UN CASO INTERESANTE SCUDERIA ANGELICI-MACRI

Muy polémico magistrado porteño Buján de Angelici

¿Cuál es el valor residual de integrar la ‘escudería Angelici’ en días en que se le ha complicado el escenario tanto político como deportivo a Daniel Angelici? Buena pregunta para el juez Javier Alejandro Buján, a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°7.

Hugo Edrosa estaba a cargo de una propiedad que, desde 2007, alquilaba el laboratorio Surar Pharma S.A.

En abril de 2015, Surar Pharma S.A. dejó de pagar su alquiler.

Luego, le informa acerca de un robo de medicamentos, y se concretó una denuncia judicial que, por sorteo, quedó en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de Sebastián Casanello.

El mencionado Edrosa inició el desalojo por incumplimiento, que recién en noviembre de 2018 le concedió el juez Casanello.

La propiedad abundaba en medicamentos depositados dentro del inmueble. De acuerdo al interventor judicial de la inquilina, no podía informarse el motivo por el cual esos medicamentos permanecían en la propiedad.

Los medicamentos son ampollas autoclavadas (o sea tratadas en autoclaves) que no constituyen peligro dentro de la propiedad pero, tal como correspondía hacerlo, Casanello le ordenó tanto al Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, a través de la Agencia de Protección Ambiental como la ANMAT que en un plazo de 48 horas retirasen esa mercadería para su deposición correspondiente.

La Agencia de Protección Ambiental, a cargo de Juan Bautista Filgueira Risso, depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a cargo de Eduardo Macchiavelli.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) es un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, a cargo de  Carlos Alberto Chiale; en el marco de la Secretaria de Regulación y Gestión Sanitaria, a cargo de Josefa Rodríguez Rodríguez; en jurisdicción del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, que gestiona Carolina Stanley.

Ninguna de las reparticiones públicas intimadas cumplió con su deber, invocando cuestiones presupuestarias; y el juez Casanello tampoco verificó el incumplimiento. Harto de la situación y urgido por darle alguna utilidad comercial al inmueble, Edrosa decidió afrontar el costo y contrató a Contenedores Hugo. En el buscador Google se informa que una de las especialidades de Contenedores Hugo es la Recolección de Residuos Especialidades.

El abogado Carlos María Quevedo, patrocinando a Edrosa, lo puso por escrito:

“(…) el administrador judicial de la empresa Surar Pharma S.A., se le comunicó a mi mandante que los elementos habían sido colocados en el interior del inmueble por orden del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, Secretaría N° 13, en las actuaciones “N.N. S/ Averiguación de Delito” Expte. N° 12383/2015. Asimismo, se le informó que, sabiendo que la colocación de los elementos dentro del inmueble traería futuros perjuicios a la propia Surar Pharma o al propietario del inmueble, se le solicitó al Juzgado responsable por ésta su retiro. Ante esto, el titular del Juzgado ordenó a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica el retiro inmediato de los elementos, tratamiento y disposición, respondiendo esta administración que no contaba con el presupuesto suficiente para afrontar su retiro.


Posteriormente, se le encomendó esa tarea al Ministerio de Salud, que debía informar si alguna de sus dependencias tenía la capacidad técnica de cumplir con lo peticionado, siendo la respuesta nuevamente negativa.
(…)”.

En su página web, Contenedores Hugo afirma ser un transportista de Residuos Industriales con habilitación #0001 en CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado), y que dispone de un Certificado Ambiental extendido por la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Recursos Naturales de la Nación para el transporte de “Residuos Industriales no Especiales”, “Residuos Especiales” y “Residuos Peligrosos”.

El problema -del que Edrosa no estaba enterado- consiste en que Contenedores Hugo no se encuentra en el registro habilitante de Ciudad de Buenos Aires. Obvio que es un ‘curro‘ esto de que en cada jurisdicción haya registros especiales no vinculantes. Sin duda, espacios especiales que promueven conseguir que ocurran infracciones para multar al infractor.

Contenedores Hugo informó que se llevaría el cargamento a su planta en el barrio porteño de Mataderos, la procesaría y luego la trasladaría para su deposición final en el CEAMSE, extendiendo el certificado correspondiente.

Sin embargo, al iniciar la acción de cargar la mercadería, ocurrió una denuncia de vecinos: estaban ingresando al predio que ellos sabían clausurado, e intervino de inmediato un curioso personaje cuyo mérito para llegar a magistrado parece ser, según diversos recortes periodísticos, la relación con el polémico abogado y empresario de los juegos de azar,  Daniel Angelici, presidente (en final de mandato y hombre de extrema confianza del presidente Mauricio Macri) del Club Atlético Boca Juniors, influyente en una porción del Poder Judicial pero próximo a pasar de moda en el ocaso de su amigo Mauricio Macri.

El juez en cuestión es Javier Alejandro Buján, a cargo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires N°7.

La Administración Macri le concedió a Buján, 2 responsabilidades antes de obsequiarle el Juzgado, y ambos desempeños ocurrieron problemas:

  • Fue un brevísimo interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia (INADI), y
  • un brevísimo rector del intervenido Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo” (ex Universidad de las Madres de Plaza de Mayo).

Aparentemente, Buján es un magistrado de ‘pocas pulgas’ aunque decidido a concretar decisiones sin necesidad de contar con toda la información. Algún crítico le podría llamar, quizás, “caprichoso antes que inteligente”.

Buján consideró que Edrosa debía realizar el lanzamiento de los medicamentos a su propio costo y Edrosa cuenta que hasta fue amenazado con un remate de la propiedad para pagar el costo, cuando él no es el propietario del predio.

En cualquier caso, en vez de interiorizarse sobre la intimación de Casanello, incumplida por el propio Estado, cargó a Edrosa con impagables multas: de 30.000 Unidades Fijas (¿30.000 litros de combustible?) y mantuvo la clausura preventiva administrativa del inmueble de la calle Viale 965.

Así, el caso ““Edrosa, Hugo Eduardo sobre 1.3.20 – No minimizar peligro en residuos peligrosos” se encuentra en segunda instancia al reclamarse, con un recurso de queja, un fallo de Cámara, y se hizo reserva de la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía del Recurso Extraordinario Federal o por Arbitrariedad.

Es una obviedad mencionar la sospecha de un posible abuso de autoridad y exceso de celo de parte del citado Buján. Habrá que evaluar cómo continúa el expediente.

Lo más inquietante consiste en que el mencionado Buján parecería considerar a Edrosa responsable de la mercadería en cuestión. Sin embargo, éste lo niega en el texto de apelación:

Como fuera explicitado al momento de realizarse el descargo inicial frente al a-quo, al recuperar la posesión del inmueble del inquilino Surar Pharma S.A. en autos “SAPIA C SURAR PHARMA S/ DESALOJO INTRUSOS” Expte. 74514/2016, en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil No 63, mi mandante se encontró con los residuos ubicados en el interior de éste que dieron origen a la presente causa.

Que, al ingresar al inmueble junto con el Oficial de la Oficina de Mandamientos, fue encontrado en un estado pésimo de conservación, en adición a la falta de luz y el interior del inmueble repleto de medicamentos vencidos de ningún valor.

Que luego de los innumerables y graves perjuicios sufridos, debiendo pagar años de deuda de Alumbrado, Barrido y Limpieza y otros impuestos, los Sres. Adrian Sgarella y Ariel Olite de Droguería GF Sur, empresa habilitada para el tránsito de medicamentos, con el objeto de locar el inmueble y tratar de revertir los perjuicios sufridos, contrataron y pusieron a disposición de mi mandante a los transportistas Contenedores Hugo S.A., recolectores de residuos especiales, para proceder a retirar los bienes que ocupan el inmueble.

Que éstos aseguraron que la empresa Hugo S.A. estaba habilitada para proceder al retiro y disposición de los medicamentos vencidos, precaución que, atento al levantamiento de la clausura del inmueble, habiendo el Juez interviniente asegurado expresamente que ya no interesaba la clausura para su Juzgado -como se observa en el oficio de fecha 29/05/2018 dirigido al Juzgado Nacional en lo Civil No 63- parecía sobreabundante pero que igualmente se tomó para evitar futuros inconvenientes.

Así, mi mandante únicamente permitió el ingreso al inmueble al personal de la empresa Contenedores Hugo S.A, y posibilitar el retiro de los residuos para poner el inmueble en condiciones de ser locado nuevamente. En tanto que mi mandante no generó, ni tuvo relación alguna con los residuos que se encontraban en el interior del local, nunca imaginó tener que cumplir con los preceptos contenidos en la ley 24.051 como lo exige el sentenciante, ya que este régimen fue creado para y dirigido hacia los generadores de éstos. A su vez, la ley 24.051 en ninguno de sus artículos contiene precepto alguno dirigido a generadores transitorios de residuos.

Por estos motivos, el a-quo yerra al valorar la conducta de mi mandante durante el transcurso del proceso, así como al analizar la responsabilidad de éste en torno al hecho infraccionario. No es cierto que mi mandante no tomara recaudo alguno para cumplir con el plan de remediación requerido por el sentenciante, sino que lisa y llanamente, en las condiciones establecidas por el éste, es de imposible cumplimiento lo ordenado.

El magistrado, asimismo, impuso la sanción en torno a una responsabilidad objetiva, por lo que no es correcto fijar la sanción alejada del mínimo legal, toda vez que no existe el elemento de culpabilidad a merituarse al momento de graduación de la sanción.

X.- Por último, y como se ha mencionado precedentemente, toda vez que mi mandante no ejerció actividad vinculada con la generación, venta o comercialización de medicamentos o residuos peligrosos, no siendo ni siquiera titular del inmueble cuya tenencia detenta, las sanciones impuestas devienen excesivamente onerosas, no guardando relación alguna con sus condiciones económicas presentes, y máxime cuando el inmueble comprometido está imposibilitado de generar ingresos para persona alguna.

Por ello, es que subsidiariamente y habiendo mi mandante acatado la clausura preventiva establecida oportunamente, teniendo en cuenta su conducta procesal de cooperación a lo largo del proceso, reiteración de un único hecho en 3 sanciones separadas, y reconocimiento de la expedición y validez de las actas de comprobación expedidas, solicito se las unifique y aplique el mínimo legal de las sanciones impuestas. (…)”.

¡Estos amigos de Mauricio son todos muy desprolijos, hasta los señores magistrados!

 

Por Dr. Gregorio Reynoso

Buenos Aires, 9 de octubre de 2019

 

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