SITUACIÓN DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA EN LA ARGENTINA 2020

Informe sobre la situación en la República Argentina a comienzos del año 2020. Antes del inicio de la pandemia del Corona virus y de conocerse el informe del INDEC sobre pobreza del tercer trimestre del 2019

ÍNDICE

Situación de la niñez y la adolescencia en Argentina 2020

El marco global                                                                                                        3

El marco familiar                                                                                                   4

La desnutrición infantil y el desarrollo congnitivo                                          6

La otra cara de la desnutrición: la obesidad                                                       7

La importancia de la sanidad escolar                                                                 8

El respeto por la integridad física y moral de los niños                                  9

Alcoholismo y drogadicción                                                                                11

Trabajo infantil                                                                                                       13

Adolescentes infractores de la Ley Penal                                                          16

La pobreza como explicación                                                                               16

La situación de la educación primaria y elemental                                      17

El analfabetismo y sus consecuencias                                                              18

El fracaso de la educación secundaria                                                             20

El impacto de la ciencia y la tecnología sobre la educación                       22

Algunas breves conclusiones                                                                              25

Documentos y otras fuentes citadas en el Informe

Ponencias: títulos y autores                                                                         28

Documentos de organismos públicos y entidades académicas                 28

Bibliografía sobre niñez y juventud (algunos títulos)                                 29

Situación de la niñez y la adolescencia en la Argentina. 2020

El marco global

En primer lugar, se coincidió en que no se podía sustraer el análisis de los problemas de la niñez y la adolescencia del marco particular de nuestro tiempo. Este fue caracterizado por un factor común: la incertidumbre, referida tanto a las expectativas futuras de los niños y adolescentes de hoy, como a las condiciones bajo las cuales debemos llevar acabo nuestro propio análisis. Esos interrogantes se presentan, básicamente, en cuatro grandes frentes que constituyen el telón de fondo de la realidad internacional. El primero son las consecuencias del cambio climático y del deterioro medioambiental que han generado la propia actividad humana y los estilos de vida y de producción que caracterizan la actual etapa del desarrollo tecnológico y los sistemas económicos y sociales que le van asociados. Resulta imposible predecir las consecuencias futuras de estos fenómenos. Si nos limitamos a hacer una proyección lineal de lo sucedido en los últimos años, vamos hacia un mundo donde los fenómenos climáticos extremos serán una constante, no pudiendo preverse cómo afectarán la vida cotidiana o se constituirán en un factor de limitación para el desarrollo normal de la actividad productiva o social.

En segundo lugar, se planteó la incertidumbre que se deriva de los impactos que podrán tener en el futuro inmediato los enormes cambios tecnológicos que estamos viviendo y los que ya podemos vislumbrar para el futuro inmediato. Se contó con una ponencia dedicada específicamente a este tema, de la que surge que vamos hacia cambios importantes en la estructura del trabajo y de la ocupación, lo que abre grandes interrogantes sobre el futuro de la estructura, las condiciones y el nivel del empleo. Esto, a su vez, plantea grandes cuestiones que tienen que ver con el futuro de la educación. En este sentido se destacó que aún no se ha tomado suficientemente en cuenta el impacto que las nuevas tecnologías, y en particular la Inteligencia Artificial, pueden tener en el futuro sobre los métodos de enseñanza y aprendizaje, llegando al desarrollo de instrumentos que permitan regular contenidos y métodos de enseñanza adaptados a la necesidad de cada individuo y variables, a lo largo del tiempo, en función de la evolución de dichas necesidades.

En tercer lugar, se puso particular énfasis en la influencia de las tendencias demográficas actuales. La transición demográfica está avanzando como previsto en muchas regiones del mundo, influenciada por dos grandes factores: la baja de las tasas de natalidad y de fecundidad y el aumento de la esperanza de vida. Sin embargo, buena parte del África islamizada y de Medio Oriente siguen presentando tasas de fecundidad muy por encima de la media mundial y empujando el crecimiento de la población mundial hacia niveles que plantean serios interrogantes en varios campos: el primero, es la sustentabilidad de un mundo que, de no modificarse las tendencias actuales, puede llegar a diez u once mil millones de habitantes hacia fines de siglo. El segundo, es el impacto sobre el medio ambiente y el cambio climático, dado que el crecimiento poblacional es, sin duda, el factor que mayor incidencia puede tener en el futuro sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. El tercero, tiene que ver con la

concentración poblacional en las megaciudades del futuro y las condiciones de vida en las mismas. Además, estas megaciudades pasarán a ser grandes centros de emisión de gases, primero en el proceso de construcción de las mismas (la industria del cemento es después de los combustibles fósiles una de las mayores fuentes de emisión de dichos gases) y luego, en cuanto a los requerimientos de transporte y movilidad de poblaciones tan numerosas. Si bien es cierto que, excepto en el caso de Brasil, no es este un problema que afecte a los países sudamericanos, cabe igual prever importantes crecimientos poblaciones en las principales ciudades de la región (Santiago de Chile, Lima, Buenos Aires, Córdoba, Rosario).

En cuarto lugar, se mencionaron los interrogantes que plantean los grandes cambios culturales que se viven como producto de la introducción y difusión de medios de comunicación que han multiplicado las fuentes y los contenidos de información de que disponen todas las generaciones desde la primera edad. Esto nos está llevando hacia una serie de cambios en los valores y en las pautas culturales, que diera la impresión que están generando un desplazamiento de lo que podríamos llamar los “valores weberianos” vinculados al trabajo, el esfuerzo y la búsqueda de riqueza, por otros más vinculados a la valorización del ocio, a la búsqueda de resultados recurriendo a la tecnología o al conocimiento y no al “esfuerzo” próximo al sacrificio que caracterizo la época preindustrial e incluso a las primeras etapas del crecimiento basado en la producción de materias primas y manufacturas. Estos cambios, también abren importantes interrogantes hacia la determinación de la orientación que deben tener la educación y la formación profesional.

Por último, y para completar el cuadro de interrogantes bajo el que debemos desarrollar este ejercicio, se mencionó el posible impacto de la actual pandemia, que pareciera tratarse de un proceso de alcance y consecuencias muy superiores a otros procesos conocidos en los últimos decenios, tanto en términos de intensidad humana y social como de consecuencias económicas hacia el futuro, hasta aquí impredecibles.

El marco familiar

Para comenzar, se destacó que era necesario tener en cuenta diversos aspectos que tenían que ver con la vida familiar, como el contexto social, el proceso educativo y el marco cultural. Para analizar el tema, se contó con el último “Estado de la situación de la niñez y la adolescencia en Argentina”, producido por la UNICEF en 2016. De allí surgen algunos datos preocupantes respecto de la maternidad en el país. En particular, los referidos a la maternidad de adolescentes, que sigue en los mismos niveles desde el 2007: el 15% de las madres corresponden a la franja de los 15 a los 19 años y la tasa de fertilidad de esa franja etaria (medida por la cantidad de nacidos por mil madres) es una de las más altas de América Latina (63 por mil) y más de cinco veces superior a la de los países europeos (entre 3 y 13 por mil), mientras que la proporción de embarazos no deseados de adolescentes, si bien se redujo un poco, sigue en valores constantes desde hace un cuarto de siglo (60,8% según el Ministerio de Salud de la Nación).

Estos promedios nacionales, esconden enormes diferencias regionales y especialmente provinciales, que se repiten cuando se consideran otras variables

demográficas. Así, por ejemplo, hay una elevada correlación entre embarazos adolescentes, mortalidad infantil o cobertura explícita de salud en: Formosa, Chaco, Misiones, Salta, Corrientes, Tucumán y Santiago del Estero, que están a la cabeza de todos estos índices negativos, acompañados, según los casos, por Jujuy, La Rioja, Catamarca, o incluso San Juan, San Luis o Santa Cruz.

En lo que a mortalidad infantil se refiere, lo más preocupante de estos datos es que según un estudio (SAP-UNICEF), “más del 50% de estas muertes (infantiles) pueden ser reducidas con un adecuado tratamiento clínico o quirúrgico”.

Volviendo al tema de las madres adolescentes, se citaron las cifras de un estudio de campo realizado en ocho barrios desfavorecidos de la ciudad capital de la Provincia de Catamarca, que indicaba que el 28% de los niños nacidos en el último año (2013) vivían en un hogar monoparental, donde predominaba la figura de la madre, la abuela o la tía. Obviamente esto crea condiciones muy poco propicias para el desarrollo ulterior de los niños, mucho más si se tiene en cuenta que un elevado porcentaje de esas madres adolescentes terminan convirtiéndose en jefes de hogar, con lo que esto representa para sus propias vidas y para el cuidado que pueden dar a sus hijos. En un gran porcentaje de estos casos, los niños resultan privados de la figura del padre, con lo que esto significa desde el punto de vista de la formación de la personalidad. Además, esto genera repercusiones desmedidas sobre las condiciones de vida y los ingresos de las madres solteras y de sus nacientes hogares, prolongando así las condiciones de pobreza de una generación a otra.

Cabe señalar, además, que algunos de los participantes estimaron que las cifras de la UNICEF no reflejaban plenamente la gravedad de la situación en el Gran Buenos Aires, y particularmente en el Municipio de la Matanza, donde ellos desarrollan actividades profesionales y de filantropía.

En este contexto, se sostuvo que las causas de estos problemas se encuentran en tres niveles: la pobreza y la indigencia (con lo que ello implica en las condiciones de vida: hacinamiento, falta de medios, alimentación insuficiente y/o inadecuada); falta de educación y particularmente de educación sexual; y rasgos culturales propios de ciertos sectores de la sociedad, que van desde la falta de consideración por el otro a la baja autoestima, pasando por el predominio de ciertas representaciones de las características de género que sirven para justificar conductas que se saben nocivas e incluso la adopción frecuente, entre los jóvenes de ambos sexos, de conductas de riesgo inducidos por el consumo de sustancias psicoactivas y/o de alcohol.

De allí que, si nos preocupamos por la suerte de los niños y adolescentes, resulta imprescindible comenzar por hacer frente a aquellos problemas de carácter estructural que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad, comenzando por la pobreza y la indigencia y la situación particular de sectores y grupos sociales marginales (en el sentido sociológico del término) o vulnerables. Los datos sobre pobreza que pudieron considerarse y las situaciones específicas que se mencionaron a lo largo del debate, ponen en evidencia que las políticas tradicionales de lucha contra la pobreza y de desarrollo social, no han dado mayores resultados y que la solución de los mismos pasa

por caminos que están mucho más vinculados a los resultados de las políticas macroeconómicas que a dichas políticas sectoriales. La fuerte correlación entre inflación y pobreza o empleo, nos hablan de la importancia de alcanzar condiciones de estabilidad que eviten el continuado deterioro de ingresos de los grupos familiares, afectando así las condiciones de vida de niños y adolescentes. En ese sentido, las políticas sociales adquieren otra dimensión, más de complemento o de ayuda a solucionar los problemas de sectores específicos que a resolver el problema mismo de la pobreza.

Obviamente, la primera y más importante de esas políticas tiene que ver con la creación de empleo y en particular con el empleo de los jóvenes y en especial de las mujeres jóvenes, cuyas tasas de desempleo en muchas jurisdicciones llegan a doblar las de los varones. Le sigue en importancia la disponibilidad y las posibilidades de acceso a la vivienda para los jóvenes, problemas que escapan al alcance de este estudio, pero que tienen marcada influencia respecto de la constitución de los hogares en que nacen y se desarrollan los niños.

En segundo lugar, buena parte de los problemas vinculados a la pobreza, comienzan con problemas sociales que requieren también nuevas formas de ser encarados. Como ya se señaló, uno de los más importante de ellos es el embarazo adolescente y las consecuencias que de allí se derivan. De aquí surgen la importancia de extender la cobertura geográfica y asegurar que se impartan los cursos sobre “educación sexual o reproductiva”; la necesidad de contar con campañas específicas de educación destinadas a evitar los embarazos no deseados; y la de asegurar las condiciones sanitarias y jurídicas necesarias para permitir la interrupción del embarazo bajo ciertas condiciones. Sin una acción continuada y coordinada entre la Nación y las provincias –en particular las más afectadas por estos problemas- será imposible quebrar la continuidad de una situación que es uno de los cimientos de la pobreza estructural que sufre la sociedad argentina. Al respecto, se oyeron fuertes críticas a la acción de la Iglesia Católica y de ciertas iglesias pentecostales tanto por su oposición a la difusión de la educación sobre salud reproductiva como a la modificación de la legislación vigente sobre interrupción del embarazo.

La desnutrición infantil y el desarrollo cognitivo

La falta de nutrientes esenciales afecta el crecimiento de los niños y aumenta su vulnerabilidad. Esto es particularmente grave en las primeras etapas de la vida, en particular hasta los cinco años, pero también, aunque en menor medida, más allá de esa edad. Las principales clasificaciones antropométricas para medir estas consecuencias son la emaciación (cuando el peso es insuficiente respecto a la talla de la persona), el retraso en el crecimiento (generalmente debido a la desnutrición crónica del niño, que tiene consecuencias irreversibles en su desarrollo físico y mental); y la insuficiencia ponderal (niños que pesan menos de lo que corresponde a su edad). Estas consecuencias pueden distinguirse en tres facetas diferentes: el desarrollo cognitivo, emocional y social, las que se retroalimentan y reciben influencias mutuas.

Para que el desarrollo cognitivo y de la inteligencia del niño pueda madurar con normalidad, tiene que existir una base biológica sana, así como un ambiente favorable

y estimulante, de modo que el organismo vaya madurando tanto a nivel biológico como a partir de la experiencia y el aprendizaje. En cambio, cuando hay desnutrición proteico- energética, el desarrollo intelectual de los niños se ve afectado, y esto a su vez incide radicalmente en el rendimiento escolar. Pero estos niños no sólo se ven afectados en el rendimiento colegial, también resulta afectada su contextura física (se detectan casos con varios centímetros menos de estatura), y una diferencia de hasta quince puntos en el Coeficiente Intelectual Teórico. Así se generan problemas en el aprendizaje que pueden desembocar en el fracaso en la trayectorias escolares, que por otra parte son acompañados de indicadores muy visibles en las escuelas: alteraciones visuales, auditivas y fonoaudiológicas; conductas anómalas: violentas, excesivo nerviosismo, irritabilidad e impulsividad; ausentismo; dificultades en la construcción del psiquismo con evidencias de baja autoestima, ausencia de empatía, impulsividad, egocentrismo; frustración escolar; adicciones.Todos factores que afectan el paradigma de la educación moderna, tal como lo ha definido la UNESCO: aprender a conocer, a hacer, a vivir juntos y a vivir con los demás, a aprender, en definitiva, a ser.

Obviamente para enfrentar estos problemas hay que erradicar la pobreza y todo lo que ella conlleva, y al mismo tiempo trabajar sobre la educación de los padres y del medio familiar e implementar políticas públicas dirigidas a combatir el hambre y a mejorar la calidad de la alimentación. En este sentido cobra importancia la reciente iniciativa del Gobierno nacional “Plan Argentina contra el Hambre”, que es parte de un Programa Nacional de Seguridad Alimentaria Nacional. Dicho plan tiene como objetivo asegurar una canasta básica alimentaria, mediante la entrega de una tarjeta alimentaria que permite comprar mensualmente una determinada cantidad de alimentos a tres grupos vulnerables: madres o padres con hijos menores de siete años, que reciban la Asistencia Universal por Hijo (AUH); las embarazadas a partir del tercer mes, y los discapacitados que reciban al AUH. Sería muy importante que este esfuerzo fuese acompañado de una mejora sustancial del contenido de nutrientes de los alimentos que se entregan con dicha tarjeta.

La otra cara de la malnutrición: la obesidad

Según la Segunda Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, el 67,9% de las personas mayores de 18 años, presentan exceso de peso: 34% sobrepeso y 33,9% obesidad. En el caso de los niños y adolescentes, de 5 a 17 años, el 20,7% tiene sobrepeso y el 20,4% obesidad. En lo que se refiere a los menores de 5 años, mientras que el 1,7% presenta bajo peso y el 1,6% padece desnutrición aguda, se computó un 13,6% con exceso de peso. Detrás de estas cifras hay una realidad de malnutrición originada en hábitos de consumo y patrones alimentarios más que en la escasez de alimentos, aunque se pueda aducir que los precios relativos de los diversos alimentos es uno de los factores que colaboran a la conformación de esos patrones. Se trata, esencialmente, del exceso de consumo de alimentos y bebidas ricos en sodio, en azúcar, en grasas saturadas y en grasas trans. Superar esta situación y especialmente evitar que la obesidad siga incrementándose entre los niños, requiere la promoción de la lactancia materna y de una alimentación donde predomine el consumo de alimentos frescos como frutas y verduras; que vaya acompañada de medidas como el aumento de impuestos a las bebidas azucaradas; la prohibición de la publicidad y la promoción de

bebidas y alimentos no saludables; del etiquetado claro de los alimentos envasados y de las bebidas, advirtiendo las consecuencias de su consumo allí donde puedan tener efectos negativos sobre la salud; la regulación de los entornos escolares; y fundamentalmente, de una política de educación de los niños y sus padres acerca de las consecuencias de esta verdadera epidemia de obesidad que está viviendo el país y de las formas de superarla.

La importancia de la sanidad escolar

La Ley 1420 establecía en su artículo 1º que la instrucción escolar debía propender “simultáneamente al desarrollo moral, intelectual y físico” de los niños; el artículo 2º sostenía que la “instrucción primaria… (debía ser)…dada conforme a los preceptos de la higiene; y el artículo 13 establecía la obligatoriedad de la “inspección médica e higiénica y la vacunación y revacunación de los niños en períodos determinados”. Este fue el punto de partida, no solo del salto exponencial que conoció la educación en el país, sino también la salud pública, y especialmente la de los niños y niñas que de allí en adelante concurrieron a los establecimientos de enseñanza que se multiplicaron a lo largo y ancho del país. En ello, jugó un papel preponderante la sanidad escolar, más allá de los vaivenes en términos de ubicación jurisdiccional o de importancia presupuestaria que vivió a través de los sucesivos gobiernos.

Hoy, con el sistema educativo transferido a las provincias, la eficiencia y las deficiencias del mismo y de la sanidad escolar, siguen más o menos la misma suerte que el resto de las políticas sociales en cada una de ellas. Con algunos agravantes. En primer lugar, el fraccionamiento del sistema de salud en tres sectores (público, sindical y prepagas) genera costos elevados y baja eficiencia, además de dejar fuera del sistema a muchos hogares de trabajadores informales o cuentapropistas, de modo que tampoco cubre adecuadamente las necesidades de los niños y adolescentes que los integran. Se está buscando de subsanar este problema, con políticas nacionales de asistencia, especialmente en el caso de embarazadas y de hogares que reciben la Asistencia Universal por Hijo (AUH). Sin embargo, al haberse dejado recientemente de exigir el certificado de escolaridad como condición para recibir dicha asistencia, se ha vuelto a crear un vacío cuyos alcances son difíciles de determinar.

En segundo lugar, la atención sanitaria representaba en 2015, según la UNICEF, el 6,4% del PBI, mientras que otras estimaciones lo llevaban al 8,2%. Según la OMS para el 2017 era algo menor, 7,26% del PBI, por debajo de Chile, Uruguay y Brasil (9,66%). Sin embargo, el mayor problema estaría por el lado de la inequitativa composición de ese gasto. Se estima que aproximadamente en 70% del gasto en salud se lo llevan la industria farmacéutica y la provisión de prótesis, de modo que se descuida la sanidad escolar, la prevención o incluso las campañas de vacunación, como se vio en la reciente epidemia de sarampión. Con el agravante, además, de que en muchas provincias se registra una subejecución de los presupuestos en materia de salud.

El tercer gran problema es la distribución de los sistemas de salud por regiones. Según el Registro Federal de Profesionales de la Salud, en el país hay aproximadamente

162.000  médicos  activos.  Esto  daría  un  promedio  de  4,14  médicos  por  cada  100

habitantes, cifra muy superior al promedio regional (2,42 por mil) y similar a la de España, Italia o Suecia. El problema es la distribución geográfica, con Catamarca y Santiago del Estero, seguidas por Formosa y Misiones presentando los índices más bajos del país.

La conclusión que surgió del análisis de este tema, fue resumida en una frase: “la salud está en terapia intensiva en el país”, y resulta necesario repensar todo el sistema; apuntar a una mejor distribución de la presencia de profesionales de la salud en todo el territorio; reforzar la formación de médicos generalista y, al mismo tiempo, la presencia de especialistas en el interior; y comenzar por tratar de tener una visión global de la situación que permita conocer necesidades, costos y medios disponibles, para poder encarar una revisión seria del sistema, que pueda superar los enormes problemas derivados de los intereses creados (sindicalistas, industria farmacéutica, prepagas, cuerpos profesionales) que impiden que la salud en el país, y la de los niños en particular, reciba la atención que necesita.

El respeto por la integridad física y moral de los menores

La pedofilia, el incesto, el abuso sexual, son males que las estadísticas no recogen pero que están muy presentes en ciertos sectores de la sociedad, independientemente del nivel de ingreso de los actores. Según los expertos, la mayoría de esos abusos se producen en el ámbito familiar. Y la pedofilia, generalmente percibida como un fenómeno propio de algunas instituciones educativas católicas, se ha generalizado como producto de su diseminación en redes sociales que escapan al control de las autoridades.

Y no estamos hablando de un fenómeno marginal: según uno de nuestros expertos, afecta al 20% de los niños, niñas y adolescentes del país (18,6% según una serie estadística quinquenal para las niñas adolescentes). Más concretamente, sobre el total de casos de violencia registrados en el último quinquenio sobre niñas menores de 14 años, en el 49,5% de los casos se trató de violencia sexual, porcentaje que se reduce al 11% para las adolescentes de 15 a 19 años. En el grupo de niños menores de 14 años, la violencia sexual afectó al 25,8% de ellos. De todos modos, estamos ante un tipo de problema que aquello que recogen las estadísticas es solo una parte de la realidad: el ocultamiento es la norma, de allí el estallido de denuncias individuales o colectivas que se producen muchos años después de los hechos.

Obviamente, el primer paso para poner límites al problema, es terminar con el hacinamiento y las condiciones de vida que genera la pobreza extrema. El segundo es el trabajo que debe desarrollar la escuela desde la más pequeña edad para que niñas y niños tomen conciencia de la integridad y especificidad de su cuerpo y de su derecho a preservarlo de cualquier tipo de estas agresiones. El silencio y las medias palabras de los mayores, y en particular de los educadores, son cómplices de estos hechos. Y el tercer paso es trabajar sobre las familias, en especial sobre las madres, que no siempre son la barrera a hechos aberrantes cometidos por otros miembros de la familia. El miedo y la vergüenza o el temor a la opinión ajena, condenan a seres inocentes a ser víctimas de esas conductas a menudo ejercidas por los seres más próximos. Las escuelas y todo

centro de asistencia o de reunión social, deberían ser ámbitos utilizados para difundir ese mensaje. En cuarto lugar, y aquí vuelve a entrar el Estado, para alejar a los actores de conductas aberrantes y para ampliar considerablemente las posibilidades de reparación, con la intervención de asistentes sociales, psicólogos y otros expertos que ayuden a las víctimas a superar lo vivido.

El mencionado informe de la UNICEF, es muy preciso al identificar parte de las causas de esta situación, cuando señala que “la asistencia y el tratamiento judicial y administrativo de estos casos graves no ofrecen la protección ni las garantías para las víctimas que mandan las leyes vigentes”. Esa protección enfrenta varios obstáculos:

  • Algunos comportamientos violentos o facilitadores de la violencia “no se reconocen como ilegítimos”;
  • Las agencias públicas están lejos de los problemas o no intervienen de forma oportuna o concertada;
  • La condición de víctima de violencia es, en sí misma, “un impedimento para realizar reclamos” y el Estado no los facilita;
  • Hay problemas con la información sobre el acceso a los sistemas públicos de protección.

Todo indica, entonces, que estamos ante otro caso donde sí hay una ausencia del Estado, especialmente en ciertas jurisdicciones. De nuevo se citó el caso de La Matanza: allí hay 14 Juzgados de familia, pero solo 9 asistentes sociales para sus

  • habitantes. En otros términos, la Justicia no alcanza y especialmente no hay reparación. Y esto último es un tema considerado particularmente grave: las secuelas de haber sido víctima de un abuso pueden condicionar una vida, modelar conductas y dejar efectos perdurables.

El tratamiento de este tema nos ha llevado a abordar otro íntimamente vinculado al anterior: la fuga, el abandono o la desaparición de niños, niñas y adolescentes de sus hogares. “Missing children” una organización no gubernamental que trabaja sobre este problema en numerosos países, reportó, para en el año 2017 en Argentina, 13.136 casos de niños, niñas y adolescentes (NNA) perdidos. De estos, 12.414 fueron encontrados; 128 habían fallecido y 66 permanecían desaparecidos. Sobre 653 casos que habían sido objeto de denuncias y que fueron encontrados, se estableció que el 44% de los casos se debían a fugas por “crisis de identidad”; 35% por conflicto familiar; 14% por sustracción (casi en el 90% de los casos por el padre o la madre) y que el 4% eran menores que se habían perdido y luego fueron encontrados.

Por otra parte, el Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas “ha identificado mediante el análisis de datos estadísticos propios, que el 71% de la población que abandona su hogar está constituida por adolescentes (franja etaria entre 13 y 17 años) y que más del 50% son niñas, destacándose “una feminización en el universo que padece este problema social” y sostiene que. …”En base a la experiencia en el trabajo con NNyA se puede mencionar que la acción de abandonar el hogar está relacionada con situaciones de vulneración de derechos en el ámbito familiar, por tanto, no se configura como un hecho aislado. El abandono de hogar aparece como una alternativa, mientras que la aproximación a la vida en la calle representa la entrada

a un campo con un entramado afectivo, relacional y simbólico complejo, donde los NNA toman un rol activo. En ese marco, y dependiendo de múltiples factores, aceptan o rechazan las propuestas de los dispositivos de protección (asistencia a paradores, atención de la salud, ingreso a un espacio recreativo, revinculación familiar) aunque con fluctuaciones ya que la complejidad de las situaciones coadyuva a que los procesos no sean en absoluto lineales.”

Volviendo a las fuertes diferencias que se plantean en nuestra problemática a nivel regional, las cifras de este Registro Nacional indican que un tercio de las desapariciones que se registran en el país, proceden de la Región Cuyo y que esto vale para cualquiera de los grupos etarios estudiados, mientras que casi otro 20% proviene del NEA. En ambos casos, una llamativa desproporción con la población total. Esto último nos lleva incluso a plantearnos dudas sobre la fiabilidad de los sistemas de recolección y tratamiento de datos de esta institución. En todo caso, la magnitud estas cifras confirman las afirmaciones hechas al comienzo de esta sección respecto de la necesidad de tomar medidas adecuadas ante este problema.

Alcoholismo y drogadicción

Existe una creciente preocupación por el impacto de la drogadicción y del alcoholismo entre los adolescentes, sin distinción de sexo. En el origen del problema encontramos una especie de desconocimiento o de subestimación de sus efectos sobre el desarrollo de las capacidades mentales de los individuos, y sobre las consecuencias en la salud cuando persisten dichas adicciones a lo largo del tiempo. Y este desconocimiento no es solo de los jóvenes adictos sino también de otros sectores de la sociedad que deberían estar colaborando para evitar las consecuencias de estos flagelos.

El alcoholismo hasta hace no muchos años era esencialmente un problema de los mayores. Sin embargo, las informaciones y las estadísticas con que hoy contamos en la Argentina nos muestran otro panorama. Una encuesta del SEDRONAR en 2014, puso de manifiesto que el 63,4% de los jóvenes encuestados habían bebido en una misma ocasión 5 o más tragos de alcohol en los quince días previos a la encuesta. Esto es el doble de lo que surgió de una encuesta semejante en el 2007. Además, a diferencia de los datos del pasado, ya casi no hay diferencia en el consumo entre jóvenes varones y mujeres.

Es un fenómeno ante el que la sociedad parece no contar con capacidad para reaccionar. La intensa gama de intereses en juego parecería haber anestesiado al cuerpo social y nada se hace ni en materia de prevención ni de represión. Al contrario, la difusión de la publicidad que incita a los jóvenes a beber como vía para encontrar la felicidad o ejercer la libertad, no tiene límites. Así estamos ante un problema grave y que se agrava en el tiempo. Frente al mismo, prácticamente no hay reacción de la sociedad (padres, familia, escuela, instituciones sociales) ni del Estado. Las normas nacionales son inocuas y a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS), adoptó en el 2010 la “Estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol” y que nuestro país ha adherido a la misma, poco o nada se ha hecho en la materia.

Y aquí se impone una pregunta: si muchas sociedades, incluyendo la nuestra, han sido capaces de poner límites al consumo de tabaco y reducir considerablemente las enfermedades derivadas del tabaquismo ¿por qué no se intenta seguir las mismas políticas con el alcohol? El caso del tabaco demostró que el énfasis puesto en la educación y la restricción de la publicidad y los actos de promoción y el castigo fiscal, son vías adecuadas y eficientes si se las ejerce en el contexto de políticas con objetivos precisos, consensuados socialmente y hechos permanentes.

En paralelo con lo que sucede con el alcoholismo, la consideración del uso de estupefacientes como factor lúdico o su valoración como expresión de rechazo a los valores tradicionales de la sociedad, han abierto la puerta a una generalización de su uso con un fuerte impacto negativo sobre la vida de los individuos y con graves consecuencias sociales a partir de la corrupción y la violencia que acompañan al narcotráfico. En nuestro caso, la preocupación surgió ante un cúmulo de informaciones, aisladas y mal procesadas, que nos hablan de una baja constante en las edades en que comienzan a registrarse casos de internación hospitalaria o de intervención policial por drogadicción.

Las estadísticas en este caso también son, lógicamente, pocas y sesgadas. Dos estudios semejantes de la SEDRONAR nos dicen que en el 2010 algo más de 1,3 niños y adolescentes sobre cien consultados, habían consumido marihuana en el último mes. En el 2017 ese número se había incrementado a 2,7. Para otras drogas ilícitas (cocaína, éxtasis, etc), el número se había incrementado de 1,5 a 2,7 (de cada cien consultados). Es decir que, si tomamos el conjunto de drogas ilícitas, el número de consumidores se había incrementado en siete años del 2,8 al 5,4 por ciento de los consultados. Además, el 3% de los encuestados que consumían drogas, a esa edad ya eran considerados droga- dependientes.

Del último estudio también surgía que en solo un año la edad promedio del inicio del consumo de éxtasis había bajado de los 16 a los 14 años y medio. Y que, a diferencia de lo que sucede con el alcohol, la dependencia entre las jóvenes era menor que entre los varones: la relación del número de consumidores es de 3 a 1 para la marihuana y de 4 a 1 para la cocaína. Detrás de estos números está el hecho, reflejado en la misma encuesta, que una cantidad cada vez mayor de jóvenes considera que “no es riesgoso fumar drogas alguna vez”.

Es muy difícil encontrar casos de políticas exitosas en esta materia y por ello las opiniones son muy divergentes acerca de las políticas a seguir. Hay un solo camino donde pareciera haber una amplia gama de coincidencias: el que se refiere a la necesidad de expandir y mejorar la calidad de las políticas de educación y prevención, comenzando en el ámbito familiar y poniendo particular énfasis en la educación escolar.

El otro aspecto fundamental que se analizó sobre este problema, fue la necesidad de mejorar la educación de madres, padres, hermanos mayores y otros miembros de la familia, instándolos a que tengan una mayor presencia en la vida de sus hijos, especialmente en la etapa de la adolescencia y los ayuden a evitar caer en aquellos problemas o a poder hacer frente a los mismos con más eficiencia. Esto debe hacerse

desde la escuela, pero también desde todas las instancias sociales desde las que se pueda hacer llegar ese mensaje. Es una tarea que el Estado aún no ha asumido y de la que no debe seguir ausente.

Trabajo infantil

También se pasó revista y se contó con adecuada información sobre el trabajo infantil en el país. Es un flagelo en claro retroceso y que va limitándose progresivamente a un número de actividades que van desapareciendo o que, ante el avance de la tecnología, hacen redundante la mano de obra sin costo o de muy bajo costo, como el trabajo infantil. Quedan, sin embargo, bolsones regionales o actividades donde el problema aún no ha sido superado. El más preocupante y difícil de enmendar, es el caso del trabajo realizado en el ámbito familiar a costa de la educación de los niños o niñas, o de imponerles un peso absolutamente injusto desde el punto de vista social. En estos casos, el problema va generalmente asociado a niveles de pobreza o indigencia extrema; en otros, a pautas culturales propias de grupos sociales generalmente marginados; y en otras, en fin, a las condiciones propias de vida del grupo familiar y de sus actividades productivas.

El Ministerio de Trabajo de la Nación ha realizado la “Encuesta de actividades de niñas, niños y adolescentes 2018”, que proporciona información estadística sobre los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años de edad involucrados en actividades económicas y no económicas, especificando características demográficas, educativas y socioeconómicas de los hogares de pertenencia. Este trabajo utiliza las siguientes definiciones: trabajo infantil propiamente dicho que incluiría toda actividad realizada por menores de 18 años o que no tienen la edad de admisión al empleo, remunerada o no; actividad económica para el mercado: que genera bienes o servicios y tiene valor económico; para el autoconsumo (producción de bienes para el hogar o ayuda en la auto construcción); actividad doméstica intensa, que son trabajos en la casa o cuidados de otras personas que restan tiempo a las actividades normales de un menor: estudio, recreación, etc.

De dicha encuesta surgen las siguientes conclusiones:

  • El 10% de los niños y niñas de 5 a 15 años del país realizan al menos una actividad productiva, con mayor incidencia en las áreas rurales (19,8%), y en las regiones del NOA y el NEA (13,6% y 13,1%, respectivamente).
  • La actividad productiva se intensifica entre los adolescentes de 16 y 17 años: el 31,9% del total del país realiza al menos una, mientras que en las áreas rurales lo hacen el 43,5%. Nuevamente son las regiones de NOA y NEA donde la incidencia del trabajo productivo es mayor entre los adolescentes (36,8% y 33,4%, respectivamente).
  • El trabajo mercantil entre los niños, niñas y adolescentes tiene mayor presencia relativa en las áreas urbanas del NOA y el NEA, y en áreas rurales de las regiones Pampeana, Cuyo y NEA. Las actividades de autoconsumo son más relevantes entre los adolescentes rurales del NEA y la región pampeana, y las actividades domésticas

intensivas, con prevalencia femenina, cobran relevancia entre aquellos residentes urbanos del GBA, NOA y Cuyo, y rurales del NOA y NEA.

  • Las actividades mercantiles más difundidas entre los niños y adolescentes urbanos están relacionadas con el trabajo por dinero en negocios, talleres u oficinas (para el 39,9% de los niños y niñas y el 37,9% de los adolescentes que trabajan) y la construcción y reparación de viviendas entre los varones más grandes (el 29,5% de los adolescentes). Entre las adolescentes que viven en medio urbano se destacan el cuidado de niños y personas mayores o enfermas, la limpieza de casas y la elaboración de comidas o productos para vender, concentrándose en estas actividades cerca del 40% de su trabajo. Si bien minoritario, el 12,5% de las niñas de dicho ámbito cuidan a niños, personas mayores o enfermos fuera de su hogar por dinero, asumiendo responsa- bilidades que no son acordes a la etapa del ciclo de vida por la que transitan.
  • En las zonas rurales, más de la mitad de los niños y niñas que trabajan se dedican al cultivo o cosecha de productos para vender (14,2%), el cuidado u ordeñe de animales (14,4%), la ayuda en la construcción o reparación de otras viviendas (11,9%) y la ayuda en negocios u oficinas (11,9%). Las actividades principales entre los adolescentes rurales son el cultivo o la cosecha de productos con fines de venta (15,1%), la ayuda en negocios, comercios o almacenes (12,4%), la construcción o reparación de viviendas (9,5%), la producción de ladrillos (8,9%) y el ordeñe y cuidado de animales de granja o de campo (8,6%).
  • La relación laboral que prevalece entre los más chicos es la ayuda familiar a padres u otras personas de su entorno cercano (67,7% de infantes urbanos y 65,2% de sus pares rurales). Sin embargo, a medida que crecen, se extienden las relaciones salariales de tipo precario (39,3% para los adolescentes urbanos y 29,9% para los rurales) y los acuerdos cuentapropistas informales, principalmente entre los que trabajan en el medio rural (25,2%). La amplia mayoría carece de algún tipo de beneficio social (vacaciones pagadas, obra social, días pagos por enfermedad, etc.) derivado de su trabajo.
  • La intensidad de la jornada laboral es un indicador que compite con el rendimiento educativo: entre los más chicos (5 a 15 años), un porcentaje menor en términos cuantitativos (8,5% en lo urbano y 6,1% en lo rural), pero con alta significancia social, desarrolla jornadas de 36 o más horas semanales a una edad en la que la mayoría de sus pares participa de forma exclusiva en el sistema educativo formal. Entre los adolescentes de 16 y 17 años, la jornada de trabajo a tiempo completo se intensifica: algo más de uno de cada cuatro varones (26,3% del medio urbano y 26,6% del rural) equipara su tiempo de trabajo con el de un adulto ocupado de tiempo completo.
  • Entre las niñas, niños y adolescentes, se evidencian condiciones de trabajo desfa- vorables: uno de cada cuatro niñas y niños urbanos desarrolla su actividad en la calle o en algún medio de transporte. La presencia de trabajo nocturno se intensifica en el medio urbano, principalmente entre las mujeres (16,6% de las de 5 a 15 años y 19,2% de las de 16 y 17 años declaran trabajar por las noches), a causa, fundamentalmente, de los trabajos de cuidados que ellas realizan.
  • Las brechas de ingresos laborales entre mujeres y varones adultos comienzan en la niñez y se profundizan en la adolescencia: mientras que las niñas —tanto urbanas como rurales— ganan un salario medio 22% inferior al de sus pares varones, entre las adolescentes la brecha salarial se intensifica. El salario medio de una adolescente urbana es un 40% inferior al de los varones, mientras entre sus pares rurales la brecha alcanza al 58%.
  • La inclusión educativa de los niños y niñas de 5 a 15 años en Argentina es casi universal (98,7% de los que residen en ámbitos urbanos y 96,6% de los rurales). Sin embargo, el trabajo infantil en cualquiera de sus formas incide en las trayectorias educativas de quienes lo realizan. Las principales problemáticas que afectan a los niños y niñas que trabajan están relacionadas con las llegadas tarde y, en menor medida, con las inasistencias frecuentes a la escuela (el 29,6% de los niños urbanos llegan tarde y el 19,1% de sus pares rurales que trabajan para el mercado faltan con frecuencia).
  • Entre los de 16 y 17 años la asistencia escolar es menor: mientras el 87,4% de los adolescentes urbanos asisten a un establecimiento escolar, en las áreas rurales lo hace el 75,1%. Durante la etapa adolescente se registran menores porcentajes de concurrencia y mayores niveles de repitencia, lo que se intensifica entre aquellos que realizan una actividad productiva: 27,8% de los adolescentes urbanos que trabajan y 16,5% de sus pares mujeres no van a la escuela.
  • En el medio rural, los impactos negativos del trabajo se profundizan: el 45,5% de los varones y el 23,0% de las mujeres que trabajan para el mercado no concurren a un establecimiento educativo. En el NOA y NEA se observan los mayores niveles de deserción escolar entre los adolescentes que trabajan, aunque con niveles relativos diferentes según se trate de áreas urbanas o rurales (18,3% en el NOA y 14,3% en el NEA urbanos, y 28,5% en el NOA y 27,7% en el NEA rurales).
  • Los hogares con al menos un niño, niña o adolescente que trabaja presentan un clima educativo bajo: 68,2% de los hogares urbanos y 87,7% de los del medio rural están integrados por miembros de 18 años y más con nivel educativo inferior al secundario completo.

Cabe señalar, finalmente, que el 43,2% de los hogares del medio urbano donde hay menores que trabajan y el 47,5% del rural, señalan que alguno de sus miembros recibe la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social (AUH).

Como puede verse, el panorama dista de ser positivo, aunque los pocos datos históricos con que contamos, hablan de una mejora progresiva a lo largo del tiempo. Esto se ha debido, en buena medida, a la reiteración de campañas de prohibición del trabajo infantil, especialmente en medio urbano y en actividades manufactureras. La Oficina Internacional del Trabajo (OIT) viene desarrollando desde hace decenios campañas eficientes sobre el trabajo infantil. Es preciso que los gobiernos sigan acompañando esas campañas y que traten de desarrollar sus propios programas especialmente en el caso de comunidades o sectores muy vulnerables o aisladas y donde es más difícil la implementación de planes nacionales.

Adolescentes infractores de la Ley Penal

El primer comentario que surgió de la consideración de este tema, fue la conveniencia de no utilizar el término “delincuencia juvenil”, dado que en la mayoría de los casos en que jóvenes, y algunos adolescentes, llegan a ser condenados por delitos penales, no se trata de delitos propios de esas franjas etarias, sino de jóvenes que se ven involucrados en delitos organizados por mayores.

El segundo, fue la baja fiabilidad de las estadísticas sobre delincuencia en el país, por razones que van desde la densidad del ocultamiento cuando se trata de delitos cometidos por menores hasta la baja tasa de denuncia de muchos de esos delitos, debido a la falta de credibilidad de la policía y del sistema judicial. De allí que sorprenda el contraste entre la imagen de la existencia de una importante “delincuencia juvenil” y la cantidad de adolescentes considerados infractores a la ley penal. A fines de 2015, según datos recogidos por la UNICEF de fuente oficial argentina, la cantidad de “infractores de la Ley Penal incluidos en dispositivos penales juveniles” llegaba a 7.178, el 95% de ellos (6.800) varones. De ese total, solo 1.305 (y de ellos 35 mujeres), se encontraban privados de la libertad, incluyendo entre ellos unos pocos mayores que habían delinquido siendo menores de edad. El 55% de aquel total, habían cometido delitos contra la propiedad; el 26,6% homicidios o intentos de homicidios y solo el 0,9% habían violado legislación vinculada al tráfico de estupefacientes. Obviamente quedaban fuera de estas cifras aquellos que estaban siendo procesados, cuyo número puede ser superior al de los ya condenados.

Finalmente, hubo expresiones de preocupación por la creciente utilización de niños para actividades delictivas, especialmente en el ámbito del narcotráfico, aprovechando su menor riesgo penal: el surgimiento de los “soldaditos” y hasta de los jóvenes “sicarios”, como fenómenos ignorados en nuestro país hasta no hace mucho tiempo atrás.

La pobreza como explicación

Las condiciones de pobreza e indigencia bajo las que vive un porcentaje importante de la población argentina explican muchos de los problemas antes considerados. Lamentablemente, como se ha señalado en más de una oportunidad, la pobreza de las estadísticas sobre la pobreza limita el estudio de sus características o de las causas, tanto a nivel global como a escala local. Por ello, los intentos para vincular la condición de pobreza o indigencia con los problemas de las niñas, los niños y los adolescentes, son muy limitados. El mismo estudio de la UNICEF, no consigue penetrar en este terreno. Y algunas de las estimaciones que circulan o se citan a menudo, están distorsionadas por problemas metodológicos o por la intención de dar una imagen más grave de lo que ya es de por sí la realidad, para poder justificar interpretaciones o recetas políticas basadas en consideraciones ideológicas y no en el estudio empírico de la realidad.

Trataremos entonces de reunir aquí aquello que nos brindan las estadísticas oficiales en la materia. En particular, el último trabajo del INDEC “Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos”, con datos del primer semestre de 2019 y dos trabajos de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Debemos señalar que, con posterioridad a la redacción de este Informe, el INDEC publicó una versión más actualizada del citado informe.

El primero de esos trabajos nos dice que en lo que se refiere a los menores de 14 años (o sea el grupo etario 0-14), el 13,1% de ellos viven en hogares calificados como indigentes y que el 39,6% vive en hogares “pobres, pero no indigentes”. Esto significa que el 52,6% de los niños y adolescentes más jóvenes, viven en condiciones de pobreza en nuestro país. Esto contraste con un índice global de indigencia del 7,7% (o sea que ese es el porcentaje de la población total que vive en indigencia) y del 27,7% de pobres no indigentes. Es decir, la cantidad de niños y adolescentes que viven en hogares pobres casi duplica al promedio nacional de personas que viven en hogares pobres.

Como para la mayoría de los restantes índices consultados, los hogares con niños que viven en la pobreza y la indigencia se concentran en el NEA (Gran Resistencia, Corrientes, Formosa, Posadas), en Cuyo (Gran Mendoza y Gran San Luis), en el NOA (Santiago del Estero, Salta y Catamarca) y en las restantes grandes ciudades del interior (Rosario, Córdoba, Santa Fe, San Nicolás-Villa Constitución), pero especialmente en los partidos del Gran Buenos Aires.

En la Ciudad de Buenos Aires, para la que disponemos de alguna desagregación adicional de la información, podemos ver que aquellos hogares que tienen niños y adolescentes tienen un nivel educativo ligeramente inferior a los que no los tienen. Más importante, podemos observar que, mientras el 28,2% de la población de la Ciudad pertenece al primer quintil de los ingresos (es decir al 20% más pobre), en el caso de los hogares con niños y adolescentes, ese porcentaje sube al 45,6%. En el otro extremo de la escala, es decir entre el 20% más rico, los que pertenecen a ese quintal son el 14,1% de la población, pero de aquellos que tienen niños y adolescentes, a ese quintal solo llega el 5,4%.

En definitiva, todo nos indica que hay más niños en los hogares pobres, e inversamente, que los pobres tienden a tener más hijos que el resto de la población. Visto la creciente diferencia para superar de una generación a otra la condición social de los progenitores, estamos ante un gran problema que, un siglo atrás se resolvió principalmente con más y mejor educación. ¿Podremos volver a lograrlo?

La situación de la educación primaria y elemental

Es muy difícil hace un resumen detallado de lo que sucede en el país en materia de educación primaria. Hemos intentando, en consecuencia, resumir algunos puntos esenciales recurriendo a un par de fuentes: los informes del CEA de la Universidad de Belgrano y la Evaluación Aprender 2018. De ambos surgen los siguientes datos:

  1. La “escolarización” de los menores de cuatro años solo llega al 41%, por debajo de la de Brasil, Chile, Colombia y México y muy por debajo de la media de la

OCDE que representa la situación en los países más desarrollados, donde llega al 77%. Y esto a pesar de grandes esfuerzos que se han hecho en los últimos años, para usar la escolarización a baja edad como vía para evitar a los más pequeños las consecuencias de la pobreza de los hogares de los que proceden.

Sin embargo, las cifras recogidas por el Informe sobre Niñez y Adolescencia de la UNICEF 2016, da un panorama distinto. Sostiene que la tasa de concurrencia para los 3 años es del 46%, del 75 para los 4 años y sube al 95% a los 5 años, de modo que superaría los promedios regionales.

  • Según siempre la UNICEF, para universalizar la cobertura en el nivel inicial, habrían hecho falta, en 2016, nada menos que 2.172 nuevas escuelas.
    • Los días de clase obligatorios en Argentina son 180 (contra 200 o más del resto de los países latinoamericanos). Pero los días reales de clase en 2018 fueron 168, con una fuerte diferencia entre las escuelas públicas y las privadas (obviamente en favor de estas últimas). La causa principal del bajo número de días de clase, son los conflictos sindicales.
    • Existe una situación paradójica: en Argentina hay solo 12 alumnos por cargo docente, contra 20 ó 27 en el resto de América Latina. Esto se supone que es producto del elevado nivel de ausentismo tolerado y del predominio de las tareas administrativas sobre las docentes en las escuelas.
    • La Ley Nacional de Educación vigente exige la escolaridad extendida para la totalidad del alumnado primario. Sin embargo, solo el 13,9 % de los alumnos la recibe.
    • Las consecuencias de esta situación se reflejan en los resultados de las escasas evaluaciones con que se cuenta. En materia de conocimientos de Matemática, en 2018, realizada en 24 distritos del Conurbano bonaerense, determinó que el 54% de los alumnos del último año del primario no habían alcanzado la “adquisición de conocimientos por encima del Nivel Básico”. Con el agravante que los resultados del 2018 mostraban un incremento del 10% en la cantidad de alumnos cuyos conocimientos están “por debajo del Básico”.
    • El retraso en la culminación de los estudios alcanza al 20% de los alumnos de los dos últimos grados del primario.
    • Estos resultados globales, a su vez, presentaban fuertes diferencias según los municipios. Así, por ejemplo, mientras en José C. Paz solo el 6.65% de los alumnos alcanzaban el nivel de conocimiento “Avanzado”, ese porcentaje llegaba el 22,27 en Vicente López.

El analfabetismo y sus consecuencias

La UNESCO definió al analfabeto en la Conferencia Mundial de Educación de Adultos (Montreal, Canadá. 1960) como…” la persona que no es capaz de leer ni escribir, ni comprender una breve y sencilla exposición de hechos, relativa a su vida cotidiana”. En otras palabras, no tiene una interpretación, comprensiva y crítica de la realidad. Y esto no es consecuencia de su grado de inteligencia sino de la falta de herramientas intelectuales para poseer un análisis crítico de lo que le sucede y rodea. Luego la UNESCO definió el “analfabetismo funcional” (o analfabetismo por desuso), considerando como analfabeto funcional…”a la persona que no puede emprender aquellas actividades en las que la alfabetización es necesaria para la actuación eficaz de

un grupo y comunidad, y que le permite así mismo seguir valiéndose de la lectura, la escritura y la aritmética al servicio de su propio desarrollo y el de la comunidad”. Es decir, se trata de aquella persona que, habiéndose alfabetizado, no llegó a consolidar sus conocimientos porque su proceso de alfabetización y educación básica no llegó a superar los 4 ó 5 años, y recae en el alfabetismo, nuevamente. En 1978 la UNESCO volvió sobre el tema y redefinió a la persona analfabeta como aquella que “no puede emprender actividades en las que la alfabetización es necesaria para la actuación eficaz de un grupo y comunidad y que le permitan así mismo seguir valiéndose de la lectura, la escritura y la aritmética, al servicio de un desarrollo propio y el de la comunidad”.

Hoy se considera que existen, dos formas de analfabetismo: por un lado, el primario y secundario y por el otro el absoluto y funcional. El analfabetismo primario es aquel en que la persona nunca supo leer y escribir. El secundario, es cuando una persona aprendió  a  leer  y  escribir,  pero  que  con  el  paso  del  tiempo  olvidó  esa  capacidad. También se incluyen en esta categoría aquellas personas que, aun sabiendo leer y escribir frases sencillas, no dominan la técnica de la lectoescritura, incluyendo la incapacidad para desarrollar conocimientos básicos de aritmética. Actualmente, debemos también incorporar el concepto de “analfabetismo tecnológico” que resulta de la incapacidad para utilizar las aquellas tecnologías que se han hecho de uso común tanto en la vida diaria como en el mundo laboral. Se puede ser un analfabeto tecnológico más allá del nivel de educación e incluso de la clase social o poder adquisitivo del individuo. En todo caso, y en todos los niveles, el analfabetismo es un capítulo más de la lucha contra la pobreza.

Nuestro país, pudo exhibir durante decenios un historial muy positivo de lucha contra el analfabetismo. El primer censo argentino, llevado a cabo bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, en el año 1869, arrojó una cantidad de 1.830.214 habitantes. De estos, el 71,5% de las personas eran analfabetos. Y había solo 2.307 docentes para atender a la educación de toda la población. De modo que había un docente por cada 2.300 personas. Todo cambió desde entonces y especialmente a partir de la aprobación de la Ley 1420, en el año 1884. Y esto a pesar de que al país ingresó una enorme cantidad de inmigrantes, la mayoría de los cuales o eran analfabetos o no hablaban el idioma nacional. Sin embargo, desde entonces, cada nuevo censo ponía en evidencia los grandes avances registrados: en 1914, los analfabetos era el 35,9% de la población mayor a los 10 años de edad; en 1947, era solo el 13,6%; en 1960, el 8,5%; en 1970, el 7,4%; en 1980, el 6,1%; en 1991, el 3,7% y en 2010, el 1,92%.

Este éxito fue, en gran medida, fruto de una institución surgida de aquella ley: el Consejo Nacional de Educación y posteriormente, de la Ley del Servicio Militar Obligatorio, de 1901, uno de cuyos objetivos era alfabetizar a los jóvenes que se incorporaban a las filas del Ejército. Posteriormente, se llevaron adelante varios planes de alfabetización. En la década de 1960 se desarrolló una exitosa campaña de alfabetización que fue interrumpida en 1966. De allí en más la atención se centró en los mayores analfabetos y en grupos vulnerables: entre 1973 y 1976 se desarrolló la Campaña de Reactivación Educativa de Adultos para la Reconstrucción (CREAR); y en 1984 se creó la Comisión Nacional de Alfabetización Funcional y Educación Permanente (CONAFEP) que llevó adelante el Plan Nacional de Alfabetización, que fuera premiado

por la UNESCO en 1988 como el mejor plan de alfabetización que se estaba desarrollando en el mundo.

Hoy, nuestro país, está considerado como un país “libre de analfabetismo”, aunque existan dudas sobre la realidad de los guarismos del censo de 2010. Poco sabemos en cambio, acerca de analfabetismo secundario y mucho menos aún, del analfabetismo tecnológico. Sí, sabemos en cambio, de la baja calidad que globalmente tiene el sistema educativo, tal como se viera en la sección anterior.

El fracaso de la educación secundaria

En este caso, si bien también tomamos algunos datos de los informes del CEA, recurrimos extensamente a las conclusiones de la Evaluación PISA 2018. Recordemos que se trata de una evaluación que se lleva a cabo en 79 países, casi al mismo tiempo en todos ellos, incluyendo 37 países que son miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico que agrupa al conjunto de los “países desarrollados” pero que también incluye a México y a Chile. La evaluación para Argentina se realizó en septiembre de 2018, comprendió a 458 escuelas de todo el país y alcanzó a 14.546 estudiantes de 15 años de edad, inscriptos en dichas escuelas. Estuvo centrada en tres materias: Lectura, Matemáticas y Ciencias y se clasificaron los resultados en cuatro niveles diferentes.

Como algunos de esos resultados se comparan con evaluaciones anteriores, corresponde hacer la salvedad que presenta el Informe de dicha evaluación:

“Entre los años 2000 y 2018 la cantidad de estudiantes de 15 años en la educación común pasó de 536.000 a 658.000 en la Argentina, representando un incremento de 23% en relación con la situación de comienzo del siglo. La cobertura por edad simple, se incrementó en 13 puntos porcentuales en dicho período. Los mejores resultados de la serie histórica de participación en PISA se registraron en el año 2000, cuando el 16% de la población de 15 años se encontraba desescolarizada. Sucesivos esfuerzos de políticas educativas nacionales y provinciales, de orden educativo y social, y un nuevo marco normativo, generaron una importante expansión que se aceleró a partir de 2009. “

  1. Este ya es un primer dato de importancia: el crecimiento de la matrícula escolar ha superado ligeramente el crecimiento de la población total en ese período, 23% contra 21,1%. Teniendo en cuenta la estructura por edad de nuestra población, es posible que, en definitiva, la escolarización no haya hecho más que acompañar el crecimiento de población en edad de ser escolarizada. El aspecto negativo es que del análisis que se hace en el Informe, se justifican los menores resultados como producto de un aumento de la escolaridad. Esto tiene, sin embargo, una explicación positiva: si ha habida aumento de la matrícula esta ha sido mayor en los sectores de menores ingresos y en consecuencia de menor formación en la escuela primaria.
  2. La deserción en la escuela pública es muy notoria: de cada 100 alumnos ingresados a la escuela en el año 2006, solo 33 terminaron el secundario en el 2017. Las diferencias son muy notorias según las provincias: en Tierra del Fuego y en la Ciudad de Buenos Aires, el 60% de los ingresado terminaron sus estudios secundarios; en Misiones, Formosa, San Juan y Santiago del Estero, solo terminaron menos del 30%. Y según UNICEF, solo un tercio de los alumnos que

ingresan al secundario lo completan en los plazos previstos y esa proporción se reduce al 13% entre los alumnos de hogares de más bajos ingresos.

  • De los resultados del Informe PISA surge que, en materia de Lectura, el promedio alcanzado por los alumnos argentinos, en 2018 fue de 402 puntos, contra 374 del examen del 2006, debiendo señalarse, sin embargo, que en el 2000 (cuando se hizo esta evaluación por primera vez en el país), se había alcanzado un índice de 418 puntos. Los resultados del 2018, están por debajo de la media de los otros países latinoamericanos que participan del ejercicio (Chile 452, Uruguay 427, los mejor ubicados), y considerablemente por debajo de la media de la OCDE: 487 puntos.
  • El 47,9 de los alumnos, alcanza el Nivel 2 o mayor, es decir que tienen suficientes “conocimientos para la comprensión básica de las situaciones” que se les presenta. En cambio, el 52,1% restante está en el Nivel 1 o por debajo, es decir que solo “pueden realizar las tareas más simples frente a los textos presentados”.
  • En lo que se refiere a Matemáticas, los resultados son muy decepcionantes, siguiendo con lo ya señalado para los resultados de la escuela primaria. Un 31% de los estudiantes alcanza el Nivel 2 o los superiores, pero el 69% restante está en el Nivel 1 o por debajo. Peor aún, el 40,5% no alcanza el Nivel 1.
  • Con 379 puntos de promedio en Matemáticas, los estudiantes de nuestro país están por debajo de la media de los restantes latinoamericanos que participaron del ejercicio. Esa media fue de 388 puntos, pero Chile llegó a 417 y Uruguay a 418, mientras que el promedio para la OCDE fue de 431.
  • En materia de Ciencias, en cambio, a pesar de los pobres resultados, ha habido una mejora respecto de los del 2006: el promedio pasó de 391 a 404 puntos. Uruguay llegó a 426 y Chile a 444, mientras que el promedio para la OCDE se ubicó en 489 puntos.
  • El 46,5% de los alumnos argentinos se ubicaron en el nivel 2 o superior, es decir que “pueden recurrir al conocimiento cotidiano y a conocimientos básicos para identificar una explicación científica adecuada, interpretar datos e identificar la pregunta que busca responder un diseño experimental simple”. El restante 53,5% está en el Nivel 1 o por debajo.

Este importante Informe Pisa 2018 para Argentina presenta, además, algunas conclusiones particularmente interesantes para guiar a nuestros docentes y planificadores de la educación. Algunas de ellas no son más que confirmaciones de los resultados de otros estudios, pero igual vale la pena sintetizarlos aquí:

  1. Existe una clara correlación entre los resultados y el nivel socio-económico y cultural de los alumnos.
  2. Esa correlación es aún mayor cuando se trata del nivel educativo de la madre, y más acentuado todavía en el caso de las pruebas sobre Lectura.
  3. Todos los datos disponibles hablan de una gran dificultad para superar la barrera intergeneracional de la pobreza: los hijos de los pobres seguirán siendo pobres, a pesar de la educación.
  4. Hay una fuerte brecha en los resultados entre escuelas públicas y privadas, en favor de estas últimas.
  • El desempeño de las escuelas rurales o de los pueblos pequeños es, en general, muy bajo.
  • Hay mejor desempeño de las jóvenes en Lectura, mientras que los varones lo tienen en Ciencias y Matemáticas.
  • La sobreedad y el rezago (más de un año de atraso) bajan considerablemente los desempeños: 40 y 100 puntos en promedio. Los peores desempeños son de aquellos jóvenes que han repetido años.
  • Un 11% de los alumnos declaran haber sido afectados por el “bulling”, que junto con el acoso, generan “stress” y dificultan el aprendizaje.
  • Una gran mayoría de los alumnos se siente integrados, “son parte de la escuela”.
  • También son mayoría los que dicen tener conocimiento de los problemas globales de la sociedad: pobreza, interdependencia económica, migraciones, desigualdades, riesgos ambientales, diferencias de género. Y un elevado porcentaje de ellos dice poder explicar esos fenómenos.
  • Hay una fuerte correlación entre los estudiantes que leen no menos de dos horas por día y los que logran resolver los problemas de los niveles 2 y 3 de las pruebas y los que leen menos y no logran las habilidades necesarias para resolver los del Nivel 1.
  • El 20% de los estudiantes consideran que leer “es una pérdida de tiempo”!!!!
  • La encuesta que acompaña a las pruebas, permite separa a los estudiantes en otras dos categorías: los que consideran que la inteligencia es “una dote fija” y aquellos que creen que es “una capacidad que puede crecer”. El 45% de los primeros (es decir lo que toman la inteligencia como una “dote fija”) están entre 19 y 38 puntos por debajo de la media en los resultados de las tres materias. De los que están en la segunda categoría, el 45% supera entre 30 y 40 puntos aquella media.
  • Finalmente, los que leen más de dos horas por día y creen que la inteligencia es una capacidad que puede crecer, superan en 80 puntos la media.

El impacto de la ciencia y la tecnología sobre la educación

Podemos definir a la “globalización” como “la etapa del desarrollo científico y tecnológico que generó la aparición de nuevos productos y servicios, y de métodos de producción capital-intensivos, que permiten grandes escalas de producción y la división y deslocalización de los procesos productivos, y de un contexto internacional en el que es posible la movilidad de los factores de producción y de bienes y servicios en casi todo el mundo y con limitadas barreras que afecten dicha movilidad”.

Es decir que se trata de un conjunto de procesos en los que predomina el avance científico y tecnológico, que ha sido acompañado, entre otros, por procesos de liberalización del comercio y de los movimientos de capitales indispensables para que los bienes y servicios resultantes de aquel avance tecnológico pudieran distribuirse a escala global. Se trata de un proceso continuado, que aún no ha finalizado, y que pareciera dirigirse, a comienzos de este segundo decenio del siglo, hacia una nueva etapa.

Los principales de esos procesos, que no han sido simultáneos ni iguales en todo el mundo, y vinculados a la producción de bienes, han sido:

  • “la globalización mano de obra intensiva”, que tuvo mayor presencia en sectores como la confección, el calzado, juguetes y la mecánica ligera;
  • la producción de “quasi-commodities capital intensivas”, como los chips y otros componentes electrónicos, que intervienen en el armado de equipos de comunicación, de audio, televisores, computadoras, celulares y otros;
  • la robotización, fragmentación y deslocalización de los procesos industriales, que han sido característicos de la industria automotriz y de la aeronáutica, pero que también alcanzó a otras industrias.

Paralelamente, se produjo una gran transformación (y expansión) en el sector de los servicios, basada, principalmente en tres factores:

  • la introducción y posterior generalización de la computación; el desarrollo de Internet y de las redes de comunicación, especialmente por vía satelital y fibra óptica; y la generalización del uso de telefonía móvil;
  • la consiguiente introducción de nuevos productos y servicios que permitieron una enorme expansión de sectores como el bancario y financiero, el turismo, los viajes comerciales o profesionales, la salud, la educación y los espectáculos de todo tipo; y
  • la independización o la tercerización (outsorcing) de muchas actividades que antes estaban directamente ligadas al proceso de producción y se realizaban en el mismo lugar que dicha producción.

El resultado global, en términos de empleo, podría simplificarse en los siguientes procesos:

  • aceleración del proceso de pérdida de empleo en el sector manufacturero y continuación del mismo en el sector rural, aunque a una tasa más baja que en decenios anteriores;
  • pérdida de los empleos caracterizados por actividades rutinarias o repetitivas;
  • de aquellos vinculados a productos o servicios que cayeron en desuso o que fueron reemplazados por otros;
  • menos cantidad de personal requerido por las grandes empresas que introducen nuevas tecnologías;
  • el mencionado “outsorcing” que requiere más tecnología y menos empleo;
  • gran crecimiento del empleo en el sector servicios y particularmente en las actividades de más rápida expansión que se mencionaron antes.

El resultado global es que el empleo en el mundo no ha dejado de crecer, llegándose en 2018 al nivel mínimo de desempleo mundial y al nivel más alto de salarios promedio de la historia. Obviamente, esto ha sido con grandes diferencias de un país a otro e incluso con fuertes diferencias sectoriales en un mismo país.

Actualmente, y ya antes de la aparición de la actual pandemia, había claros signos de agotamiento de una etapa de fuerte expansión que había comenzado en los años noventa y que, tras la crisis financiera de 2008/2009, había continuado, pero con un ritmo más lento de crecimiento. Este proceso, de “ralentización”, nos pone al mismo

tiempo ante la posibilidad del inicio de una nueva etapa en la que aparecen nuevos elementos, cuyo impacto sobre el crecimiento económico y especialmente sobre el empleo, es difícil de predecir. Esta etapa futura, estaría caracterizada por los siguientes factores:

  • aceleración de la robotización y su expansión a nuevas actividades;
  • uso masivo de “impresoras 3D”;
  • la expansión a muchas industrias e incluso actividades del sector servicios del “internet de las cosas”
  • disponibilidades de procesadores con mayor capacidad de almacenamiento y velocidad de procesamiento de datos, de resolución de procesos más complejos y de generación de instrucciones en función de objetivos.

Sin embargo, la mayor puerta hacia el futuro tecnológico está dada por la explotación de las innovaciones derivadas de la Inteligencia Artificial (IA). Su objetivo es lograr que las máquinas puedan replicar capacidades de la mente humana, como razonar o aprender. Una de las ramas principales de la IA es el “aprendizaje automatizado”, que consiste en el diseño de programas que le permitan a una máquina, a través de la repetición de procesos, encontrar patrones de conducta a seguir vinculados a objetivos predeterminados. Podemos decir, en síntesis, que la IA es al cerebro lo que el robot es al brazo. Ambos permiten una utilización mucho más extensa e intensa de la capacidad del Hombre. Quizás nuestra imaginación no alcanza para medir el posible impacto futuro de estos avances tecnológicos: ¡pensamos en forma lineal cuando estamos ante fenómenos que progresan a escala exponencial! Y hoy estamos ante la posibilidad de que entre la IA y la robotización nos introduzcan en una nueva era de desarrollo científico y tecnológico, cuyo impacto sobre el empleo es casi imposible de determinar.

En estas condiciones cabe hacerse muchas preguntas sobre la enseñanza que deberíamos brindar a nuestros niños y adolescentes. Sabemos que, a nivel universitario o superior, ya ha habido cambios muy importantes, no solo en la curricula sino también en la forma de brindar la enseñanza, de la estructura de las carreras y de otros sistemas educativos. El gran problema, sin embargo, es adaptar la enseñanza de los más pequeños a lo que serán los requerimientos del mercado laboral del futuro y de los sistemas de enseñanza superior del mañana.

Está claro que en muchos países estamos trabajando para una estructura ideal de mercado laboral que ya no existe más y que no volverá. Un solo dato lo demuestra: de aquellos trabajadores que en los países de la Unión Europea perdieron su empleo durante la crisis de 2008/09, casi la totalidad volvieron al mercado de trabajo en los diez años siguientes, pero de ellos el 85% encontró empleo en una ocupación diferente a la previa. De algún modo estamos ante una realidad, incierta, que queremos manejar con aspiraciones que correspondían a un mundo que desapareció. Es más, estamos ante el enorme interrogante de cuáles serán los empleos del futuro, aquellos que aún no nacieron y que serán los que demanden de las competencias de los jóvenes que hoy preparamos con las competencias ideales del ayer.

Tenemos, al mismo tiempo, una gran oportunidad. El adelanto tecnológico nos permitirá grandes innovaciones en el sistema educativo. Ya lo estamos viendo con los sistemas de educación a distancia, con la introducción de computadoras en clase, con la aparición de sistemas más eficientes, en términos de velocidad y capacidad de comprensión, de la presentación y explicación de los temas a enseñar. Más aún, la IA permite, y ya hay programas en aplicación, regular los procesos de enseñanza según avanza cada alumno, prestando atención a su velocidad de comprensión de los temas o a las dificultades que se le prestan. Obviamente esto exigirá también grandes cambios a nivel de la formación de los docentes y, especialmente, de la modificación de los programas y contenidos de la enseñanza.

Algunas breves conclusiones

Al cabo de este análisis y luego de repasar toda la documentación que se utilizó para este ejercicio, se pueden sacar algunas conclusiones generales que pueden ser útiles para seguir avanzando en este tema.

La primera de ellas es que no se dispuso del tiempo, de la información o de los expertos necesarios para encarar muchos de los problemas vinculados a la situación de los niños, niñas y adolescentes (NNyA). Entre ellos podemos citar, por lo menos, los siguientes:

  • la incidencia y las causas de la mortalidad y la morbilidad infantil y materna;
  • la incidencia de las condiciones de la vivienda y del medio sanitario de los hogares donde viven los NNyA sobre su desarrollo y, más específicamente, su vínculo con la salud y la educación;
  • el vínculo de los adolescentes con sus progenitores, su medio social y con la sociedad en general;
  • la influencia del capital cultural del hogar y del medio en el desarrollo cognitivo de los NNyA y en sus resultados escolares;
  • los sistemas de tenencia, guarda y adopción de NNyA;
  • los problemas derivados de la discriminación social, manifiesta o encubierta, en la adolescencia y primera juventud, p.e. racismo, ser sospechado por ser joven y/o pobre;
  • la influencia de ciertos contextos sociales negativos o positivos: el grupo barrial, las sociedades deportivas y de fomento, los grupos religiosos o políticos, las fiestas, los festivales y otras manifestaciones colectivas, “las barras bravas”;
  • la situación de los niños y adolescentes con problemas de salud mental;
  • la incidencia de los accidentes y suicidios en adolescentes;
  • el real alcance estadístico y funcional de los “ni-ni”;
  • la influencia de las redes sociales y de las nuevas formas de comunicación en la vida cotidiana y el desarrollo de los niños y adolescentes.

También se constató, con relación a varios problemas, la ausencia o la insuficiencia de la información estadística, especialmente en términos de desagregación, por grupos etarios o por distribución geográfica, así como la ausencia de estudios de campo. Estos problemas, si bien son habituales cuando se trata de investigar

las condiciones de vida de los sectores menos favorecidos o vulnerables, también se observan con relación a temas de gran importancia social: todo lo referente a la sanidad y la salud y los problemas vinculados al sistema judicial. Por ello, sería muy importante que se siga mejorando la calidad de las Encuestas de Hogares del INDEC, que se lleve pronto a cabo el próximo Censo Nacional y que se dediquen más recursos al próximo informe de la UNICEF sobre la situación de la Niñez y la Adolescencia en Argentina. Respecto de este último, así como de tantos otros estudios sobre este sector de la sociedad, sería conveniente prestar más atención a las metodologías basadas en el “enfoque multidimensional de las capacidades concretas” más que en el llamado “enfoque o medición por los derechos”, a condición de que ambos las fuentes básicas de información y los métodos de colección de los mismos sean fiables.

En lo que se refiere a los diferentes temas o problemas que se analizaron a lo largo del Informe sería repetitivo señalar las conclusiones ya identificadas. Sin embargo, podemos remarcar unas pocas de carácter general. La primera tiene que ver con la necesidad de tener presente, al momento de analizar muchos de estos problemas sectoriales, el marco global bajo el que se desarrolla la vida cotidiana en la actualidad y su influencia sobre dichos problemas. Aquí se señalaron cuatro: el cambio climático y el deterioro del medio ambiente; el crecimiento poblacional y sus consecuencias en el surgimiento de grandes conglomerados humanos y en las condiciones de vida de la población; el impacto de la actual etapa del desarrollo de la ciencia y la tecnología sobre el empleo y la necesidad de adaptar los sistemas educativos a los resultados de ese proceso; y la influencia de los cambios de valores y de pautas de conducta que van asociados a estos enormes cambios sociales que estamos viviendo.

La segunda gran conclusión tiene que ver con la influencia de la pobreza (es decir la falta relativa de recursos) de los hogares sobre las condiciones de vida y de desarrollo de los NNyA. Como se señaló en el texto hay correlaciones que surgen de las estadísticas disponibles. La primera es de carácter general: la que vincula la pobreza con el empleo y con la inflación. La segunda, es consecuencia de la anterior: la necesidad de revertir el acento puesto en la búsqueda de paliativos (especialmente empleo público y planes de asistencia directa) y volcar el esfuerzo a la solución de los problemas macroeconómicos que condicionan la creación de empleo y la eliminación de la inflación. En ese camino, no puede dejar de buscarse, al mismo tiempo, la vía para corregir las fuertes desigualdades de riqueza material, de ingreso y especialmente de capital cultural que caracterizan a nuestra sociedad.

La segunda constatación estadística es circular: en los hogares pobres hay más NNyA que en los que no lo son y los hogares pobres con NNyA son más que los restantes. Y aquí entra a jugar el capital cultural (solo medible a gran escala en términos del nivel de los estudios realizados por los padres). De los hogares de menores ingresos surgen NNyA cuyos resultados en la escuela primaria y especialmente en la secundaria, son peores que los que provienen de hogares con mayor nivel de riqueza. La educación de la madre, pareciera jugar un rol importante en este caso. El viejo “círculo vicioso de la pobreza” de Ragnar Nurse (“los pobres son pobres porque son pobres”) ya no se resuelve por la vía de la educación como se hizo en nuestro país después de aprobada la Ley 1420. Es decir, la educación ha dejado de ser la clave del ascenso social y de la

consolidación de una sociedad más igualitaria. Con los números a la vista, hay por lo menos dos factores que juegan en contra de la reversión de este problema: la extensión de la pobreza va en aumento y la educación, y en particular la educación pública, ha sufrido una fuerte regresión en términos de calidad (medida por los resultados de las evaluaciones), de retención del alumno en edad escolar, y de formación para darle al alumno los recursos para poder afrontar con algún éxito las condiciones de la vida profesional o laboral contemporáneas.

La tercera conclusión tiene que ver con la desestructuración de las instituciones y la vida familiar: la multiplicación de los hogares monoparentales; la frecuencia de la ruptura de los vínculos matrimoniales aun cuando hay niños o adolescentes; el alejamiento de los mayores y la desintegración de la familia ampliada a tres generaciones. En este contexto, las condiciones de vida de los NNyA son más inciertas, más desprovistas de afectividad y de atención. Factores todos que se reflejan después en la vida escolar y en el desarrollo de su personalidad. Es un tema que requiere mucho más análisis para poder sacar conclusiones acerca de la influencia que pueden tener en este proceso factores “objetivos”, como la pobreza, la falta de empleo o el acceso creciente de la mujer al mercado de trabajo.

Otra de las conclusiones que surgen del análisis es la existencia de una serie de problemas donde el denominador común es la ausencia del Estado, ya sea como proveedor de información y educación (elevado número de embarazos de adolescentes; embarazos no deseados) o como regulador de algunas actividades: la mala alimentación y sus consecuencias: la desnutrición y la obesidad; o el aumento del consumo de alcohol y de drogas entre los adolescentes. Obviamente la sola presencia del Estado no resolvería estos graves problemas, pero sería un factor de suma importancia en la contención de algunos de ellos o en modificar la naturaleza del mismo. Queda, para terminar, el gran interrogante de por qué el Estado, a nivel nacional y provincial, no ha tenido la capacidad para evitar el deterioro del sistema escolar. Cómo, a pesar de los ingentes medios presupuestarios volcados en educación, los resultados son tan bajos y los grandes problemas que tienen que ver con los días de clases, la inadecuación de la curricula y los métodos de enseñanza, o la deserción, no han podido ser resueltos.

Finalmente, cabe señalar la mayor incidencia que todos los problemas identificados tienen en ciertas provincias. Las del NEA, el NOA, Santa Cruz, y San Juan y San Luis en menor medida y buen número de distritos del Gran Buenos Aires, se destacan por la intensidad de esos problemas en contraste con el resto del país. En algunos casos es probable que también haya una correlación con el menor ingreso promedio o con la mayor pobreza de los hogares. En otros, que razones geográficas como el aislamiento de la población o el alejamiento de los grandes centros urbanos donde hay una mayor densidad de oportunidades y recursos, contribuyan a explicarlo. Finalmente, en otros, que sean causas estructurales más profundas, como el inmovilismo que surge de viejas estructuras sociales, o el predominio de valores y pautas culturales que no favorecen la innovación. Sin embargo, aunque se sumaran todos estos factores, cabe preguntarse si no hay detrás de ellos un gran fracaso de las clases dirigentes y de las políticas en particular, para sacar a esos pueblos de su atraso y permitirles superar los grandes problemas aquí considerados.

Colectivo “Niñez y adolescencia en Argentina”
Barresi, Gustavo. Fernández, Rodolfo Marcelo. Giacometti, José Luis. Gorini, Federico. Iarrobino, Alejandro. Kukan, E.M. Roisecco, Juan Carlos. Urrutia, Elizardo. Vega, Oscar A.
Secretario: Bianco, Paris Ezequiel Redactor: Sánchez Arnau, Juan Carlos Buenos Aires, 31 de marzo de 2020

Documentos y otras fuentes citadas en el Informe

Ponencias

Títulos y autores de las ponencias presentadas:

  • – Problemática de la niñez y la juventud: Secretaría
  • – Algunos comentarios sobre el Informe de la UNICEF: Secretaría
  • – Desnutrición infantil, desarrollo cognitivo y educación: Vega, Oscar Alberto 04 – Globalización, empleo y educación en el Siglo XXI: Sánchez Arnau, Juan Carlos 05 – La Relación Estado, familia e infancia en la Argentina: Giacometti, José Luis  06 – La violencia juvenil: Giacometti, José Luis
  • – Trabajo Infantil: Nuestra responsabilidad frente al trabajo infantil: Fernández, Rodolfo Marcelo
  • – Una propuesta para colaborar a erradicar la deserción y el analfabetismo en Argentina: Kukan E.M.
  • – El analfabetismo en la Argentina: Roisecco, Juan Carlos
  • – Sanidad Argentina: Gorini, Federico
  • – Abuso Sexual Infantil: Barresi, Gustavo

12. Video sobre desnutrición infantil y obesidad: Urrutia, Elizardo

Documentos de organismos públicos o entidades académicas, consultados o citados

  • UNICEF: “Estado de la situación de la niñez y la adolescencia en Argentina”. 2016
  • INDEC: “Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos” Primer semestre 2019.
  • D. G. de Estadísticas y Censos. Buenos Aires Ciudad: “Situación laboral y de ingresos de los hogares con presencia de niños, niñas y adolescentes. Ciudad de Buenos Aires. Año 2018.
  • INDEC: “Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes. EANNA”. Noviembre 2017.
  • INDEC/Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación: “4ª Encuesta Nacional de Factores de Riesgo”. 2018.
  • Centro de Estudios de la Educación Argentina. Universidad de Belgrano. Todos los informes producidos en el año 2019.
  • SEDRONAR: “Observatorio Argentino de Drogas”. Sexto Estudio Nacional de consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de enseñanza media. 2014.
  • Organización Mundial de la Salud (OMS) Estrategia Mundial para Reducir el Consumo de Alcohol. 2010.
  • UNICEF/Ministerio    de    Desarrollo   Social:    “Relevamiento    nacional    sobre adolescentes en conflicto con la ley penal.2015”
  • Ministerio de Desarrollo Social: “Plan Argentino contra el Hambre”. Programa Nacional de Seguridad Alimentaria Nutricional. 2019.

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