MALVINAS: NI GIBRALTAR NI HONG KONG

El año que viene se cumplirán 200 años de aquél izamiento primero de la bandera argentina, y 187 años de ese nuevo despojo.

La Cuestión Malvinas es para los argentinos no solo un precepto constitucional, un objetivo político de un gobierno determinado, sino una causa nacional, un sentimiento aglutinante. En esas irredentas islas, ubicadas en el Atlántico Sur a 600 km de la Argentina continental y a 12.000 km de Londres, la bandera argentina fue izada por primera vez el 6 de noviembre de 1820 por el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, como parte de un intento de afirmar sus derechos a las posesiones coloniales españolas. El 2 de febrero de 1825 se firmó con el Reino Unido el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. Regían entonces Juan Gregorio de Las Heras, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, y Su Majestad Británica, el extravagante Rey Jorge IV. Entre otros aspectos, el tratado hacía mención a una “perpetua amistad y recíproca libertad de comercio”.

El 3 de enero de 1833 se consumó la tercera invasión inglesa. Fuerzas británicas ocuparon las Islas Malvinas y expulsaron a las autoridades y pobladores argentinos que allí residían. Una vez más, debemos afirmar que esas islas son incuestionablemente argentinas desde el punto de vista histórico, geográfico y jurídico.

El año próximo se cumplirán 200 años de aquel izamiento primero de la bandera argentina, y 187 años de ese nuevo despojo. Es notoria la negativa británica a emprender negociaciones serias. Ha ignorado el permanente reclamo argentino ante los principales foros internacionales y más de cuarenta resoluciones al respecto de las Naciones Unidas (ONU). Reiteradamente, desde hace más de medio siglo, este organismo ha establecido el diálogo como el modo de solucionar la disputa de la soberanía entre las dos partes. Un hito en tal sentido lo constituye el conocido Alegato del representante argentino, embajador José María Ruda, ante el Subcomité de Descolonización de la ONU, en 1964, que dio origen a la Resolución 2065 (XX) del 16 de diciembre de 1965, durante el gobierno del doctor Arturo Umberto Illia, que fue adoptada por abrumadora mayoría y a la cual ni el propio Reino Unido pudo oponer un voto negativo. Constituyó el mayor éxito de nuestra diplomacia sobre La Cuestión Malvinas.

Ninguna de las resoluciones posteriores adoptadas por la Asamblea General de la ONU y el Comité Especial de Descolonización ha incluido, jamás, referencia alguna a la libre determinación que los británicos procuran forzar a favor de sus conciudadanos residentes en las islas; en todos sus pronunciamientos se refiere a respetar los “intereses” (forma de vida) de la población y no a sus “deseos”, pues el derecho a la libre autodeterminación no es aplicable al tratarse de ciudadanos británicos trasplantados (implantados) y no de un pueblo originario.

Nada hizo tanto mal como que en 1982 una irresponsable y tenebrosa dictadura, con el bastardo fin de prolongar la misma, apelara a la fuerza para recuperar algo incuestionablemente nuestro; pero ello no invalida todo lo expresado.

Sobre este hecho histórico, no podemos olvidar la total entrega de soldados, suboficiales y oficiales de nuestras distintas fuerzas que pelearon con dignidad por ese sentimiento. La guerra no es una obra de Dios y nuestro país nunca recurrirá nuevamente a la violencia.

Lamentablemente, errática y sin resultados ha sido la política de seducción o de agresión a los isleños y a Londres en las últimas décadas. Se impone entonces ineludiblemente un diálogo serio y respetuoso, pero este puede volverse inconducente e inaceptable si una de las partes, o ambas, evidencian una postura innegociable. Para nosotros, debe constituir una política de Estado, consensuada con los principales partidos políticos, que trascienda varios mandatos presidenciales.

Londres se muestra inflexible: laboristas y conservadores manifiestan que no hay nada que negociar, defienden el pseudoprincipio de autodeterminación de los isleños y militarizan el Atlántico Sur con su apetecible proyección hacia la Antártida. Los acuerdos bilaterales —el Tratado de Madrid y el Acuerdo Alan Duncan/ Susana Malcorra, conocido también como Foradori/Duncan— en materia de petróleo, comunicaciones y pesca, solo trajeron ventajas para los británicos. Requieren ser revisados, no denunciados.

Nuestra política exterior debe desprenderse de la pesada carga de las marchas, contramarchas e inconsistencia en tan sensible tema. Es imprescindible conocer profundamente a nuestra contraparte. Estos aseguran que el tema Malvinas en la Argentina responde solo a la visión del gobierno de turno y así lo hacen saber no solo a los países de la región, mediante periódicas visitas de parlamentarios británicos de distinto signo político. En octubre de 2015, hasta llegaron a afirmar en ámbitos políticos y universitarios centroamericanos que un candidato a presidente argentino habría sostenido: “Nunca entendí los temas de soberanía en un país tan grande como el nuestro (…) Las Malvinas serían un déficit adicional para el país”. Por su parte, en varias oportunidades y distintos ámbitos, el congresista isleño, Barry Elsby —nacido en Gales y residente en Malvinas desde 1990— expresó: “Las Malvinas no son argentinas ni británicas (…) Esperamos que la próxima administración (2016) en Argentina pueda ser parecida a lo que fue con Carlos Menem”

En ese contexto hay que negociar con respeto, lo que de ninguna manera margina la firmeza. Debemos conversar con los isleños y avanzar hacia una mutua, gradual y beneficiosa forma de integración. Demandará muchos años y quizás generaciones. Hoy carecemos del talento de un José María Ruda, pero estoy seguro de que los estadistas y hábiles diplomáticos aparecerán en el momento oportuno. Imponer la soberanía como condición previa para el diálogo con Londres sería el primer paso hacia el fracaso, y no hacerlo no debilitaría nuestro justo reclamo. Lo condicionante es aglutinar nuestro frente interno sobre la Cuestión Malvinas.

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