad de Buenos Aires porque obliga a sospechas diversas, algunas injustas pero otras con fundamento. Un enchastre innecesario.

Alejandra Gils Carbó regresó a escena agitando un ‘cliché’ de gran impacto “guarida fiscal”.

En diálogo con el programa “Habrá consecuencias”, de El Destape Radio, la ex procuradora general de la Nación recordó que “a fines de 2008 la Legislatura porteña dictó una ley que intenta crear una IGJ porteña, equivalente a la nacional. Querían traspasar sus funciones”. Según ella, es “claramente inconstitucional”.

“Cuando era fiscal de cámara, en 2008, yo pedí una medida cautelar para impedir que hubiera una IGJ porteña. Eso se mantuvo 10 años, pero ahora parece que quieren retomarlo”, agregó, luego de que la periodista Noelia Barral Grigera revelara en diario BAE que a los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) les avisaron desde el gobierno porteño que pronto se pondrá en marcha esta IGJ local.

En lo que tiene razón Gils Carbó es en esto: “Que ahora se pretenda reflotar entre gallos y medianoche queda claro la intención”.

No es cierto que “crear una IGJ en la Ciudad de Buenos Aires es crearse una jurisdicción sin controles” –¿por qué no podría modificarse la Ley Cafiero y permitir que la autonomía de la Ciudad resulte más efectiva?– pero sí que la oportunidad resulta escandalosa y permite las otras sospechas.

De inmediato, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, con la firma de Julio Piumato, denunció que se trata de “trasladar el conocimiento de ciertas cuestiones vinculadas a la registración y control sobre sociedades off shore facilitando su uso de manera discrecional, y a la causa del Correo Argentino S.A. bajo la órbita de la Ciudad”.

Cuando Piumato anunció 3 jornadas de paro nacional de judiciales (viernes 27/09, jueves 03/10 y viernes 04/10), entre los reclamos incluyó la supuesta “intención del gobierno nacional de concretar el traspaso de la Inspección General de Justicia al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En medio de la carga K contra el PRO, en especial el porteño, el territorio donde Horacio Rodríguez Larreta aún está ganando y sería el espacio tradicional de esta fuerza política siempre adversa a los K, Horacio Verbitsky se subió a la denuncia en su web El Cohete a la Luna, reuniendo todo lo que se está diciendo desde la hoy oposición, mañana probablemente oficialismo, acerca del hoy oficialismo, mañana quizás oposición:

“(…) La ley 2875 ofrece otra curiosidad: la regulación de las asociaciones civiles sería operativa en cuanto se creara el registro porteño, sin necesidad de convenio alguno con la Nación. De este modo, la IGJ nacional perdería el control también sobre los clubes de fútbol, que son asociaciones civiles.

En 2003, la IGJ se opuso a la re-reelección de Macri como presidente de Boca porque violaba sus estatutos, y cuestionó que el club fuera accionista mayoritario en la sociedad anónima que comercializa el merchandising de Boca, porque este tipo de participaciones están vedadas por la legislación societaria. A solicitud del Procurador, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad se declaró competente para entender en la causa de las IGJ paralelas, desestimó sin el debido proceso previo la acción entablada por Gils Carbó e invitó a la justicia nacional a que declinara su competencia. 

La Cámara Comercial no aceptó la invitación porque entendió que se trataba de interpretar normas federales y no locales, pero consideró que no se debía dirimir la contienda en ese fuero Comercial sino en el Contencioso Administrativo Federal. La Sala I de esa segunda cámara confirmó la medida cautelar que paralizó la creación del registro en 2009. La decisión fue celebrada por expertos en materia societaria, que se opusieron a ese “despropósito inconstitucional”. (…)

En cuanto Macrì asumió la presidencia, la jueza subrogante en lo contencioso administrativo, Macarena Marra Giménez, eludió la medida cautelar concedida por su superior, la Sala I de la Cámara, lo cual es un despropósito, y cuestionó la legitimación de la fiscal de la Cámara de lo Comercial para presentarse en la causa.

Pero la apelación de Gabriela Boquín, quien sucedió a Gils Carbó como fiscal de la Cámara Comercial, aseguró su continuación hasta hoy, por el efecto suspensivo del recurso. Marra Giménez, que había sido secretaria de la Cámara, estaba concursando para ocupar en forma estable el juzgado, cosa que consiguió, mediante un decreto del agradecido heredero del Grupo Socma.

“El escándalo de la utilización de las sociedades offshore genera una urgencia en el GCBA para fijar criterios de registración y control de las sociedades que hoy son fiscalizadas e inscriptas por la IGJ —organismo bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación— que ya cuenta con normas rigurosas para las sociedades constituidas extranjeras y en especial en las que lo son en paraísos fiscales desde el año 2003”, escribió Boquín en pleno escándalo por la revelación de los Panamá Papers y el rol del estudio Mossack Fonseca en relación con el Presidente Macrì.

A pesar de que la medida cautelar congeló la cuestión, en marzo de 2016 el intendente porteño Horacio Rodríguez Larreta creó por el decreto 195 el Organismo del Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas, y designó como director al abogado Hernán Najenson, subsecretario de Justicia de la Ciudad Autónoma, quien comenzó la organización del nuevo ente y firmó un convenio marco de colaboración con la IGJ, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, por el cual se creó una comisión mixta para preparar el traspaso que la Justicia no convalidó. También analizó las escalas salariales, ya que los sueldos de la IGJ superan a los porteños. Aparte de avanzar en el organigrama del ente fantasma, Najenson formó una mesa de trabajo con otras once dependencias porteñas, incluyendo el Banco Ciudad y el Boletín Oficial, para “agilizar el proceso de creación de empres as en la Ciudad”, que es el claro objetivo buscado. Esto incluyó el nuevo proceso para la constitución de sociedades, con el fin de reducir los pasos y los tiempos de tramitación. (…)

Macrì también intentó superar el obstáculo de la Ley Cafiero con un proyecto legislativo, presentado por su ministro de Justicia, Germán Garavano. Luego de que mejorara la relación de fuerzas del gobierno en la Cámara de Diputados a raíz de las elecciones de 2017, el proyecto llegó a tener dictamen de comisión, el 4 de septiembre de 2018, por una mayoría de Cambiemos. Pero no llegó a aprobarse en el recinto, debido a la agudización de la corrida cambiaria que puso en emergencia al gobierno nacional, y a la reiteración de informaciones acerca de sociedades offshore del Presidente y sus familiares.

Dada la imposibilidad de conseguir la sanción legislativa, el gobierno renueva en sus días finales la presión sobre los jueces. En la sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal la jueza Clara Do Pico se inclina por mantener la cautelar y su colega Rodolfo Facio por levantarla. Debía desempatar la recién designada camarista Liliana Heiland, pero se excusó. En su lugar fue elegido José Luis López Castiñeira, integrante de la sala II, que firmará como subrogante en la sala I. (…)

El viernes por la tarde, López Castiñeira, Facio y Do Pico estuvieron reunidos fuera del horario de tribunales discutiendo el tema y se prevé que el martes firmarían la resolución. Si, tal como se teme, fuera favorable al relajamiento de los controles para que las cajas chinas de las offshore en que son especialistas los Macrì conviertan a la Ciudad Autónoma en un refugio de todos los tramposos del mundo, comenzando por los propios, la medida podrá ser apelada tanto por la fiscal general comercial Boquín como por el fiscal general contencioso administrativo Rodrigo Cuesta, el mismo que dictaminó que el gobierno estaba obligado a entregar toda la información sobre el crédito del FMI por 57.000 millones de dólares. (…)”.

 

Por Dr. Guillermo Rodríguez

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