OPORTUNIDAD EN DEFENSA

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25/06/2019.- Vista de tropas durante un ejercicio durante una visita del comandante del Mando Sur de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (SouthCom), el almirante Craig Faller (fuera de cuadro), al Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz (Caecopaz), en Campo de Mayo, Foto: EFE/ Enrique García Medina

La Defensa de la Nación no fue incluida entre los diez temas que acordaron debatir públicamente los candidatos presidenciales. A diferencia de lo que ocurre en los países desarrollados y en las naciones vecinas, la Defensa no figura en la agenda de la política argentina.

Durante las gestiones de sucesivos gobiernos de distinto signo, la Argentina ha comenzado a provocar un desequilibrio por defecto en la región y ha debilitado el control de sus espacios soberanos, ya sean aéreos, marítimos, fluviales o terrestres.

CAMINO A LAS ELECCIONES

Es imposible tener seguridad en un país que no es capaz de controlar su territorio. Frente a esta realidad, el debate electoral podría y debería –independientemente de los encuentros de los candidatos – servir para comenzar a construir consensos en materia de Defensa y Seguridad, como bases de políticas de Estado que, por definición exceden en mucho un mandato electoral. La falta de estos consensos básicos impide la construcción de una política de Defensa que sirva para protegernos.

La envergadura de los desafíos que plantean las necesarias alianzas estratégicas, sumado a la aceleración de los cambios tecnológicos, aconsejan algunas medidas inmediatas que den al próximo gobierno –cualquiera sea su signo- el tiempo y el espacio para analizar políticas y acciones que requieren mucho planeamiento y complejas decisiones.

Sin pretender acuerdos en ámbitos políticos imposibles de exteriorizar en plena campaña electoral, al presidente Macri se le facilitaría en un eventual nuevo mandato o, de no ser reelecto, dejar una valiosa herencia a Alberto Fernández. Quien de los dos fuese consagrado, podría comenzar a lidiar con la responsabilidad constitucional de Comandante en Jefe, con algunas certidumbres en un mar de incertidumbres.

Acuerdos básicos sobre estas cuestiones, no influyen en la competencia electoral y mostrarían un grado de confianza y de previsibilidad sobre nuestro futuro a un mundo que hoy nos mira con curiosidad y desconcierto. La primera de estas medidas inmediatas sería el denominado “blanqueo” de los “suplementos” o sumas no remunerativas que cobran los militares-, que han dado lugar a miles de juicios que seguirá perdiendo el Estado, con el costo añadido que ello significa. Esto implicaría un moderado aumento en las remuneraciones militares, que son bastantes menores que las que perciben los prefectos, gendarmes, policías federales, miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y agentes penitenciarios, conformando una irritante desigualdad.

Es urgente, asimismo, la modificación del proyecto de Presupuesto Nacional 2020, pues la asignación de recursos a la Jurisdicción 45 (el Ministerio de Defensa y todo lo que de él depende) no sólo imposibilita el cumplimiento de las responsabilidades que la ley impone a las FF.AA , sino que dificultará hasta la alimentación de los efectivos, con la consiguiente dosis de imprevisibilidad que ello trae aparejado.

También es apropiado devolver la conducción del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) a sus aportantes y beneficiarios naturales, que son Militares, Gendarmes y Prefectos. El poder político durante las dos últimas administraciones arbitró la fusión, que no fue sencilla, pero parece razonable ahora devolver el IOSFA a sus aportantes.

Sonaría ilógico que funcionarios políticos condujeran las obras sociales, por ejemplo, de bancarios, docentes o petroleros. El Poder Ejecutivo –el actual y el próximo– dispone de un instrumento legal muy importante si concreta la reglamentación de la Ley de Reestructuración de las FF.AA, nro.24.948, vigente y no cumplida. El correspondiente decreto oportunamente discutido en profundidad podría contener las medidas básicas para corregir situaciones urgentes, abrir el camino para la modernización de nuestra legislación de Defensa y comenzar la construcción de consensos que deberían, luego, ser llevados al Congreso.

Atención especial requiere el proyecto de nuevo Código Penal de la Nación, actualmente en el Senado, uno de cuyos artículos implica una omisión de los militares que puede dar lugar a problemas importantes. El artículo 34 exime de “responsabilidad penal” -puntualiza que “no serán punibles”- a los integrantes de las Fuerzas de Seguridad, policiales o penitenciarias que “en cumplimiento de su deber y uso de sus armas en forma reglamentaria cause lesiones o muerte”. ¿Dónde quedan los militares en igualdad de circunstancias? La omisión implica una grave desigualdad ante la ley, ahora fácilmente corregible, sobre todo en momentos que a hombres de nuestras Fuerzas Armadas se los envía en determinadas misiones que complementan las que realizan nuestras Fuerzas de Seguridad.

La debilidad e insuficiencia de una cultura de la Defensa en la Argentina –reduce la cuestión al instrumento militar, a las Fuerzas Armadas, cuando es una necesidad más compleja y abarcativa de otros ámbitos políticos que hoy aparecen poco relacionados. Esta limitación de nuestra realidad, que no tiene solución mágica, pone hoy a nuestros dirigentes frente a la responsabilidad y a la oportunidad de adoptar algunas decisiones adecuadas que permitan construir consensos básicos en materia de Defensa y Seguridad, única manera de garantizar, a nuestros ciudadanos, un ámbito que garantice su libertad, su independencia, la integridad de nuestro territorio, y la defensa de nuestros recursos naturales.

Horacio Jaunarena

Ex Ministro de Defensa y diputado nacional.

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