SERA JUSTICIA

El Congreso fijó límites a las prisiones preventivas que podrían beneficiar entre otros a ex funcionarios detenidos

Una comisión bicameral que trabaja en la aplicación progresiva del nuevo Código Procesal Penal dispuso que se implementen los artículos vinculados a las detenciones de imputados sin condena firme

Los abogados de las personas que están detenidas sin una condena firme tendrán días movidos en el final de este 2019. Es que una comisión bicameral del Congreso ordenó que se apliquen los artículos del nuevo Código Procesal Penal -se está implementando en forma progresiva- que fijan límites concretos a las prisiones preventivas.

La novedad les abre las puertas a empresarios, otros detenidos y ex funcionarios que continúan detenidos a pedir su liberación.

Actualmente, el criterio general surge de un fallo plenario de la Cámara de Casación (Díaz Bessone) y dispone la aplicación de la prisión preventiva cuando se verifique peligro de fuga del imputado o riesgo de entorpecimiento de la investigación. Sin embargo, los jueces utilizan distintos criterios para encasillar cada caso concreto.

A fines de 2017, la Sala II de la Cámara Federal consideró que “las relaciones de poder” que mantienen los ex funcionarios deben ser considerados como elementos que podrían entorpecer el curso de una investigación y en virtud de ello ordenó la detención del ex ministro de Planificación Julio De Vido. El criterio -conocido como doctrina Irurzun (un juez con graves denuncias y aún en funciones)  en alusión al voto del juez Martín Irurzun- fue adoptado en otros casos con ex funcionarios y empresarios que terminaron detenidos.

Con el objetivo de terminar con la arbitrariedad, el nuevo Código estableció pautas específicas que entrarán en vigencia tres días después que el dictamen aprobado ayer en el Congreso sea publicado en el Boletín Oficial.

A la par, el texto incluye medidas de coerción menos lesivas que podrán adoptar los jueces antes de llegar a la prisión.

Las prisiones preventivas fueron uno de los temas de discusión durante la reciente campaña presidencial en la Argentina. El futuro presidente, Alberto Fernández, aseguró que hubo un abuso de este instituto. Del otro lado de la grieta, el ministro de Jusiticia, Germán Garavano, expresó una idea similar y abogó por la realización de los juicios orales pendientes.

Recientemente, en una columna publicada , Mariano Borinsky, integrante de la Cámara de Casación y presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal, detalló cuáles son las pautas que entrarán en vigor en los próximos días. Si bien adoptan el criterio general del plenario Díaz Bessone, se establecen parámetros que acotan el margen de interpretación de los magistrados.

  • Peligro de fuga

Para decidir acerca del peligro de fuga, los jueces deberán tener en cuenta, entre otras, las siguientes pautas:

  1. Arraigo, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto;
  2. Las circunstancias y naturaleza del hecho, la pena que se espera como resultado del procedimiento, la imposibilidad de condenación condicional, la constatación de detenciones previas, y la posibilidad de declaración de reincidencia por delitos dolosos;
  3. El comportamiento del imputado durante el procedimiento en cuestión, otro anterior o que se encuentre en trámite; en particular, si incurrió en rebeldía o si ocultó o proporcionó falsa información sobre su identidad o domicilio, en la medida en que cualquiera de estas circunstancias permitan presumir que no se someterá a la persecución penal.
  • Peligro de entorpecimiento

Para decidir acerca del peligro de entorpecimiento para la averiguación de la verdad, se deberá tener en cuenta la existencia de indicios que justifiquen la grave sospecha de que el imputado:

  1. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba;
  2. Intentará asegurar el provecho del delito o la continuidad de su ejecución;
  3. Hostigará o amenazará a la víctima o a testigos;
  4. Influirá para que testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente;
  5. Inducirá o determinará a otros a realizar tales comportamientos, aunque no los realizaren.
  • Límite de la prisión preventiva

La prisión preventiva cesará:

  1. Si el imputado hubiere cumplido en prisión preventiva la pena solicitada por el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL;
  2. Si el imputado hubiere agotado en prisión preventiva un tiempo igual al de la pena impuesta por la sentencia no firme;
  3. Si el imputado hubiere permanecido en prisión preventiva un tiempo que, de haber existido condena, le habría permitido solicitar la libertad condicional o la libertad asistida.

No podrá imponerse nuevamente la prisión preventiva en el mismo proceso si una anterior hubiese cesado por cualquiera de las razones enunciadas precedentemente; ello sin perjuicio de las facultades para hacer comparecer al imputado a los actos necesarios del proceso o de la aplicación de otras medidas de coerción.

DICTAMEN COMISION BICAMERAL: Implementación normativa CPPN 12.pdf https://drive.google.com/file/d/1-6yfBwIJdCfflImTRjPKSmxI9-rYUW5z/view

 

  • AQUÍ LA TOTALIDAD DEL ACUERDO BICAMERAL:

Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación 

del Código Procesal Penal Federal 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

de noviembre de 2019.

VISTO: 

Las facultades conferidas a esta Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal Federal por la Ley N° 27.150 y su modificatoria Ley N° 27.482,

Y CONSIDERANDO: 

Que mediante el artículo 3o de la Ley N° 27.063 este HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN estableció que el Código Procesal Penal Federal regulado en su Anexo I, entraría en vigencia de conformidad con lo que establezca la ley de implementación correspondiente.

Que a través del artículo 7° de esa Ley N° 27.063 se creó en el ámbito de este HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN la COMISIÓN BICAMERAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL.

Que en el artículo 2° la Ley N° 27.150 de Implementación del Código Procesal Penal Federal se dispuso que este Código entraría en vigencia de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca la COMISIÓN BICAMERAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL.

Que la COMISIÓN BICAMERAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL dispuso la entrada en vigencia del citado cuerpo legal a partir del día 10 de junio de 2019, para todas las causas que se inicien en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta a partir de esa fecha.

Que desde el comienzo de esa implementación se han verificado numerosos planteos judiciales en diversas jurisdicciones del país, tendientes a la aplicación a los procesos en trámite bajo la Ley N° 23.984 de diversos institutos previstos en el Código Procesal Penal Federal, que permiten un mayor resguardo de las garantías constitucionales que protegen los derechos de los justiciables en el marco del proceso penal.

Que frente a estos planteos judiciales, y a fin de evitar que el sistema de progresividad territorial fijado por esta COMISIÓN BICAMERAL para una mejor y más adecuada transición hacia este nuevo sistema procesal, genere y consolide interpretaciones disímiles y contradictorias que provoquen situaciones de desigualdad ante la ley en relación con el goce de las garantías constitucionales, corresponde que esta COMISIÓN BICAMERAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL inicie un proceso de implementación normativa, a fin de evitar que se configuren estas situaciones de desigualdad durante el proceso de progresividad territorial.

A tal efecto resulta indispensable implementar aquellos institutos procesales y/o artículos previstos en el Código Procesal Penal Federal que no resulten incompatibles con el sistema procesal establecido en la Ley N° 23.984. y que permiten un mayor goce de las garantías constitucionales para todos los justiciables de manera uniforme en todo el territorio nacional.

Que el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal establece que los jueces y los representantes del MINISTERIO PUBLICO procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social.

Que esta norma permite a los jueces y fiscales contar con una herramienta procesal para la implementación de métodos alternativos de resolución de conflictos, tal como el previsto en el artículo 34 del Código Procesal Penal Federal que permite la celebración de acuerdos conciliatorios entre la víctima y el

imputado, que son herramientas propias de los sistemas acusatorios que permiten gestionar eficazmente la carga del trabajo.

Que los institutos de la conciliación y la reparación integral del perjuicio producido por el delito se encuentran previstos en el inciso 6 del artículo 59 del Código Penal de la Nación como causa de extinción de la acción penal, con la salvedad que se regirá de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes.

Que actualmente la Ley N° 23.984 no prevé ninguna pauta procesal para el ejercicio de esta causal de extinción de la acción penal.

Que, en razón de lo expuesto, resulta necesario implementar el artículo 34 citado a fin de brindar las normas procesales que permitan el ejercicio de la conciliación en el marco del proceso penal en los casos y de la forma allí establecidos. 

Que estos artículos no resultan incompatibles con el sistema procesal establecido en la Ley N° 23.984, toda vez que regulan el camino procesal para el ejercicio de una causal de extinción de la acción penal prevista en el Código sustantivo en materia penal.

Que, por otra parte, el artículo 31 del Código Procesal Penal Federal prevé la regulación de los criterios de oportunidad, que se encuentran previstos en el inciso 5 del artículo 59 del Código Penal de la Nación como causal de extinción de la acción penal.

Que actualmente la Ley N° 23.984 no prevé ninguna pauta procesal para el ejercicio de esta causal de extinción de la acción penal.

Que, a raíz de ello, resulta necesario implementar el artículo referido anteriormente para que los representantes del MINISTERIO PUBLICO FISCAL cuenten con la herramienta legal para poder prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal pública exclusivamente en los casos allí establecidos, incorporación que les permitirá gestionar la carga del trabajo de forma más efectiva y orientar mayores esfuerzos de investigación a los casos complejos. 

Que a los fines de garantizar debidamente los derechos de las víctimas en el marco del ejercicio de esta facultad de disposición de la acción penal, como también respecto de la correcta y justa aplicación del instituto previsto en el artículo 34 citado precedentemente, que prevé la celebración de acuerdos conciliatorios entre la víctima y el imputado, resulta necesario implementar los artículos 80 y 81 del Código Procesal Penal Federal, que regulan y garantizan los derechos y facultades de las víctimas en el marco de la aplicación de estos institutos, tales como la garantía de contar con un adecuado asesoramiento técnico, la forma en que les corresponde intervenir en el proceso, el derecho a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, entre otras, todo ello de conformidad con los derechos ya acordados por este HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN a la víctima mediante la Ley N° 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.

Que estos artículos no resultan incompatibles con el sistema procesal establecido en la Ley N° 23.984, toda vez que brindan las herramientas procesales adecuadas para el ejercicio de una causal de extinción de la acción penal prevista en el Código sustantivo en materia penal.

Que existe otro ámbito en el cual la implementación de determinadas normas del nuevo Código Procesal Penal Federal resulta impostergable a los efectos de evitar situaciones de desigualdad ante la ley, y es el referido al resguardo de la libertad del imputado en el marco del proceso penal, puntualmente en relación con la zona de colisión entre el principio constitucional de inocencia y la necesidad de conculcar el peligro de fuga o entorpecimiento.

Que este HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, en oportunidad de la sanción del catálogo de derechos y garantías con los que ha encabezado el sistema procesal fijado por el Código Procesal Penal Federal -titulado «Principios y garantías procesales»-, fijó pautas concretas para regular las restricciones a la libertad durante el proceso en sus artículos 17 y 16, permitiendo tal restricción en caso de que exista peligro de fuga o de entorpecimiento. A su vez, y a fin de regular de forma precisa y concreta frente a qué circunstancias fácticas verificadas en el proceso se podría presumir ese riesgo, efectuó luego una descripción precisa y circunstanciada de estos supuestos en los artículos 221 y 222 de ese Código Procesal Penal Federal. Adicionalmente se fijó en el artículo 210 un

minucioso y detallado catálogo de medidas de coerción personal a las que se puede recurrir para el aseguramiento del proceso ante los supuestos descriptos en los artículos 221 y 222 citados, estableciendo normativamente un grado de progresividad y jerarquía de estas medidas que el juzgador debe contemplar en todos los casos.

Que la inmediata vigencia de las normas que fijan en qué supuestos concretos la ley autoriza a presumir el peligro de fuga y/o de entorpecimiento – artículos 221 y 222- y de aquella que fija el catálogo de medidas de coerción a las que puede recurrirse frente a tales supuestos y el grado de progresividad y jerarquía existente entre ellas -artículo 210-, evitará situaciones de desigualdad entre los justiciables en las jurisdicciones en las que se aplica el Código Procesal Penal Federal y aquellas en las que aún no se haya implementado integralmente.

Que la aplicación de estas pautas a los procesos en trámite bajo la ley 23.984 no encuentra impedimento, pues no afecta en modo alguno el sistema y orden de los pasos procesales fijados por esa ley para arribar al dictado de una decisión definitiva, ni altera los roles funcionales que esa ley le asigna a cada uno de los órganos en el proceso.

Que, en atención a las consideraciones precedentes, y ante la necesidad de brindar criterios concretos y uniformes para todos los tribunales del Poder Judicial de la Nación que eviten situaciones de desigualdad ante la ley, y pautas claras y previsibles para los ciudadanos y justiciables, resulta imperativo disponer la implementación para todo el territorio nacional de los artículos 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal. En igual sentido, y a fin de evitar situaciones de desigualdad procesal entre los justiciables respecto de las formas legales de extinción de la acción penal y permitir a su vez al MINISTERIO PÚBLICO FISCAL una gestión de la carga de trabajo de forma más efectiva, que posibilite orientar mayores esfuerzos de investigación a los casos complejos, corresponde disponer también la implementación de las normas que le permiten a ese organismo disponer de la acción penal en los casos en que la ley lo autoriza. Asimismo, corresponde también la implementación inmediata de las previsiones contenidas en el inciso 6 del artículo 59 del Código Penal actualmente vigentes, de modo de asegurar la tutela legal y constitucional que la legislación nacional acuerda a las víctimas de delitos en el marco de los procesos penales en trámite ante los órganos del Poder Judicial de la Nación.

Que esta implementación normativa ha sido técnicamente analizada y consultada con la participación de la Procuración General de la Nación.

Que en lo que se refiere a los medios de impugnación también se impone la adopción de medidas para evitar situaciones de desigualdad ante la ley, puntualmente en relación con el goce de garantías constitucionales de central relevancia para los justiciables, en particular el derecho a contar con una revisión judicial amplia de toda decisión que imponga una sanción penal -doble conforme

Sobre el particular los resultados que arroja el monitoreo que viene efectuando esta COMISIÓN BICAMERAL DEL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, indica que la celeridad en el trámite de los procesos seguidos bajo este nuevo esquema procesal ha superado ampliamente las expectativas, contándose en muy corto plazo con diversas causas ya finalizadas con sentencia definitiva, situación que impone una intervención amplia y efectiva de la Cámara Federal de Casación Penal a un ritmo mayor del previsto originariamente.

Que lo apuntado está generando situaciones de desigualdad ante la ley en relación con el alcance de la protección que asegura una misma garantía constitucional respecto de procesos de similares características en trámite ante un mismo tribunal, debido a que el Código Procesal Penal Federal le otorga a ambas garantías un alcance significativamente más amplio, preciso y riguroso que el previsto en el ordenamiento implementado por la Ley N° 23.984. En particular a través de los artículos 19 y 21 contenidos en el Título del Libro Primero denominado «Principios y garantías procesales» ya citado, particularmente este último que asegura de forma expresa el derecho a una revisión amplia de toda decisión judicial que imponga una sanción penal.

Que por este motivo, y a fin de evitar situaciones de desigualdad ante la ley en relación con el alcance de protección que asegura una misma garantía constitucional respecto de procesos de similares características en trámite ante un mismo tribunal, corresponde también disponer la inmediata implementación de las disposiciones procesales contenidas en el artículo 54 del Código Procesal Penal Federal que regulan las causales de intervención de la Cámara Federal de

Casación Penal, para todas las causas en trámite en la jurisdicción territorial que comprende su ámbito de actuación, que es único e indivisible y abarca todo el territorio nacional.

Adicionalmente corresponde disponer la implementación de los artículos 19 y 21 ya citados que aseguran la posibilidad de contar con esa revisión judicial amplia y los principios bajo los cuales debe ejercerse esa revisión.

Que la aplicación de estas pautas a los procesos en trámite bajo la Ley N° 23.984 no encuentra impedimento, pues no afecta en modo alguno el sistema y orden de los pasos procesales fijados por esa ley para arribar al dictado de una decisión definitiva, ni altera los roles funcionales que esa ley le asigna a cada uno de los órganos en el proceso. 

Finalmente, y encontrándose evolucionando favorablemente el proceso de implementación en la jurisdicción federal de Salta y Jujuy como lo demuestran las estadísticas con que se cuenta a la fecha en cuanto a eficiencia y celeridad de los procesos judiciales, y de acuerdo a las consultas formuladas por representantes de las jurisdicciones federales de Mendoza y Santa Fe, en particular la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, corresponde continuar con el cronograma de implementación integral del sistema procesal fijado por el Código Procesal Penal Federal en esas jurisdicciones.

Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto por los artículos 30 y 7° de la Ley N° 27.063, el artículo 2° de la Ley N° 27.150, y el artículo 3° de la Ley N° 27.482.

Por ello:

LA COMISIÓN BICAMERAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL 

RESUELVE: 

ARTICULO 1o.- Implementar los artículos 19, 21, 22, 31, 34, 54, 80, 81, 210, 221 y 222 del CODIGO PROCESAL PENAL FEDERAL, disponiendo su implementación a partir del tercer día hábil posterior a la fecha de publicación de esta resolución en el Boletín Oficial, para todos los tribunales con competencia en materia penal de todas las jurisdicciones federales del territorio nacional. Implementar los artículos 19, 21, 22, 31, 34, 80, 81, 210, 221 y 222 del CODIGO PROCESAL PENAL FEDERAL, disponiendo su implementación a partir del tercer día hábil posterior a la fecha de publicación de esta resolución en el Boletín Oficial, para todos los tribunales de la Justicia Nacional Penal, en este último caso mientras resulte de aplicación por parte de estos tribunales el Código Procesal Penal Federal.

ARTICULO 2o.- Iniciar el proceso de implementación territorial del CODIGO PROCESAL PENAL FEDERAL para su aplicación integral en todas las causas que se inicien en las jurisdicciones de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, conforme el cronograma que esta COMISIÓN BICAMERAL establezca en coordinación con el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN, el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN y la DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

ARTICULO 30,- Regístrese, comuníquese a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, a la CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL, a la CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN PENAL, al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACION. a la PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACION y a la DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, publiquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y, cumplido, archívese.

 

RESOLUCIÓN COMCPPF N°

CPPN 12

 

Por Dr. Guillermo Rodríguez

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2019

 

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