HACIA UN NUEVO FEDERALISMO

El Pacto Fiscal Federal es una herramienta clave para optimizar tres políticas: seguridad, salud y educación.

 

El nuevo gobierno que asumirá en pocos días deberá enfrentar el gran desafío de reducir la pobreza. El número de pobres ha crecido continuamente en los últimos 45 años, llegando al 35 % en 2019, cifra que incluye un 50% de niños y adolescentes menores de 15 años viviendo en situación de pobreza. Esta pobreza es estructural y erradicarla es un mandato social y la condición necesaria para el bien común.

El Pacto Fiscal Federal es una herramienta clave para optimizar tres políticas de Estado que son pilares del bien común y contribuyen a reducir la pobreza: la provisión de seguridad, salud y educación. Pero para esto se necesita un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos (CFI) que debe ser equitativo, eficiente y eficaz.

La CFI actual arroja resultados muy inequitativos y eso impide que pueda ser eficiente y por tanto no es eficaz.

La reforma constitucional de 1994 elevó a rango constitucional el régimen de la CFI. Dispuso en el Art. 75, inciso 2, que se instituya un nuevo régimen de CFI, disponiendo que antes de fines de 1996 se apruebe una Ley Convenio entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (distribución primaria) estableciendo, asimismo, que se defina un sistema de asignación de recursos entre las provincias (distribución secundaria). Este mandato constitucional permanece incumplido por 24 años.

La Constitución establece que la Ley Convenio deberá tener las siguientes características: (i) garantizará la automaticidad en la remisión de los fondos; (ii) definirá una distribución primaria de los fondos coparticipables estructurada en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas; (iii) asignará fondos según criterios objetivos de reparto; (iv) será equitativa; (v) será solidaria; (vi) dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida y igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional .

La actual Constitución dispone el reemplazo de la ley 23.548 que está vigente desde 1988, generadora de dos grandes desequilibrios fiscales: (i) Vertical, que relaciona el porcentaje de recaudación propia con los fondos de la CFI; en 2018 las 4 provincias más desarrolladas y la CABA tenían 5 % más de recaudación propia que de coparticipación; las petroleras (6 provincias) tenían 45 % menos y las provincias “pobres” (un total de 12) recaudaban un 80 por ciento menos de tributos que su coparticipación.

(ii) Horizontal, que deriva de la coparticipación per cápita y cuyos guarismos reflejan una gran inequidad interpersonal. No todos los argentinos son iguales para la actual coparticipación, ya que un misionero vale menos de la mitad que un formoseño, un salteño la mitad de un riojano, un tucumano la mitad de un pampeano, un jujeño la mitad que un fueguino, un correntino la mitad que un catamarqueño y un chubutense algo más de la mitad que un santacruceño.

(iii) Un tercer caso extremo de inequidad es el de la provincia de Buenos Aires. Cuenta con el 38 % de la población del país y en el Conurbano, que ocupa menos de 1% del territorio argentino, viven casi 11 millones de personas congregando allí un 40,3 % de habitantes bajo la línea de pobreza, ya que 4,4 millones de personas pobres viven en el Conurbano.

En ese contexto, un bonaerense recibe en promedio una coparticipación por habitante, la mitad de lo que recibe un habitante de Córdoba o de Santa Fe, menos de la quinta parte de lo que obtiene un habitante de Tierra del Fuego y uno de Catamarca.

A título de ejemplo, mencionemos que el bonaerense que vive en Carmen de Patagones recibe la tercera parte que quien vive en Viedma, y si vive en Moreno, la cuarta parte que si vive en El Calafate. A la vez Buenos Aires financia con impuestos propios un 17 por ciento mas lo que recibe por coparticipación, mientras que las restantes 18 provincias (6 petroleras y 12 “pobres”), tienen una participación de recursos tributarios propios de apenas la tercera parte de su coparticipación. Como se observa en este caso el esfuerzo tributario propio es muy inferior al que soporta la población de la provincia de Buenos Aires.

Es preocupante observar que no siempre una alta coparticipación asegura avances educativos, como lo indica Neuquén, que además de la coparticipación tiene el importante ingreso adicional de las regalías de gas, ya que recibe el 60 por ciento del total de regalías gasíferas de todas las provincias, sin embargo registra la menor cobertura de la Jornada Escolar Extendida del país, que apenas beneficia a 3 de cada 100 niños de las escuelas estatales primarias, mientras que Córdoba sin regalías gasíferas y menor coparticipación, beneficia con la JEE a la mitad de todos los alumnos.

Necesitamos un nuevo régimen de coparticipación, que debería fijar una coparticipación automática a favor de las provincias superior al 50 por ciento, pero sin coeficientes distributivos fijos para cada provincia como es ahora, sino con coeficientes distributivos periódicamente determinados por el Órgano Federal de Aplicación (previsto en el art.75 de la Constitución).

El objetivo deberá ser fortalecer el cumplimiento por parte de las provincias de las tres importantes responsabilidades que expresamente les encomiendan nuestras leyes. Estas tres responsabilidades corresponden a lo que la gente hoy desea y necesita urgentemente: recibir de los gobiernos provinciales: Educación, Salud y Seguridad.

Alieto Aldo Guadagni es Ex secretario de Energía. Academia Argentina de Ciencias del Ambiente

Publicado en Clarin el 17/11/2019

Se el primero en comentar en "HACIA UN NUEVO FEDERALISMO"

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.


*